Juan Manuel Espinosa González

Expediente 1325/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1325/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Gobernador de Aguascalientes
  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe -- atento a su contenido, se autoriza la consulta y notificación del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo; toda vez que el usuario que proporciona se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Javier Delgadillo Quijas, fue adscrito a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./ADS./2418/2021, de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./CEN./002/2826/2021, de fecha once de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 44, párrafo tercero y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud de la licencia otorgada al referido Titular, a partir del día dieciséis de agosto al once de noviembre de dos mil veintiuno, fue designada la licenciada Aida Elizabeth Alferez Flores, como Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito.

  2. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual solicita una prórroga de quince días para estar en aptitud de cumplir cabalmente con la sentencia emitida en los presentes autos; consecuentemente, tan solo agréguese a los autos para los efectos legales procedentes en atención a que en veintisiete de julio dos mil veintiuno se le otorgó diversa prórroga y aun no fenece el término otorgado.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por contra actos del Director de la Penitenciaría CDMX y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1325/2021-IV-B. Como lo solicitan y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano solicitada en virtud de que en diverso juicio de amparo 1317/2021, se proveyó dicha medida cautelar por los mismos actos y en contra de las mismas autoridades que en el presente sumario se reclaman; siendo dichos efectos los siguientes: "Con fundamento en los numerales 53, 125, 126 y 140 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto que se hace consistir genéricamente en "actos prohibidos en el artículo 22 constitucional", relativos a: (i) penas de muerte, (ii) de mutilación, (iii) de infamia, (iv) la marca, (v) los azotes, (vi) los palos, (vii) el tormento de cualquier especie, (viii) la multa excesiva, (ix) la confiscación de bienes y (x) cualesquier pena inusitada y trascendental; así como del diverso consistente genéricamente en "Actos prohibidos artículos. 15 ley de amparo", es decir, de (xi) actos que importen peligro de privación de la vida, (xii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, (xiii) incomunicación, (xiv) deportación o (xv) expulsión, (xvi) proscripción o (xvii) destierro, (xviii) desaparición forzada de personas, así como (xix) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, reclamado de las autoridades responsables, para el efecto de que cesen de inmediato y no se lleven a cabo hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo en resolución que cause ejecutoria." Para mayor esclarecimiento en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Amparo, glósese copias de las constancias necesarias de lo actuado en el juicio de amparo 1317/2021 de referencia. Tiene aplicación al respecto la tesis I.14o.C.10 K que se lee en la página 971, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, cuyo texto dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por otra parte, cabe destacar que, de la lectura del escrito inicial de demanda de garantías de que se trata, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados ".Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo." "Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo. Represalias Intimidación y Discriminación.". Ahora bien, la distribución de competencias por razón de materia y territorio de los Juzgados de Distrito está encomendada al Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 94, párrafo sexto, del Pacto Federal, cuyo tenor es: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios y en Juzgados de Distrito (.)El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." Luego, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la competencia de los juzgados de Distrito, en razón de la materia, disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Los tribunales colegiados de circuito; Los tribunales unitarios de circuito; Los juzgados de distrito; y Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé: "(.) CAPITULO II DE SUS ATRIBUCIONES. Artículo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 50. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. (.)." "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." " Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 58. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." De los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en los juicios de amparo, el legislador tomó como base, la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por analogía, resulta aplicable la jurisprudencia por reiteración número 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos doce, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En este orden de ideas, el acto reclamado en los juicios de garantías se hace consistir en la aplicación retroactiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron, unas, en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y otras, a partir del uno de enero de dos mil dos, lo que se traduce en la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos a los que el quejoso tiene derecho de conformidad con el precepto invocado, en su texto vigente antes de la reforma efectuada del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres". Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para resolver una cuestión de competencia deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haga el quejoso en su demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la tesis aislada publicada en la página dos mil seiscientos setenta y cuatro, Tomo CIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZON DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." En ese sentido, para determinar la competencia por materia, respecto de los actos reclamados, este juzgado de Distrito se encuentra obligado a tomar en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida; lo que es dable determinarse mediante el análisis del acto reclamado y de los antecedentes de la demanda en estudio, así como de los elementos de convicción y de la invocación de preceptos legales en que se apoya la demanda. En ese contexto, si se toma en consideración que, como se ha indicado, el aspecto primordial conforme al cual se determina la competencia material, reside fundamentalmente en la naturaleza jurídica del acto reclamado, se tiene que, en el caso, los actos reclamados, puede concluirse que el mismo es de naturaleza penal, dado que, como se dijo, la parte quejosa reclama, en esencia, el traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro penitenciario, así como su reubicación, actos ejecutados por las autoridades penitenciarias; lo que da lugar a considerar que los actos tiene naturaleza penal y no administrativa o civil, ni de trabajo. En esas condiciones, es de concluirse que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, el presente juicio de amparo, y anexos, para el efecto de que resuelva respecto a la aceptación o no de la competencia declinada a su favor, e informe lo anterior a este juzgado Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda que sin demora se constituya en las penitenciarías o centros de reclusión de la Ciudad de México, a notificar el contenido del presente auto a A fin de dar celeridad a dicha comunicación, con fundamento en los artículos 20, párrafo segundo, y 28 de la Ley de Amparo, remítase el exhorto de referencia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea",

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