Juan Manuel García Sánchez
Expediente 192/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel García Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 192/2021, promovido por Juan Manuel García Sánchez, contra los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, que le fueron remitidos con motivo del conocimiento previo planteado por este juzgado de distrito en auto de veintitrés de marzo del año en curso; asimismo, refiere aceptar el conocimiento del asunto, con apoyo en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Ley de Amparo y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, este juzgado toma debido conocimiento y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el numeral 2º, agréguese a estos autos para su correcta integración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, archívese el presente expediente, como total y definitivamente concluido. Ahora, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 20, contenido en el capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual a la letra dice: Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: . a) Cuadernos de antecedentes;" Esto, en razón de que el apartado Primero del capítulo "Disposiciones Generales" de dicho Acuerdo General, en su artículo 3, XIX, establece: "XIX. Expediente auxiliar: Unidad documental constituida por actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos que conocen los órganos jurisdiccionales;.." En tal virtud, este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese...MESA 2
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel García Sánchez, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 192/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Al realizar un análisis integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa sustancialmente señala como acto reclamado la orden de aprehensión, detención, presentación, citación o cualquier acto privativo de su libertad, así como su ejecución. En el capítulo de antecedentes refiere lo siguiente: "1. El hoy quejoso fui informado por mi señor padre que el día miércoles 18 de marzo del dos mil veintiuno 2021, se presentaron en mi domicilio particular señalado en supralíneas, personas que dijeron ser Policías Federales Ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, perteneciente a la Administración Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México y los cuales contaban con una orden de aprehensión en mi contra, situación que me causa incertidumbre ya que el hoy quejoso no cuenta con problemas legales de los que tenga conocimiento, por lo que temo sea víctima de una ILEGAL ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN O CITACIÓN Y CUALQUIERA QUE IMPORTE PRIVACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO LA INCURSIÓN ILEGAL AL DOMICILIO DEL HOY QUEJOSO." Del contenido íntegro de la demanda se desprende que la orden de aprehensión reclamada, se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso el cual refiere se ubica en calle Boca del Río, número 48, colonia Acueducto de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07270. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: a) La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda regla constituye un matiz, ya que, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Así, se advierte que el presente caso encuadra en la primera hipótesis establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, ya que al ser una orden de aprehensión, ésta es susceptible de ejecución, y al haber señalado el quejoso que el domicilio en donde trató de llevarse a cabo (calle Boca del Río, número 48, colonia Acueducto de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, código postal 07270), esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, siendo competente en este caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª/J.52/2013 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, tomo I, visible a página 383, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.97 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, visible a página 2093, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONCOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE. Si en la demanda de amparo el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aseveró que a su domicilio se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad, y que esas autoridades ejecutoras federales son dependientes de la Procuraduría General de la República, atento a la naturaleza del acto (orden de detención o aprehensión), y que éstas tienen jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, se concluye que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizado el quejoso, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio; criterio que es inaplicable cuando en el juicio de amparo sólo se señalan autoridades ejecutoras locales, y éstas niegan el acto de ejecución que se les atribuye." Bajo ese orden de ideas, debe concluirse que de la interpretación armónica del aludido artículo 37 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, como ya se anticipó, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se pretende llevar a cabo la ejecución del acto reclamado. Máxime que el quejoso señala como una de las autoridades ejecutoras al Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, por ende, es aplicable la tesis I.9o.P.295 P (10a.), con registro digital 2022771, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada en cinco de marzo de dos mil veintiuno que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN. LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO -BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD- DE QUE SE PRETENDIÓ EJECUTAR EN SU DOMICILIO, ES INSUFICIENTE PARA FINCARLA A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA, SI AQUÉL OMITIÓ SEÑALAR A ALGUNA AUTORIDAD RESPONSABLE CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE ÉSTE EJERCE SU JURISDICCIÓN, A PESAR DE QUE LE PREVINO PARA ELLO. Hechos: En un conflicto competencial por territorio, los Jueces de Distrito no aceptaron la competencia para conocer de una demanda de amparo en la que el quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad, que la orden de detención reclamada se pretendía llevar a cabo en su domicilio, ubicado en diversa entidad federativa en que radican las autoridades responsables. El Juez que declinó la competencia, ante quien se presentó la demanda, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio del quejoso, lo previno para que manifestara si era su deseo señalar alguna autoridad con residencia en el lugar; sin embargo, el quejoso fue omiso en desahogarla, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento de proveer únicamente respecto de las autoridades que se señalaron en la demanda. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación del quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la orden de aprehensión reclamada se pretendió ejecutar en su domicilio, es insuficiente para fincar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo interpuesto en su contra a favor del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, si el peticionario omitió señalar a alguna autoridad responsable con residencia en el lugar donde éste ejerce su jurisdicción, a pesar de que le previno para ello. Justificación: Si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 571/2012, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.", señaló que el Juez de Distrito ante quien se promueve la demanda no puede ipso facto desconocer su competencia, lo cierto es que fue puntual en establecer que dicha problemática se resolvió en esos términos, al estimar que los Jueces de amparo contendientes prácticamente después de la lectura de la demanda, consideraron ser incompetentes para seguir en el conocimiento del juicio; asimismo, precisó que no estaba modificando su criterio de considerar que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, sino que su pretensión era establecer que las directrices para fincar la competencia pueden apreciarse de manera diferente al momento de la presentación de la demanda, la cual posteriormente podría cambiar. Por tanto, si bien es cierto que el Juez de Distrito, al proveer sobre la demanda, debe atender a lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, también lo es que cuando sea prevenido para que exteriorice si es su deseo señalar a una diversa autoridad con residencia en la jurisdicción del Juez ante el que se presentó la demanda, sin que lo hubiere hecho, su sola manifestación en el sentido de que la orden de detención se trató de ejecutar en su domicilio, es insuficiente para fincar la competencia de dicho Juez de Distrito, pues ello implicaría dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia." En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto, declinándola en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por lo cual remítanse las constancias del expediente de manera electrónica a dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo legal a que se contrae el segundo de los numerales en cita, comunique a este juzgado si acepta o no el conocimiento para la resolución del asunto. Asimismo, se remitirán los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior una vez que las labores del juzgado lo permitan, atendiendo a las cargas de trabajo y a la distribución del personal que se asignó para laborar en este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De la notificación al quejoso. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Uso de medios electrónicos. Por otra parte, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Integración de las constancias de notificación al expediente electrónico. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese..MESAS 2
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