Juan Manuel Francisco Celis Cisneros

Expediente 1220/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1220/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
06/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Manuel Francisco Celis Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veinte. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo que implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, en ese tenor, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1.- Se acuerda promoción. Agréguese a los autos el cuadernillo de antecedentes derivado del presente juicio de amparo, previo desglose de las copias certificadas. Por otra parte, vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada el doce de junio de dos mil veinte, en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de doce de junio de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Asimismo, devuélvase los anexos que la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil, acompañó al presente juicio, consistentes en copia certificada del expediente * de su índice, en dos tomos. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a su contenido, acúsese recibo del oficio *, de su índice, por el que remitió a este Juzgado de Distrito, la sentencia de doce de junio de dos mil veinte, pronunciada por el aludido Juzgado Auxiliar en el cuaderno auxiliar 171/2020, de su índice, los autos originales del expediente relativo al juicio de amparo 1220/2019-II, del índice de este Juzgado y dos cuadernos de pruebas. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda la copia autorizada del oficio de cuenta que remite el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de enero del presente año, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano federal, que el segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil diecinueve, comprenderá del diecinueve de diciembre del presente año al tres de enero de dos mil veinte, reanudando sus labores el seis de enero de dos mil veinte. En esa tesitura, a fin de que la responsable Juez Segundo del Ramo Civil en el Estado, con residencia en esta ciudad, esté en aptitud de rendir su informe previo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por el quejoso Juan Manuel Francisco Celis Cisneros, por el que da cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de dos de diciembre del año en curso. En ese tenor, fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de merito promovida por el nombrado Juan Manuel Francisco Celis Cisneros, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, y agréguese copia autorizada de este auto a los cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda, y escrito aclaratorio de la misma. Requiérase a la responsable para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito aclaratorio de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a ordenar la compulsa de la referida documental, para que ésta sea considerada y reproducida en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio, en atención a lo dispuesto por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro de compilación 163758, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, Novena Época, con el rubro "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97)", toda vez que la misma es copia simple. Con fundamento en el artículo 5° fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada en este asunto a María Concepción Sánchez Leal, con domicilio en calle Francisco I. Madero, número 215 altos, Centro Histórico, en esta ciudad, misma que deberá ser emplazada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a quien deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio y con copia autorizada del presente proveído, hacerle saber la fecha y hora que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio. Asimismo, la prevenga para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y la aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso les surta el carácter de terceros interesados a Grupo Jer, Sociedad Anónima de Capital Variable y Unión de Crédito Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de las constancias que se allegaron a los autos, se desprenden que figuran como codemandados del quejoso en el juicio de origen, además la segunda de las nombradas no ha sido emplazada a dicho procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable con el número VI.2o.C. J/252, en la página 1132, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CODEMANDADO, NO ES TERCERO PERJUDICADO. El codemandado en el juicio común, no tiene la personalidad de tercero perjudicado en el amparo, pues su interés jurídico es el mismo que el del demandado, de donde resulta que para que tenga personalidad en el juicio de garantías, debe promover también el correspondiente amparo sin que disposición legal alguna obligue al Juez de Distrito a llamarlo al procedimiento, ya que tal llamamiento se hace a la contraparte del quejoso, es decir, a aquella que tiene interés en sostener la constitucionalidad del acto que en el amparo se combate." Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

  4. Incidental

    Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio relativo y con copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en los autos del cuaderno principal del que se deriva este incidente, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de garantías 1220/2019-II, promovido por Juan Manuel Francisco Celis Cisneros, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil en esta ciudad. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 136, 138 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio relativo. Apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción I de la Ley en cita. Se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente 416/2018, a través de la cual, declaró improcedente el recurso de revocación planteado por la parte demandada, y declaró válido y legal, y por ende firme, el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que abrió a prueba el juicio natural, ante la inexistencia en la vida jurídica de la persona moral Unión de Crédito Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, procédase a pronunciarse sobre la medida cautelar bajo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) , que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". En primer término, debe destacarse que para la procedencia de la suspensión, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Requisitos los anteriores que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. Pues bien, por lo que hace al primero de los citados requisitos, debe decirse que en la especie se satisface cabalmente, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte peticionaria del amparo en su demanda de amparo. Con relación al segundo de ellos, debe precisarse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, sosteniendo que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con el rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA". Asimismo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece en su rubro: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". De lo que se colige, que en el caso se reúne el segundo de los referidos requisitos, pues no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues con ella no se afecta a la colectividad ni a la actuación pública del Estado. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 132, 136, 138, fracción I, 139 y 150, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, respecto de las consecuencias del acto reclamado, únicamente para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento respectivo una vez que se agoten todas las etapas procesales del expediente 416/2018, del índice de la autoridad responsable, dicho órgano jurisdiccional no dicte sentencia pues de pronunciarse ésta, pudiera estarse en el supuesto de considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas y por ende, la improcedencia del juicio de amparo, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la determinación que se emita al resolver sobre la suspensión definitiva. Sin que sea el caso decretar dicha medida cautelar para un efecto distinto al indicado, como lo sería el que el juez responsable suspenda el proceso judicial de donde emana el acto reclamado, pues ello implicaría la paralización del juicio natural, el cual, al ser de orden público, es insuspendible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no otorga ante este Juzgado Sexto de Distrito una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de la serie "N", dentro del término de tres días a partir de la legal notificación de este proveído, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con esta medida se pudieran causar a la parte tercero interesada. Cantidad que se señala con la facultad discrecional que le concede al suscrito el artículo 132 de la Ley de la materia, toda vez que el efecto de la suspensión otorgada es meramente intraprocesal, en el caso, para que no se dicte sentencia en el expediente 416/2018, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil en esta ciudad. Apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 55/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 146, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo." Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia por contradicción de tesis número 11/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE", notifíquese personalmente esta determinación a la tercera interesada María Concepción Sánchez Leal, con domicilio en calle Francisco I. Madero, número 215 altos, Centro Histórico, en esta ciudad. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este incidente de suspensión, se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente, se precisa: no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada, como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia incidental, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo y su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulte suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26 fracción II, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas pro el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. Apoya lo expuesto la tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero 2013, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."

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