Juan Manuel Espinosa González y Otros.
Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González y Otros.
- José Antonio Contreras Chávez y Otros.
- José Othón Ramiro Hernández Lima
Actuaciones
- Principal
Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se trata de una incompetencia y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones, el documento de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del informa la admisión del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, el cual quedo registrado bajo el estadístico 14/2022; por lo tanto, esta juzgadora ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, catorce de julio de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que se encuentra en trámite el incidente relacionado a la objeción de firma planteada por la quejosa; por ello y a efecto de que el juicio se encuentre debidamente integrado; lo procedente es diferir la referida audiencia constitucional y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 923/2022-I-A. Representante común. Con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa a Carlos Alberto Angelino Barrón, el carácter de representante común de los aquí quejosos. Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta la competencia planteada por el órgano declinante. De las constancias remitidas por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, relativo a la incompetencia planteada en el juicio de amparo 129/2022-II, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se desprende que el Juzgador de amparo sustenta su incompetencia respecto la totalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, con el argumento de que a ese órgano le asiste el carácter de autoridad responsable, y en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante la secuela procesal y resolución del juicio constitucional, esto es, pues no puede tener el doble carácter de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Lo anterior, bajo la premisa que los quejosos en su escrito de demanda específicamente señalan como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, así como todos los Jueces de Distrito del Estado de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora (excepto Ciudad Obregón), Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, esto es, indico a todos los Jueces de Distrito de cierta especialidad de veintinueve circuito judiciales. No obstante, esta Juzgadora de manera respetuosa no comparte las consideraciones expuestas por el Juzgado declinante, en razón de lo siguiente; De la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que los quejosos, hacen una relación numerada de los actos que reclaman, de la siguiente manera: 1.- Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio nueve zona dos Estancia once. 2.- Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTI. 3.- Reubicación de Edwin Daniel Guerra Cordova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro. 4.- Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso. 5.- Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso. 6.- Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso. 7.- Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso. 8.- Reubicación de Eduardo Ampudia Frausto del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso. 9.- Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso. 10.- Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta, del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso. 11.- Reubicación de Luis Arturo Zavala Rosas, del Módulo de Seguridad nueve zona dos estancia doce al dormitorio cuatro zona uno estancia once. 12.- Reubicación de Iván López Hinojosa, del dormitorio cuatro zona tres estancia diez a otro diverso. 13.- Desacato de cumplir órdenes judiciales. 14.- Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México. 15.- Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 16.- Intimidación. 17.- Discriminación. 18.- Violación al principio pro persona. 19.- Inaplicación de criterios internacionales. 20.- Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 21.- Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 22.- Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 23.- Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de la penitenciaria. 24.- La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad en perjuicio de los quejosos. Reclamando la totalidad de los actos reclamados a diversas autoridades penitenciarias de la Ciudad de México, y otras también con residencia en esa ciudad. Y por lo que respecta a los previstos en los numerales 18) y 19), esto es, específicamente los actos identificados como la violación al principio pro persona e inaplicabilidad de criterios internacionales, señalan los quejosos como autoridades responsables a los Jueces de Distrito del Estado de Chiapas, entre los que se encuentra el Juzgado declinante, y otros de veintiocho circuitos judiciales más. Lo que, considera el Juzgado oficiante que da lugar a decretar su incompetencia en términos de lo dispuesto por los artículos 38 y 48, de la Ley de Amparo. Ahora, debe decirse que si bien el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, se encuentra contemplado dentro de las autoridades que los quejosos designa como responsables, al señalar a todos los Jueces de Distrito de ésa entidad federativa, también lo es, que no se acredita que el citado Juzgador carezca de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio; pues la razón que sostiene para no conocer del asunto, se sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que a criterio de este órgano no se comparte, ello pues tal situación, no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. Es decir, porque en los casos en que en una demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable al juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro amparo o, como en el caso, actos consistentes en la violación al principio pro persona e inaplicabilidad de criterios internacionales, que son los únicos actos por los que los quejosos lo señalaron como autoridad responsable; pues en este caso, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, cuenta con competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo indirecto. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del proceso constitucional biinstancial, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación a determinado órgano jurisdiccional a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, o actos que no son de su competencia -a fin de una pretendida calificación arbitraria por parte del quejoso de que el juez de Distrito es autoridad responsable- para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento del asunto lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Tales consideraciones, atienden por identidad de razón a lo previsto en el precedente aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184688, correspondiente a la Novena Época, Materias Común, con número de tesis 2a. XXIII/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, marzo de 2003, página 457, con rubro y texto: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUANDO SON SEÑALADOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable, entre otros, al Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conoció del mismo asunto, atribuyéndosele como acto reclamado la sentencia que dictó en un juicio de amparo anterior, no debe declararse incompetente porque el acto reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso al juicio de garantías tramitado ante el mismo órgano; por tanto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento, como acto reclamado, de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. Además, no deben considerarse impedidos los Magistrados de Circuito para conocer del nuevo juicio de amparo donde son señalados como autoridad responsable o porque dictaron la resolución impugnada, en términos del artículo 66, fracción IV, de la Ley citada, pues para que se actualice dicha hipótesis se requiere que realmente hayan tenido el carácter de autoridad responsable. Lo contrario significaría admitir que los quejosos pueden impedir el conocimiento de sus demandas por determinados Tribunales Colegiados por el solo hecho de mencionarlos como autoridades responsables. Entonces, y si bien se desprende que el propio órgano declinante, en su auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, se declaró legalmente incompetente; sin embargo, a consideración de la suscrita juzgadora, el órgano jurisdiccional declinante se encontraba en aptitud incluso con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 114 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, de prevenir a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de cinco días, precisara cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo tendría por no presentada la demanda. O bien, en su caso, de realizar un análisis integral del escrito respectivo verificar si intervino o no en la emisión o ejecución de los actos reclamados y en su caso - de ser procedente- admitir la petición de amparo, precisando que al no evidenciarse acto que se le reclame, no puede ser considerada autoridad responsable, no existiendo impedimento legal para conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda, o en su defecto si en realidad lo que los quejosos persiguen al señalar como responsable al Juez de Distrito, es plantear el impedimento para conocer del asunto. Por tanto, si el Juzgado declinante hizo uso de su facultad de no conocer del asunto sometido a su consideración al estimarse incompetente legalmente, bajo la premisa de que el órgano federal de su adscripción fue señalado como autoridad responsable, únicamente respecto de los actos consistentes en violación al principio pro persona e inaplicacion de criterios internacionales, tal argumento, como ya se precisó, no constituye una declinatoria de competencia por razón de grado, materia o territorio; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada. Orienta lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y contenido siguiente: CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en un centro penitenciario, el cual fue turnado a un Juzgado en Materia Administrativa, cuyo titular declinó la competencia por razón de materia a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, en virtud de que el acto reclamado dejó de ser de naturaleza administrativa al haberse judicializado, para ser penal, razones que fueron compartidas por el Juez señalado en segundo término; sin embargo, no aceptó la competencia, al considerar como un obstáculo para proveer sobre la demanda, haber sido señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si, en el caso, la negativa del Juez de Distrito en Materia Penal radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto. Así como la tesis que adopto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 73/2021, en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, pendiente de publicación, de rubro siguiente: CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZON DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALOGICA DE LA TESIS AISLADA 1ª LXXIX/2019 (10ª)]. Cabe señalar que en similares términos se pronunció el [1] Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el [2] Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, y el [3] Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Ciudad de México, al resolver respectivamente el conflicto competencial número 1/2022, suscitado entre el Juez Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el diverso 73/2021, suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa y por último el 6/2022, originado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoquinto de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Formación del cuaderno de antecedentes y devolución. En consecuencia, en obvio de mayores trámites, previa formación del cuaderno te antecedentes respectivo, devuélvase este asunto, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, con auto inserto de la presente determinación. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Pronunciamiento a la suspensión de oficio y/o apertura de cuaderno incidental. Al respecto se señala que el juzgador que se ha declarado incompetente ya proveyó lo conducente respecto a la suspensión de los actos reclamados, por lo que este juzgado no realiza pronunciamiento alguno en ese sentido. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL TRÁMITE DEL ASUNTO, ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario es esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por los oficiales judiciales de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del Secretario -quien aparece como fedatario- cerciorarse tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial.
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