Juan Manuel Espinosa González
Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
- Enrique Alvarado Saucillo
- Juan Manuel Espinosa González y Otros.
Actuaciones
- Principal
En mérito de lo resuelto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior, acúsese recibo a la superioridad y archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En ese aspecto, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se trata de incompetencia y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el documento de cuenta, por medio del cual el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, y este órgano jurisdiccional, el cual registró con el número estadístico 76/2022; por tanto, se ordena agregar dicho comunicado como constancia, y queda en espera de la resolución que en su momento emita la Superioridad. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el documento de cuenta por medio del cual el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, informa que en virtud de que este juzgado no aceptó la competencia declinada y aquél insiste en su incompetencia, planteó ante la superioridad conflicto competencial, a fin de resuelva lo conducente; por tanto, esta Juzgadora agrega dicho comunicado como constancia, y queda en espera de la resolución que en su momento emita el Tribunal Colegiado. Notifíquese por lista.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibido el oficio 7238/2022, que suscribe la Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del cual transcribe la determinación de cuatro de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 355/2022-0, de su índice, así como las constancias que integran dicho juicio, de las que se advierte la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 514/2022-V-B. Representante común. Con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa a Carlos Alberto Angelino Barrón, el carácter de representante común de los aquí quejosos. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta la competencia planteada por el órgano declinante. De las constancias remitidas por la Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, relativas a la incompetencia planteada en el juicio de amparo 355/2022-0, así como del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, se desprende que la Juzgadora de amparo sustenta su incompetencia respecto la totalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, con el argumento de que a ese órgano le asiste el carácter de autoridad responsable, y en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante la secuela procesal y resolución del juicio constitucional, ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 esto es, pues no puede tener el doble carácter de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Lo anterior, bajo la premisa que los quejosos en su escrito de demanda específicamente señalan como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo, así como todos los Jueces de Distrito de los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí con excepción de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Motivo por el cual, sostuvo que ninguno de los Jueces de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, -entre ellos dicho juzgado declinante-, es competente para conocer de la Litis planteada, por lo que por exclusión de los jueces a los que también se atribuyen diversos actos reclamados, corresponde conocer del asunto al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en razón de que los jueces de dicho circuito judicial no fueron señalados como autoridades responsables y son los más cercanos al lugar donde tienen ejecución los actos reclamados. No obstante, este Juzgado de manera respetuosa no comparte las consideraciones expuestas por el Juzgado declinante, en razón de lo siguiente; De la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que los quejosos, hacen una relación de los actos que reclaman de la siguiente manera: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón, del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio nueve zona dos estancia once que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos y LGBTI. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona tres estancia diez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofisica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto del dormitorio diez a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la constitución y 15 ley de amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación 17) Violación al principio pro persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González, para elaborar escrito de 14 de enero del 2022. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino, y Paula Durán. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades lo es el de su traslado de su actual centro de reclusión a uno diverso; la reubicación de dormitorio; así como la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos; omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos; encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura, coacción y actos de intimidación, restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al comité técnico, realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación; ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 audiencias del comité técnico de la penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino, y Paula Durán; inaplicabilidad de los criterios internacionales, violación al principio pro persona, actos que considera actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, ante tales reclamos debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Tampoco, se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, tampoco reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refieren los directos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.1o.A.19 K, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio.1 Así como la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, de contenido y texto siguientes: SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.2 Por lo que respecta a los previstos en los numerales 17) y 18), esto es, específicamente los actos identificados como la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, señalan los quejosos como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, entre 1 Emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458. Novena Época. Materias(s): Común. Registro digital: 179731. 2 Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951. Octava Época. Materias(s): Administrativa. Registro digital: 229397. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 los que se encuentra el Juzgado declinante, y otros de veintiocho circuitos judiciales más. Lo que, considera el Juzgado oficiante da lugar a decretar su incompetencia en términos de lo dispuesto por los artículos 38 y 48, de la Ley de Amparo. Ahora, debe decirse que si bien el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, se encuentra contemplado dentro de las autoridades que los quejosos designan como responsables, al señalar a todos los Jueces de Distrito de esa entidad federativa, también lo es, que la Juez declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, la razón que sostiene para no conocer del asunto, se sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que a criterio de este órgano no se comparte, ello pues tal situación, no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. Es decir, porque en los casos en que en una demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable al juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro amparo o, como en el caso, actos consistentes en la violación al principio pro persona e inaplicabilidad de criterios internacionales, que son los únicos actos por los que los quejosos lo señalaron como autoridad responsable; pues en este caso, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, cuenta con competencia objetiva que la faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo indirecto. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del proceso constitucional biinstancial, pues bastaría que ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación a determinado órgano jurisdiccional a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, o actos que no son de su competencia -a fin de una pretendida calificación arbitraria por parte del quejoso de que el juez de Distrito es autoridad responsable- para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento del asunto lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Tales consideraciones, atienden por identidad de razón a lo previsto en el precedente aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184688, correspondiente a la Novena Época, Materias Común, con número de tesis 2a. XXIII/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, marzo de 2003, página 457, con rubro y texto: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUANDO SON SEÑALADOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Cuando en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable, entre otros, al Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conoció del mismo asunto, atribuyéndosele como acto reclamado la sentencia que dictó en un juicio de amparo anterior, no debe declararse incompetente porque el acto reclamado no deriva de un procedimiento ordinario federal o de alguno diverso al juicio de garantías tramitado ante el mismo órgano; por tanto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento, como acto reclamado, de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. Además, no deben considerarse impedidos los Magistrados de Circuito para conocer del nuevo juicio de amparo donde son señalados como autoridad responsable o porque dictaron la resolución impugnada, en términos del artículo 66, fracción IV, de la Ley citada, pues para que se actualice dicha hipótesis se requiere que realmente hayan tenido el carácter de autoridad responsable. Lo contrario significaría admitir que los quejosos pueden impedir el conocimiento de sus demandas por determinados Tribunales Colegiados por el solo hecho de mencionarlos como autoridades responsables. Entonces, y si bien se desprende que el propio órgano declinante, en su auto de cuatro de abril del año en curso, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, se declaró legalmente incompetente; sin embargo, a consideración de la suscrita juzgadora, el órgano jurisdiccional declinante se encontraba en aptitud incluso con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, de prevenir a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de cinco días, ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 precisara cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo tendría por no presentada la demanda. O bien, en su caso, de realizar un análisis integral del escrito respectivo verificar si intervino o no en la emisión o ejecución de los actos reclamados y en su caso - de ser procedente- admitir la petición de amparo, precisando que al no evidenciarse acto que se le reclame, no puede ser considerada autoridad responsable, no existiendo impedimento legal para conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda, o en su defecto si en realidad lo que los quejosos persiguen al señalar como responsable al Juez de Distrito, es plantear el impedimento para conocer del asunto. Por tanto, si el Juzgado declinante hizo uso de su facultad de no conocer del asunto sometido a su consideración al estimarse incompetente legalmente, bajo la premisa de que el órgano federal de su adscripción fue señalado como autoridad responsable, únicamente respecto de los actos consistentes en violación al principio pro persona e inaplicacion de criterios internacionales, tal argumento, como ya se precisó, no constituye una declinatoria de competencia por razón de grado, materia o territorio; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada. Orienta lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y contenido siguiente: CONFLICTO COMPETENCIAL. PASOS A SEGUIR CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO CONOCE, POR RAZÓN DE TURNO, DE UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO ACTUALIZARSE DICHA FIGURA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXIX/2019 (10a.)]. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en un centro penitenciario, el cual fue turnado a un Juzgado en Materia Administrativa, cuyo titular declinó la competencia por razón de materia a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, en virtud de que el acto reclamado dejó de ser de naturaleza administrativa al haberse judicializado, para ser penal, razones que fueron compartidas por el Juez señalado en segundo término; sin embargo, no aceptó la competencia, al considerar como un obstáculo para proveer sobre la demanda, haber sido señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del porqué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si, en el caso, la negativa del Juez de Distrito en Materia Penal radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto3. Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial número 1/2022, suscitado entre el Juez Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y el diverso 73/2021, suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. Formación del cuaderno de antecedentes y devolución. En consecuencia, en obvio de mayores trámites, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, devuélvase este asunto, Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, con auto inserto de la presente determinación. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. 3 Registro digital: 2023614, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.A.1 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3567, Tipo: Aislada ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Conforme lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL TRÁMITE DEL ASUNTO, ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS. ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 22/04/24 14:05:14 Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal: Se instruye desde este momento a la Secretaria encargada del trámite de este asunto -quien aparece como fedataria en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: a) Resp ecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y b) Cuan do la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por los oficiales judiciales de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -quien aparece como fedataria- cerciorarse tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial.
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