Juan Manuel Godinez Estala

Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
272/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Godinez Estala

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que se concluye que dicho auto ha adquirido firmeza procesal. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 12 DE ABRIL DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; doce de abril de dos mil diecinueve I. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término que se concedió en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención ahí decretada, transcurrió sin que se hubiese realizado. Por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y por consiguiente se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE MARZO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. I. Registro, expediente y registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 272/2019-II. II. Parte quejosa. Juan Manuel Godínez Estala. III. Autoridad responsable. Juez Octavo Civil de Partido y otras autoridades. IV. Prevención de la demanda. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción II, III y V de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, cumpla con lo siguiente: 1. Indique con precisión el nombre del tercero interesado, ello en virtud a que en el apartado correspondiente señala como tal a Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México INFONAVIT, mientras que en el capítulo atinente a la narrativa de antecedentes y en el anexo que acompaña a su libelo de amparo, se advierte como tercero interesado a Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, lo cual crea incertidumbre respecto a quién de esas dos entidades le recae tal carácter. 2. Precise con claridad la ubicación del inmueble que en esta sede constitucional defiende, ello en atención a que de su demanda de amparo se obtiene que señala el ubicado en calle Los Alpes Sur, número 106, colonia Fraccionamiento Lomas del Carmen del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato; empero, de la documental que agregó a dicho ocurso se advierte uno diverso, esto es, el ubicado en calle de los Alpes Sur, número 106, manzana 8, lote 4, del fraccionamiento Lomas del Carmen del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, requisito que debe satisfacer a fin de que este tribunal se encuentre en condiciones de fijar correctamente la litis constitucional y proveer fundamentalmente sobre la suspensión del acto reclamado que insta. 3. Señale con claridad la denominación actual y correcta de la autoridad judicial que señala como responsable, dado que en el capítulo correspondiente del ocurso que se acuerda, señala como tal al Juez Octavo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, sin embargo, más adelante indica que lo es el Juez Octavo de lo Civil de San Francisco del Rincón, Guanajuato, precisión que debe satisfacer para llamar a juicio bajo su denominación correcta a la autoridad responsable, dada la obligación que le impone la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Para el caso particular es aplicable la tesis visible en la página 186, Tomo XII, de Septiembre de 1993, Octava Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS." 4. Señale con exactitud la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados que tilda de inconstitucionales y exhiba las constancias con las que dice haber tenido conocimiento del acto reclamado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, o bien, copia simple de las mismas, a fin de conocer íntegramente su contenido, precisando además, si a la fecha ha comparecido al juicio civil hipotecario C-230/2015. Lo anterior, se estima necesario porque en lugar de acompañar tales constancias, el quejoso allega una hoja de cuyo contenido se aprecia un edicto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, para convocatoria de postores a fin de rematar el ocho de abril de dos mil diecinueve un bien inmueble que discrepa con el que alude la impetrante en el libelo de amparo, aunado a que de tal constancia no se advierte que contenga algún requisito establecido por la legislación para ser un edicto; máxime que en la práctica común judicial los edictos no tendrían por qué remitirse al inmueble materia de remate; de ahí que existe incertidumbre de la fecha en que conoció de los actos reclamados que tilda de inconstitucionales; a más de que tal documental no es un dato objetivo que haga presumir que efectivamente se haya ordenado el remate del bien que defiende; de ahí la necesidad de que desahogue tales requerimientos con el fin de robustecer su queja constitucional, tomando en consideración que el juicio de amparo no procede contra actos fututos e inciertos sino contra actos actuales en inminentes. En apoyo a lo anterior, acude la tesis III.3o.C.76 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos veintisiete, del Tomo XIII, Mayo de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado... ", sin conocerse ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado". Resulta aplicable la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Sin que los anteriores requerimientos se traduzcan en la negación de justicia al gobernado; sino que los mismos se formulan en atención a que la demanda de amparo crea incertidumbre puesto que no se advierte con exactitud en que consiste la queja constitucional y a quienes atribuye medularmente los actos reclamados, por lo que dar trámite a la misma en las condiciones en que fue presentada, provocaría la utilización ineficiente de los recursos materiales y humanos a cargo del Estado, con la consecuente afectación de la prontitud y expeditez en la impartición de justicia en perjuicio de otros gobernados que acuden a los tribunales, así como lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibido que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace saber a la peticionaria, que de acreditarse, con las constancias que remita la autoridad responsable, que se aseveró hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la federación adscrito, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". V. Domicilio y autorizados. En virtud de que la peticionaria del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Venustiano Carranza, número 308, colonia Los Fresnos de esta ciudad, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Arturo Alberto Skinfill Rivera y David Guillermo Skinfill Acosta, por así haberlo solicitado expresamente. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."

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