Juan Manuel Figueroa Baez

Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
296/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Figueroa Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CUERNAVACA, MORELOS; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Se reanuda procedimiento.

  3. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 296/2020, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito recibido el dos de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, ***********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: "1.- Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de Morelos. 2.- Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos. 3.- El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 4.-Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. ACTOS RECLAMADOS. 1.- Al Congreso del estado de Morelos, reclamo: a.- La expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. b.- La expedición del dictamen y acuerdo de fecha primero de febrero de dos mil veinte, en el cual niega la procedencia de mi solicitud de pensión por jubilación, discriminándome por mi género. 2.- A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos, reclamo: a.- La expedición del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. b.- La expedición del dictamen y acuerdo, de fecha primero de febrero de dos mil veinte, en el cual niega la procedencia de mi solicitud de pensión por jubilación, discriminándome por mi género. 3.- Al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, reclamo: a.- La promulgación y orden de publicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 4.- Al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, reclamo: a.- La promulgación y orden de publicación del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Mediante auto de tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 296/2020; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Previo a analizar la certeza de las leyes y actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atenta por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: a) La promulgación, ejecución, publicación y aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, fracciones I y II; y, b) Su aplicación a través de la expedición del acuerdo de uno de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se niega al quejoso la pensión por jubilación, al determinarse que su antigüedad de 18 años, 6 meses y 07 días, no se ajusta a la mínima que al efecto establece la fracción I, del artículo reclamado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, todos del Estado de Morelos, (creación de la Ley) porque así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior, aunado al hecho que respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación o, como en el caso, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" (órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos), para que esta autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, pues dicha publicidad determina precisamente que los tribunales no puedan argüir su desconocimiento. Por otro lado, por cuanto hace al acto concreto de aplicación, consistente en expedición del acuerdo de uno de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se niega al quejoso la pensión por jubilación, se tiene que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos, negó el acto de aplicación en comento, sin embargo, esta negativa queda desvirtuada con lo manifestado por la diversa responsable Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho organismo, ello atendiendo a las facultades que la ley le confiere, toda vez que en términos de los artículos 2, 53 y 67 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y el diverso 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, el Congreso del Estado es la autoridad competente que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, quien determina por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, emitiendo el dictamen respectivo en el que se determina lo conducente a la pensión solicitada. Lo que además se corrobora de las constancias allegadas por la Comisión aludida consistentes en copia certificada del expediente formado con motivo de la solicitud de pensión realizada por la quejosa, las cuales obran en un cuaderno de pruebas por separado (anexo I), de las que se advierte el dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, en el que negó la procedencia de la solicitud del quejoso ***********, para otorgarle la pensión por jubilación solicitada. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. CUARTO. Causal de improcedencia fundada. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Así, quien esto juzga observa de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo interpretado el último precepto a contrario sensu, en virtud de que al Congreso del Estado y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del citado Congreso, a quienes se les reclama la expedición del acuerdo de uno de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se niega al quejoso la pensión por jubilación, al determinarse que su antigüedad de 18 años, 6 meses y 07 días, no se ajusta a la mínima que al efecto establece la fracción I del artículo reclamado, no les reviste el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. Se explica. Los preceptos legales en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que el quejoso reclamó el dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, donde el Congreso del Estado de Morelos por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social que lo conforma negaron la procedencia de su solicitud para otorgarle la pensión por jubilación. Asimismo, se precisa que la parte quejosa prestó sus servicios en el Organismo Público Descentralizado Hospital del Niño Morelense. Por tanto, se estima necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. De ahí que, si por tal determinación el quejoso refiere estar en desacuerdo con la autoridad que la emitió, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base a que se cuestionan prestaciones derivadas de una relación laboral. Se arriba a la anterior consideración ya que de la lectura sistemática que se efectúa a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que impone el procedimiento a través del cual se otorgarán o negarán las pensiones a los trabajadores del Estado, como en el caso acontece, ya que el quejoso refirió haber laborado en un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, esto es en el Hospital del Niño Morelense, por lo que esa relación de trabajo se regula conforme a dicha normatividad. Ello es así, pues como se destacará el indicado Congreso del Estado de Morelos por conducto de la Comisión que lo integra, solo cumplen con una de las funciones que se encuentra a su cargo sin que pueda estimarse que se trata de una manifestación derivada de su potestad soberana, como ocurre cuando expide leyes, supuesto en el que se constituye como un órgano del Estado que emite un acto unilateralmente a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin acudir a los órganos judiciales del Estado, ni precisa del consenso de la voluntad de los afectados; lo que no acontece en la decisión por esta vía combatida. De esta forma, los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, disponen en lo que al caso interesa, que los trabajadores burocráticos en materia de seguridad social tienen derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, las que se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece la ley en comento y los demás ordenamientos que resulten aplicables. Para disfrutar de las pensiones señaladas, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos que se describen en el artículo 57 de la ley en mención; en tanto que el Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente. Además, en los artículos 2, 53 y 67, fracción I. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y el diverso 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se establece que cuando el aludido Congreso conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el dictamen respectivo en el que determine lo conducente; en tanto que, en el diverso 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado establece que la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, se otorgarán mediante el decreto respectivo. Ahora bien, conforme lo expuesto en materia de seguridad social, las dependencias estatales legalmente se encuentran obligadas con sus trabajadores en otorgarles ciertas prestaciones -entre ellas las descritas en el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil- en el caso, una pensión por jubilación; con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos es el órgano del propio que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones quien debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el diverso 56 de la ley en mención, esto es, la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o por ascendencia, se otorgan mediante decreto. Esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Congreso del Estado consistente básicamente en determinar si procede otorgar o negar al trabajador la pensión que solicita, mas no constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre la recurrente y el ente, esto es, corresponde al vínculo entre patrón y trabajador, en el caso con el Organismo Público Descentralizado Hospital del Niño Morelense, con motivo del desempeño de las labores que aquel prestó como médico especialista, durante cierto tiempo. En ese sentido, el justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dice: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio." Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. "Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Conforme lo anterior, toda vez que en la especie el acto reclamado, se trata del dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en el que se negó al quejoso su solicitud de pensión por jubilación debido a que no acreditó el requisito mínimo de años de servicio para poder gozar del beneficio de la pensión por jubilación, como lo establece el artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que como puede verse la actuación del Congreso del Estado a través de la Comisión es revisable mediante juicio contradictorio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo de lo solicitado con relación al otorgamiento de una pensión por jubilación de un trabajador burocrático, en virtud de que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja, como podría ser alguna de las expresamente contempladas en los artículos 54 a 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que se refieren expresamente al otorgamiento de la prestación de seguridad social cuya negativa se reclama. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del Estado promueven juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado en los que controvierte su actuación con relación al otorgamiento de la pensión por jubilación derivada precisamente de la relación de trabajo que subsistió, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado. Además porque el apartado B del artículo 123 Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, en este caso actuando por conducto del Congreso, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. De esta forma, aún y cuando el Congreso del Estado tiene entre otras funciones, resolver sobre las solicitudes para determinar la pensión y la forma en que habrá de pagarse a los servidores públicos de la entidad federativa; no debe perderse de vista que ese pago se efectúa por quien fue el patrón de la operaria. Además, no se desconoce que si bien con la jubilación la relación de trabajo termina, lo cierto es que se inicia otra en donde las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son por el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que se otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que sufrió el trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 17/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, página 308, que dice: "JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA. Esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que con motivo de la jubilación, la relación de trabajo termina y se inicia otra en que las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el patrón otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que incuestionablemente sufre todo trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad; de tal manera que si un trabajador que reúne los requisitos contractualmente establecidos para merecer su pensión, se separa del servicio, con motivo de un convenio de liquidación celebrado con la empresa, aunque esto constituye otra forma de terminación de la relación de trabajo, no autoriza a desconocer el derecho adquirido que se generó durante el desarrollo de la relación laboral." En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, pues la legislatura estatal responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto que se reclama, atendiendo a las razones por las que está inconforme el quejoso, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. Se robustece lo antes considerado, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L, del Pleno de este Circuito, Décima Época, con registro 2014236, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Materia Laboral, página: 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." En consecuencia, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto, se sobresee en el juicio de acuerdo a lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Bajo esa tesitura, al resultar improcedente el presente juicio por lo que hace al acto concreto de aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 58, fracciones I y II, el sobreseimiento se hace extensivo a ésta, pues no debe desvincularse el estudio de la ley al que concierne en su aplicación, lo anterior, porque el estudio de los actos reclamados y su constitucionalidad es posterior a la procedencia de la demanda de amparo, y en la especie, se actualizó la causa prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 191311, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Los criterios citados generados durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, que dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley", ya que aquellos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados. Por otro lado, es de precisarse que los motivos y fundamentos anteriormente expuestos, son acordes con el criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 57/2019, en sesión de once de julio de dos mil diecinueve. Finalmente, no ha lugar a emitir pronunciamiento alguno con relación con las manifestaciones y alegatos formulados en esta instancia constitucional por el impetrante de garantías mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en virtud de que esos planteamientos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, ya que estos constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Apoya a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 122/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1534, tomo libro 71, octubre de 2019, tomo II, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2020711, de rubro y texto: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 63, 117, 124 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***********, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el primer resultando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos estipulados en el cuarto considerativo de la misma. Notifíquese personalmente, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), y en atención a la Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno; asimismo, se hace del conocimiento a las partes que en términos del artículo 1, fracción IV del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución, serán hechas conforme a los establecido en la normatividad correspondiente, de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de diez de septiembre de dos mil veinte, remite copia certificada de diversas constancias; mismas que se tienen por recibidas para los efectos legales a que haya lugar. Con las mismas, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que las partes en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberán programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, podrán proporcionar un correo electrónico para que en caso de manifestarlo expresamente, se le hagan llegar las constancias respectivas. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allegó la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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