Juan Manuel Cohuoh Barrera

Expediente 438/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
438/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Cohuoh Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos del presente juicio de amparo el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con un anexo, consistente en el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 468/2022, de su índice, formado con motivo del de la queja interpuesta por el quejoso Juan *********. Acúsese recibo. Ahora bien, dicha resolución en lo conducente, se resolvió lo siguiente: "(...) ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********* en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, dictado por la Juez Décimo de Segundo de Distrito en el Estado, residente en Córdoba, Veracruz, en los autos del juicio amparo indirecto 438/2022, en el cual desechó la demanda de amparo. (...)" Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Además, se determina que el presente expediente una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso d), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, debido a que en la Secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda, exhibidas por el promovente y dado que con el presente proveído queda firme el auto en el que se desechó la misma, procédase a su destrucción

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, atento a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Juan Manuel Cohuoh Barrera, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; el cual quedó radicado bajo el número 468/2022 de su índice administrativo.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha se encuentra integrado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el quejoso ******** en consecuencia, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimientos de Expediente (S.I.S.E.), el recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación citado, conforme a los lineamientos precisados en el proveído de trece de junio del año en curso. Cúmplase

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con un anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 172/2022 (orden 1702/2022), derivado del presente juicio de amparo, que le fuera enviado con el fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara al promovente **********, el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso; por tanto, dese de baja la citada comunicación oficial, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). En consecuencia, hágase por lista la notificación de dicho auto y del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones....EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE POR LISTA EL AUTO DE 31/05/2022 QUE DICE:...Córdoba, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********, con seis copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 438/2022. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En lo conducente, resulta aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En relación con lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el asunto que nos ocupa, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no contar el quejoso con el interés legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXX/2013, visible en la página 1854, del Libro XXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte, en lo que trasciende, que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, la emisión de normas y actos inconstitucionales, para realizar donaciones cuantiosas del dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, al contratar y celebrar convenios por parte del Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, a cambio de un "pago o donación". Ello, sobre la base de que, dice, cuenta con interés legítimo para reclamar dicho acto, en razón de ".ser ciudadano mexicano y tener derecho a reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México.". Sin embargo, como se anticipó, no cuenta con interés legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. Es así, pues -como se dijo- el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona o grupo de personas que comparecen al proceso, sin que dicha persona o grupo requieran de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona o colectividad que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Así, la justificación de una transgresión al interés difuso, sea de forma individual o colectiva, a que hace alusión el requisito precisado con el inciso b) de los elementos constitutivos del interés legítimo precisados en líneas precedentes, implica la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En otras palabras, mediante el interés legítimo la parte demandante debe encontrarse en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. En el asunto que nos ocupa, al verificar la situación del promovente frente al acto de autoridad, expuesta en la demanda, se advierte con claridad que el peticionario de amparo no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo, sino que en todo caso, se trata de un interés simple; y aun cuando se admitiera y tramitara la demanda, la situación del impetrante no cambiaría, pues de los hechos y las razones expuestas en la demanda, se advierte con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple. Es así, pues expresamente señaló: "(.) el Presidente con facultades y atribuciones con las que no TIENE NI ESTÁN CONTEMPLADAS en términos del artículo 89 Constitucional, el Presidente de México al REALIZAR DONACIONES CUANTIOSAS DE DINERO DEL DINERO DEL PUEBLO MEXICANO, REGALANDO DINERO DE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS (.) Al darles preferencia el presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos que contrató mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos, enfermeras-os y personal médico mexicanos (.) De igual manera se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar servicio médico para el que se ordenó que se contraten extranjeros (.) Actos unilaterales y determinaciones contrarías a los intereses y en grave perjuicio a los intereses de la sociedad y de la colectividad de la ciudadanía de todo México, Afectándose gravemente a todo el sector Salud. desconociendo como consecuencia y restándoles capacidad e importancia y demeritándolas a todas las Instituciones Educativas, Universitarias, Politécnicos, Tecnológicos, y Escuelas de medicinas de todo el país de México y a todos los profesionistas médicos que egresan de dichas instituciones educativas como lo es el presente caso que contrató a 500 MÉDICOS QUE NO TIENEN TÍTULO NI NINGÚN TIPO DE DOCUMENTOS LEGALES AMPARADOS POR TODAS LAS RESPONSABLES ANTES SEÑALADAS, para que trabajen COMO MÉDICOS EN EL PAÍS DE MÉXICO, violándose directamente por parte del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. los artículos 1, 5, 32, 87, 89, 123 de nuestra Constitución como lo es el contratar y celebrar convenio en forma indebida para que 500 quinientos o más supuestos médicos, enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera. trabajen o laboren en toda la República Mexicana, en la Ciudad de México o en los 32 Estados de México, laboren y cobren como profesionistas médicos sin contar CON EL CERTIFICADO NI EL TÍTULO PROFESIONAL NI LAS CÉDULAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES (.) Así también, estos actos vulneran la posibilidad de encontrar empleo para ciudadanos en la búsqueda del mismo, pues estos actos niegan totalmente la posibilidad de que tengan la posibilidad de participar en alguna convocatoria para este empleo, para que sea imparcial y en beneficio del pueblo mexicano. dejando en total desventaja de posibilidades laborales a los médicos de México (.)." Lo que pone en evidencia que los actos que reclama no transgreden en su perjuicio, de forma individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues, se reitera, aun cuando señala que con la celebración del convenio o contrato realizado entre Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la "sociedad", y en particular a los profesionistas en medicina del País, dado que se transgredida su derecho a ejercer su profesión, tutelado en el artículo 5° constitucional, al ser "despojados" por especialistas de otra nacionalidad; y que no está demostrado que dicho personal extranjero tenga algún documento de identificación oficial que los acredite para ejercer la referida profesión, verbigracia, titulo o cédula profesional; ello resulta insuficiente para considerar que cuenta con interés legítimo, puesto que no le irrogan un perjuicio directo en su esfera jurídica o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, tal y como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, al ser evidente que el impetrante de amparo basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, porque sostiene un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que guarde su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo; se concluye que únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes pudiera o no afectarles la celebración del convenio combatido. Corolario de lo anterior, la parte quejosa no acredita que el acto reclamado transgreda en su perjuicio, de forma cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues no se advierte transgresión alguna de esa naturaleza derivada de la celebración del convenio de colaboración que impugna, de tal forma que la concesión del amparo implique la obtención de un beneficio o efecto positivo determinado en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En lo conducente, se invoca como apoyo, la jurisprudencia 1a./J.8/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690, del libro 33, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, del libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, tomo II, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En tales condiciones, al actualizase de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por **********, contra los actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Sirve de apoyo, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA QUEJOSA. Toda vez que el promovente señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones, entre otros, el ubicado en: *********** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por única ocasión, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, proceda a notificarle el presente proveído a *********; asimismo, deberá requerirlo para que en el término de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la ciudad de Córdoba, Veracruz; lo aperciba que de no hacerlo así dentro del plazo indicado para ello, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como sus autorizados con facultades amplias, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Valente Arizabalo Priego y Ruperto Martínez Gómez, toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas ante este juzgado y en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente con las facultades restringidas que establece el segundo párrafo, del indicado precepto, a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en igual de circunstancias. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las diligencias ordenadas en el presente juicio. Consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de promovida por **********, contra los actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades.

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