Juan Manuel García Morales

Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel García Morales y Otros.
  • Juan Manuel García Morales

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción.

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Claudia Denise ..., defensora particular de los quejosos Juan Manuel ... y Gabriela ..., personalidad que se le reconoce en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, asimismo, exhibe copia de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintidós dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla; Previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda de que se trata, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la norma invocada en primer término, los dos últimos interpretados en sentido contrario, en tanto que, la admisión de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, de los artículos citados se advierte que, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio por una causa diversa de las enunciadas en las fracciones anteriores, derivada de ese ordenamiento legal o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la norma constitucional aludida, se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo el legislador ordinario proporcionó la definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación" al determinar que son los que producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Ahora bien, es oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015 e interpretar la porción normativa legal en comento, sostuvo que el legislador impuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Una vez precisado lo anterior, se considera conveniente tener presente que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. Mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ... En el presente asunto se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, esto es, la intermedia, que se sustancia ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Por otra parte, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, los medios de prueba que resulten sobreabundantes (por que acrediten lo mismo), impertinentes (por no referirse a los hechos controvertidos), o innecesarios (por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos). Lo que en el caso ocurrió. Así, se estima que, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio que incorpora medios de prueba, por tratarse de un acto que no causa un perjuicio irreparable a quien hubiese solicitado su exclusión y ésta no se hubiese acordado favorablemente y solo excepcionalmente procederá cuando esa resolución, cuando esa resolución, por sí misma implique un acto de imposible reparación derivado de la violación a un derecho fundamental. Sobre el tema, a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, en lo conducente sostuvo: Por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. La doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Esto es, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservarán en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral "que admite medios de prueba", encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. De lo expuesto, se aprecia que en el nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; precisándose como finalidad específica de la segunda, la de depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de prueba ofrecidos por las partes y emitir el auto de apertura a juicio oral; en tanto que, la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. Así como que, al haberse cumplido con dichos objetivos, tales etapas deben considerarse que han concluido, sin que los temas que en cada una se analizan, puedan ser nuevamente materia de debate en la etapa procesal siguiente. Así, de acuerdo a la doctrina de "actos de imposible reparación" para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, con relación a un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, debe llevarse a cabo un estudio que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, empero, se debe partir de que dichas determinaciones constituyen actos intraprocesales, por lo que, para que en su contra se considere procedente el amparo indirecto, deberá evidenciarse que el mismo genera una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. De igual manera, tal procedencia implicará que efectivamente existe una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada, pues de no admitirse la demanda, la reparación del derecho violentado tendría que, en su caso, postergarse al dictado de la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, la que se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y ya no de cuestiones que deban ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo es la admisión de medios de prueba. En efecto, el juez o tribunal oral, en la etapa de juicio, llevarán a cabo el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia, lo cual implica que no emitirán un pronunciamiento sobre lo correcto o no de la admisión de los medios de convicción, sino en lo atinente a la información que el órgano de prueba aporte, esto es, su actividad será la de valorar el material probatorio al momento de emitir su sentencia. Corolario de lo anterior, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país arribó a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En la especie, la parte quejosa reclama la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictada en el en el toca 629/2021, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, que modificó el auto que excluyó medios de pruebas dictados en el auto de apertura a juicio dictado en la carpeta administrativa 100/2021. Dicha resolución se emitió para el efecto de que la Juez de Control del Distinto Judicial de Cuautitlán, en el acuerdo que emita respecto del auto de apertura a juicio oral, incluya como medios de prueba los referidos, sin acotar o limitar los puntos sobre los que versara su desahogo. En ese sentido, respecto del aludido acto reclamado -como se adelantó- se considera que es improcedente el juicio de amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera ilícitos y que han quedado precisados en el párrafo que antecede no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal; consecuentemente, no se advierte que por tal admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. Aunado a que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de lo expuesto por los expertos al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. En ese sentido, se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el peticionario, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto, pues no se advierte que el acto reclamado constituya de manera actual una afectación de características irreparables, se puede concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el Juez Oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. ... En esas condiciones, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia advertida, en términos de lo que dispone el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la norma invocada en primer término. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que para la aplicación de la norma citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

  3. Principal

    IX... Agréguese sin mayor proveído el telegrama proveniente del Registro Nacional Agrario, mediante el cual hace del conocimiento que se encuentra imposibilitada de informar y remitir la constancia solicitada, toda vez que en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se acordó lo correspondiente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · 8,073 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano