Juan Manuel Espinoza Montes
Expediente 37/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2023
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinoza Montes
- Veronica Bernardino Delgado
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo cinco días para que el quejoso recurriera el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el citado acuerdo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto local 6/2023, número de orden 12/2023; sin que sea el caso acusar de recibo, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo arroja de manera automática. ANOTACIONES Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de las constancias que integran el exhorto de cuenta, específicamente de la razón actuarial de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en virtud que al constituirse el actuario en el domicilio en cita, se percató de la existencia de tres edificios de departamentos, la mayoría deshabitados, y al no contar con el número interior, se constituyó en el único de ellos que encontró habitado, en donde fue informado que no conocen a la persona que busca. Luego, la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, las notificaciones del quejoso se harán por lista; en consecuencia, de una interpretación de la disposición legal asentada, se está ante una imposibilidad de carácter permanente para hacer la notificación personal; por tanto, lo que procede es efectuar la notificación del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por lista que se fije en los estrados de este juzgado y se publique en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así como las subsecuentes aun de carácter personal. Notifíquese y por lista a la parte quejosa el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
En siete de febrero de dos mil veintitrés, la que suscribe actuaria judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, notifico a la PARTE QUEJOSA ************, los autos de veintitrés de enero y dos de febrero, ambos de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento al auto de dos de febrero actual, que dicen : "Ensenada, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 58/2023, promovido por Juan Manuel Espinoza Montes, y otros, y transcribe la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo antes mencionado, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Dr. Pedro Marío Zenteno Santaella. Ciudad de México. 2. Sub Director de Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lic. Juan Manuel López Ramírez. Ciudad de México. 3. Jefe del Departamento de Recursos Humanos en ausencia del Subdelegado de Administración del (ISSSTE) en Baja California, Lic. Fausto Enrique Loera González. Mexicali, Baja California. 4. Director de la Clínica Hospital de Ensenada. 5. Subdirector Administrativo de la Clínica Hospital de Ensenada. 6. Coordinador de Recursos Humanos de la Clínica Hospital Ensenada. 7. Titular del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sede Baja California. Mexicali, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 37/2023-III-C. COMPETENCIA Del análisis de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se advierte que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer de la presente demanda de amparo en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución en el lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción; por lo que, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda, por lo que se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. De la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se desprende que los quejosos reclaman de las autoridades que señalan como responsables lo siguiente: 1.- De las autoridades responsables ORDENADORAS DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO reclamamos; la ilegal orden de la autoridad responsable contenida en el oficio circular No. DNAyF/SP/107/2022 en la cual dispone indebidamente que los quejosos a partir del 1º de enero del 2023 SIN EXCEPCION ALGUNA DEBEMOS REGISTRAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL TRABAJO CON TARJETAS CHECADORAS, EN LOS RELOJES CHECADORES O EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO BIOMBTRICO, así mismo reclamamos también de las ordenadoras la ilegal orden contenida en el oficio circular No. DNAyF/SP/107/2022 en el que se instruye a las responsables ejecutoras Director, Subdirector de Administración y Coordinador de Recursos Humanos de la Clínica Hospital de Ensenada para que lleven a cabo SUPERVISIONES PERMANENTES DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA, así mismo se reclama también de las autoridades responsables la instrucción contenida en el mismo oficio circular en el que ordenan a las ejecutoras para que impongan medidas sancionatorias a los quejosos, de igual forma se reclama de las ordenadoras el ilegal OFICIO PARA DESCRIPCION DE HALLAZGO, con el cual instruye a las autoridades ejecutoras para que a partir del 1º de enero del 2023, realicen actos de molestia de SUPERVISION e IMPONGAN MEDIDAS SANCIONATORIAS, a los quejosos, sin haber sido oído y vencidos en juicio y sin darnos la oportunidad de una oportuna y adecuada defensa, afectando nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídica. 2.- De las autoridades responsables ejecutoras JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL (ISSSTE) EN BAJA CALIFORNIA, LIC. FAUSTO ENRIQUE LOERA GONZALEZ, EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA CLINICA HOSPITAL DE ENSENADA DEL ISSSTE EN BAJA CALIFORNIA, reclamamos la ilegal ejecución de instrucción de las responsables contenida en el oficio circular No. DNAyF/ P/107/2022, en la que nos OBLIGAN A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2023 A REGISTRAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL TRABAJO CON TARJETAS CHECADORAS, EN LOS RELOJES CHECADORES 0 EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO BIOMETRICO, así mismo, reclamamos la ejecución de los Actos y/o Visitas de Verificación de asistencia, permanencia para valida el registro de asistencia de entrada y salida al trabajo a través de Tarjetas Checadoras, Relojes Checadores o Sistemas Biométricos, ya que nuestra única forma valida de registro de asistencia al trabajo es a través de LISTAS DE ASISTENCIA, y reclamamos también de las responsables, la ilegal imposición de sanciones a los quejosos por no registrar la entrada y salida a trabajo en las Tarjetas Checadoras, Relojes Checadores o Sistemas Biométricos, y de la misma forma se reclama de las responsables los actos de molestia de Supervisión mediante FORMATO DE DESCRIPCION DE HALLAZGOS, con los cuales de manera ilegal se pretende imponer sanciones a los quejoso sin haber sido oídos y vencidos en juicio y sin darnos la oportunidad de una oportuna y adecuada defensa, afectando nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídica. De igual forma reclamamos las ILEGALES ORDENES DE DESCUENTO Y/O REDUCCION A NUESTROS SALARIOS, emitidas por las responsables ejecutoras, por no haber registrado la asistencia al trabajo en las TARJETAS DE ASISTENCIA, RELOJES CHECADORES O SISTEMAS BIOMETRICOS, sin haber sido oído y vencidos en juicio y sin darnos la oportunidad de una oportuna y adecuada defensa, afectando nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídica. 3.- De la autoridad responsable ejecutora TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA Y TITULAR DEL AREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACION DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE SEDE BAJA CALIFORNIA, reclamamos la ilegal ejecución de la instrucción contenida en el oficio circular No. DNAyF/SP/107/2022, en la que nos OBLIGAN A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2023 A REGISTRAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL TRABAJO CON TARJETAS CHECADORAS, EN LOS RELOJES CHECADORES 0 EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO BIOMETRICO así mismo reclamo la ejecución de los Actos y/o Visitas de Verificación de asistencia, permanencia para validar el registro de asistencia de entrada y salía al trabajo a través de Tarjetas Checadoras, Relojes Checadores o Sistemas Biométricos, ya que nuestra Única forma valida de registro de asisten a al trabajo es a través de LISTAS DE ASISTENCIA, y reclamamos también de las responsables, EL ILEGAL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION, Y/0 EL ILEGAL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en contra de los quejosos, en donde se nos pretende incoar un procedimiento de investigación y un procedimiento administrativo disciplinario para imponer sanciones administrativas como son la inhabilitación o destitución de nuestro puesto, cargo o comisión, por parte del Titular del área de Auditoria interna de Desarrollo y mejora de la Gestión Pública y Titular del área de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control en el Issste de Baja California." De lo anterior, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal1 . El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, por autoridad para los efectos del juicio de amparo, se entiende al ente público, que dotado o no de fuerza pública, con fundamento en una norma legal, emite actos unilaterales mediante los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí 1 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados; esto es, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, su actuación se traduce en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y establecer en relación con el gobernado un vínculo de supra a subordinación. Ilustra sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis P.XXVII/97, del rubro y texto siguiente2 : "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora, el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, mediante los cuales afecten derechos de los gobernados, mediante el ejercicio de funciones que estén determinadas por una norma general. De manera que a fin de corroborar la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares, es necesario que tales actos sean equiparables a los de una autoridad, es decir, que se realice sin la intervención del quejoso en un plano de supra a subordinación, además, que con ese proceder se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, con base en funciones determinadas por una norma general. Ilustra sobre el particular, por las razones que la informan, la tesis VI.3o.A.6K(10a.) del rubro y texto que enseguida se transcriben: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." Así como la tesis XI.1o.A.T.25K(10a.)4 que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que - de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que - con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." En ese orden de ideas, resulta necesario distinguir los tipos fundamentales de relaciones que existen en la vida de cualquier Estado o sociedad y que en el caso interesan. Para ello, es preciso atender a la clasificación que la Teoría General del Derecho, hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que, también, establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, y el Juicio de Amparo como mecanismo de defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose, también, por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe atender a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si lo que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/20115 , del rubro y texto que se transcriben: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio antes expuesto, se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que, si el ente que se señala como responsable no actúa en una relación de supra a subordinación con un particular, derivada de una ley en la cual emita actos unilaterales con los que cree, modifique, extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular, sin requerir acudir a los órganos jurisdiccionales, no debe ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es posible afirmar que, para los efectos de la Ley de Amparo, sólo aquellos actos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, son considerados actos de autoridad; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Es así porque, como se dijo antes, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en que los primeros actúan en un plano superior al de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; ese tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. Esto es, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado. Por ello, para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere el análisis del caso concreto que se presente, para lo cual, se debe estudiar el origen material de ese acto y el tipo de la relación jurídica que existe entre los sujetos. En el caso, de la demanda de amparo y anexos, se advierte que los quejosos atribuyen el carácter de autoridades responsables, para efectos del juicio de amparo, al Director; Sub Director de Personal; Jefe del Departamento de Recursos Humanos en ausencia del Subdelegado de Administración y Titular del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como el Director; Subdirector Administrativo; Coordinador de Recursos Humanos, todos de la Clínica Hospital Ensenada; de quienes reclaman el oficio circular número DNAyF/SP/107/2022, emitido el siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se les informa a los aquí quejosos que a partir del día uno de enero de dos mil veintitrés, sin excepción alguna deberán registrar las entradas y salidas al trabajo con tarjetas checadoras, en los relojes checadores, o en los sistemas de registro biométrico. De ahí que, si los actos que reclaman los quejosos, son actos contractuales, relacionados con la asistencia, puntualidad y permanencia de éstos en el centro de trabajo, así como de las posibles sanciones de que pudieran ser objeto al incumplir con las disposiciones contenidas en la referida circular DNAyF/SP/107/2022, se estima que a las autoridades responsables antes descritas, no les reviste dicho carácter para efectos del presente procedimiento constitucional, toda vez que la relación que existe entre el particular y los ahora quejosos, no es de supra a subordinación, sino que son actos que dichas autoridades realizan, al parecer, con motivo de la relación de carácter laboral. Entonces, las autoridades responsables antes descritas, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos para equipararlo con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues como ya se mencionó no se actualiza una relación de supra a subordinación, ya que la nota que distingue este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tanto, que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad; por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En ese sentido debe decirse que, en palabras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el derecho laboral burocrático, se perfila como rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral, en la que el Estado se coloca en una condición de igualdad con el gobernado, a cambio de que éste preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido por el funcionario legalmente facultado para ello o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. Así es, porque el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación. Entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, y por lo tanto, si surge algún conflicto de carácter laboral, corresponde dirimir las controversias ante los tribunales competentes. En ese sentido, es menester precisar que el trato que se da entre trabajador y patrón, es una cuestión que toca resolverse con las leyes ordinarias correspondientes. En ese contexto, es indudable que el acto reclamado a las dependencias citadas, derivó de una relación de coordinación. Por lo anterior, si la situación jurídica de los quejosos no se ubica dentro de las hipótesis de excepción establecidas constitucionalmente para que su relación jurídica con las responsables, sea considerada como de naturaleza administrativa, es inconcuso que esas situaciones jurídicas se ubican dentro de una relación en la que el Estado actúa como patrón y, por lo tanto, desprovisto de imperio, cuando, como en el caso, se le reclama el imponer al cuerpo médico que labora para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la obligación de registrar las entradas y salidas al centro de trabajo mediante el uso de tarjetas checadoras, reloj checador, o en los sistemas de registro biométrico. Y es que a fin de cuentas se reclaman actos que surgen dentro de una relación equiparada a la laboral y no en una relación de supra-subordinación, pues no debe perderse de vista que los actos reclamados por los aquí quejosos, en su calidad de trabajadores, surgen de la relación entre trabajador y patrón, 18/01/24 16:52:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.f6 CLAUDIA LORENA PEREA VALDEZ 17 ya que su pretensión es evidenciar la ilegalidad de la obligación de registrar las entradas y salidas al centro de trabajo mediante el uso de tarjetas checadoras, reloj checador, o en los sistemas de registro biométrico, y no mediante listas de asistencia, como lo venían haciendo; por lo que la relación que surge es de naturaleza laboral equiparada, ya que la autoridad empleadora posee la calidad de patrón. Es decir, la existencia de una relación de coordinación excluye la posibilidad de que la resolución impugnada pueda ser sometida al escrutinio del juicio de amparo, porque no se está en presencia del ejercicio de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. Entonces, cualquier decisión desplegada por la autoridad señalada como responsable (sin que sea necesario que medie notificación o resolución administrativa), no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que los conflictos que se susciten entre aquéllas y la quejosa, deben dilucidarse ante la autoridad jurisdiccional competente y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que la citada responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino en su calidad de ente patrón. Sin que la reforma constitucional en la materia de derechos humanos, impida la aplicación de las causales de improcedencia del juicio de amparo y, que por ello, se lesione el derecho de acceso a la justicia; es decir, las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional. Al efecto, es aplicable el criterio contenido en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.)6 , de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." Por tanto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, es inconcuso que las autoridades descritas, para los efectos del juicio de amparo, no tienen el carácter de autoridades responsables, en términos del artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , de rubro y texto: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial". Cierto, se estima que en el presente caso, es incuestionable que las autoridades responsables a las que atribuye el acto reclamado no le reviste el carácter de autoridades, puesto que de la propia demanda de amparo, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. Son trabajadores de base del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 2. Posteriormente, que el siete de diciembre de dos mil veintidós, emitió el oficio circular DNAyF/SP/107/2022, mediante el cual modificó la forma de registrar la asistencia de entrada y salida disponiendo que a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, el registro de asistencia se haría a travéss de tarjetas checadoras, relojes checadores o en el sistema de registro biométrico. De lo anterior se advierte, que el vínculo que existe entre las autoridades, a quien señala como responsables y la quejosa, es una relación de carácter laboral reconocida constitucionalmente en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que el juicio es notoriamente improcedente. En ese contexto, el actuar que reclaman los solicitantes de amparo en esta sede constitucional, no constituye un acto equivalente al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues las personas señaladas como responsables no ejercen facultad decisoria alguna a nombre del Estado. En esas condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito8 , de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como domicilio el ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza Número 1580 entre Calle G y H de la Colonia Nueva C.P. 21100, de la ciudad de Mexicali, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva girar instrucciones al personal a su cargo, para que se notifique el presente proveído a la parte quejosa, requiriéndolos para que en ese acto, o dentro del plazo de tres días, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos, que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, se tiene autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas mencionadas en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Así también, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Angélica Rentería Ruiz, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente." "Ensenada, Baja California, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto local 6/2023, número de orden 12/2023; sin que sea el caso acusar de recibo, pues el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo arroja de manera automática. ANOTACIONES Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de las constancias que integran el exhorto de cuenta, específicamente de la razón actuarial de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en virtud que al constituirse el actuario en el domicilio en cita, se percató de la existencia de tres edificios de departamentos, la mayoría deshabitados, y al no contar con el número interior, se constituyó en el único de ellos que encontró habitado, en donde fue informado que no conocen a la persona que busca. Luego, la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, las notificaciones del quejoso se harán por lista; en consecuencia, de una interpretación de la disposición legal asentada, se está ante una imposibilidad de carácter permanente para hacer la notificación personal; por tanto, lo que procede es efectuar la notificación del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por lista que se fije en los estrados de este juzgado y se publique en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así como las subsecuentes aun de carácter personal.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado, anteriormente llamada Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, con anexo, por medio del cual informa que se llevó a cabo el depósito en la caja auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, por la cantidad de $********************, y, en la caja auxiliar del Poder Judicial del Estado, por la cantidad de $********************, por concepto de prima de antigüedad y pensión alimenticia, como, según refiere, fue ordenado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ensenada, Baja California (a favor de ********************).********************Ahora, en virtud de que la concesión en el presente juicio de amparo lo fue para que se efectúe a favor de las quejosas, el pago que por concepto de prima de antigüedad y demás prestaciones de la Ley del Servicio Civil, derivaron de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, sin el descuento de pensión alimenticia; lo cual, a la fecha no ha sido realizado por la autoridad responsable de cuenta.********************Por tanto, en el caso, se estima que lo informado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado, anteriormente llamada Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, constituye un actuar evasivo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo.******************** Ello, dado que de las constancias que envía dicha autoridad, no se desprende que se haya entregado a cada una de las quejosas, la cantidad de ********************, que les corresponde, en virtud de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, y, según los recibos exhibidos en autos (foja 20).********************Se afirma lo anterior, pues la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado, anteriormente llamada Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, únicamente se ha limitado a informar lo siguiente:********************1. Que se entregaron a las aquí quejosas, los cheques ******************** y ********************, por la cantidad de $********************; y, $********************; y,********************2. Que se llevó a cabo el depósito en la caja auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, por la cantidad de $********************, y, en la caja auxiliar del Poder Judicial del Estado, por la cantidad de $********************, por concepto de prima de antigüedad y pensión alimenticia, como, según refiere, fue ordenado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ensenada, Baja California (a favor de ********************).********************Ello, no obstante, de que en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a dicha autoridad para que enviara las constancias con las que acreditara que se efectuó a favor de las quejosas, el pago que por concepto de prima de antigüedad y demás prestaciones de la Ley del Servicio Civil, que derivaron de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, sin el descuento de pensión alimenticia; esto es, sin el descuento, a cada una de ellas, por la cantidad de ********************, según los recibos exhibidos por la parte quejosa, que obran en autos.********************Para lo cual, inclusive se le envió copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (así como de los recibos de pago exhibidos por la parte quejosa), donde se estableció que si bien, existe una determinación judicial, donde se ordenó el descuento del veinte por ciento por concepto de alimentos, respecto de los ingresos y demás prestaciones del difunto ********************, en favor de ********************, quien era su anterior esposa; lo cierto es, que esa obligación no puede lesionar los derechos de preferencia que tiene la viuda e hija quejosas, teniendo en cuenta que en ese orden no se contempla como beneficiario a la esposa del matrimonio anterior, porque la sucesión laboral es de naturaleza distinta a la civil, ya que con la muerte del trabajador se extinguió esa obligación alimentaria.********************Asimismo, en la sentencia dictada en el presente asunto, se precisó que no le asiste la razón a las responsables en el sentido de descontar por concepto de alimentos, las prestaciones contenidas en la carta testamentaria suscrita por el finado trabajador ********************, en favor de las quejosas.********************Por tanto, se estima que lo informado por la autoridad responsable de cuenta, constituye un actuar evasivo respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues ésta ha realizado actos intrascendentes respecto del cumplimiento de dicho fallo.********************Lo anterior, pues a la fecha, la referida autoridad no ha exhibido las constancias con las que acredite que se efectuó a favor de las quejosas, el pago que por concepto de prima de antigüedad y demás prestaciones de la Ley del Servicio Civil, que derivaron de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, sin el descuento de pensión alimenticia; esto es, sin el descuento, a cada una de ellas, por la cantidad de ********************, según los recibos exhibidos por la parte quejosa, que obran en autos; ello, no obstante los diversos requerimientos que le han sido formulados en autos, donde se le ha indicado, en repetidas ocasiones, los diversos actos que debe de realizar para cumplir con la ejecutoria de amparo (proveídos de dieciocho de octubre; ocho, diecisiete y veintidós de noviembre; y, nueve de diciembre, todos de dos mil veintidós).********************Sin que, a la fecha, se haya dado total cumplimiento al fallo protector; no obstante que el presente asunto se encuentra en etapa de ejecución desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós.********************Por tanto, se reitera que lo informado por Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado, anteriormente llamada Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, no constituyen actos tendentes a cumplir de manera medular con la sentencia de amparo, sino por el contrario, se estima que lo informado son actos intrascendentes respecto del cumplimiento de dicho fallo protector.********************Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente:****************************************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." (Énfasis añadido)".****************************************SE IMPONE MULTA A LA AUTORIDAD********************Por tanto, en virtud de lo precisado en párrafos precedentes, y dado que dicha autoridad ha sido omisa en acatar los diversos requerimientos que le han sido formulados en autos (proveídos de dieciocho de octubre; ocho, diecisiete y veintidós de noviembre; y, nueve de diciembre, todos de dos mil veintidós), donde se le ha indicado, en repetidas ocasiones, los diversos actos que debe de realizar para cumplir con la ejecutoria de amparo, lo cual ha retrasado de manera injustificada el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que denota su pretensión en entorpecer la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.********************En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós (pues en el diverso de tres de enero de dos mil veintitrés, se informó a la referida autoridad que subsistía el apercibimiento decretado en auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós), y, se impone a ********************, en su carácter de Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, quien actúa en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, una multa por el equivalente a la suma de doscientas unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo.********************Lo anterior, en atención a que en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se le requirió el cumplimiento del fallo protector, y se le apercibió en el sentido que de seguir realizando actos intrascendentes respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, y, de no demostrar haber dado cumplimiento a la misma, se impondría a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, por conducto de ********************, en su carácter de Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, quien actúa en representación de dicha autoridad responsable, y ha atendido los requerimientos formulados en autos, una multa por doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; cantidad que se estableció así, es decir, en un monto superior al mínimo, en atención a que en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y el actuar evasivo e intrascendente de la responsable, propició el retraso en la impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 Constitucional, así como el retardo en el procedimiento de ejecución del presente juicio de amparo.********************Por tanto, se estima que la omisión y evasivas por parte de la referida autoridad responsable, no obstante la prórroga que le fue concedida en auto de tres de enero de dos mil veintitrés (donde se le informó que le subsistía el apercibimiento decretado en auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós), han propiciado el retraso en la impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 Constitucional, así como el retardo en el procedimiento de ejecución del presente juicio de amparo; ello, aunado a que el presente juicio de amparo se encuentra en etapa de ejecución desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós; lo cual, se reitera, ha retrasado de manera injustificada el cumplimiento del fallo protector.********************Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que dicha autoridad manifestara que llevó a cabo el depósito en la caja auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, por la cantidad de $********************, y, en la caja auxiliar del Poder Judicial del Estado, por la cantidad de $********************, por concepto de prima de antigüedad y pensión alimenticia, como, según refiere, fue ordenado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ensenada, Baja California (a favor de ********************).********************Pues, como se precisó en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, si bien, existe una determinación judicial, donde se ordenó el descuento del veinte por ciento por concepto de alimentos, respecto de los ingresos y demás prestaciones del difunto ********************, en favor de ********************, quien era su anterior esposa; lo cierto es, que esa obligación no puede lesionar los derechos de preferencia que tiene la viuda e hija quejosas, teniendo en cuenta que en ese orden no se contempla como beneficiario a la esposa del matrimonio anterior, porque la sucesión laboral es de naturaleza distinta a la civil, ya que con la muerte del trabajador se extinguió esa obligación alimentaria.********************Además, se indicó que no le asiste la razón a las responsables en el sentido de descontar por concepto de alimentos, las prestaciones contenidas en la carta testamentaria suscrita por el finado trabajador ********************, en favor de las quejosas.********************En atención a lo anterior, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", con residencia en Tijuana, a fin de que haga efectiva la multa impuesta a ********************, en su carácter en su carácter de Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, quien actúa en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, debiendo informar a este Juzgado la fecha y número de partida mediante los que ingresó al erario. ********************Se hace del conocimiento que el equivalente en moneda nacional de la multa impuesta es por la cantidad de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por doscientos. ********************Además, a fin de que la dependencia en mención proceda a realizar el cobro de la multa impuesta, infórmese que se desconoce el Registro Federal de Contribuyentes de ********************; sin embargo, ésta ostenta el carácter de Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, y puede ser notificada en las oficinas de la Procuraduría Fiscal del Estado, con domicilio ubicado en********************.********************SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO********************Luego, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Hacienda del Estado, anteriormente llamada Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto siguiente:********************"[.] Efectos del fallo protector: Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los efectos siguientes. ********************- Las autoridades responsables Secretario de Educación y Bienestar Social y Jefa del Departamento de Nóminas y Aclaraciones de Pago de la Secretaría de Educación, ambas con residencia en esta ciudad y Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen a favor de las quejosas, el pago que por concepto de prima de antigüedad y demás prestaciones de la Ley del Servicio Civil, derivaron de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, sin el descuento de pensión alimenticia. [.]" ********************Para lo cual, deberá de enviar las constancias con las que acredite que se efectuó a favor de cada una de las quejosas, el pago de la cantidad de ********************, que derivaron de la carta testamentaria de ********************, signada por el finado ********************, según los recibos exhibidos por la parte quejosa, que obran en autos (foja 20).********************Sin que sea obstáculo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se precisó en párrafos precedentes, el hecho de que se haya llevado a cabo el depósito en la caja auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, por la cantidad de $********************, y, en la caja auxiliar del Poder Judicial del Estado, por la cantidad de $********************, por concepto de prima de antigüedad y pensión alimenticia, como, según refiere, fue ordenado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Ensenada, Baja California (a favor de ********************).********************En el entendido que de seguir realizando actos intrascendentes respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, y, de no demostrar haber dado cumplimiento a la misma, sin causa justificada, se impondrá a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, por conducto de ********************, en su carácter de Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, quien actúa en representación de dicha autoridad responsable, y ha atendido los requerimientos formulados en autos, una multa por doscientas Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de la materia; cantidad que equivale a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por doscientos; además, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Tijuana, Baja California, para seguir con el trámite de inejecución, en términos del numeral 193 de la Ley de Amparo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Lo anterior, en atención a las diversas omisiones precisadas en los párrafos que anteceden.********************Finalmente, se informa a la autoridad responsable que puede presentar oficios y promociones ante este Juzgado mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial: 8jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin embargo, se precisa que al enviarlos por este medio deberán contar con la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien lo suscribe, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y acredita la autenticidad del documento que la contiene.********************Notifíquese.
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