Juan Manuel Espinosa González
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y anexo que acompaña; el que se agrega a los autos únicamente para que obren como constancia, toda vez que mediante proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se agregó a los autos, debidamente diligenciado el exhorto 11/2021-4, (orden 15/2021-4) del índice de este Juzgado, el cual se giró con la finalidad de notificar personalmente a los quejosos el acuerdo de diecisiete de febrero del presente año, pronunciado en los autos del juicio de amparo en que se actúa (registro 3311). Notifíquese.
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Estado de autos Visto el estado de los autos, y como esta ordenado en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, original del escrito de expresión de agravios y ríndase informe con la manifestación de que es cierto que este Juzgado de Distrito con fecha diez de febrero de dos mil veinte, dictó el acuerdo motivo del recurso de queja. Acceso remoto Por otra parte, para la sustanciación del medio de impugnación, con base en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, del propio ente, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; motivado por las cargas de trabajo de este juzgado de Distrito, y por el número del personal autorizado para laborar, en atención a los principios de economía procesal, economía en el proceso y celeridad, además con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 21, 37 , 71 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; póngase a disposición del Superior el acceso remoto al juicio de amparo en que se actúa. Para la operatividad de la referida autorización, la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, así como al órgano requirente, deberán acatar los lineamientos operativos descritos en la Circular CAR/02/CCNO/2020. Finalmente, advirtiéndose de autos que no obran los acuses de recibo relativos a las notificaciones a las autoridades responsables de la sentencia dictada en autos, por tanto, a fin de que queden debidamente notificadas, gírese oficio y anéxese copia autorizada de dicha sentencia. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido y agréguese a los autos para los fines legales a que haya lugar el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto del índice de este Juzgado, el cual se giró con la finalidad de notificar personalmente a los quejosos el acuerdo de diecisiete de febrero del presente año, pronunciado en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese el recibo. Causa estado Por otra parte, vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del nueve al dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
CERTIFICACIÓN. La suscrita Marina Ivonne San Román Casas, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, hace constar lo siguiente: 1.- Que el día de hoy diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se realizó una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de Oficialía de Partes, submódulo Demandas Electrónicas, en el cual en este último, bajo el rubro Juicio en Línea, aparece registrada a las ocho horas con catorce minutos antes meridiano, del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno la demanda de amparo promovida por Miguel ****, en representación de Carlos ****y Juan *****, en la que indica como actos reclamados discriminación por condición, orden de traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso fuera o dentro de la ciudad de México, reubicación de dormitorio, actos de amenaza e intimidación, riesgo a su salud, así como los previstos en el artículos 22 constitucional. 2.- Que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que, del uno de febrero al día de hoy, Carlos *****ha promovido ciento noventa y nueve demandas de amparo y Juan *****, ha promovido ciento cincuenta y cuatro en diversas partes de la república. 3.- Que ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, del año dos mil veintiuno, tiene dos precedentes, a saber, el juicio de amparo 38*****promovido por Miguel *****en representación de Carlos ***** y Juan *****, y el juicio de amparo 52/**** promovido por Carlos *****, en representación legítima de Carlos ****y Juan *****, los cuales en este momento se tienen a la vista, como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe...Supuesto de urgencia e inmediatez en el trámite. El presente acuerdo se dicta acorde con los lineamientos de la Circular SECNO/9/2021, porque los actos reclamados en la demanda que originó el presente asunto, tiene relación con una orden de traslado de los quejosos; por ello encuadra en los supuestos de urgencia e inmediatez previstos en los artículos 2 y 4, fracción IX, inciso a) del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Registro de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos ****en representación de Carlos *****y Juan *****, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, a través de la firma electrónica y de conformidad al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, contra actos del Presidente de México y otras autoridades. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 132/2021-4. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano el libelo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente acude a esta instancia a reclamar diversos actos relacionados con las condiciones de internamiento de sus supuestos representados Carlos ***** y Juan Manuel ******, dentro de las instalaciones de una penitenciaría de la Ciudad de México, consistentes en discriminación por condición, orden de traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso fuera o dentro de la ciudad de México, reubicación de dormitorio, actos de amenaza e intimidación, y riesgo a su salud; lo cual a su parecer, se traducen en represalias y un castigo ilegal para dichos procesados. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Como se precisó en párrafos que anteceden el aquí peticionario de amparo reclama de las autoridades que señala como responsables, diversos actos relacionados con las condiciones de internamiento de sus supuestos representados Carlos *****y Juan *****, dentro de las instalaciones de una penitenciaría de la Ciudad de México, consistentes en discriminación por condición, orden de traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso fuera o dentro de la ciudad de México, reubicación de dormitorio, actos de amenaza e intimidación, y riesgo a su salud; lo cual a su parecer, se traduce en represalias y un castigo ilegal para dichos procesados. Ahora, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión." La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular su petición. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la solicitud y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que los quejosos, previo a promover demandada de amparo, debió presentar su solicitud, ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, deberá acudir ante el Juez de Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018 Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación...Lo anterior, ya que en concepto de la suscrita, incluso el traslado constituye un aspecto que incide precisamente en el lugar en el que se desarrollarán las condiciones de internamiento y por ello, debe agotarse el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.6º.P. 133 P (10ª), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 22645, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SISTEMA DE IMPUGNACION PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PESONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS.SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos ****, ostentándose como representante legítimo de Carlos *****y Juan *****, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Máxime, que de la certificación de cuenta se advierte que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se observa que del uno de febrero del año en curso al día dieciséis de febrero de dos mil veinte, en diversas partes de la república, Carlos *****ha promovido ciento noventa y nueve demanda de amparo y Juan ******, ha promovido ciento cincuenta y cuatro; lo que torna extraordinaria (fuera de lo ordinario) la promoción de la demanda que ahora se desecha y que correlativamente requiere determinaciones extraordinarias. Ahora, es menester precisar que en criterio de la suscrita, no se deja en estado de indefensión a los directos quejosos con el dictado de la presente determinación, respecto de los actos reclamados consistentes en la atención médica insuficiente o bien, los diversos actos que pretenden ubicar en los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, toda vez que, como se anticipó, de la certificación de cuenta se advierte que ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí se encuentran el juicio de amparo 38/2021 promovido por Miguel *****en representación de Carlos *****y Juan *****, y el diverso 52/****, promovido por Carlos *****, en representación legítima de Carlos *****y Juan *****, en los cuales se les otorgó a los directos quejosos la suspensión de plano de dichos actos. Los cuales en este momento se tienen a la vista, como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. En efecto, en el juicio de amparo 38/2021 mencionado, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano para los efectos que se precisan a continuación: ". se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en reubicar de su dormitorio a los directamente quejosos, del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro diverso módulo dormitorio o área que representa riesgo la vida, integridad y dignidad de los directos quejosos; así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, amenazas y actos de intimidación, derivado de las órdenes emitidas solo por cuanto hace a las autoridades señaladas como responsables Comité Técnico Penitenciaria, Dirección de la Penitenciaria, Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria, Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México, para el efecto de que cesen de inmediato." ". que se garantice en todo momento la seguridad respecto de su integridad física y del resto de la población, así como la tranquilidad y estabilidad del centro de internamiento a cargo de las mencionadas responsables." ".para que suspendan bajo su más estricta responsabilidad dichos actos y se abstengan de ejecutar en los aquí impetrantes cualquiera de los actos restringidos por la aludida norma primaria." ". , dispongan lo necesario a fin de que, de acuerdo con el estado de salud de los directos quejosos, se les brinde la atención médica que requieran, así como el tratamiento oportuno que amerite su padecimiento, conforme a la prescripción y valoración médica que se le efectúe por personal capacitado y experto en medicina por parte de las señaladas autoridades responsables; de ahí que, ello deberá determinarse al proveer la atención médica ordenada en la que se precisen los procedimientos exactos que corresponde aplicar." Lo mismo aconteció en el diverso amparo 52/2021 de que se trata, en el que, por auto de trece de febrero de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de plano para los efectos que se precisan en seguida: ". se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en discriminación por condición, orden de traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso, reubicación de dormitorio, actos de amenaza e intimidación a los directamente quejosos; así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.", ". que se garantice en todo momento la seguridad respecto de su integridad física y del resto de la población, así como la tranquilidad y estabilidad del centro de internamiento a cargo de las mencionadas responsables." ". para que suspendan bajo su más estricta responsabilidad dichos actos y se abstengan de ejecutar en los aquí impetrantes cualquiera de los actos restringidos por la aludida norma primaria." ". se concede la medida suspensional para el efecto de que únicamente las responsables Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS, Subsecretaría de Sistema Penitenciario y Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria, todos de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, de ser el caso, dispongan lo necesario a fin de que, de acuerdo con el estado de salud de los directos quejosos, se les brinde la atención médica que requieran." De ahí que se insiste que, los directos quejosos, no quedan en estado de indefensión pues la referida autoridad federal ya se ha pronunciado con anterioridad respecto de actos consistentes en la atención médica insuficiente o bien, los diversos actos que pretenden ubicar en los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de los cuales se decretó la suspensión de plano solicitada a su favor. En efecto, no se deja en estado de indefensión a los quejosos, pues aún en el supuesto de que adicionara en la presente demanda más autoridades, lo cierto es que se trata de los mismos actos reclamados, y en caso de que resultara cierto el acto respecto de diversa autoridad no señalada en la demanda de amparo de los precedentes ya referidos, en ese momento tendrían la oportunidad de ampliar la demanda por lo que corresponde a esa autoridad. Lo anterior sin necesidad de promover nueva demanda de amparo. No pasa inadvertido que respecto del traslado fuera de procedimiento judicial resultaría aplicable la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2010596, visible en la página 247, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado." Sin embargo, como ya se señaló, los mismos quejosos promovieron diversa demanda de amparo por el propio acto reclamado, respecto del cual se decretó la suspensión de plano en el juicio de amparo 52/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Notificación agraviados directos. Dado que el promovente señala que los quejosos directos Carlos ***** y Juan Manuel ******, se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria CDMX, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, que se encuentre en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese.
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