Juan Manuel Fausto García

Expediente 178/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
178/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • Juan Manuel Fausto García
  • Juan Manuel Fausto García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito que suscribe el tercero interesado Tomás Rubio Anguiano, mediante el cual solicita copia fotostática certificada del proveído dictado el veinticuatro de agosto del presente año, por el cual causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase al citado promovente copia fotostática certificada de las referidas constancias, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, de autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, por tanto, devuélvase al Juez de Primera Instancia, con residencia en Escuinapa, Sinaloa, las copias certificadas constante de un cuaderno auxiliar de pruebas por separado, que adjunto a su informe justificado, y que respaldó el acto de autoridad reclamado en el presente juicio de amparo, solicitando el acuse recibo correspondiente. Por último, se tiene por recibido el escrito que suscribe el tercero interesado Tomás Rubio Anguiano, mediante el cual solicita copia fotostática simple de la resolución dictada el dos de agosto del presente año, en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, expídase al citado promovente copia fotostática simple de las referidas constancias, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 178/2016, promovido por Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Escuinapa, Sinaloa, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional (fojas 1 a 20), Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia; Actuario Primero del Juzgado Mixto de Primera Instancia; Actuario Segundo del Juzgado Mixto de Primera Instancia; Actuario Tercero del Juzgado Mixto de Primera Instancia; Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Todos con sede en Escuinapa, Sinaloa. Actos reclamados: La orden de desalojo dictada en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa. El acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, emitido en dicho juicio, mediante el cual se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad. La firma que plasme el juez responsable en rebeldía de la parte demandada, al extender la escritura de adjudicación, que elabore el notario público respectivo. El embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, en el juicio de origen, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble antes indicado. Los actos tendentes a dar cumplimiento a las órdenes, acuerdos y oficios girados por la autoridad judicial ordenadora en el juicio natural, a fin de desposeerlos del cincuenta por ciento del inmueble de referencia. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Escuinapa, Sinaloa, de la escritura pública que se extienda a favor del tercero interesado, relativa al bien inmueble en cuestión en un cincuenta por ciento. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 178/2016, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Tomas Rubio Anguiano; se dio vista al representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. TERCERO. Adscripción de nuevo titular en este órgano jurisdiccional. A partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José Israel Hernández Tirado, fue adscrito como titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en términos del oficio SEADS/692/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se ordenó por lista hacer del conocimiento de las partes, el veintisiete de abril del presente año, sin que se formulara recusación al respecto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial, cuya jurisdicción corresponde a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los peticionarios de amparo reclaman: I. Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa: La orden de desalojo dictada en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa. El acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, emitido en dicho juicio, mediante el cual se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad. La firma que plasme el juez responsable en rebeldía de la parte demandada, al extender la escritura de adjudicación, que elabore el notario público respectivo. El embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, en el juicio de origen, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble antes indicado. II. De los Actuarios adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia y del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en Escuinapa, Sinaloa: Los actos tendentes a dar cumplimiento a las órdenes, acuerdos y oficios girados por la autoridad judicial ordenadora en el juicio natural, a fin de desposeerlos del cincuenta por ciento del inmueble de referencia. III. Del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con asiento en Escuinapa, Sinaloa: La inscripción en dicha dependencia de la escritura pública que se extienda a favor del tercero interesado, relativa al bien inmueble en cuestión en un cincuenta por ciento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No son ciertos los actos precisados en los incisos a), y c) que anteceden, reclamados a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, consistentes en la orden de desalojo y la firma que pudiera plasmar en rebeldía de la parte demandada al extender la escritura de adjudicación, que elabore el notario público respectivo; toda vez que en su informe con justificación negó tales actos. Circunstancia que se corrobora con las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 430/2011 de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio como documentales públicas, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, de las que se advierte que en el juicio de origen no se ha emitido orden de desalojo, ni plasmado firma por parte del juez responsable para la escritura de adjudicación correspondiente; por ende, tales actos reclamados devienen inexistentes. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, tampoco es cierto el acto reclamado a los Actuarios Primero, Segundo y Tercero adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia y al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en Escuinapa, Sinaloa, relativos a la ejecución de las órdenes, acuerdos y oficios girados por la autoridad judicial ordenadora en el juicio natural, a fin de desposeerlos del cincuenta por ciento del inmueble de referencia; ni el diverso acto atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con asiento aquella municipalidad, que hicieron consistir en la inscripción de la escritura pública de adjudicación a favor del tercero interesado, relativa al bien inmueble en cuestión en un cincuenta por ciento; toda vez que en su correspondiente informe justificado, negaron la existencia de tales actos (fojas 53 y 67). Ahora bien, considerando que la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo para desvirtuar la negativa e inexistencia de la que se da noticia, cuando le correspondía tal carga probatoria a efecto de acreditar la certeza de los actos reclamados y no lo hizo; consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de tales actos y autoridades, dada su inexistencia. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia número 284, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Procesal Constitucional, submateria 1, Común, primera parte, segunda sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, señalados en los incisos b) y d), consistentes en el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011 de su índice, mediante el cual se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad, así como el embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, respecto del citado bien raíz, dado que así lo aceptó al rendir su informe con justificación (fojas 58 y 59); manifestaciones que resultan suficientes para tener acreditada la certeza de dichos actos, conforme a la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Procesal Constitucional, submateria 1, Común, primera parte, sexta sección Procedimiento de amparo indirecto, página 830, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales exhibidas por el juez responsable consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 430/2011 de su índice, previamente valoradas, de las que se advierten las actuaciones reclamadas. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente a abordar el análisis de las causas de improcedencia que se estiman actualizadas en el particular, es pertinente hacer una relatoría breve de los antecedentes de los actos reclamados, para clarificar el asunto que nos ocupa. I. El tercero interesado Tomás Rubio Anguiano, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó a los aquí quejosos en la vía ejecutiva mercantil por el pago de pesos, la cual se radicó bajo el número 430/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, misma que se admitió a trámite el dieciséis de junio de dos mil once, donde se ordenó el requerimiento de pago, o en su caso, el embargo de bienes de los demandados para cubrir el adeudo, y el emplazamiento de la parte demandada (fojas 5 y 6, tomo I de pruebas). II. El seis de junio (sic) de dos mil once, se decretó embargo sobre el bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna colonia 13 de Septiembre, en Escuinapa, Sinaloa (foja 7, ídem). III. En auto de ocho de agosto siguiente, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma, por los aquí quejosos (foja 21, ibídem). IV. Seguido el juicio en sus etapas procedimentales, el treinta de noviembre del año en cita, se dictó sentencia, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO.- Ha procedente la Vía Ejecutiva Mercantil elegida por la parte actora. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción, los demandados no acreditaron sus excepciones. TERCERO.- Se condena a los señores JUAN MANUEL FAUSTO GARCÍA Y DOLORES GUADALUPE PÉREZ GUTIÉRREZ, en su calidad de suscriptores principales, a pagar al actor TOMÁS RUBIO ANGUIANO, la cantidad de $225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más intereses pactados a razón del 3% tres por ciento mensual vencidos y por vencerse, hasta la total liquidación del adeudo, así como al pago de los gastos y costas erogados con motivo del presente juicio, pagos que deberán hacer dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, y de no hacerlo hágase transe y remate de los bienes embargados y con su producto, hágase pago al actor." (fojas 38 a 40, ibídem). V. La citada sentencia causó ejecutoria en acuerdo de once de enero de dos mil doce (foja 43, tomo I de pruebas). VI. Luego, en el procedimiento de ejecución, el dieciocho de junio de dos mil trece, se ordenó sacar a remate el bien inmueble embargado en un cincuenta por ciento, lo cual aconteció en audiencia celebrada el veintidós de octubre siguiente, donde se adjudicó al actor por la cantidad de la postura legal del remate (fojas 153 a 156, 200, 204, 205, ídem). VII. En acuerdo de veinticinco de octubre del citado año, se aprobó el remate celebrado con antelación (fojas 213 a 215, ibídem). VIII. El ocho de enero de dos mil catorce, se declaró inapelable el auto aprobatorio de remate, y por ende, improcedente el recurso de apelación interpuesto en su contra por la parte demandada (foja 237, ibídem). IX. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil catorce, se requirió a los demandados aquí quejosos para que dentro del término de tres días otorgaran la escritura por adjudicación de la finca urbana rematada (foja 241, ibídem). X. En auto de diecinueve de marzo de dos mil catorce, no se admitió el incidente no especificado de inejecución y oposición en el otorgamiento de la escritura de venta; asimismo, se ordenó remitir las copias certificadas de las constancias necesarias al notario público para la escrituración en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble materia de remate; acto reclamado en esta vía constitucional (fojas 254 y 255, tomo I de pruebas). Precisado lo anterior, se reitera que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, por tanto, se colige que se encuentran debidamente incorporados a la relación jurídico-procesal que se configura con motivo de dicha litis, por lo que no tienen el carácter de terceros extraños a juicio. SEXTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, conforme lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." La causal de improcedencia arriba referida, tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa Juzgada, tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. En efecto, se actualiza esta causa de improcedencia en análisis, cuando la ley o el acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo, en caso de que ese juicio haya sido promovido por el mismo agraviado, contra las mismas autoridades responsables e igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, que los juicios anteriores estén completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. Lo anterior tiene su razón de ser en que no hay necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad, esto es, no se requiere juzgar dos o más ocasiones el mismo acto reclamado por el impetrante, con mayor razón cuando ya ha sido decidida su constitucionalidad por parte de la Justicia de la Unión. En efecto, la causa de improcedencia invocada está acreditada, puesto que, en el caso los actos reclamados se hacen consistir en el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, mediante el cual se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad, así como el embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, respecto del citado bien raíz. Mismos actos que fueron materia de estudio de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo 288/2014 y 823/2015 radicados ante este propio órgano jurisdiccional, promovidos por los aquí quejosos Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, contra las mismas autoridades, y los propios actos reclamados; lo que se corrobora del contenido de las diversas constancias que obran en los citados juicios de amparo, mismas que se tienen a la vista como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, conforme a la tesis de Jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, del tomo XXV, Junio de 2007, Noveno Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". En efecto, de las constancias del juicio constitucional 288/2014 se advierte que los aquí quejosos Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, previo al presente juicio de amparo, mediante diverso escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, promovieron juicio de amparo que tocó conocer a este órgano jurisdiccional, en el cual impugnaron entre otros actos, el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, mediante el cual se ordenó el otorgamiento de la escritura de venta en rebeldía, respecto del cincuenta por ciento del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad; mismo acto y autoridad que señaló en el presente juicio de derechos fundamentales. Asimismo, de las constancias del juicio constitucional 823/2015 se advierte que los aquí quejosos Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, previo al presente juicio de amparo, mediante diverso escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, promovieron juicio de amparo que tocó conocer a este órgano jurisdiccional, en el cual impugnaron entre otros actos, el embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, respecto del bien inmueble ubicado en calle Félix Crespo Osuna, sin número, lote 27, manzana 71, zona uno, colonia 13 de septiembre, en dicha municipalidad; mismo acto y autoridad que señaló en el presente juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, si en contra del acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 430/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Escuinapa, Sinaloa, así como el embargo decretado el seis de junio (sic) de dos mil once, respecto del citado bien raíz antes descrito, que aquí se reclaman, los quejosos promovieron diversos juicios de amparos, del que tocó conocer a este Órgano Jurisdiccional, bajo los números 288/2014 y 823/2015, en los que con fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce y treinta y uno de diciembre de dos mil quince, respectivamente, se dictó sentencia en las que se decretó el sobreseimiento, el primero, por tratarse de un acto que no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución para la procedencia del juicio de amparo, y el restante, por resultar extemporánea la presentación de la demanda respecto del acto reclamado en estudio; mismas que causaron ejecutoria el trece de mayo de dos mil quince y diez de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente. Por tanto, es incuestionable que los mismos actos que reclama en el presente juicio constitucional, ya fueron materia de otros juicios de derechos fundamentales promovidos con anterioridad a este. Por lo que siendo ello así, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se reitera, los actos aquí reclamados ya fueron materia de otros juicios de amparo, promovidos por los mismos agraviados y contra la propia autoridad responsable ordenadora y por los mismos actos reclamados; circunstancia que constituye cosa juzgada, lo cual no puede ser desconocido en un nuevo juicio de amparo; ello es así, en virtud de que la citada causa de improcedencia -cosa juzgada-, opera por diversas circunstancias y no sólo cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como acontece en la especie, dado que el sobreseimiento decretado en los diversos juicios constitucionales 288/2014 y 823/2015, resultó en el primero, por haberse reclamado un acto que no constituye la última resolución en el periodo de ejecución (orden de otorgamiento de escritura de adjudicación en rebeldía) y en el restante, por resultar extemporánea la presentación de la demanda respecto del acto reclamado en estudio. Apoya lo considerado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 1917-2000, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Asimismo, sirve de sustento, la tesis número V. 2º. 215 K, visible a fojas 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Así como la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 195 Volumen XLV, Primera Parte, Sexta Época, del referido Semanario, cuyo sumario dice: "SOBRESEIMIENTO POR ACTOS APRECIADOS EN OTRO AMPARO. Si los quejosos promovieron dos juicios de amparo contra los mismos preceptos que se combaten en el presente, es suficiente la circunstancia de que en el primero de dichos juicios haya sido dictada ejecutoria por este Alto Tribunal, para invocar el motivo de sobreseimiento establecido por el artículo 73, fracción IV, de la ley orgánica del juicio de garantías, puesto que resulta evidente que los preceptos reclamados ya fueron materia de diversa ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo formulado por los propios quejosos, contra las mismas autoridades responsables e inclusive con semejantes conceptos de violación.". Finalmente, el anterior sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Es aplicable a lo señalado, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SÉPTIMO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por las partes en cuanto a la publicación de esta resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública, dígase a las partes que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Manuel Fausto García y Dolores Guadalupe Pérez Gutiérrez, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días continuos, para dar tiempo a que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Escuinapa, Sinaloa, el cual se acordó mediante proveído de quince de junio del presente año; por tanto, para no vulnerar en su perjuicio, las normas fundamentales que rigen al juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Tiene aplicación además al respecto la Jurisprudencia número P.J. 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Noveno Época, del mes de Abril de 2000, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." NOTIFÍQUESE.

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