Juan Manuel Espinosa González y Otros.

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IX. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; en atención a su contenido, infórmese que por diverso 23943/2022 de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional acusó recibo vía electrónica del oficio 25197/2022 de diecisiete del citado mes y año, por el que declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por *** y otros; remitiendo copia certificada del juicio de amparo 812/2022-I de su índice, como se advierte del envío a través del Sistema de Interconexión entre los Órganos del Poder Judicial de la Federación, generándose de forma automática la constancia de devolución con número de folio 3867431. Asimismo, se le comunicó que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto. Por otra parte, del estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de junio del año que transcurre, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación secretarial señalada con la letra B, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, de que a consideración de esta autoridad no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.

  2. Principal

    MESA IX. (...) COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se acepta la competencia declinada por la autoridad suscriptora para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por LOS QUEJOSOS, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; acúsese el recibo de estilo. (...) DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia (...) Sentado lo anterior, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados: La orden de traslado de los quejososos. La orden de reubicación de los quejosos de dormitorio a otros dormitorios de diversos módulos, módulos que generan afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. Ataques y actos de coacción contra ******** por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Actos prohibidos del 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Intimidación. Discriminación. Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica de los impetrantes. (...) De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. En congruencia con lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional (...) En efecto, la firma de los promoventes son el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere y a partir del cual válidamente puede establecerse si es voluntad o no de la parte quejosa en instar la acción constitucional de amparo. De modo que, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. En tales condiciones, al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de las personas que se consideran afectadas en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. (...) Además, de la lectura integral de la demanda no se advierte que LOS QUEJOSOS, se encuentren en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. Lo anterior, ya que en el caso los actos reclamados no son de los previstos por el numeral 15 de la ley de la materia (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arábigo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). No obstante que, en el apartado de actos se refiera ".que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios.", ello, en virtud de que de la demanda se desprende que no los controvirtieron de manera autónoma, sino como consecuencia de la eventual reubicación o traslado de lo que se duelen, lo cual se trata de actos futuros y de realización incierta, basados en conjeturas carentes de sustento fáctico. (...) Además, respecto del traslado y reubicación, el juicio de amparo resultaría improcedente, con fundamento en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, pues no se advierte que hayan interpuesto el medio de defensa ordinario previsto en la Ley Nacional Ejecución Penal. (...) En consecuencia, toda vez que, se insiste, la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la firma electrónica de los presuntos quejosos, procede su desechamiento de plano, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda presentada de forma ordinaria. (...) Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado en primer término, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. (...) Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirle a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho-salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. REPRESENTANTE COMÚN Téngase como representante común de la parte quejosa a ******, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, al no haber señalado uno para tal efecto. (...)

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