Juan Manuel Espinosa González

Expediente 326/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
326/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda por notoriamente improcedente, sin que la parte quejosa manifestara su deseo de impugnarlo. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE al no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el PLAZO DE TRES AÑOS, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, con el cual se remitió vía interconexión la demanda que dio origen al juicio de amparo ***** promovida por ***** y ***** por conducto de ***** en el que el órgano de control de la constitucionalidad en acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, entre otros aspectos, se declaró legalmente incompetente por materia, para conocer del asunto, en razón de que se estimó que la competencia corresponde al Juez de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por territorio. Bajo esa tesitura, en razón de que el acto reclamado, entre otros, consiste en una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, entonces se entiende que el juicio que se recibe tiene naturaleza penal, este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Se convalidan las actuaciones realizadas por el juzgado declinante. Ahora, de su análisis integral, se advierte que los quejosos se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México; y, que se señala como acto reclamado: La orden de traslado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentran a diverso centro penitenciario y la reubicación de dormitorio; así como su ejecución. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En efecto, de la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De lo transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular de la demanda, no se advierte la firma electrónica. En este sentido, ponderando que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, entonces debe considerarse que la parte promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Pues se insiste, para los escritos de forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; así, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sin que en el caso se actualice la excepción que contempla la tesis jurisprudencial transcrita, pues se insiste, del escrito de demanda no se advierte algún dato o elemento que permita establecer que dicho ocurso se promovió en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, y, por tanto, no se requiera de la firma electrónica, conforme lo previsto por el último párrafo del diverso 109 del citado cuerpo normativo, ya que para que ello opere, necesitan colmarse dos requisitos indispensables: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Por cuanto al primer requisito, es inconcuso que no se colma, esto es, que por la naturaleza del acto pueda verificarse la hipótesis a que hace alusión el numeral 15 de la ley de la materia; ya que aun cuando se señalen como actos la alegada discriminación por condición, así como represalias, de lo expuesto en la demanda de derechos fundamentales no puede inferirse que se traten de actos que impliquen peligro de privación de la vida o que supongan la realización de malos tratos, inhumanos o degradantes; máxime que el promovente de amparo omitió expresar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten y que constituyan los antecedentes de los actos que combate. Aunado a que aun cuando aduzca que de trasladarlos o reubicarlos, se pone en riesgo su vida, su salud, su integridad o dignidad o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, Constitucional, los mismos los hace depender de que se emita una orden de traslado o cambio de dormitorio. En la inteligencia de que, se itera, de la lectura íntegra del libelo constitucional no se advierte algún dato o indicio objetivo que permita inferir que se están llevando a cabo actos prohibidos por el aludido precepto constitucional, en contra de los directos agraviados. Sin perjuicio que de estimar que exista alguna irregularidad procesal en los juicios o medios de impugnación en los que los amparistas alegan que son parte, cuentan con los recursos e incidencias previstos en la legislación procesal que resulte aplicable para controvertir dichas cuestiones. Tampoco pasa inadvertido que se alega que puedan tener represalias o efectos en su salud con motivo del virus SARS COV-2 (COVID-19); sin embargo, se reitera, todo se hace depender del cambio de dormitorio y/o en su caso un traslado, por lo que se pondera que no es aplicable el numeral 15 de la Ley de Amparo, esto es, no se advierte que los directos quejosos se encuentren imposibilitados para incoar el juicio constitucional. Efectivamente, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el de instancia de parte agraviada y que consiste en que el juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; en el caso, se inadvierte que los directos quejosos se encuentren imposibilitados para acudir a promover el juicio de amparo, ello, primeramente, porque quien arguye promover no aduce esa circunstancia y, por el contrario, de la narrativa se puede desprender que solo hace referencia a ser personas privadas de su libertad en un centro de reclusión, lo cual no implica que actualmente se encuentren imposibilitados o incomunicados. Además, no puede convenirse con el hecho de que una persona, por estar privada de la libertad, se encuentre imposibilitada para promover el juicio de amparo, pues ello llegaría al extremo, por ejemplo, de considerar que cualquier persona pudiese promover juicio de amparo en favor de una persona sentenciada o procesada que se encuentre en reclusión, lo que claramente no es la intención del legislador, y menos la finalidad del juicio constitucional. Por tanto, los casos en los que se prevé la posibilidad de exceptuar la instancia de parte agraviada, se ciñe, además de que se reclamen actos como los ya dichos, a que el gobernado se encuentre impedido para tal efecto, de lo contrario, el juicio de amparo resultará improcedente, al no verificarse el principio en mención. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial este y cualquier otra determinación jurisdiccional.

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