Juan Manuel Espinosa Gonzalez

Expediente 222/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
222/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Fraustro
  • Eduardo Flores Castro
  • Juan Manuel Espinosa Gonzalez
  • Juan Manuel Espinosa Gonzalez y Otros.
  • Edwin Daniel Guerra Cordova
  • Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima
  • Hugo Melchor Nieto
  • Luis Arturo Zavala Rosas
  • Jose Othon Ramiro Hernandez Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la resolución emitida en el recurso de queja administrativa ******************** de su índice. Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano Colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja interpuesto por ********************, por sí y como representante común de ********************, contra del auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo 222/2022." Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Orden de archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido........

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por Carlos Alberto Angelino Barrón, representante común de la parte quejosa, contra el proveído de catorce de junio del año en curso, dictado en el presente juicio. Nota de registro de recurso. Se toma nota que se registró como queja 151/2023; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto E266-305/23-PII, del índice de este Juzgado, enviado a fin de notificar a los quejosos (1) ********************, por sí y como representante común de (2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) ********************(11) ********************y (12) ********************, así como a la defensora pública ********************, el proveído de catorce de junio en curso, en el que se desechó la presente demanda de amparo. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno correspondiente. Recurso de queja Ahora, vistas las constancias actuariales de diecinueve y veintidós de junio de dos mil veintitrés, suscritas por la Actuaria adscrita al Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que los quejosos y la defensora pública ********************, fueron notificados del contenido del auto de catorce del mes y año en curso. Asimismo, de la razón actuarial señalada en primer término se desprende que ********************, por si y como representante común del resto de los quejosos, manifestó que interponía queja en contra del auto de mérito; en tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el aludido recurso de queja en contra del auto de referencia; por ende, remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito en Turno, copia certificada de las constancias pertinentes para su resolución, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual modo, con fundamento en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, ríndase el INFORME JUSTIFICADO en relación a la materia de la queja, señalándose que ES CIERTO el acto reclamado; asimismo, se deberán adjuntar dos impresiones de la notificación donde se expresa el recurso interpuesto, toda vez que el exhorto de mérito fue devuelto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como copia certificada de las constancias relativas para su resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 3237-P1 signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la resolución emitida en el recurso de queja administrativo 86/2023 de su índice. Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano Colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por (1)********************, por sí y como representante común de (2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ******************** (7) ********************(8) ********************(9) ******************** (10) ********************(11) ******************** y (12) ********************, en contra del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 222/2022." Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. II. Precisión de la resolución de alzada Ahora, visto el contenido de la resolución en comento, se advierte que en la queja de mérito se precisaron los siguientes efectos: "(.) En esas condiciones, se estima incorrecto que se haya tenido por no presentada la demanda de amparo, ya que no obstante que el Juez de Distrito se apegó a las formalidades legales previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, al requerir a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo, pero soslayó que el entonces defensor público provisional de los quejosos, el veinte de junio de dos mil veintidós precisó que los actos reclamados tenían relación con condiciones de internamiento, traslados, maltratos y posible tortura en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, dependiente del sistema penitenciario local, por lo que el Juez Federal debió de estimar aclarada la demanda y proveer respecto de su admisión. (.)" (Precisión literal) III. Se acata resolución En consecuencia, en estricto acatamiento a la ejecutoria emitida por el referido tribunal Colegiado, se deja insubsistente el auto de diecisiete de abril de esta anualidad, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, y se realiza el siguiente pronunciamiento. IV. Cumplimiento de prevención Visto el escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, presentado por ********************, en su carácter de defensor público de los quejosos, así como los efectos de la resolución del tribunal de alzada, se tiene por cumplida la prevención formulada a la parte quejosa en determinación de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. V. Decisión sobre la instancia constitucional 1. Fijación de la litis Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "(.) (.)" Asimismo, que el defensor público provisional de los quejosos, precisó que los actos reclamados tenían relación con condiciones de internamiento, traslados, maltratos y posible tortura en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, dependiente del sistema penitenciario local. 2. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio presentado por el defensor público de los quejosos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Principio de definitividad Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. Lo anterior, por los motivos siguientes. Respecto del principio de definitividad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo -para los efectos del juicio de amparo- un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, debe atenderse la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del citado artículo 18 y 1°. Constitucional, pues de ellas se advierte se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Al examinar la primera de las citadas reformas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 151/2011, del que luego derivó jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", concluyó a partir de aquellas reformas, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas cotidianos, deberían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal (Jueces de Ejecución), tanto en el ámbito federal como local, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Para complemento de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, cuya finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento de los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad. Luego, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, deben ceñirse a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los quejosos internos en un centro de reinserción social (Centro Penitenciario ubicado en la Ciudad de México) acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: "(.) (.)" Asimismo, su defensor público provisional precisó que los mismos tenían relación con condiciones de internamiento, traslados, maltratos y posible tortura en un centro penitenciario. Sin embargo, en los términos anotados, los quejosos no atendieron el principio de definitividad, necesario para la procedencia del juicio de amparo, pues respecto del acto reclamado consistente en el traslado debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, respecto de los restantes relacionados con la reubicación de dormitorios, como personas privadas de su libertad, debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido de ser necesario por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e incluso, intentar contra lo resuelto en aquellas, los recursos ordinarios que prevé. Traslado. En principio, respecto del traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, emitió la jurisprudencia 27/2021, en la cual estableció, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento y por ende, no constituyen una violación directa a la Constitución. Por tanto, la Primera Sala en la jurisprudencia que se alude, concluyó que cuando una persona privada de la libertad -como en el caso los quejosos- busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Dicha jurisprudencia 27/2021 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aprobada en sesión privada de seis de octubre de dos mil veintiuno), es del contenido siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. HECHOS: ........" Luego, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, la existencia de dicho criterio jurisprudencial que define, específicamente que cuando el quejoso reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Esto, porque tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, motivo por el cual, no hay posibilidad que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado, pues el aludido numeral regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto, cuando se promueve como en el caso, contra una orden de traslado. Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Condiciones de internamiento. Ahora, respecto de los actos restantes, consistentes en la reubicación de dormitorios, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los quejoso -como personas privadas de su libertad-, cuentan con el procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones de internamiento. Al respecto, después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que tales condiciones de internamiento, conforme la aludida ley, se refieren a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social (entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, así como los instrumentos de trabajo). En ese panorama, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquiera que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social y faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente e incluso, pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Peticiones administrativas que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación; incluso, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, acciones u omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. De lo expuesto se colige, el mecanismo de control denominado peticiones administrativas cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y además, ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el Juez de Ejecución o Control, según corresponda. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, y las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Incluso, no obstante la posibilidad de la petición administrativa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se trate de un caso que estime urgente, concede al interno la posibilidad de acudir directamente a oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo, ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes; además, contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuando -como en el caso- una persona privada de su libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque: a) Constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. b) El acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión. c) Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos. Por ello, el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Incluso, cuando los actos reclamados constituyen situaciones (acciones u omisiones) inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco constitucional y legal antes expuesto. En efecto, es la autoridad penitenciaria la que organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; además, supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, entre otras, de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda presentar su petición (Juez de Ejecución), quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los de esta para concederla, y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social, otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En tal virtud, acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar situaciones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Con dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020, estableció las sanciones disciplinarias en un centro penitenciario no guardan relación alguna con los aspectos sustantivos, lo que resulta necesario distinguir pues permite fijar un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración: de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta (es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción) y, por otro, cuestiones de tipo adjetivo (como lo son las sanciones disciplinarias). En efecto, la Suprema Corte ha señalado que las infracciones a la normativa de un centro penitenciario (reglamentado y administrado por el Poder Ejecutivo respectivo) no implican un proceso que dé como consecuencia un impacto sustantivo en la pena, como sí lo implican los beneficios preliberacionales, pues aquellas infracciones únicamente denotan las condiciones administrativas internas de seguridad, el procedimiento de determinación de faltas y el cumplimiento de las sanciones administrativas. Por ende, consideró las sanciones disciplinarias, también se contemplan dentro de ese género de condiciones de internamiento que no guardan relación alguna con un aspecto sustantivo al no constituir una variante de la ejecución de la pena o de su modificación o duración, motivo por el cual, no existe una conexión directa entre el fuero en el cual fue sentenciada la persona (federal o local) y el análisis de tales sanciones impuestas en el centro de reclusión en que la persona se encuentra interna, como sí existe en el caso de los beneficios preliberacionales. Así, la Primera Sala ha determinado las personas privadas de la libertad incluso respecto de sanciones disciplinarias pueden oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo en contra de las omisiones o determinaciones que afecten las condiciones de su internamiento en los centros de reclusión en que se encuentren, acorde con las disposiciones relativas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En estos casos, si bien la controversia se resuelve adjetivamente conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el fondo del asunto se decide atendiendo a los preceptos jurídicos específicos al centro penitenciario en cuestión, como lo es su reglamento interior y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables, pero en definitiva, no se relacionan con aspectos sustantivos de las penas impuestas, pues las cuestiones de internamiento están disociadas de las causas que originaron la privación de la libertad de la persona, lo que permite sentar las primeras bases para resolver esta contradicción de tesis. Además, contra dicha resolución, es decir, la del Juez de Ejecución, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el Juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Consecuentemente, al tratarse lo reclamados por los quejosos, de los actos que identifica como reubicación de dormitorios (condiciones de internamiento), son actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en el caso, por lo que ha lugar a desechar la demanda. Sin que obste para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen intimidación, represalias, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona e inaplicabilidad de los criterios internacionales, o que se equiparan a tortura 'psicofísica' y 'psicoemocional', y por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y por ello, son de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Esto porque de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley de Amparo. Es decir, de la demanda de amparo se advierte se reclaman actos relacionados con las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentra recluidos quienes aparece como directos quejosos, como parte del sistema penitenciario de ese lugar, el cual, acorde con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del diez de junio de dos mil once, se organizará, entre otros aspectos, en el trabajo como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, tal como se prevé el artículo 18, por lo que no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable la tesis II.2o.P.108 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2439 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, Undécima Época, con número de registro 2023099, de texto y rubro: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL." Lo anterior además se corrobora, del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.". Además, de lo expuesto en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1703 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con número de registro 2023554, de rubro: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD." En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por (1)********************, por sí y como representante común de (2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ******************** (7) ********************(8) ********************(9) ******************** (10) ********************(11) ******************** y (12) ********************, esto, porque se estima actualizado un caso de excepción, ante la improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados y por ende, el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ante ese escenario, es evidente la condición de defensa garantizada a los quejosos en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por los motivos que contiene, se estima aplicable la tesis II.2o.P.89 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2435 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2021595, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." ............. Máxime, que se advierte que en diversos Tribunales Colegiados del país, se han pronunciado en el mismo sentido al resolver respectivamente recursos de queja interpuestos por la parte quejosa relativo al desechamiento del escrito inicial de demanda. Precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, la superioridad se pronunció respecto a los actos reclamados por hoy el quejoso 1)******************** y otros, al ejercer su facultad de atracción que formó el expediente ******************** para conocer el recurso de queja ********************, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de Ciudad de México, que fue interpuesto en contra del desechamiento emitido por la Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo ********************, por lo que precisado lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, confirmó el desechamiento de la demanda de amparo realizada por la citada Juez, ya que consideró que se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, porque la parte quejosa no agotó previamente el respectivo medio ordinario de defensa, respecto a la orden de traslado urgente o excepcional, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Tales razonamientos jurídicos dieron origen a la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3506 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, con número de registro 2023190, de texto y rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD........................." Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito han sido consistentes en determinar que los actos de molestia que los quejosos equiparan a tortura psicofísica y psicoemocional, con fines intimidatorios y discriminatorios, que afirman ponen en riesgo grave su vida, integridad y dignidad personal, no los reclaman en forma independiente, sino que los hacen derivar de su eventual reubicación de dormitorio y estancia en el recinto penitenciario, por lo que son de realización futura e incierta, además -se itera-, de la relatoría de los hechos no se puede evidenciar su existencia, y por lo tanto, este Juzgador se encuentra imposibilitado para emprender su análisis. Máxime que dichos actos que refieren los quejosos son discriminatorios y represalias con fines intimidatorios y equiparados a tortura psicofísica y psicoemocional, los cuales actualizan actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que no los reclaman en forma independiente, es decir, los hacen derivar de la posible ejecución de los actos ya analizados como son el traslado y reubicación, sin que se desprenda que efectivamente están siendo objeto de alguno de los actos previstos en los numerales que se precisan. Por lo que, dichos actos se deben considerar como actos de cuestiones de internamiento, ello porque tanto el traslado como la reubicación en principio son medidas que se encuentran previstas en la ley, es decir no son ilegales en sí mismas, sino que están sujetas a requisitos legales pero finalmente son medidas que puede ejecutarse porque legalmente así procede en cuanto se estén cubriendo los requisitos previstos en la ley. Lo anterior, en razón de que los quejosos señalan que con motivó de esos actos ya se les causa algún daño, es decir ellos aducen que tienen conocimiento de que los van a trasladar o que los van a reubicar y con motivó de ello, se les produce afectaciones psicofísicas, afectaciones emocionales, tortura, tortura emocional, se sienten intimidados, se sienten coaccionados, sienten angustia, sienten discriminación, sienten intimidación. Entonces, la tortura que reclaman los quejosos no se trata de actos objetivos sino en realidad se trata de actos subjetivos, ya que dicen quizá o hay la probabilidad de que nos trasladen, hay la probabilidad de que nos reubiquen a un dormitorio diferente y es eso lo que les produce una afectación psíquica, afectaciones emocionales, actos en los que se insiste lo hacen valer como tortura. Pero dicha apreciación únicamente la realizan los quejosos, de que la posible implementación de una medida que es legal, en este caso como es el traslado o la reubicación de dormitorio, es lo que los quejosos, consideran les produce todos estos actos catalogados como tortura. Se insiste, no se pueden separar los actos en razón de que los principales actos reclamados son el traslado y la reubicación, son actos objetivos, y los supuestos actos de tortura, son actos subjetivos, que no existen. Ahora, el que se les imponga una medida lícita y si esto subjetivamente les produce una afectación, (ello no podríamos encuadrarlo dentro del marco de la tortura), lo anterior, tiene fundamento en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el artículo 19 dice que no se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional e internacional aplicable Es decir, si se aplican medidas legales como en este caso la orden de traslado o la reubicación de dormitorio lo que subjetivamente eso les produzca a los sujetos pasivos ahora quejosos en la demanda de amparo; no puede considerarse como tortura. Los anteriores argumentos, fueron expresados por la mayoría de los magistrados integrantes del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la sesión ordinaria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, al analizar la contradicción de criterios ********************. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. V. Notificación vía exhorto Finalmente, dado que la defensora pública ********************, señaló como domicilio procesal el ubicado en ********************; y, los quejosos (1)********************, por sí y como representante común de (2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ******************** (7) ********************(8) ********************(9) ******************** (10) ********************(11) ******************** y (12) ********************, se encuentran internos en la penitenciaria de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que, por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique el presente auto a la defensora pública y los quejosos de mérito; haciéndoles entrega de la copia con firma electrónica del presente auto que para tal efecto se anexa, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos; facultando a la autoridad exhortada para que habilite días y horas inhábiles, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el efecto de que se sirva llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto, en los términos encomendados. Sin que sea el caso requerir acuse de recibo, en atención a que al remitirlo por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se genera uno electrónico. Hecho lo anterior, se solicita devuelva la presente comunicación a este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ASÍ COMO A LA DEFENSORA PÚBLICA VÍA EXHORTO.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano