Juan Manuel Duarte Delgado
Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Duarte Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación, por lo que transcurridos tres años, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 31 de mayo del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 204/2023, promovido por Juan Manuel Duarte Delgado, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Juan Manuel Duarte Delgado, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 8º párrafo 1º, 17 párrafos 1 y 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En el propio auto, se reconoció carácter de tercera interesada a Georgina García Ramíez, por sí y en representación de sus menores hijos Emelyn Quetzally y Matías Santiago, ambos de apellidos Duarte García, en cuanto parte actora en el juicio oral familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. De igual forma, en términos del numeral 8º, de la Ley de Amparo, a petición de este juzgador, se designó como representante especial de los menores de iniciales E.Q.D.G. y M.S.D.G., a Alejandro León Cortés, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrito a la Delegación en Michoacán, quien mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mi veintitrés, aceptó y protestó el cargo conferido. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que el quejoso reclama a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario oral familiar 1901/2018, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Irma Georgina García Ramírez, contra el aquí quejoso. En dicho auto la autoridad responsable en atención a lo solicitado por el quejoso, acordó que no ha lugar a admitir en trámite el recurso de apelación que hizo valer contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Tercera. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no obstante que omisa en rendir su correspondiente informe justificado, pese a que le fue oportunamente requerido mediante oficio 3337 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el cual recibió el veintiocho siguiente, por lo que en términos del artículo 117 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se atribuye a dicha autoridad. Lo que se corrobora con las constancias que allegó al juicio la citada juez responsable, consistentes en copia autorizada de las principales constancias relativas al juicio ordinario oral familiar 1901/2018, así como de las principales constancias del juicio especial oral familiar sobre modificación de convenio 959/2022 [constantes de dos tomos]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate. Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador de oficio advierte su existencia, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Como se dijo, la parte quejosa reclama el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el cual la juez responsable no admitió el recurso de apelación que intentó el quejoso contra el diverso acuerdo de veinticuatro del propio mes y año, cuya imagen se inserta a continuación: Al respecto, en su único concepto de violación el quejoso refiere esencialmente: Que la determinación reclamada vulnera sus derechos y garantías porque declaró improcedente el recurso de apelación interpretando la ley de manera incorrecta, ya que el auto combatido sí pone fin al procedimiento, en virtud de que en dicho acuerdo la responsable se negó a aplicar las medidas de apremio establecidas en el numeral 925 de la ley adjetiva, y como se dijo en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, las partes celebraron convenio para poner fin a la controversia y es natural que el recurrente le haya solicitado a la autoridad responsable aplicar los medios de apremio necesarios para hacer cumplir en todos y cada uno de sus términos el multicitado pacto volitivo. Que al negarse la autoridad responsable a aplicar dichos medios de apremio, de facto está concluyendo el proceso de ejecución y por tanto concluye tajantemente el procedimiento violentando las garantías de debido proceso y de legalidad, dejándolo en estado de indefensión, pues tiene facultad absoluta para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que no hacerlo resulta contradictorio y violatorio de los principios constitucionales establecidos en el artículo 4º, ya que la responsable se encuentra obligada a garantizar los derechos de los menores inmersos en el procedimiento, y al no exigir el cumplimiento a través de los medios que establece la ley provocó que los menores sigan sin convivir con el recurrente. Por tanto, señala que la determinación reclamada, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, resulta violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, a la ejecución de sentencias y a la impartición de justicia, así como a la correcta aplicación del principio pro-homine, pues la interpretación de la ley debe ser en beneficio del justiciable, y con ello se obstaculizó la efectiva ejecución de los rubros que cubre el acuerdo de voluntades celebrado por las partes. Los anteriores argumentos devienen infundados en una parte e inoperantes en otra más, como se explica a continuación. En primer lugar, resultan infundados porque la determinación de treinta de enero de dos mil veintitrés, que negó admitir el recurso de apelación intentado por el quejoso, se considera apegada a derecho. Para precisar la razón de ello, se considera necesario traer a contexto lo que dispone el artículo 1092 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que a la letra expresa: "Artículo 1092. Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva." De la transcripción literal del numeral transcrito se obtiene, para lo que aquí interesa, que sólo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, son apelables. De lo que se sigue que si en los procedimientos familiares, sólo es admisible el recurso de apelación contra las sentencias, autos e interlocutorias que pongan fin al procedimiento, el auto que intentó combatir el quejoso, en el que se le dijo que se estuviera a lo acordado en diverso auto, mediante el cual se estableció que el trámite del juicio de origen se encuentra totalmente concluido quedando expedito el derecho de las partes para hacerlo valer en la vía y términos que establece la ley, no es recurrible. Ello porque, contrario a lo que sostiene el quejoso, el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés no declaró concluido el juicio de origen, sino que en atención a la petición del quejoso en el sentido de que se aplicaran a su contraria los medios de apremio que establece la ley de la materia, se le remitió al diverso auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se dijo que el asunto se encontraba totalmente concluido a través del convenio celebrado por los contendientes, quedando expedito el derecho de las partes para hacerlo valer en la vía y términos que establece la ley, respecto de cualquier modificación al citado consenso de voluntades. Asimismo, la determinación combatida tampoco es una sentencia ni una interlocutoria que hubiere puesto fin a un procedimiento o incidente. En tal virtud, es correcto que la autoridad responsable no acordara favorable la petición del quejoso, en el sentido de admitir a trámite el recurso de apelación intentado contra el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, pues la razón de ello obedece a que el citado auto no es impugnable mediante el recurso de apelación. Y en segundo término, debe calificarse de inoperante el argumento que expone el quejoso, en donde aduce que la determinación reclamada lo deja en estado de indefensión, pues la autoridad responsable tiene facultad absoluta para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que no hacerlo resulta contradictorio y violatorio de los principios constitucionales establecidos en el artículo 4º, ya que se encuentra obligada a garantizar los derechos de los menores inmersos en el procedimiento, y al no exigir el cumplimiento a través de los medios que establece la ley provocó que los menores sigan sin convivir con el recurrente. Es decir, dicho argumento no está encaminado a combatir las razones expuestas por la autoridad responsable en el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés para determinar la no admisión del recurso intentado, relativas a que contra dicho auto no es admisible la apelación, sino que su argumento consiste en controvertir que al no decretar medidas de apremio contra su contraria no se exigió el cumplimiento al convenio celebrado y ello provoca que los menores involucrados no convivan con el recurrente. Cuestión la anterior que, como se dijo, no forma parte del acto reclamado en esta instancia constitucional, por lo que este juzgador se encuentra impedido legalmente para hacer pronunciamiento al respecto. En esas condiciones, no se advierte vulneración a los derechos humanos del quejoso, previstos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Manuel Duarte Delgado, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos que quedaron precisados en la quinta consideración de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 31 de mayo de dos mil veintitrés, y se emplaza al presente juicio, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo.
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