Juan Manuel Díaz Hernández
Expediente 2051/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2051/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/02/2022
Partes del expediente
- Juan Manuel Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable; acuerdo que le fue notificado el veintisiete de enero siguiente, por lo que transcurrió el plazo concedido. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: De no haberlo hecho aún, con libertad de decisión, dicte acuerdo en el que se pronuncie acerca de la promoción presentada el diez de agosto de dos mil veintiuno, en la que se solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo en el juicio laboral 874/2015/17-E, de su índice, y ordene hacerlo del conocimiento de las partes, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable mediante actuación de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictó acuerdo en el que se pronunció acerca de la promoción presentada el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 874/2015/17-E, de su índice, y ordenó hacerlo del conocimiento de las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Orden de archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. IV. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al haberse concedido el amparo. V. Oposición de datos personales. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, qué devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Autoridad remite copia certificada. Téngase por recibido el oficio proveniente de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de enero del año en curso, se remite copia certificada del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen; al respecto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Vista cumplimiento. En esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla Notifíquese por lista física y electrónica.
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Visto el escrito de cuenta signado por ****, autorizada en amplios términos de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual por una parte, se sobreseyó el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados de las autoridades responsables Secretario de Comunicaciones y Transportes; Director General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Directora del Registro Público y Control Inmobiliario del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales; Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Director General de Gestión Forestal y Suelos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisionado Nacional de Seguridad; Comisionado General de la Policía Federal; General Secretario de la Defensa Nacional; Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Director General del Centro "SCT JALISCO" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Encargado de la Oficina de Derecho de Vía del Centro "SCT JALISCO" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco; Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco; Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco; Coordinador Estatal de la Policía Federal en Jalisco; Jefe del Estado Mayor de la Quinta Región Militar; Jefe del Estado Mayor de la Quinceava Zona Militar; y Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco; y por otra, se concedió el ampara y protección al Comisariado Ejidal del Poblado de San Juan Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contra los actos reclamados al Director General del Centro "SCT" Jalisco, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Distribución del escrito de agravios a las partes. Distribúyanse las copias de los agravios respectivos, quedando a disposición de las partes, las que les corresponden, en la Secretaría de este Juzgado Federal, en tanto que a las autoridades responsables remítaseles mediante oficio. Sustanciación del recurso. Dentro de los tres días siguientes al en que obre la totalidad de constancias de notificación a las partes, a efecto de que se sustancie el recurso interpuesto, mediante oficio que se envíe al correo guadalupe.solorzano.aguayo@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, petición de turno; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del recurso de trato. Una vez que exista constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente electrónico del presente amparo, para consulta del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Razón por la cual, no se ordena la remisión física de constancia alguna. Formación del cuaderno de antecedentes. Cabe precisar que resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, en razón de que, para la tramitación de este recurso, no se envían las actuaciones originales de la presente instancia.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2051/2021; y, R E S U L T A N D O:PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de noviembre de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -----, por conducto de su apoderado especial ----------, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por el acto y contra la autoridad siguiente: Acto reclamado: La omisión de dar trámite al incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral ---------, solicitado mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno. Autoridad responsable: Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la cual se radicó bajo el número de expediente 2051/2021, y previo requerimiento, por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda promovida, requiriéndose el informe justificado y se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Luego, tramitado que fue el presente juicio constitucional, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta que antecede.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 58, 60 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo solicitado mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ----------, del índice de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado; lo cual constituye una confesión expresa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: Quinta ÉpocaRegistro digital: 394261Instancia: PlenoJurisprudenciaFuente: Apéndice de 1995Tomo VI, Parte SCJNMateria(s): ComúnTesis: 305Página: 206 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.CUARTO. Consideraciones previas al estudio de fondo. I. No se actualiza causa de sobreseimiento. Como se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada.QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de amparo, se centra en determinar si la autoridad responsable incumple los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral de origen, para aperturas el incidente de liquidación del laudo.II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, narrados por la parte quejosa en su escrito de demanda, en los términos siguientes: La parte quejosa presentó demanda laboral la cual se radicó ante la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, bajo expediente laboral -----. Seguido el juicio por sus etapas legales, el diez de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó escrito ante la responsable, en el cual solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo y en el cual hasta el día de hoy no ha recaído acuerdo correspondiente (omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). III. Conceptos de violación. El quejoso aduce, en esencia, que se violaron en su perjuicio los principios contenidos en el artículo 17 Constitucional, por lo siguiente: Se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental a una impartición de la justicia de manera pronta y expedita, al no ordenar la apertura del incidente de liquidación del laudo en el juicio de origen.IV. Decisión sobre la litis constitucional. El concepto de violación es fundado, lo cual motivará la concesión del amparo solicitado para los efectos que luego se precisarán.La parte quejosa se duele de la omisión de la Junta responsable de dar trámite al incidente de liquidación del laudo, en el juicio de origen, lo que aduce viola el artículo 17 Constitucional, en razón de que se transgrede su derecho fundamental a que se le administre justicia pronta y expedita pues se paraliza el procedimiento injustificadamente.Por su parte, la autoridad responsable fue omisa en referirse respecto al acto reclamado señalado en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo.Los argumentos expuestos se estiman fundados. Pues bien, asiste razón a la parte peticionaria de amparo, dado que la responsable no acreditó haber dado respuesta a la promoción que recibió del actor en el que solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo.Ahora bien, si desde el diez de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad laboral recibió aquella promoción en la que se le solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo y a la fecha esta no demostró haberla atendido resulta inconcuso que se vulneró en perjuicio del quejoso el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo.Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable debió dictar la providencia respectiva, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del libelo, y al no haberlo hecho así, viola en perjuicio del quejoso el principio de expeditez contenido en el artículo 17 Constitucional.Para corroborar tales asertos, resulta pertinente establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios:1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.Lo anterior se desprende de la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:Novena ÉpocaRegistro digital: 921075Instancia: Segunda SalaTesis AisladaFuente: Apéndice (actualización 2002)Tomo I, ConstitucionalMateria(s): ConstitucionalTesis: 3Página: 227Genealogía:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, Segunda Sala, tesis 2a. L/2002.ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.Amparo directo en revisión 980/2001.-Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V.-1o. de marzo de 2002.-Cinco votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, Segunda Sala, tesis 2a. L/2002.Asimismo relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 Constitucional pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. Dicho lo anterior, se pone de manifiesto que la Junta responsable, en términos del artículo 17 Constitucional, tiene la obligación de administrar justicia dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial.Para corroborar lo anterior, conviene reproducir el contenido del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que estatuye lo siguiente:Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito, salvo en disposición en contrario de esta Ley.De lo anterior se advierte que, la autoridad responsable no acreditó con constancia alguna haber dictado proveído en relación a la petición de apertura del incidente de liquidación del laudo, vulnerando lo dispuesto en dicho numeral y por ende el principio constitucional de administrar justicia de manera pronta y expedita. En las relatadas consideraciones, se estima que la actitud contumaz de la autoridad responsable, transgredió el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional, y en consecuencia procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la parte peticionaria del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: De no haberlo hecho aún, con libertad de decisión, dicte acuerdo en el que se pronuncie acerca de la promoción presenta el diez de agosto de dos mil veintiuno, en la que se solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo en el juicio laboral --------, de su índice, y ordene hacerlo del conocimiento de las partes, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado y de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo.Sin que la protección constitucional otorgada se haga extensiva a las demás etapas procesales del procedimiento de origen, pues ésta se encuentra limitada a la etapa en que se ubica el acto reclamado.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice:Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ----------, contra el acto que reclamó de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, indicado en el considerando segundo, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia.Notifíquese por lista física y electrónica.
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