Juan Manuel Espinosa Gonzalez

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa Gonzalez
  • CARLOS GONZÁLEZ VALENCIA (Representante)
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR.

  2. Principal

    Agréguese el escrito por medio del cual, la licenciada Alma Delia González Gómez, en suplencia por periodo vacacional del licenciado Sergio Alberto Sánchez Jiménez defensor público de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de julio de la presente anualidad, desahoga la prevención formulada en dicho auto. Señala autoridades y actos reclamados. Ahora bien, del contenido del escrito de cuenta, se advierte que la defensora en cita, señala como responsables y actos los siguientes: En su doble aspecto Ordenadora y Ejecutora; 1.- DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. EL SUBDIRECTOR TÉCNICO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 4. CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Actos reclamados. 1.- La orden de reubicación del módulo donde se encuentran internos actualmente Carlos Alberto Angelino Barrón y de Juan Manuel Espinosa González, el dormitorio 4, zona 1, estancia 11, de la Penitenciaría de la ciudad de México, decretada en su contra. 3.- La falta de sustentación de un procedimiento en el que se respeten las garantías y derechos de Carlos Alberto Angelino Barrón y de Juan Manuel Espinosa González a que hace referencia la Ley Nacional de Ejecución Penal. 4.- La violación del derecho humano a la reinserción social previsto en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar la reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. En ese tenor, se tiene como señaladas a las autoridades que menciona y como actos, los citados que en ejercicio de sus funciones les atribuye. III. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, atendiendo a la causa de pedir de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de reubicación de módulo, fuera de procedimiento conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con motivo de la cual se vulnera su derecho fundamental la reinserción social. En el caso particular se actualizan la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, cuyo contenido es. «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo.» Numera que dispone que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora los artículos 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 107, 115, 117 fracciones I y II y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan: «Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y; (.) Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. » De conformidad con los citados artículos, se advierte, que respecto de la reubicación de modulo constituye una cuestión derivada de las condiciones de internamiento, cuya determinación en que se ordenaron esos actos, es impugnable mediante el procedimiento administrativo establecido en los artículos mencionados de dicha ley, el cual, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación en la que se ordenaron esos actos, por tanto, es inconcuso que previo acudir a esta instancia constitucional, debió haberlos impugnado y al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Ello, pues la excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal en como acontece en el presente asunto, pues los peticionario de garantías están en virtud de promover el recurso de controversias sobre condiciones de internamiento ante el Juez correspondiente, el cual suspenderá de manera inmediata dicho acto, así como sus consecuencias. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, al ser notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Apoya lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, la diversa sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1573, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO" Asimismo, se tiene, como hecho notorio, la existencia de los juicios de amparo 50/2021, 64/2021, 65/2021, 66/2021, 69/2021, 173/2021, 182/2021, 183/2021 y 184/2021, del índice de este juzgado, donde Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, reclaman los mismos actos reclamados que en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Alma Delia González Gómez, en suplencia por periodo vacacional del licenciado Sergio Alberto Sánchez Jiménez, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para entablar comunicación con los quejosos y desahogar la prevención formulada en autos, de lo cual se toma conocimiento.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ART. 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LAS NUEVE HORAS DEL 10/08/2021. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA PÚBLICA ASIGNADA ADGG EN SUPLKENCIA DEL DIVERSO SASJ, EL AUTO DE 26/07/2021, QUE DICE: ... Agréguese la comparecencia realizada al licenciado SASJ, defensor Público Federal por medio de la cual, cumple con el requerimiento de auto de fecha dieciséis de julio del año en curso y manifiesta que acepta y protesta el cargo para representar a los quejosos CAAB y JMEG, en consecuencia, téngase al compareciente dando cumplimiento a lo ordenado en este sumario constitucional....dicho defensor señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones las oficinas de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Publica ...se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique el presente auto la defensor público, proveído de fecha trece de abril del año en curso, así como se corra traslado con copia de la demanda de amparo, lo anterior para que manifieste lo que a su interés convenga, haciendo de su conocimiento que los autos del presente juicio de amparo se encuentran a disposición para su consulta.... se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si se entrevistó con el impetrante; asimismo, se le hace del conocimiento que de conformidad con el diverso precepto legal 114, de la Ley de Amparo, cuenta con el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, a efecto de que desahogue la prevención formulada al impetrante....se apercibe al defensor que de no realizar manifestación alguna, a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo intentada. {{

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