JUAN MANUEL GASTELUM VALENZUELA y Otros.

Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • JESUS PALAFOX CORRAL y Otros.
  • Juan Manuel Gastelum Valenzuela
  • JUAN MANUEL GASTELUM VALENZUELA y Otros.
  • Jesus Palafox Corral
  • RAMON MIGUEL SALAS REYES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el telegrama enviado por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Sinaloa ''1'', en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa ''1'' y/o ''3'', con sede en Culiacán, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias, designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita la autoridad y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo expídase mediante oficio las copias certificadas de las constancias que solicita. De igual modo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable citada a los profesionistas indicados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

  2. Incidental

    Visto el telegrama enviado por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Sinaloa ''1'', en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa ''1'' y/o ''3'', con sede en Culiacán, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias, designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita la autoridad y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo expídase mediante oficio las copias certificadas de las constancias que solicita. De igual modo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable citada a los profesionistas indicados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de unos actos reclamados y se negó con relación a otros, respectivamente, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherentes a la suspensión provisional concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, del oficio suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de sobreseer y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso ********************a través de ********************, ********************; misma que causo ejecutoria el siete de junio de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el efecto del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente el acuerdo de ******************** específicamente en la parte que determinó imponer multa a los quejosos emitida en los autos del Juicio controversia agraria número ********************. 2.- Hecho lo anterior y de considerarlo procedente, emita otro en el que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda sobre la medida de apremio impuesta a los quejosos. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Mediante oficio 1758/2019 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de junio del año en curso, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente el punto tercero del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho en el cual se le impuso a los hoy quejosos multa en forma individual por la cantidad de $4,030 (cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N.) y dejó intocado el resto del referido auto, dentro del Juicio controversia agraria número ********************. De lo anterior se le dio vista al autorizado legal de la parte quejosa, con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, dejara insubsistente el acuerdo de ******************** específicamente en la parte que determinó imponer multa a los quejosos en los autos del Juicio controversia agraria número ******************** y emita otro en el que de manera fundada y motivada determine lo que en derecho corresponda sobre la medida de apremio a los quejosos; Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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