Juan Manuel Espinoza Calderon

Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
486/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinoza Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    ... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de uno de junio pasado, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ...Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de junio de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se provee lo siguiente: Por recibida la demanda de amparo promovida por el quejoso Juan Manuel Espinoza Calderón, contra actos del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Almoloya "SANTIAGUITO", Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 486/2021-VI. No pasa inadvertido que en el proemio de la demanda señala que Francisco Roberto Ramírez Olivares, acude en representación del directo quejoso, no obstante al firmarla este última se tiene promovida por propio derecho. Improcedencia. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: .......En ese tenor, acorde con los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se puede advertir únicamente que se ha llevado a cabo diverso traslado por autoridad administrativa penitenciaria quien puede iniciar el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario por caso urgente o excepcional previsto por el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal, pues del ocurso de amparo, se desprende que el posible traslado reclamado puede ser ejecutado por la autoridad administrativa, aunado a que hasta el momento no se desprende que la autoridad judicial competente se haya pronunciado al respecto. En tal virtud, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgredieron sus derechos fundamentales con la orden del traslado combatida, previo acudir al amparo, debe agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Así, es claro que si el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Almoloya "SANTIAGUITO", Estado de México, a diverso Centro Preventivo y su ejecución, atribuida a autoridad administrativa, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. No obstante lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acudió directamente a promover la presente instancia constitucional sin que previamente haya interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado del quejoso del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Almoloya "SANTIAGUITO", Estado de México, a diverso Centro Preventivo y su ejecución, atribuido a autoridad administrativa, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, que de conformidad con el artículo 52 en relación con los numerales 116, fracción IV, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridad administrativa, es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. .....En tales condiciones, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por el quejoso Juan Manuel Espinoza Calderón, contra actos del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Almoloya "SANTIAGUITO", Estado de México. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa señala que de ejecutarse el traslado reclamado se pondría en peligro su vida, no obstante se trata de una mera apreciación de su parte, que además no es consecuencia directa e inminente del acto reclamado por el que se desechó la demanda. .....Notifíquese y de manera electrónico al quejoso.

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