Juan Manuel Garavito Rubio
Expediente 284/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Pedro Gutiérrez Medrano
- Beatriz Márquez Pichardo
- Juan Manuel Garavito Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Amparo en revisión
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad oficiante, por el que acusa recibo del oficio del índice de este Tribunal Federal, mediante el cual se le remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como de la totalidad de las constancias inherentes al mismo...agréguese a sus autos el oficio que se provee para los efectos que en derecho corresponda. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de confirmar la sentencia impugnada y sobreseer en el juicio de amparo indirecto, por lo que se remitió el testimonio de dicha ejecutoria a la autoridad recurrida y la totalidad de las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno...se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.
- Amparo en revisión
CONFIRMA POR DIVERSAS CAUSAS Y SOBRESEE EN EL JUICIO.
- Amparo en revisión
Se tiene por recibido del escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa, desahoga la vista ordenada en auto de veintitrés de febrero del año en curso.agréguese a los autos el escrito que se provee, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la vista ordenada, respecto a las causales de improcedencia advertidas por este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán, para los efectos legales procedentes.
- Amparo en revisión
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte recurrente HÉCTOR HUERTA SERRANO, en su carácter de autorizado en términos amplios del quejoso JUAN MANUEL GARAVITO RUBIO, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. "CUARTO. Análisis de oficio de causas de improcedencia distintas a las decretadas por el Juez de Distrito, que conduce al sobreseimiento del juicio de amparo indirecto respecto del acto reclamado consistente en la promulgación y promulgación de preceptos contenidos en la legislación civil del Estado de México. Este Tribunal Colegiado no procede al estudio de los agravios propuestos por la recurrente en contra de la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, pues se advierte de oficio que se actualizan diversas causas de improcedencia a las analizadas por la autoridad recurrida para sobreseer en el juicio de amparo indirecto, lo cual impone sostener el sobreseimiento pero por razones distintas a las que se estimó actualizadas. Lo cual se determina con apoyo en lo dispuesto por los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, que al respecto señalan lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización." Se sustenta lo anterior con apoyo además en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 122/99, con registro digital 192902, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo X, Noviembre de 1999, página 28, del siguiente contexto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." En este caso, se advierte que el juicio de Amparo Indirecto fue interpuesto por el recurrente en contra de dos actos reclamados, primero, la expedición y promulgación de los artículos 1.164, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como 4.216 (sic) y 4.127, del Código Civil del Estado de México, y en segundo lugar, en contra del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez Décimo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el amparo, por una parte, respecto del primero de esos actos reclamados, porque dijo observar que no fueron reclamados por vicios propios, lo cual impedía su análisis con relación a su inconstitucionalidad, con sustento en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Sobreseimiento que dijo, se actualiza conforme a la causa prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXII, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, no obstante que la presidenta de la XI Legislatura del Estado de México, aceptó el acto reclamado. Respecto del segundo acto reclamado, consideró que se actualiza la diversa causa de sobreseimiento en el asunto, por actualizarse la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó el principio de definitividad respecto del acto reclamado, consistente en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, donde dijo, se decretó una pensión alimenticia provisional a su cargo y su ejecución; lo cual estimó así el Juez de Distrito, porque tal auto era recurrible a través del recurso de revocación, como se desprende del contenido de los artículos 5.74, 5.75, 5.76 y, 5.77, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues de ellos se desprende que los autos dictados fuera de audiencia en el juicio de origen, pueden ser revocados por el propio juzgador que los dicte, sin embargo, el reclamado de dieciocho de enero de dos mil veintidós no fue recurrido por el quejoso en el indirecto; recurso que debió promover previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, cuando se está en el caso de la impugnación de inconstitucionalidad de leyes, debe ser analizado ello en primer lugar y posteriormente, de ser infundado, analizar el acto reclamado en donde se aduzca su primer acto de aplicación, pues no se puede obviar tal acto ni cambiar el orden de estudio de la improcedencia de cada acto reclamado, pues sobre el tema existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define la metodología a seguir cuando se reclamen normas heteroaplicativas. Lo cual encuentra sustento en el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, con registro digital 191311, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, del contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por tanto, ante la inconstitucionalidad alegada por aplicación heteroaplicativa de las normas de que se trata, procede su análisis en primer término y se determina que en efecto debe sobreseerse en el juicio respecto de tal acto, pero por causas diversas a las analizadas por el Juez de Distrito, esto es, porque la recurrida estimó la improcedencia del Juicio porque dijo que no fueron señalados tales actos por vicios propios, cuando en el caso, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente porque ante la invocación de la aplicación heteroaplicativa de una ley, para que sea procedente su análisis en la vía Constitucional, se debe hacer valer contra el primer acto de aplicación como se explicó anteriormente, pues de no hacerlo, se considerará como acto consentido y ello provoca la improcedencia del juicio; cuya consecuencia incide en la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto del segundo acto reclamado, para determinar si existe o no la obligación de agotar el principio de definitividad. En ese sentido, conviene distinguir el instante en que una ley que se considere inconstitucional, para ello, se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada y esa condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización; así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada y por tanto, las reglas para su procedencia deben considerarse a partir de la sola entrada en vigor sin que exista algún acto en particular en donde sea aplicada. En cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada porque la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.Lo cual fue precisado en la Jurisprudencia P./J.55/97, con registro digital 198200, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Común, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De esa manera, para que se actualice la procedencia del amparo cuando se invoque la inconstitucionalidad de una ley de manera heteroaplicativa, resulta indispensable que ésta se impugne cuando ocurra su primer acto de aplicación en un acto en concreto y ello no ocurre en el caso. Lo anterior, pues se advierte que los preceptos legales de los que reclama su expedición y promulgación, señalan: Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. "Plazo de tres días Artículo 1.164.- Cuando la ley no señale plazo para la práctica de algún acto procesal o para el ejercicio de una facultad, se tiene por señalado el de tres días." Código Civil del Estado de México. "Normas de orden público Artículo 4.126.- Las disposiciones de este capítulo son de orden público. Derecho de recibir alimentos Artículo 4.127. Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud." Preceptos que, en efecto, fueron señalados por la responsable al emitir el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós que se reclama en el amparo, al indicar: "[.] HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el contenido del escrito de cuenta, presentado por JARENIE GABRIELA DE LA TORRE MERCADO, atendiendo a sus manifestaciones y a las constancias de autos, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1.164 DEL Código de Procedimientos Civiles, así como 4.126 y 4.127 del Código Civil, mediante notificación personal en el domicilio procesal que tiene señalado en autos JUAN MANUEL GARAVITO RUBIO, requiérasele para que dentro del plazo de TRES DÍAS justifique el cumplimiento que dio al pago de pensión alimenticia provisional fijada mediante auto del once de octubre de dos mil veintiuno, modificada en la segunda audiencia de avenencia y en caso de no haberlo realizado, proceda a hacer pago del monto que corresponda justificando lo anterior dentro del plazo señalado, apercibido que de no hacerlo quedará expedito el derecho de la promovente para formular la liquidación correspondiente y se embarguen bienes de su propiedad.[.]." Sin embargo, del estudio de las constancias que integran el juicio natural, el cual fuera remitido por el Juez de Distrito, se observa que no se trata de su primer acto de aplicación, porque desde el auto de once de octubre de dos mil veintiuno en que se fijaron las medidas provisionales solicitadas por su contraria y en favor de su menor hijo, se aplicaron las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de México al proveer en lo que interesa:"[.] PENSIÓN ALIMENTICIA. Atendiendo al orden público y primera necesidad que caracteriza los alimentos, tomando en cuenta que con el atestado de nacimiento que en copia certificada fue exhibido por la accionante se acredita el derecho de los menores hijos de las partes a recibir alimentos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 de la Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias, 4.126, 4.130, 4.136 y 4.138 del Código Civil vigente en el Estado de México, en relación con el artículo 5.1, 5.8, 5.16, 5.43 del Código de Procedimientos civiles vigente en el Estado de México, así como por los artículos 1, 10, 25, 73 fracción III y, 74 fracción I de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, se fija como pensión alimenticia provisional a favor del menor de identidad reservada de iniciales J.M.G.D., la cantidad que resulte del veinte por ciento 20% de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe el señor JUAN MANUEL GARABITO RUBIO, como producto de su trabajo, en su fuente laboral.[.]." En diverso de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió uno diverso en donde se dijo:"[.] Visto el contenido del escrito presentado por JERENIE GABRIELA DE LA TORRE MERCADO, con fundamento en los artículos 1.164, 5.8, 5.16 y 5.43, del Código de Procedimientos civiles, mediante notificación personal en el domicilio procesal que tiene señalado en autos JUAN MANUEL GARATIVO RUBIO, requiérasele para que dentro del plazo de TRES DÍAS justifique la forma en que ha dado cumplimiento a la medida provisional fijada mediante auto del once de octubre del año en curso, consistente en el pago directo a la institución educativa a la que asiste su menor hijo, de manera concreta las que menciona la ocursante, con el apercibimiento que de no hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Púbico, con fundamento en el artículo 1.139 del Código de Procedimientos Civiles, para que manifieste lo que a su representación social competa. [.]." De igual manera, en diverso proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se reiteró la procedencia de su aplicación, al emitir diverso proveído en donde ya se le había requerido para que en el plazo de tres días, informara ante el Juzgado de origen la forma en que hubiera dado cumplimiento al pago de la pensión alimenticia ordenada con antelación, señalando al respecto: [.] Por otra parte, con fundamento en los artículos 1.134, 1.173 fracción III, 5.3 bis, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles, 4.126 y 4.127 del Código Civil, mediante notificación personal en el domicilio que tiene señalado en autos JUAN MANUEL GARAVITO RUBIO, requiérasele para que dentro del plazo de TRES DÍAS justifique a este juzgado la forma en que ha dado cumplimiento al pago de pensión alimenticia en favor de sus menores hijos, consistente en el veinte por ciento de sus prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene de su fuente laboral, lo anterior tomando en consideración que se giró oficio a su fuente laboral y a la fecha no se ha informado el cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en cuanto al pago de la pensión alimenticia fijada en forma provisional. [.]." De tal manera, no obstante que el Juez de Distrito haya procedido al análisis de tal acto reclamado, estimando que no se impugnó por vicios propios la inconstitucionalidad alegada, y que ello daba lugar al sobreseimiento del juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXII, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, aun cuando dijo, la presidenta de la XI Legislatura del Estado de México, hubiera aceptado el acto reclamado; lo cierto es que en el caso, se actualiza la diversa causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, con sustento en el artículo 61, fracción XIV, donde se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Ello, porque del análisis del asunto no se advierte como lo adujo, que la aplicación heteroaplicativa de los artículos 1.164, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, como los diversos 4.126 y 4.127, del Código Civil del Estado de México, hubieran sido impugnados en su primer acto de aplicación, requisito indispensable para la procedencia de su análisis en el amparo, pues contrario a lo informado en la demanda de amparo, se advierte del juicio natural que las disposiciones legales ahí contenidas ya le fueron aplicadas en diversos actos anteriores y no es verdad que sea el primer acto de aplicación en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós reclamado también en el amparo. De tal manera, si existe prueba plena de que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional por su aplicación heteroaplicativa en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es evidente la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, porque al tratarse del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de alguna ley por su aplicación heteroaplicativa, se debe examinar de manera cuidadosa si existen elementos que permitan tener la certidumbre de que en efecto, se trata del primer acto de aplicación o ulteriores; y en el caso, de las actuaciones enviadas por el Juez de Distrito, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y, 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la Ley de Amparo, se desprende que las disposiciones normativas que impugna el recurrente en el amparo indirecto, no constituyen el primer acto de aplicación en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós como lo adujo en su demanda de amparo. De ahí que, en todo caso el amparo indirecto contra la aplicación heteroaplicativa de las disposiciones legales que aduce, de considerar que causaban perjuicio a sus intereses, debió hacerlo valer cuando ocurrió su primer acto de aplicación y de no ocurrir así, ya no procede cuando su aplicación ocurre en ulteriores actos, por tanto, se considera que se trata de un acto consentido que produce la improcedencia del amparo indirecto, pues además, tales proveídos vinculados a la primera aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad reclama, no son motivo de reclamo en el amparo indirecto origen del presente recurso. Lo cual actualiza la causa de improcedencia respecto del acto reclamado motivo de análisis, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de Amparo. Por otra parte, establecida la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cuanto a la inconstitucionalidad de los preceptos legales de que se trata, reclamada por su aplicación heteroaplicativa, resulta igualmente improcedente el Juicio de Amparo Indirecto en contra del siguiente acto reclamado, que lo fue el emitido el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Para lo cual, es preciso señalar que el Juez de Distrito determinó la improcedencia del juicio en cuanto a los actos de inconstitucionalidad por no ser reclamados por vicios propios y por separado dijo, también es improcedencia respecto del segundo acto reclamado, porque adujo que en su contra procedía el recurso ordinario de revocación sin que fuera hecho valer por el recurrente antes de acudir al amparo. En cuyo caso, tomando en consideración como se ha expuesto, que no debe desvincularse el acto de inconstitucionalidad de normas por su aplicación heteroaplicativa del diverso acto en que se alegue constituye el primer acto donde se hubieran aplicado tales normas, es inconcuso que al no haber sido procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la inconstitucionalidad de leyes invocada por el recurrente en su demanda de amparo, no puede acontecer que se actualice para el análisis del auto reclamado consistente en el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, la excepción al principio de definitividad que se establece en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es así, pues la excepción para cumplir con el principio de definitividad, se condiciona a que, se trate de un acto en donde se reclame la aplicación heteroaplicativa de una ley como primer acto de aplicación, no obstante, en este caso aun cuando así haya sido invocado por el recurrente en su demanda de amparo inicial, el juicio de amparo resultó improcedente respecto de tal reclamo porque no se cumplió con el requisito de ser el primer acto de aplicación para que pudiera ser impugnado a través de la vía Constitucional. Entonces, al no ser procedente el amparo en contra de tal acto de inconstitucionalidad de leyes, para que fuera procedente el amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, era necesario que se cumpliera con el principio de definitividad, porque no se actualizó la condición a que se encontraba sujeta la excepción para ello, se reitera, que hubiera sido procedente el amparo contra la aplicación heteroaplicativa de leyes como lo propuso el recurrente en el indirecto. Esto es, sólo en el caso de que el acto reclamado constituya el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclame también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. Empero, ello únicamente ocurre cuando el amparo procede en contra de ambos actos y que esté demostrado el primer acto de aplicación de la ley que se reclame de manera heteroaplicativa, sin que base la sola afirmación en la demanda de que ello sea así, pues es necesario que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados para que se pueda estimar la excepción al principio de definitividad respecto del acto en donde se aduzca que se aplicó la ley tildada de inconstitucional. Encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 1a./J. 35/2000, con registro digital 190707, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional Común, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 133, del siguiente contexto: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados." En tal sentido, la improcedencia del juicio de amparo respecto del auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se actualiza porque no se está en el caso de excepción al principio de definitividad, al haber resultado improcedente el juicio respecto de la inconstitucionalidad alegada; y ante ello, para ser analizado de manera independiente el acto de que se trata, era menester que se agotara tal principio, y de no hacerlo, se actualiza la improcedencia del juicio también respecto de ese acto, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Pues en efecto, en contra de tal proveído era procedente el recurso de revocación en términos de lo dispuesto por los artículos 5.74, 5.75, 5.76 y, 5.77, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues de ellos se desprende que los autos dictados fuera de audiencia en el juicio de origen, pueden ser revocados por el propio juzgador que los dicte. Sin que pase desapercibido para este Tribunal Colegiado conforme a las constancias que obran en el juicio de origen, y por así manifestarlo el propio recurrente, que hubiera presentado tal recurso de revocación, pues éste no fue admitido al proveer sobre su presentación, en diverso auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, pues se estimó que el mismo se presentó de manera extemporánea. Recurso que no puede considerarse apto para tener por agotado el principio de definitividad, pues para ello no basta con interponer cualquier medio de impugnación dentro del procedimiento, sino aquél que sea apto para poder modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame en el amparo, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno de manera inapropiada, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad. Encuentra apoyo lo anterior en el criterio contenido en la tesis II.4o.C.1 K, con registro digital 166601, emitida por este propio Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1676, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad." Para ello, debe entenderse que un recurso es apto para que pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclame en el amparo, cuando la satisfacción de ese principio deriva de la presentación oportuna y del cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso ordinario correspondiente, y no cualquier medio de impugnación o recurso ni en cualquier tiempo, pues en tal caso, no se considera el idóneo para el fin que se persigue. En consecuencia, al haber acontecido la improcedencia del juicio de amparo indirecto respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la expedición y promulgación de preceptos legales contenidos en la legislación civil del Estado de México, por no haberse reclamado respecto de su primer acto de aplicación, es inconcuso que el diverso auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós señalado como segundo acto reclamado, al no estar sujeto a la excepción del principio de definitividad por no haber sido procedente el amparo en contra de la inconstitucionalidad alegada, es inconcuso que antes de acudir al amparo, el recurrente se encontraba en el imperativo de impugnarlo a través de los medios ordinario de defensa procedentes, sin que deba considerarse cumplido tal requisito con la interposición de un recurso de revocación hecho valer en el juicio natural en contra de tal auto, porque éste se interpuso de manera extemporánea y cuya desestimación no puede ser motivo de análisis en el presente asunto por tratarse de un acto diverso que no es motivo del amparo. Conforme a lo anterior, lo procedente es confirmar por causas diversas la sentencia que se recurre, y declarar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, conforme a lo establecido en los artículos 61, fracciones XIV, y XVIII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán, para los efectos que en derecho corresponda.
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