Juan Manuel García Leyzaola

Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
261/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel García Leyzaola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA FIJADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCION I, INCISO B), A LA PARTE TERCERO INTERESADA NOHELY EMILIA BUENROSTRO RAMOS, EL PROVEIDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN Visto el escrito presentado por el quejoso JUAN MANUEL GARCÍA LEYZAOLA, por el que da cumplimiento a la prevención formulada por auto de uno de abril del año en curso, y aclara bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir a la parte quejosa o desechar por notoriamente improcedente; se admite la demanda de amparo que formula la parte quejosa de referencia, contra actos de las autoridades señaladas como responsables en su escrito de cuenta. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su INFORME JUSTIFICADO, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberán acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibidas que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien a mil días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (84.49 UMA), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se han señalado las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados o autorizados. APERCIBIMIENTO DE AUTORIDAD INEXISTENTE Ahora bien, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con las denominaciones indicadas en su demanda, se les tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con dicha autoridad y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que la parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de treinta a trescientos días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, de la ley invocada. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Se ordena al actuario adscrito, que con las formalidades exigidas en los artículos 24, y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se constituya en el domicilio señalado en autos y con copia simple del escrito inicial de demanda emplace a la víctima, en su carácter de tercero interesada Nohely Emilia Buenrostro Ramos, debiendo requerirla para que en el momento de la diligencia o bien dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos dicho emplazamiento, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter estrictamente personal, se le harán por lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde a lo estatuido en la fracción III del artículo 27, en relación con el 26, fracción III, ambos de la ley de la materia. TERCEROS INTERESADOS POR OFICIO. Asimismo, con copia de la demanda mediante oficio que se les gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado: Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al Juzgado Único Penal de Primera Instancia de Mexicali. Haciéndoles saber la hora y el día señalado para la celebración de la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito de demanda y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la estadística de este juzgado; de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA FIJADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCION I, INCISO B), A LA PARTE TERCERO INTERESADA NOHELY EMILIA BUENROSTRO RAMOS, EL PROVEIDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como está ordenado en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 261/2019-4A, promovido por JUAN MANUEL GARCÍA LEYZAOLA, en contra de las autoridades señaladas como responsables: Juzgado Único Penal de Mexicali, Baja California; Procuraduría General del Estado de Baja California; Director de Seguridad Pública Municipal; Director de la Policía Ministerial en el Estado de Baja California; Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Baja California; y, Contra cualquier otra autoridad que ejecute e intente ejecutar el acto reclamado. ACTO RECLAMADO Ahora bien, no se transcribirá el acto reclamado por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción, pues no constituye elemento de validez ni requisito formal o material en los acuerdos o resoluciones, y con tal omisión no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad; por el contrario, se observa el principio de expedites en la administración de justicia. Cobra aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." CONSIDERACIONES PREVIAS De la intelección del precepto normativo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armónica aplicación del numeral 138, de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos de la Jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), se desprende que es obligación de este Juzgado Federal, al pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, lo que en el caso se realiza, de la siguiente forma: Así, del imperativo constitucional se extrae que este juzgador debe analizar el problema jurídico sometido a su potestad y realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado (en cuanto al fondo) por el promovente del amparo, sin que el aludido análisis implique una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, pues, precisamente sólo constituye un juicio de valor preliminar sobre un posible veredicto, el que se emite con los argumentos y constancias que, hasta ese momento, integran el sumario incidental. Precisado lo anterior, se destaca que, la parte quejosa hace valer como acto reclamado, que las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad sin seguirse las formalidades esenciales de todo procedimiento. En efecto, hasta la fecha y con las constancias que se cuenta queda claro que no es necesario hacer profundos argumentos sobre el tema puesto a consideración de este Juzgado Federal, para advertir aún de manera anticipada; y, con vista en los elementos argumentativos y de convicción que se cuenta en este periodo obran en autos, que la parte quejosa podría obtener la protección constitucional solicitada, por ser evidente -en este instante- que se le pretende privar de la libertad sin seguirse las formalidades que para tal efecto dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, es dable precisar que no pasa desapercibido para este juzgador que el mandato de captura es atribuido al Juez Único Penal de Mexicali, Baja California, cuyas facultades son acordes a los procedimientos cuya substanciación se desarrollan bajo las reglas de procedimiento penal del sistema tradicional, por ende, se procederá a resolver sobre la medida cautelar solicitada, en armonía a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.", puesto que el trámite y resolución del presente incidente de suspensión deberá regirse conforme a las disposiciones de dicha legislación, sin tomar en consideración bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado, sino solamente a la fecha en que se solicite la medida suspensional. ORDEN DE APREHENSIÓN SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se estima procedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados solicitados, para el efecto siguiente: El quejoso JUAN MANUEL GARCÍA LEYZAOLA, no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se notifique a la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. Tomando en consideración lo anterior, el quejoso deberá quedar a disposición de Juez Único Penal de Mexicali, Baja California (autoridad ordenadora), para la continuación del procedimiento del cual emana el acto reclamado, y a disposición del suscrito Juzgador Federal, por lo que hace a su libertad personal; lo anterior, con fundamento en los artículos 163 y 166 de la ley de la materia. CONDICIONES PARA LA EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN La medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa omite: Exhibir dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, garantía por la cantidad de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas permitidas por la ley; cantidad que se fija tomando en cuenta que hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de la naturaleza, modalidad y características del delito por el cual se libró el mandato de captura de la parte quejosa. En el entendido que de no cumplir con la anterior prevención, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida. Asimismo, esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden de detención procede de autoridad distinta de la señalada como responsable en este juicio. Lo anterior, en debido acatamiento a la Jurisprudencia 66/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUELLA. Ahora, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, en caso de resultar cierto el acto reclamado dicha garantía deberá ser otorgar a disposición de este juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cuya leyenda deberá de ser del tenor siguiente "para garantizar la suspensión provisional a nombre de Juan Manuel García Leyzaola, en el incidente de suspensión 261/2019"; en el entendido de que si la garantía consiste en póliza de fianza, la institución correspondiente deberá expedirla ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación; en la inteligencia de que tendrá que establecer que su vigencia es por tiempo indeterminado, en términos de lo que contempla el párrafo segundo del artículo 120 de esa ley; por otro lado, deberá asentarse que la afianzadora se sujeta para el caso de que se haga efectiva, al trámite que prevé el numeral 50 invocado. Se aclara que la garantía fijada como requisito para que disfrute de la medida cautelar concedida, fue decretada de manera discrecional, sin perjuicio de modificarla una vez que se cuente con la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la quejosa y la posibilidad de que ésta se sustraiga a la acción de la justicia de conformidad con lo dispuesto por el precepto 168 de la Ley de Amparo. Igualmente, tomando en consideración las particularidades del caso sujeto a esta potestad, en el sentido de que únicamente es señalada como autoridad ordenadora el Juez Único Penal de Mexicali, Baja California, se determina como medida de eficacia de la medida cautelar que en el plazo de cinco días, computados legalmente, el quejoso realice las gestiones pertinentes a fin de que comparezca ante el Juez de la causa, para la continuación del procedimiento, en caso de que exista el mandato de captura, sin menoscabo de que le sea recabada su declaración preparatoria en relación con los posibles hechos que se le imputen; en el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, si se trata de un delito de los señalados como graves, en cuyo caso la suspensión sólo tiene el efecto de que una vez aprehendido el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar de reclusión, y a disposición del Juez que en su caso le instruya el procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada por el título siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA." Indistintamente, se hace del conocimiento de las partes que esta suspensión dejará de surtir sus efectos si el mandamiento de privación de la libertad deriva, se ubica en alguna de las hipótesis siguientes: Del cumplimiento de una orden de autoridad judicial diversa a la señalada como responsable, pues en este caso deberá ponerse a la quejosa a su disposición sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad del órgano que la ejecutó; Si la detención es ordenada y ejecutada por autoridad administrativa por motivo de la comisión de un delito flagrante, caso en el cual, deberá ser puesto sin dilación a disposición del Agente del Ministerio Público que corresponda, quien podrá hacer uso de la facultad excepcional de librar órdenes de detención, siempre que se actualicen las hipótesis que para ejercerla prevé el párrafo sexto del artículo 16 de la Constitución Federal, así como para retenerlo hasta por cuarenta y ocho horas, como lo dispone el párrafo diez del precepto constitucional invocado, plazo que podrá duplicarse en aquéllos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, y serán contados desde que fue restringido de su libertad, término en el cual deberá ordenar su libertad o consignarla ante la autoridad judicial, según proceda; y Si se le sorprende infringiendo los reglamentos de observancia general. Además, es dable precisar que la suspensión concedida en este acuerdo, no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión, distintos del que se reclama (la orden de aprehensión), o que procedan de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o la orden derive de un mandato de distinta autoridad judicial, por causas diversas a las que señala la parte quejosa en la demanda de amparo. Apoya lo anterior, lo que establece el artículo 150 de la Ley de la Materia y los términos de la Jurisprudencia por contradicción, 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientas veintiséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, que se intitula: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." En ese sentido, con fundamento en la parte final del artículo 162 de la ley de la materia, la suspensión aquí concedida dejará de surtir efectos, si no se cumple con las disposiciones antes señaladas. Se previene a las autoridades responsables que deberán observar la suspensión provisional otorgada a la ahora quejosa, apercibidas de que en caso de no hacerlo se procederá en su contra, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Aunado lo anterior, se estima que la concesión de la medida cautelar no se contraviene el interés social, ya que, no se advierte ningún perjuicio en contra de la colectividad (de manera real y no sólo hipotético) que válidamente pueda confrontarse con el perjuicio que se ocasionaría a la parte quejosa de no suspender los actos reclamados; es decir, con la ejecución de los actos controvertidos; por el contrario, también existe el interés de la sociedad en que prevalezca el principio de legalidad en todo acto de autoridad partiendo de la base de que la afectación de los derechos de las partes sólo puede justificarse con actos debidamente fundados y motivados en el procedimiento legalmente establecido. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número I.4º.A.J/90, vinculante para este juzgador federal, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del epígrafe: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS." SOLICITUD DE INFORME PREVIO Y REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades señaladas como responsables su INFORME PREVIO, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído; con el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el plazo establecido se les aplicará una multa de conformidad al artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables para el caso de que al rendir su respectivo informe previo expresen un hecho falso o niegue la verdad, se procederá en su contra en términos del precepto 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Además, requiérase a la autoridad ordenadora (Juez Único Penal de Mexicali, Baja California) para que al momento de rendir su informe previo, informe a este órgano jurisdiccional, lo siguiente: Si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades. En el entendido de que la responsable ordenadora deberá precisar en su informe previo la naturaleza, modalidad y características del delito que se le impute y, en caso de ser patrimonial, señalar la cuantía, tal como lo establece el artículo 168 de la ley de la materia. Si el delito es grave o no. En el entendido que las autoridades responsables, deberán remitir las constancias con las que se acredite tal supuesto, a fin de que este Juzgado Federal pueda actuar conforme a lo establecido en los artículos 145 y 256 de la Ley de Amparo, quedando apercibidas en los términos señalados en párrafos que anteceden. AUDIENCIA INCIDENTAL Hágase saber a las partes que la audiencia incidental tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. APERCIBIMIENTO DE AUTORIDAD INEXISTENTE Ahora bien, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con las denominaciones indicadas en su demanda, se les tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con dicha autoridad y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO DE QUEJOSO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samuel Israel Quintero Aquino, Alan Adrián Moreno Rico, José Antonio Domínguez Almendárez y Jesús Manuel Durán Morales. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este incidente de suspensión; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN PARTE TERCERO INTERESADA De igual manera, toda vez que este órgano jurisdiccional sigue los lineamientos del criterio de jurisprudencia P./J. 143/2000, armónicamente aplicable en términos del arábigo 217 de la Ley de Amparo, y que conforme lo aprueba el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario que la presente determinación la notifique manera personal al tercero interesado Nohely Emilia Buenrostro Ramos. TERCERO INTERESADO POR OFICIO. Además, con copia de la demanda mediante oficio que se les gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, procédase a emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados: Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al Juzgado Único Penal de Primera Instancia de Mexicali. Haciéndole saber la hora y el día señalado para la celebración de la audiencia incidental.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de doce de abril de dos mil diecinueve, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. CALIFICACIÓN INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y, se negó la suspensión definitiva solicitadas, acorde con el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por la autoridad Juez Provisional del Juzgado Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, las cuales fueron agregadas mediante proveído dictado en doce de abril del año en curso; lo anterior, toda vez que resulta innecesaria su retención en el presente juicio de amparo, pues a la presente data es un asunto totalmente concluido. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JUAN MANUEL GARCÍA LEYZAOLA, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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