Juan Manuel Gaona Chávez
Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Gaona Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la pieza postal devuelta por la empresa de paquetería estafeta que contienen el oficio derivado de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dirigido a la autoridades responsable siguiente: NO.AUTORIDADESOFICIOMotivo1 JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN DE MORELIA, MICHOACÁN.15620/2023Su envío presenta datos incompletos para realizar su entrega, el dato faltante es: FALTANTE DE DATOS, favor de generar reporte. Ahora bien, toda vez que se advierte que el domicilio y la denominación son correctas reenvíense el oficio citado en el cuadre anterior a su destinatario, vía correo electrónico jefecausa.nsp.r1@poderjudicialmich.gob.mx el comunicado devuelto; a fin de que quede notificada de su contenido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA [JUAN MANUEL GAONA CHÁVEZ O SUS AUTORIZADOS, NO COMPARECIERON AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCIÓN DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL CITATORIO QUE SE LES DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; QUEDA HECHA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN EN LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, MISMA DE TERMINACIÓN QUE DICE: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, y turnado al siguiente día a este Juzgado, Juan Manuel Gaona Chávez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán y otras autoridades, que serán debidamente precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Tramite y audiencia constitucional. La demanda de amparo indirecto de que se trata, fue turnada a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, la que se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta respectiva. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuál es con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así se tiene, que tanto del escrito de demanda, así como de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, el acto reclamado de las siguientes autoridades es: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas. La orden de aprehensión. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las siguientes autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas. Al rendir su informe justificado señalaron que no era cierto el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, respecto de las citadas autoridades y acto reclamado señalado que les reclamaron, conforme al artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, máxime que en la especie, la parte quejosa no desvirtúo de manera alguna las precitadas negativas. Con relación a ello, se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/20 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Una vez precisado el acto reclamado, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." La autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia del acto reclamado, se corrobora con la copia del audio y video de la audiencia en la que el juez responsable emitió la orden de aprehensión reclamada llevada a cabo en la causa penal 36/2022 (disco compacto), así como las versiones escritas de dicha determinación, que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, constancia a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción II, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Causas de improcedencia. Corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos. Al respecto, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, se precisa que el estudio de los conceptos de violación, se realizará en forma amplia con la finalidad de advertir si se requiere suplir de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que se advierte queja que suplir en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La figura jurídica de orden de aprehensión, se encuentra regulada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [...]" La redacción del numeral transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De lo que se sigue que para el dictado de una orden de aprehensión sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en el que podrá incluirse las modificativas o calificativas del hecho delictuoso, pues tienen como efecto procesal establecer el ilícito por el cual, una vez presentado el indiciado ante el juzgador, habrá de seguirse la formal investigación. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden de ideas, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público. Ahora, a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse para el dictado de la orden de aprehensión, es necesario reproducir el contenido de los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De lo anterior, se obtiene que el Juez de Control, a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, podrá ordenar: Citatorio para la audiencia inicial. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Además, la referida orden de aprehensión debe reunir los requisitos que establece el invocado artículo 16 Constitucional, a saber: Requisitos de forma: a). Que quede constancia en cualquier medio que dé certeza de su contenido. b). Que sea librada por la autoridad competente; c). Que preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; d). Como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar fundada y motivada Requisitos de fondo: e). Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho señalado por la ley como delito; y f). Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La necesidad de cumplir con los enunciados requisitos, deriva de la forma en que se presenta al imputado ante el Juez de Control, la cual genera una molestia en grado mayor que la de citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. En la especie, se cumple con el requisito señalado en el inciso a), pues de las constancias que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, allegó a este sumario constitucional, cuyo valor probatorio quedó ponderado en páginas precedentes, se advierte la existencia del citado acto reclamado, pues obra en disco compacto, mismo que al ser reproducido reveló que el citado juez responsable, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictó contra el quejoso orden de aprehensión, aunado a que obra constancia impresa de dicha resolución, con lo que además se cumple con lo establecido en la fracción II del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El requisito indicado en el inciso b), relativo a que la orden de aprehensión debe ser emitida por autoridad competente, ésta se surte a virtud de que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, resultó competente para resolver la petición del agente del ministerio público, porque los hechos que investiga ocurrieron dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción, es decir, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán y durante la vigencia del nuevo sistema de justicia penal, pues, los hechos ocurrieron el día veintisiete de marzo de dos mil veintidós. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 26/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE." Por lo que respecta al requisito contenido en el inciso c), consistente en que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, también se encuentra satisfecho, pues la carpeta de investigación que originó la causa penal 36/2022, que se sigue al quejoso por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, se habría anunciado por el agente del ministerio público la denuncia presentada por la madre de la víctima la señora Maricela Fernández Alonso, en la que hizo constar los hechos ilícitos en la que perdió la vida su hijo Ricardo Geovanni Cruz Fernández ocurridos el veintisiete de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, se cumple con el requisito identificado con el inciso d), relativo a que la determinación que nos ocupa debe estar fundada y motivada, habida cuenta que, la fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la motivación ha sido referida a la expresión de los razonamientos por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que se basa, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las normas citadas. Es decir, expresó los argumentos tendentes a establecer por qué esos datos de prueba resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito, en el caso, homicidio calificado, así como que existía la probabilidad que el indiciado, aquí quejoso, participó en su comisión. Además, se advierte que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, por tanto, el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal. Luego, como se precisó, al colmarse en la especie las exigencias formales del citado precepto constitucional para la emisión del acto reclamado, se estima que la resolución combatida no es violatoria de derechos fundamentales en ese aspecto, en tanto que la autoridad responsable tomó en consideración y valoró los datos de prueba que el Agente del Ministerio Público sometió a su escrutinio, expresó los razonamientos pertinentes al caso en concreto, lo que implica una adecuada fundamentación y motivación, de ahí que se satisfagan los requisitos formales del precepto legal en estudio. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que la orden de aprehensión reclamada, cumple con las exigencias formales identificadas en los incisos a), b), c) y d) precisados con antelación, establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su emisión. Ahora, para el libramiento de una orden de aprehensión se requiere acreditar el supuesto material, a cuyo efecto el estándar probatorio, se rige por el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esos datos, como se dijo, no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. La prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal y como lo estatuye el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante lo anterior, el dato de prueba debe reunir las características de idoneidad (que sea adecuado y apropiado), pertinencia (conducente o concerniente), y suficiencia (bastante). En esa lógica, la orden de aprehensión encuentra sustento en los elementos recolectados por el Agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude ante el Juez de Control a solicitar orden de aprehensión para que, una vez ejecutada y presentado el indiciado ante la potestad judicial, pueda formularle imputación como acto de comunicación con aquel respecto de la labor que desarrolla en su contra. Por último, es de suma importancia hacer hincapié en que para el dictado de una orden de aprehensión, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del imputado, pues de acuerdo al tercer párrafo del artículo 16 Constitucional, basta con que se encuentre justificada la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo; esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que en realidad sólo debe fijarse la materia de la investigación y el eventual juicio. Aclarado lo anterior, a continuación se examinará si en el caso concreto los datos de prueba valorados por el Juez de Control de origen, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en los hechos que la ley señala como delictuoso, imputado al aquí quejoso. En ese sentido, conforme al artículo 16 Constitucional, el primero de los elementos de fondo se estima actualizado; esto es, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público al momento que solicitó el aludido mandamiento de captura contra el aquí quejoso y que fueron tomados en consideración por el Juez de Control responsable, sí se advierten datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En el caso, los hechos que la ley señale como delitos materia de la orden de aprehensión reclamada son: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, incido b), en relación con los numerales 16, 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de Ricardo Geovanni Cruz Hernández. Así las cosas, se estima que, en el caso, sí se actualizan los extremos exigidos para la emisión de una orden de aprehensión, pues el citado acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 16 de la Carta Magna. En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 16 Constitucional y 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizados con anterioridad, el primero de los elementos de fondo se estima actualizado; esto es, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión y que fueron tomados en consideración por el Juez de Control señalado como responsable, sí se advierten datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. HECHO ILÍCITO Y RESPONSABILIDAD Al momento de resolver sobre la orden de aprehensión, el juez responsable tuvo por demostrados los hechos materia de la solicitud y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó, de la siguiente manera: "Una vez que he escuchado al fiscal, considero tengo información suficiente para resolver y emito mi decisión en los siguientes términos. Considerando primero. Soy competente en términos del artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Federal, 20, fracción I, 133, fracción I, de la codificación procesal nacional, así como 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, para atender la solicitud planteada por el fiscal, ello tomando en cuenta que del cuadro fáctico que he escuchado pues advierto estos hechos han tenido lugar dentro de esta región judicial de Apatzingán, donde ejerzo jurisdicción y tengo competencia en razón de la materia y también del territorio, pero también advierto estos hechos han ocurrido dentro de la vigencia temporal del sistema proceso penal acusatorio en esta misma región. Considerando segundo. La libertad según advierto es el derecho fundamental que con esta solicitud se pretende restringir, un derecho fundamental cuyo ejercicio debe de ser garantizado por el Estado a través de sus autoridades en el ámbito de sus competencias, el cual no puede ser restringido salvo en los casos y condiciones que la propia Constitución establece, en ese sentido entonces el artículo 17.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador, sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil siete, serie c, número 170, párrafo 93, establecen que para la restricción a un derecho fundamental no sea arbitraria pues debe de estar definida a nivel constitucional, indicando los casos y las condiciones en que dicha restricción opera, esto es, se establecen los principios de reserva de ley y de tipicidad, los cuales se satisfacen en el ordenamiento jurídico mexicano, tomando en cuenta que en el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Federal, se tutela el derecho humano a la libertad personal, estableciendo que únicamente puede ser restringido a través de una autorización del órgano jurisdiccional competente y quien a su vez tiene el deber de fundar y motivar tal autorización, según se desprende del primer párrafo del mismo numeral, también en este dispositivo se establecen las causas y condiciones en que tal restricción opera, se incluye de manera taxativa, incluso los casos de excepción de esta regla estos son la flagrancia y el caso urgente, a través de lo cual se da certeza jurídica a los gobernados en el ejercicio de sus libertades y se evita con ello las detenciones arbitrarias. Tercero, advierto de la narrativa del fiscal, pues, existe en este caso denuncia presentada precisamente por la madre de la víctima la señora Maricela Fernández Alonso, quien ha señalado en términos generales que es su deseo que este delito se persiga, lo cual, bueno, con el sólo hecho de hacer la manifestación de lo que ha ocurrido con apariencia de delito, pues, con ello, se entienda se ha cumplido con este requisito procesal. En este sentido, también advierto, a través de la narrativa planteada por el fiscal, estos hechos pueden subsumirse preliminarmente tienen la apariencia del delito de homicidio, pero adicionalmente, también por las circunstancias que se han narrado, se advierte hay una circunstancia modificativa de la responsabilidad, es decir, se trata de un homicidio pero calificado, con una circunstancia que agrava la pena. A partir de ello, también advierto con esta circunstancia pues este hecho ilícito tiene señalada pena privativa de la libertad concretamente de 20 a 50 años de prisión, con lo cual, advierto se satisface los requisitos establecidos en el artículo constitucional que he invocado precedentemente. Ahora bien, respecto de los datos de prueba que se han narrado por el fiscal para justificar su solicitud, pues, advierto como se establece en el artículo 265 de la codificación procesal nacional, una valoración individual, en un primer momento, conjunta en un segundo momento, aprecio efectivamente en el aspecto individual, la noticia criminal, así como también el informe policial homologado que se ha narrado por parte de la fiscalía, pues, dan corroboración a la hipótesis de la fiscalía, esto, en cuanto a que se recibe esta información, respecto de una persona del sexo masculino fallecido en esta calle Benito Quezada, número 154, de la colonia Antorcha Campesina en esta ciudad de Apatzingán, Michoacán; en este punto entonces, también advierto no tengo información relativa a que Israel Valdiolivar Gaona, no estuviere en condiciones de recibir esta noticia criminal que no estuviere en posibilidad de saber lo que aquí se ha narrado o bien que tuviere algún interés en perjudicar al aquí investigado, en el aspecto objetivo la información parece coherente, también cuenta con detalles periféricos de manera que en el aspecto objetivo, pues, se le tiene como fiable hasta este momento. En cuanto al informe policial homologado de la misma manera corrobora lo planteado por la fiscalía, cuando se dice, se acude al lugar que se ha señalado en esta llamada, se corrobora que efectivamente se encuentra el cuerpo de una persona del sexo masculino sobre un colchón en el interior de esta vivienda en Benito Quezada, número 154, de la colonia Antorcha Campesina, y se le advierte en una posición de decúbito dorsal; también, se percibe las lesiones por proyectil de arma de fuego en el cuello y también las lesiones cortantes en el cuello, producidas por arma blanca, se establece en este primer momento, con ello se corrobora entonces esta circunstancia en que se ha narrado con la noticia criminal a partir de ello se inicia la noticia criminal, los actos de investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público y a partir de la corroboración que se realiza en este informe policial homologado, pues ello, da lugar a la carpeta de investigación correspondiente. Advierto, entonces con esta narrativa, pues, se corrobora la dinámica que se ha planteado por la fiscalía en alguno de sus aspectos, no tengo elementos para dudar de que Javier Reyes Torres no hubiere acudido a este lugar, que no hubiere percibido lo que ahí se narra o bien que no hubiere interpretado correctamente lo que ahí se observó, en ese sentido entonces, pues lo tengo fiable en el aspecto subjetivo y de manera objetiva pues también la narrativa me parece coherente y objetivamente hay detalles periféricos que lo hacen creíble hasta este momento. En cuanto al reconocimiento de cadáver que realiza Maricela Fernández Alonso y también la entrevista que se toma a Tania Janeth Cruz Fernández, pues, advierto ambas corroboran la hipótesis planteada por la fiscalía en cuanto a la dinámica de los hechos, es decir, por un lado que se ha privado de la vida a su hijo y hermano, respectivamente, pero también las circunstancias en cómo esto ocurre, es decir, se da corroboración a la narrativa de la fiscalía en cuanto a que es el aquí investigado quien ha realizado esta conducta personalmente, mientras la víctima se encontraba en este caso, acostado en este colchón, en un primer momento, cuando éstas llegan a este lugar escuchan un par de detonaciones, cuando ingresan al domicilio que por cierto no tiene una puerta que resguarde su entrada, en el pasillo, cuando la ventana de la habitación se encuentra abierta alcanzan a observar que en interior se encuentra el aquí investigado Juan Manuel Gaona Chávez, que lo ven incluso con esta guadaña que se señala impregnada con el líquido rojo parecido a sangre y pueden observar también que la víctima se encuentra en este colchón claramente con una herida en el cuello y sangrando, que cuando esta persona los ve el aquí investigado Gaona Chávez, sale corriendo con el instrumento cortante en sus manos, que también alcanzan a percibir que en la cintura lleva fajada esta arma de fuego que alcanzan a describir como oscura o negra, tipo pistola a partir de lo anterior, entonces, bueno, se da corroboración en unos aspectos de manera directa porque ya se alcanzan a percibir directamente estos hechos, pero también otros de manera indirecta, es decir, si bien no perciben el momento mismo en el que el aquí investigado propina las heridas a la víctima o bien que le dispare, sin embargo, llegan en un momento inmediatamente posterior y se puede hacer entonces (inaudible) a partir de lo que sí observan de lo que ha ocurrido en momentos precedentes, no se alude a que hubiere alguna otra persona de manera tal que entonces este señalamiento pues también corrobora la hipótesis de la fiscalía, no tengo ningún elemento para dudar de las capacidades de percepción de Maricela Fernández o de Tania Janeth Cruz, en este sentido pues tampoco tengo ninguna información para dudar de sus capacidades de percepción que no hubieren percibido correctamente la realidad o la hubieren interpretado de manera incorrecta que tuvieran algún interés (inaudible) contra del señor Gaona Chávez. Hasta este momento la narrativa también la advierto coherente con detalles, la tengo como fiable hasta este punto en el aspecto objetivo. El levantamiento de cadáver que realiza Rolando Flores Mondragón, pues, también se corrobora lo establecido entonces por la Fiscalía, es decir, él encuentra en este lugar Benito Quezada, número 154, de la colonia Antorcha Campesina, este cuerpo sobre el colchón en posición de decúbito dorsal, que también advierte estas heridas que se han producido en el cuerpo, pero incluso hace el hallazgo de evidencia física, es decir, encuentra esta ojiva que se localiza cerca del cadáver y también encuentra un foco que se utiliza para consumir droga en estas condiciones, el propio cadáver con las heridas que se han señalado contundentes (sic), en este punto también, se establece que es la posición inmediata al deceso de la víctima de manera que se trata del lugar en el que han ocurrido los hechos, con ello, se corrobora lo narrado tanto por Maricela Fernández como también por Tania Janeth Cruz y de la misma manera corrobora esta información proporcionada a la guardia de agentes en la noticia criminal y el informe policial homologado que se ha señalado. A través de ello, entonces, se da corroboración a esta hipótesis de la fiscalía no solamente en cuanto a la existencia del hecho, sino también a la probable intervención del aquí investigado en estos mismos hechos. En cuanto al dictamen de química forense que realiza Diana Areli Ponce Espinoza, donde establece que no identifica estos elementos de plomo y bario en las manos derecha e izquierda en las muestras que ha tomado en ellas del cadáver de la víctima, pues, también advierto de manera indirecta, pues, corrobora hasta cierto punto esta hipótesis de la fiscalía en cuanto a que la víctima no se encuentra armado, no ha tenido contacto con arma de fuego recientemente disparada, lo cual, entonces es congruente con su hipótesis relativa a la ventaja. No tengo información de que estos exámenes químicos no se hubieren realizado de manera correcta, que la química no pudiera haber realizado estas operaciones siguiendo los protocolos que su disciplina le establecen o que hubiere interpretado de manera incorrecta los resultados de las operaciones que realizó, no hay elementos para establecer que no resulte razonable los hallazgos que ella ha planteado de manera tal que también lo tengo como fiable hasta este momento. También en cuanto a la necropsia que se ha realizado al propio cadáver de la víctima corrobora la hipótesis de la fiscalía, se ha señalado estas heridas que se presentan, una por herida de proyectil de arma de fuego en la mejilla, pero también dos que se han realizado una superficial, pero la importante que se encuentra en la base del cuello y que prácticamente ha seccionado el propio cuello, también la causa de la muerte corrobora esto que plantea la fiscalía en cuanto a que es una herida producida por un objeto con el cual se lesiona el cuello de la víctima y a partir de ello pues se causa la muerte. Tomo en cuenta esta información entonces de manera individual, la necro cirugía no tengo información de que el médico forense no hubiere realizado correctamente su estudio, que no hubiere interpretado de manera adecuada lo que ahí observó o no hubiere observado lo que él describe, en el aspecto objetivo parece razonable sus conclusiones a partir de la información que él narra cómo sus hallazgos, tengo entonces esta información de manera conjunta, la necro cirugía corrobora entonces la narrativa tanto de Maricela Fernández como de Tania Janeth en cuanto a la dinámica de los hechos que se le han producido heridas de dos tipos, una con arma de fuego y la otra con un instrumento que se utiliza, como estos que han señalado y que es una guadaña, es decir, no solamente contunde, sino también corta, corto contundente y que se han producido estas lesiones en el cuello y que son estas las que han privado de la vida a la víctima. Corrobora también todo lo narrado por Maricela y Tania Janeth, esta pericial de química donde se establece negativo para los elementos de plomo y bario, también el levantamiento de cadáver en el lugar, en las circunstancias que han narrado las propias víctimas se encontraba el cuerpo sobre el colchón y también entonces con la noticia criminal y el informe policial homologado, este reconocimiento de cadáver establece también, así como la narrativa de Tania Janeth, pues que se trata de la víctima, que la víctima es Ricardo Geovanni Cruz Fernández, en este sentido entonces, se tiene establecido la identidad de la víctima, son los datos de prueba que considero para establecer no solamente el hecho sino también la probabilidad de que ha intervenido en él, el aquí investigado, no tomo en cuenta el acta de nacimiento de la víctima porque no se alega ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad en relación a su edad, con la información de Tania Janeth, como también respecto de Maricela, se puede establecer (inaudible) la vida preexistente, sino la muerte posterior, de la misma manera con el tema de la necro cirugía y de la manera también señalada con la noticia criminal incluso se puede establecer aproximadamente el momento en que ocurren los hechos. No tomo en cuenta tampoco el dictamen de química forense toxicológico porque de la misma manera no se alega una circunstancia a partir de la cual la victima estuviere privada de la conciencia cuando se realiza la conducta de manera tal que (inaudible) positivo para metabólico y anfetaminas, etc., pues, tampoco me entrega información útil para tomar la decisión en este momento. En cuanto a este informe de investigación del señor Reyes Torres, pues, tampoco encuentro información que me sea útil, porque ya se cuenta con estas entrevistas a las personas, etc.; en relación a ello, considero se puede establecer no solamente la existencia de un hecho que preliminarmente se puede subsumir en lo que ha señalado el fiscal como homicidio calificado, consumado en términos del artículo 117, 122, 135, fracción I, inciso b), en relación con el 16, 19, fracción I, 20, fracción I y 24 fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán, todos ellos. También, advierto pues estos datos de prueba hacen probable la intervención del señor Juan Manuel Gaona Chávez, en cuanto autor material y a titulo doloso, pues, si se producen como se ha señalado heridas por un lado con arma de fuego, dirigidas a un lugar donde hay órganos vitales como es la cabeza, este impacto que se recibe en la mejilla, pero también con un arma ya de tipo corto contundente como es esta guadaña, en el cuello, donde también se sabe, pues, hay elementos como las arterias, venas, etc., basculares que son muy importantes y que pueden producir no solamente lesiones, sino incluso la perdida de la vida, pues, se advierte por lo menos la posibilidad de presentar este resultado y al continuar con uno y con otro, pues, se advierte son de naturaleza dolosa. En ese sentido, entonces, en cuanto a la necesidad de cautela, según se plantea en el artículo 141, fracción III, de la codificación nacional procesal, advierto, la finalidad de la aprehensión que aquí se solicita, pues, es garantizar la presencia del señor Gaona Chávez, al proceso penal, para escuchar la formulación de imputación, para ello, entonces, advierto, se actualiza los supuestos establecidos en el artículo 168, fracción I y II, es decir, falta de arraigo y también peligro de sustracción, tomando en cuenta el máximo de la pena que como se ha señalado por el fiscal es incluso hasta de 50 años de prisión, ambas, circunstancias son las que tomo en cuenta para establecer la necesidad de cautela, en ese sentido considero aplicable el criterio emitido en la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo del Vigesimosegundo Circuito con registro 2017659 de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.", es decir, en este caso, advierto, según estas entrevistas que se han tomado a Cruz Ignacio Aguilar Gutiérrez, como también a María Liduvina de la Paz Mejía, pues, dan la pauta para establecer, por un lado, que ya no se encuentra habitando la residencia que en otros momentos de manera cotidiana ocupaba y, por el otro, también esta circunstancia de que se desconoce su paradero, con ello, entonces advierto, no hay arraigo en la localidad y de manera en la que se han establecido la dinámica de los hechos y la clasificación jurídica preliminar coincido el máximo de la pena es (inaudible). Advierto entonces, esta medida resulta idónea, ya que con ella se sigue un fin legitimo (inaudible) permitido, socialmente relevante como es conseguir que el señor Gaona Chávez, pues, acuda a escuchar la formulación de imputación que en su caso le haga la fiscalía, también advierto, pues, es necesaria, es decir, no hay otra medida con un nivel equivalente de contribución a conseguir este fin, pero con un menor nivel de restricción de los derechos fundamentales del señor Gaona Chávez. Finalmente, la considero proporcional en sentido estricto, es decir, las ventajas que se obtienen en el sentido general en el interés que tenemos todos como sociedad y que se persiga de manera eficiente a quien comete delitos, pero también en relación a las cargas que se le imponen al titular del derecho fundamental el señor Gaona Chávez, en cuanto a su interés particular de mantener su libertad personal, pues, advierto tomando en cuenta la teoría de la utilidad marginal decreciente, resulta irracional ante un conflicto de un interés individual y un interés general, pues, dar protección absoluta a uno y dar desprotección absoluta al otro, en ese sentido, (inaudible), pues se consigue con la medida que aquí se solicita, toda vez que con ella no se altera el contenido esencial del derecho fundamental de libertad personal del señor Gaona Chávez, pues, esta es solamente para hacerlo comparecer al proceso penal y escuchar la formulación de imputación, con total independencia de lo que más adelante se pudiera decidir en relación a la vinculación a proceso y de las medidas cautelares que en su caso pudieran aplicarse, también advierto la importancia de conseguir entonces el fin pues es mayor a la importancia de la restricción al derecho fundamental en este punto entonces emito los siguientes puntos resolutivos. Primero, encuentro justificado los requisitos previstos en los artículos 16, párrafo tercero de la Constitución Federal, 141 de la codificación procesal nacional de manera tal que siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, del día de hoy, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, autorizo la aprehensión del señor Juan Manuel Gaona Chávez, al haberse encontrado justificado de manera razonable que ha tenido lugar un hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, según los artículos artículo 117, 122, 135, fracción I, inciso b), en relación con el 16, 19, fracción I, 20, fracción I y 24 fracción II, todos ellos del Código Penal del Estado de Michoacán, también la probabilidad de que es el señor Juan Manuel Gaona Chávez, quien ha participado en la comisión de este ilícito. (.)." Así las cosas, se estima que, en el caso, sí se actualizan los extremos exigidos para la emisión de la orden de aprehensión, pues el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 16 de la Carta Magna y 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, como puede verse, probablemente y con los datos de prueba hasta ahora aportados, el quejoso fue ubicado en circunstancias de tiempo y lugar desprendidas del cúmulo de datos de prueba arrojados por la investigación, por lo que se estima correcta su valoración. De ahí, que se considere correcto que se tenga por demostrado que existen datos para establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado y que exista la probabilidad de que el imputado aquí quejoso lo cometió. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN La parte quejosa aduce que la orden reclamada transgrede en su perjuicio los artículos 1 que refiere al derecho de igualdad, 14 referente al derecho de audiencia y 16 respecto del principio de legalidad y seguridad jurídica, numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo así alegado es infundado. Ello, en razón de que la orden de aprehensión es un acto de molestia, el cual no requiere que satisfaga el contenido del artículo 14 Constitucional, que contempla el derecho de audiencia previa para los actos privativos, entendiéndose por éstos, los que producen la disminución, menoscabo o supresión de manera definitiva de los derechos de los gobernados. En tanto que los actos de molestia, como el que se trata (orden de aprehensión), únicamente restringen de manera provisional o preventiva un derecho con la finalidad de proteger determinados bienes jurídicos, los cuales, como se dijo, se rigen por el numeral 16 del Pacto Federal. Por lo que no exigen se otorgue previamente el derecho de audiencia, sino que, atento a que el juicio de origen se trata de un procedimiento en el que se establece como regla la oralidad, basta que quede constancia de dicho mandamiento de captura en cualquier medio que dé certeza de su contenido (inclusive por escrito), que sean girados por autoridad competente donde se funde y motive la causa legal del procedimiento, y en el caso de las órdenes de aprehensión, que sean emitidos por autoridad judicial, les preceda denuncia o querella, respecto de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, es evidente que la orden de aprehensión reclamada no puede transgredir el derecho constitucional indicado, puesto que si bien restringe de manera provisional la disponibilidad del inculpado, lo cierto es que ello no implica una privación definitiva de sus derechos. Tienen aplicación al caso, en la idea conducente, los siguientes criterios: Jurisprudencia P./J.40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." Tesis IX.1o.33 P sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." Mientras que tampoco puede hablarse que la orden de aprehensión reclamada transgredió el principio de igualdad, ya que el proceso penal acusatorio y oral debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes y se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, este principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte. Bajo estas proposiciones, si la orden de aprehensión fue autorizada en audiencia privada, con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para establecer la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación del imputado en el hecho, es inconcuso que esos datos aún no han sido sometidos a contradicción, debido a la etapa procesal en que se encuentra la investigación; de ahí que no existe vulneración al principio de igualdad como lo aduce el quejoso. Por otro lado, la parte quejosa aduce que la orden de aprehensión emitida en su contra no está debidamente fundada ni motivada. Lo así alegado es infundado. Esto es así, ya que la fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; y la motivación ha sido referida a la expresión de los razonamientos por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que se basa, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las normas citadas. En el caso a estudio el juez responsable como se vio en párrafos precedentes expresó los argumentos tendentes a establecer por qué esos datos de prueba resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, en el caso, homicidio calificado y que existía la probabilidad que el quejoso participó en su comisión. Asimismo, se desprende que el juez de control responsable expresó la adecuación entre los fundamentos de derecho y los motivos por los cuales decretó la orden de aprehensión contra el quejoso; de ahí que contrario a lo que aduce la parte quejosa el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal. Al respecto, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." Así las cosas, se estima que la orden de aprehensión emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, en la causa penal 36/2022, cumple con los presupuestos de forma y fondo para su dictado, sin que en el caso, se advierta demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Consecuentemente, tal como lo consideró el Juez de Control responsable, los datos de la investigación emprendida por el Ministerio Público se reputan idóneos, pertinentes, y en su conjunto suficientes, hasta este momento procesal, para establecer que en el caso se cometió el hecho delictivo precisado. En esa tesitura, el reproche penal que a título probable le realiza el Estado al aquí quejoso, por conducto de la autoridad de Control, no vulnera en su perjuicio los derechos humanos consagrados a su favor en el artículo 16 Constitucional, como tampoco trastoca el principio de presunción de inocencia que rige a su favor y que se encuentra contemplado en el numeral 20 de la Carta Magna. Ello, porque si bien conforme al citado principio, que clarificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.XXXV/2002, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", el inculpado no está obligado a probar su inocencia, sino corresponde al Estado, por conducto del Ministerio Público, probar que se desprenden datos de prueba, que establecen, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo cierto es, que si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas se desprenden elementos indiciarios para desvirtuar esa presunción de inocencia, lógicamente la carga de la prueba se revierte a este último, si los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son elementos de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En definitiva, al haberse desestimado los conceptos de violación analizados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, haberse acreditado los elementos de forma y fondo, y por ende, la legalidad en la emisión de la orden de aprehensión emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, procede negar a Juan Manuel Gaona Chávez el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito del rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Manuel Gaona Chávez, por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Manuel Gaona Chávez, por el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, consistente en la orden de aprehensión dictada en audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 36/2022. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 374/2022, A LA TERCERO INTERESADA MARICELA FERNÁNDEZ ALONSO; ESTO ES ASÍ A FIN DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE SE ORDENÓ QUE SE LE PRACTICARA LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA MENCIONADA PARTE, MISMA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE RESOLVIÓ: Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Manuel Gaona Chávez, por el acto reclamado precisado en el considerando segundo, atribuido a las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Manuel Gaona Chávez, por el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Apatzingán, consistente en la orden de aprehensión dictada en audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 36/2022. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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Uruapan, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercer interesado Lic. Jesús Zambrano Romero, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán (encargado de la causa penal APA/036/2022), para lo cual se giró el oficio 23530 de dieciséis de diciembre pasado, sin que a la fecha obre en autos el acuse respectivo. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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