Juan Manuel Garcia Garcia
Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Manuel Garcia Garcia
- JUAN MANUEL GARCIA GARCIA y Otros.
- Erika Diaz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 280 a 282), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de noviembre al seis de diciembre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV, del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los registros de audio y video, que remitieron las autoridades responsables, se ordena devolver a la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, (1) disco versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de la audiencia inicial celebrada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal 1444/2019/PUEBLA de su índice; así como a la autoridad responsable sustituta Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con carácter de Juez de Control, (1) disco versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 541/2019 de su índice. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo de las constancias que se devuelven, toda vez que las autoridades a quienes se envían se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en el acuse de dichas misivas, se haga constar la entrega de las documentales descritas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que en esta fecha, se tuvo por hecha la notificación a la parte quejosa del auto de seis de noviembre de la presente anualidad, ya que al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para obtener la constancia generada, ese sistema no emitió el acuse de recibo de la notificación correspondiente, a pesar de haber transcurrido el plazo de dos días a que se refieren los numerales 30, fracción II y 31 de la Ley de Amparo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Mario Joel Sánchez Guerrero, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 92), de la tercera interesada Erika Díaz Florez, en atención a su contenido, téngase al ocursante solicitando copia del audio y video de la audiencia celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 541/2019, que la autoridad responsable sustituta Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, anexó a su oficio 30475/2019 acordado en proveído de veintitrés de octubre del año en curso (fojas 268 y 269); por lo que al respecto, se provee: En principio, es conveniente precisar que de una interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el funcionario actuante certifique a través de los medios aceptables la copia en disco compacto (cd), como en la especie acontece, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del secretario de acuerdos correspondiente, ya que el objeto de tal actuación es obligatoriamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. En ese sentido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer favorable su petición, en virtud de que, como se dijo, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para certificar constancias que no obren en papel; aunado a que este Juzgado Federal no cuenta con los medios electrónicos digitales necesarios para la copia de los mismos. Orienta lo anterior, la tesis I.8o.A.4 K, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Sin perjuicio a lo anterior, hágase saber a la parte tercera interesada que, si desea consultar el contenido del disco compacto (cd) remitido por la autoridad responsable, queda a su disposición en las instalaciones de este órgano federal a efecto de que se pueda imponer de su contenido para lo cual deberá acudir con los medios de reproducción portátiles necesarios, previa diligencia que al respecto se levante. Por otra parte, dígase al ocursante que tiene expedito su derecho para comparecer ante la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, a efecto de solicitar copia del audio y video de la audiencia de referencia.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 268 y 269), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable sustituta Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, Antonio Trujillo Ruiz, a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que la hayan desahogado dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 173 a 224), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos, para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos, para que la autoridad responsable sustituta Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control (encargado de la causa penal 541/2019 de su índice), una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial administrativa 1444/2019/PUEBLA, únicamente por cuanto hace al hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b) y 83 ter, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionados con los ordinales 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de la sociedad. b) Dicte auto de vinculación a proceso contra Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por los artículos artículos 81, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en agravio de la sociedad. c) Notifique dicha determinación a los quejosos Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos. d) Remita las constancias con las que acredite lo anterior..." (Fojas 221 vuelta y 222). En acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 248 y 249), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 30186/2019 de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 261 y 262), Antonio Trujillo Ruiz, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, informó que en audiencia celebrada en esa fecha, dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, únicamente por cuanto hace al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y dictó auto de vinculación a proceso contra los aquí quejosos Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por los artículos 81, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en agravio de la sociedad. Pero como la autoridad responsable sustituta mencionada, omitió enviar el registro de audio y video generado con dicha audiencia, en auto de veintiuno de octubre de la presente anualidad (foja 263), se solicitó al homólogo federal mencionado, enviara a este juzgado las constancias respectivas. En atención a lo anterior, mediante oficio 30475/2019 (foja 265), el juez federal mencionado, envió a este juzgado el registro de audio y video relativo a la audiencia celebrada el dieciocho de octubre del presente año, en la causa penal 541/2019 de su índice, contenido en un disco versátil digital que obra a foja doscientos sesenta y seis de autos. A la documental descrita, consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, de las constancias referidas se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, Antonio Trujillo Ruiz, realizó lo siguiente: 1. En audiencia celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, únicamente por cuanto hace al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (10:46:31 DVD). 2. Dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Manuel García García y Jesús Enrique Aguilar Santos, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por los artículos 81, en relación con el numeral 9, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en agravio de la sociedad (10:47:20 a 10:53:45 DVD). 3. En la propia audiencia, notificó a los peticionarios de amparo el auto de vinculación a proceso dictado en su contra (10:53:48 DVD). De lo narrado, se colige que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, Antonio Trujillo Ruiz, cumplió con los extremos de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, ya que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, únicamente en la parte conducente respecto de la que se concedió la protección constitucional, y dictó auto de vinculación a proceso contra los peticionarios de amparo en los términos indicados en la sentencia de amparo. Por ello, se considera que se ha restituido a los peticionarios de amparo en el goce de la garantía que se estimó vulnerada. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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