Juan Manuel Espinosa González
Expediente 1246/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los presentes autos los oficios del 1.Presidente del Comité Técnico, 2.Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, 3.Encargado de la Subdirección de Seguridad, 4.Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, 5.Subdirector Jurídico, y 6.Director, todos adscritos a la Penitenciaria de la Ciudad de México, por los que informan las gestiones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos; atento a su contenido, remítanse los oficios de cuenta al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, previa copia simple que se dejen de los mismos. Lo anterior, en atención a lo acordado en auto de doce de enero de dos mil veintiuno, en el que el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepto la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de lo anterior a las autoridades oficiantes para el efecto de que cualquier comunicación en relación al juicio de amparo 1246/2020 (ahora 3/2021-III) lo realice ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 15/2021, signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias del juicio de amparo en que se actúa, y manifiesta que acepta la competencia declinada en su favor, la cual fue registrada con el número de expediente 3/2021-III de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal: ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se decretó la incompetencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el que remite el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, por las razones que en el mismo se expresan. Al respecto, atento a los razonamientos del Juzgado declinado, este órgano jurisdiccional no insiste en declararse legalmente incompetente por cuanto a dicho órgano jurisdiccional. Incompetencia. No obstante lo anterior, analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que los quejosos señalaron como acto reclamado: "(.) Reubicación del dormitorio 4 zona uno estancia once al dormitorio módulo de castigo diverso. (..)" Asimismo, el quejoso Juan Manuel Espinosa González refiere que el cinco de diciembre de dos mil veinte, el rondín del segundo grupo de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la Ciudad de México realizó una revisión donde existieron actos manifiestos de agresión psicofísica, tortura, intimidatorios y discriminatorios por parte de custodios, siendo llevado ilegalmente al área de castigo donde se le incomunicó, confinó y segregó y se le mantiene en intimidación. De igual manera, se señala en la demanda que el once de diciembre de dos mil veinte el rondín del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México agredió e intimidó a Carlos Alberto Angelino Barrón a fin de que desistiera de las acciones de defensa de él y del otro quejoso Juan Manuel Espinosa González con golpes y tortura psicofísica. Lo anterior, evidencia que los actos reclamados por los quejosos son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la que conoce este Juzgado y por ende, se considera que la competencia para conocer del presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dispone: "(.) Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: - - - I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - (.)". Sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; y no, precisamente, por las disposiciones que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo cual, regularmente, se puede determinar, mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, los hechos narrados y las pruebas aportadas. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.". De esta manera, puesto que en el presente juicio la litis se centra sobre actos que afectan indirectamente la libertad de los promoventes, por el referido cambio de área, así como por actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta procedente declinar competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Carlos González Valencia, en representación de ******************** y ********************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de demanda En tal virtud, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1246/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Sentido de la determinación inicial. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que el acto reclamado es: "(.) Reubicación del dormitorio 4 zona uno estancia once al dormitorio módulo de castigo diverso. (..)" Asimismo, el quejoso ******************** refiere que el ********************, el rondín del segundo grupo de seguridad y custodia de la penitenciaría de la Ciudad de México realizó una revisión donde existieron actos manifiestos de agresión psicofísica, tortura, intimidatorios y discriminatorios por parte de custodios, siendo llevado ilegalmente al área de castigo donde se le incomunicó, confinó y segregó y se le mantiene en intimidación. De igual manera, se señala en la demanda que el ******************** el rondín del segundo grupo de seguridad de la penitenciaría de la Ciudad de México agredió e intimidó a ******************** a fin de que desistiera de las acciones de defensa de él y del otro quejoso ******************** con golpes y tortura psicofísica. Lo anterior, evidencia que los efectos y consecuencias de la orden reclamada son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado. Por ende, se estima que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Sin embargo, tomando en consideración que los promoventes señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito Penales en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que conozca del mismo. Lo anterior, encuentra sustento además en la jurisprudencia número P./J. 44/2001, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito.". Ello es así, pues aunque la orden de cambio de área ya no afecta directamente la libertad personal de los promoventes, éstos pueden verses afectados mediante actos que determinen su permanencia en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando el cambio de área dentro del mismo centro penitenciario, por sí solo, no afecta la libertad personal de los quejosos, indirectamente modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de que pudiera lesionar directamente otros derechos. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de los promoventes, por el referido cambio de área, evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. A COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Suspensión de plano No ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada respecto al acto reclamado consistente en la reubicación del quejoso ******************** del dormitorio 4, zona uno, estancia once, al diverso dormitorio de castigo. Ello, toda vez que no se trata de un acto de los que están previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de lo que decida el Juez competente respecto de la suspensión provisional y definitiva respecto de ese acto. En cambio, en relación con los actos que los quejosos hacen consistir en la tortura física y psicológica, intimidación, tormentos, incomunicación, segregación y confinamiento, que aducen se ejecutan en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos ******************** y ********************, la suspensión de plano para que cesen de manera inmediata los actos mencionados, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Informe sobre suspensión de plano Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Domicilio Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentra recluidos, esto es, en el interior de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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