Juan Manuel Díaz Alvarado
Expediente 993/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Juan Manuel Díaz Alvarado
- JUAN MANUEL DÍAZ ALVARADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento legal, en contra de la determinación de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en los registros que para tal efecto se llevan en este órgano jurisdiccional y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por no existir promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II. Por tanto, indíquese la valoración relativa en la carátula de los expedientes; y, háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexos, remitidos por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual en alcance a su informe justificado remite como pruebas de su parte copias certificadas del cuaderno de ejecución 92/2020, de su índice, con su contenido dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto en indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de una lectura integral de la demanda, se obtiene que el quejoso Juan Manuel Díaz Alvarado, promovió demanda de amparo, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, reclamando la omisión y aplazamiento de dar trámite a su solicitud beneficio de remisión parcial de la pena formulada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. En atención a ello, del oficio y anexo que hoy se atienden, se obtiene que la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, dictó acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, en el cuaderno de ejecución 92/2020, de su índice, mediante el cual radicó la petición de la remisión parcial de la pena formulada por el quejoso el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, señaló las once horas del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia pública en donde resolverá su solicitud. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -once de agosto de dos mil veintitrés- la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, acordó el escrito mediante el cual Juan Manuel Díaz Alvarado, solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena; señaló fecha para el desahogo de la audiencia a fin de resolver la solicitud planteada; es claro que para los efectos del amparo la omisión reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de tres de octubre de dos mil veintidós, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al Actuario adscrito correr traslado a la quejosa con copia de dicha determinación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese; personalmente en el lugar de su reclusión y a sus autorizados.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexos, remitidos por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, mediante el cual en alcance a su informe justificado remite como pruebas de su parte copias certificadas del cuaderno de ejecución 92/2020, de su índice, con su contenido dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto en indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente asunto. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de una lectura integral de la demanda, se obtiene que el quejoso Juan Manuel Díaz Alvarado, promovió demanda de amparo, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, reclamando la omisión y aplazamiento de dar trámite a su solicitud beneficio de remisión parcial de la pena formulada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. En atención a ello, del oficio y anexo que hoy se atienden, se obtiene que la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, dictó acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, en el cuaderno de ejecución 92/2020, de su índice, mediante el cual radicó la petición de la remisión parcial de la pena formulada por el quejoso el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, señaló las once horas del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia pública en donde resolverá su solicitud. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo -once de agosto de dos mil veintitrés- la autoridad responsable Juez de Control Especializada en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, acordó el escrito mediante el cual Juan Manuel Díaz Alvarado, solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena; señaló fecha para el desahogo de la audiencia a fin de resolver la solicitud planteada; es claro que para los efectos del amparo la omisión reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del auto de tres de octubre de dos mil veintidós, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al Actuario adscrito correr traslado a la quejosa con copia de dicha determinación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/991 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las condiciones anotadas, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese; personalmente en el lugar de su reclusión y a sus autorizados. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, con vista a las partes, para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, la potestad en cita, informa que remitirá de manera física las constancias relativas al acto reclamado. En ese tenor, una vez que obren las constancias de referencia, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a sus autorizados.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM
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