Juan Manuel Delon Guerrero
Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Delon Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruir con posterioridad al TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió diversas documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado debido al volumen de las constancias remitidas, toda vez que por las razones expuestas en el presente acuerdo, resulta innecesaria la conservación de dicho tomo, devuélvase a la autoridad de mérito, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se contará con la constancia de notificación correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en el presente biinstancial se hace consistir en lo siguiente: El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 075/2007-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, determinación pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio 518/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Al respecto, resulta oportuno señalar que es un hecho notorio para el suscrito juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 518/2021/IV-A, el cual fue promovido por el mismo quejoso Juan Manuel Delón Guerrero, contra la autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el que señaló como actos reclamados los siguientes: "1. El acuerdo de dos de junio de la anualidad pasada, dictado en los autos del juicio laboral 75/2007-III, en el que la autoridad responsable le concede al aquí quejoso un término de tres días, para que manifieste lo procedente, respecto al buen cobro del cheque entregado por el ayuntamiento demandado, como concepto de pago de las prestaciones condenadas en el laudo, con el apercibimiento de no hacerlo, se tendría por bien cobrado y por archivado el expediente, por carecer de materia para la prosecución del mismo. 2. El proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el que el tribunal responsable, hace efectivo el apercibimiento del diverso acuerdo de dos de junio del año pasado, tiene por bien cobrado el cheque 0000067 de uno de junio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $2´000,000.00 (dos millones de pesos moneda nacional), expedido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; asimismo, ordenó el archivo del expediente 75/2007-III, como asunto total y definitivamente concluido." Actos reclamados contra los que se concedió el amparo y protección en favor del promovente en sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para el efecto de que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistente el acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, así como el de ocho del mismo mes y año, al ser una consecuencia directa e inmediata, dictados en el juicio laboral 75/2007-III. 2.- Con libertad de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el que funde y motive el apercibimiento de archivar el juicio laboral de origen." Luego, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se proveyó en dicho juicio que había causado ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, el veintitrés de junio de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado el oficio 1616/2022-A, de esa misma data, a través del cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en el expediente 75/2007-III, con el que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el cual dejó insubsistentes los acuerdos de dos y ocho de junio dos mil veintiuno, y proveyó con libertad de jurisdicción que de conformidad artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, 224 de la ley citada, así como 8º Constitucional, en la comparecencia de dos de junio de dos mil veintiuno, el actor estuvo asesorado por el Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Públicas, sin que hiciera manifestación a la reinstalación, por lo que de manera voluntaria, libre y espontánea solicitó el archivo del expediente, por lo que se encuentra impedido para continuar con el procedimiento de ejecución, por así haberlo convenido las partes el dos de junio de la anualidad pasada, por tanto, ordenó el archivo del mismo, como total y definitivamente concluido. En atención a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, se dio vista al aquí quejoso Juan Manuel Delón Guerrero con las constancias relativas al cumplimiento, la cual desahogó por escrito presentado el cuatro de julio de la presente anualidad, acordado en proveído de cinco de ese mismo mes y año. Seguido el trámite, mediante resolución de veintitrés de agosto, el suscrito estimó que había defecto en el cumplimiento en el acuerdo de cumplimiento, por lo que se volvió a requerir al Tribunal responsable a efecto de que subsanara el exceso en el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el oficio 2219/2022-A, de esa misma data, a través del cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 75/2007-III, con el que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el cual dejó insubsistentes los acuerdos de dos y ocho de junio dos mil veintiuno, y proveyó lo respectivo con libertad de jurisdicción. En ese contexto, el referido juicio de amparo se tiene a la vista y constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por tratarse de un asunto tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual puede invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes, pues basta esa circunstancia para conocer su contenido. Lo anterior tiene sustento por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial". Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En ese tenor, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.) Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar, que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII, es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que acontece por causas ajenas a la voluntad de la autoridad de mérito. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio 2a. XLVIII/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causal de improcedencia los siguientes: a.- Que subsista el acto reclamado; y, b.- Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo este orden de ideas, el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 075/2007-III, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, determinación pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria del diverso juicio de amparo 518/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, acuerdo que ya fue analizado en proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad y se determinó que no cumple con los lineamientos de la ejecutoria amparadora. Sin embargo, de los antecedentes descritos del diverso juicio de amparo 518/2021, no se desprende que al emitir el nuevo cumplimiento de amparo (acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 75/2007-III), se haya dejado sin efectos el diverso acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, con el cual el Tribunal responsable pretendió dar cumplimiento al fallo protector en primer momento, por lo que aún es una resolución válida y legítima, por tanto, se cumplió con el primer requisito de la causal de improcedencia que se analiza, el cual se ha identificado en el inciso "a" que antecede ("a.- Que subsista el acto reclamado"). De igual forma, se colmó el diverso requisito señalado en el inciso "b", puesto que aun cuando subsiste el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós (acto reclamado en el presente juicio de amparo); sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objetivo, con motivo de la emisión del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se determinó que la responsable incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el diverso juicio 518/2021, del índice de este juzgado. En ese sentido, aun y cuando subsiste el acto combatido en este juicio de amparo, la esfera jurídica de la parte quejosa se ha modificado de modo tal que sería imposible restituirlo en las garantías violadas en el supuesto de que éstas existieran. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia, si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en el presente biinstancial se hace consistir en lo siguiente: El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 075/2007-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, determinación pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio 518/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Al respecto, resulta oportuno señalar que es un hecho notorio para el suscrito juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 518/2021/IV-A, el cual fue promovido por el mismo quejoso Juan Manuel Delón Guerrero, contra la autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el que señaló como actos reclamados los siguientes: "1. El acuerdo de dos de junio de la anualidad pasada, dictado en los autos del juicio laboral 75/2007-III, en el que la autoridad responsable le concede al aquí quejoso un término de tres días, para que manifieste lo procedente, respecto al buen cobro del cheque entregado por el ayuntamiento demandado, como concepto de pago de las prestaciones condenadas en el laudo, con el apercibimiento de no hacerlo, se tendría por bien cobrado y por archivado el expediente, por carecer de materia para la prosecución del mismo. 2. El proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el que el tribunal responsable, hace efectivo el apercibimiento del diverso acuerdo de dos de junio del año pasado, tiene por bien cobrado el cheque 0000067 de uno de junio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $2´000,000.00 (dos millones de pesos moneda nacional), expedido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero; asimismo, ordenó el archivo del expediente 75/2007-III, como asunto total y definitivamente concluido." Actos reclamados contra los que se concedió el amparo y protección en favor del promovente en sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para el efecto de que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistente el acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, así como el de ocho del mismo mes y año, al ser una consecuencia directa e inmediata, dictados en el juicio laboral 75/2007-III. 2.- Con libertad de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el que funde y motive el apercibimiento de archivar el juicio laboral de origen." Luego, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se proveyó en dicho juicio que había causado ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, el veintitrés de junio de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado el oficio 1616/2022-A, de esa misma data, a través del cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida en el expediente 75/2007-III, con el que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el cual dejó insubsistentes los acuerdos de dos y ocho de junio dos mil veintiuno, y proveyó con libertad de jurisdicción que de conformidad artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, 224 de la ley citada, así como 8º Constitucional, en la comparecencia de dos de junio de dos mil veintiuno, el actor estuvo asesorado por el Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Públicas, sin que hiciera manifestación a la reinstalación, por lo que de manera voluntaria, libre y espontánea solicitó el archivo del expediente, por lo que se encuentra impedido para continuar con el procedimiento de ejecución, por así haberlo convenido las partes el dos de junio de la anualidad pasada, por tanto, ordenó el archivo del mismo, como total y definitivamente concluido. En atención a lo anterior, por acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, se dio vista al aquí quejoso Juan Manuel Delón Guerrero con las constancias relativas al cumplimiento, la cual desahogó por escrito presentado el cuatro de julio de la presente anualidad, acordado en proveído de cinco de ese mismo mes y año. Seguido el trámite, mediante resolución de veintitrés de agosto, el suscrito estimó que había defecto en el cumplimiento en el acuerdo de cumplimiento, por lo que se volvió a requerir al Tribunal responsable a efecto de que subsanara el exceso en el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el oficio 2219/2022-A, de esa misma data, a través del cual la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, remitió copia certificada del acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 75/2007-III, con el que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el cual dejó insubsistentes los acuerdos de dos y ocho de junio dos mil veintiuno, y proveyó lo respectivo con libertad de jurisdicción. En ese contexto, el referido juicio de amparo se tiene a la vista y constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por tratarse de un asunto tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual puede invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes, pues basta esa circunstancia para conocer su contenido. Lo anterior tiene sustento por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial". Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En ese tenor, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.) Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar, que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII, es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que acontece por causas ajenas a la voluntad de la autoridad de mérito. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio 2a. XLVIII/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causal de improcedencia los siguientes: a.- Que subsista el acto reclamado; y, b.- Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo este orden de ideas, el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 075/2007-III, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, determinación pronunciada en cumplimiento a la ejecutoria del diverso juicio de amparo 518/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, acuerdo que ya fue analizado en proveído de veintitrés de agosto de la presente anualidad y se determinó que no cumple con los lineamientos de la ejecutoria amparadora. Sin embargo, de los antecedentes descritos del diverso juicio de amparo 518/2021, no se desprende que al emitir el nuevo cumplimiento de amparo (acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 75/2007-III), se haya dejado sin efectos el diverso acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, con el cual el Tribunal responsable pretendió dar cumplimiento al fallo protector en primer momento, por lo que aún es una resolución válida y legítima, por tanto, se cumplió con el primer requisito de la causal de improcedencia que se analiza, el cual se ha identificado en el inciso "a" que antecede ("a.- Que subsista el acto reclamado"). De igual forma, se colmó el diverso requisito señalado en el inciso "b", puesto que aun cuando subsiste el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós (acto reclamado en el presente juicio de amparo); sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objetivo, con motivo de la emisión del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se determinó que la responsable incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el diverso juicio 518/2021, del índice de este juzgado. En ese sentido, aun y cuando subsiste el acto combatido en este juicio de amparo, la esfera jurídica de la parte quejosa se ha modificado de modo tal que sería imposible restituirlo en las garantías violadas en el supuesto de que éstas existieran. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia, si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y mediante
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes estén en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, transcurre del veinticinco de agosto al cinco de septiembre de la presente anualidad. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE" Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO)". Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Ninfa Zavaleta Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Juan Manuel Ayala Maldonado406/2018
- Juan Manuel Ayala Maldonado366/2019
- Juan Manuel Becerril de la Llata547/2021
- Juan Manuel Cárcamo Castillo515/2019
- Juan Manuel Delon Guerrero518/2021
- Juan Manuel Delon Guerrero968/2022
- Juan Manuel Delón Guerrero668/2017
- Juan Manuel Flores Álvarez524/2015
- Juan Manuel Flores Álvarez96/2019
- Juan Manuel García Gutiérrez532/2019
- Juan Manuel García Gutíerrez1485/2017
- Juan Manuel Garcia Roldan1134/2022