Juan Manuel Chavez Ramirez
Expediente 2115/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2115/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/09/2018
Partes del expediente
- Juan Manuel Chavez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual remite las constancias de notificación de los oficios 23852/2017, 23853/2017 y 23854/2017, así como copia certificada de la correspondiente al oficio 23850/2017, requeridas en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Glósense a los autos las constancias en comento para que obren como correspondan, en virtud de que en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno principal, se ordenó el archivo de este juicio, como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, informa que una vez que cuente con el acuse relativo al oficio 23851/2017, lo remitirá a la brevedad. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se desprende que no obran las constancias de notificación de los oficios 23850, 23851, 23852, 23853 y 23854, correspondientes a la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, emitida por el juzgado auxiliado en el juicio de amparo 280/2017 de su índice, radicado en este juzgado con el diverso 2115/2017; en consecuencia, únicamente para la debida integración del expediente en que se actúa, en razón de que por auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el cuaderno principal, se ordenó el archivo del asunto como concluido, solicítese al citado juzgado, que de no tener inconveniente alguno, a la brevedad posible, envíe a este Juzgado Auxiliar las constancias de notificación citadas, o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que para ello tenga, a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y toda vez que este expediente se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencias respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio en el que se sobreseyó y se negó el amparo solicitado; asimismo, consérvese la resolución emitida en el amparo en revisión administrativo 228/2017, en sesión de cinco de octubre del año en curso, del índice del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la cual, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento, y a juicio del juzgado; carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese y en su caso a las autoridades una vez que reanuden labores.
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el toca original del RA (P-5/2013) 259/2017 del índice del tribunal auxiliado, que contiene la ejecutoria de la resolución ahí dictada, de la que se ordena agregar copia autorizada a este juicio. Acúsese recibo y estese a lo resuelto en el que determinó: "Efectos de la reposición. Por todo lo expuesto se arriba a la conclusión de que en el caso el Juez constitucional vulneró las reglas esenciales del procedimiento, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe revocarse el fallo recurrido y ordenarse la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, para efectos de que el Juez de Distrito: Provea libremente el escrito de ampliación de demanda formulado por la quejosa, fundando y motivando con libertad de jurisdicción la determinación que con respecto a la misma adopte." Y en los puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 5450/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, residente en la Ciudad de México, promovido por **********, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el cuaderno original en que se actúa. En términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y de conformidad a la circular CAR 06/CCNO/2017, emitida por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito y, sin ulterior acuerdo, remítase al órgano colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. En mérito de lo anterior, y en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, y al efecto se provee: Visto de nueva cuenta el escrito de ampliación de demanda, presentada por la parte quejosa, del análisis integral se advierte que la promovente reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones relativas a la denominada contabilidad electrónica, contenidas en la resolución miscelánea fiscal para el dos mil quince y sus anexos, particularmente las reglas 2.8.1.4. y 2.8.1.5., publicada el treinta de diciembre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, así como la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y sus anexos, particularmente las reglas 1.2.8.1.6., 1.2.8.1.7. y 1.2.8.1.8., misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de diciembre de dos mil catorce. Ahora bien, con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de ampliación demanda así como las documentales anexas, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este orden, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la inconstitucionalidad de las disposiciones señaladas. En el mismo orden de ideas, procede desechar el escrito de ampliación de la demanda de garantías de que se trata, toda vez que este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente, "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la Ley de la Materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Precisa además, que el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la transcripción anterior, se advierte que los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola vigencia le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro de un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Ahora bien, como ya se estableció, la promovente de la ampliación de demanda, reclama la resolución miscelánea fiscal para el dos mil quince y sus anexos, particularmente las reglas 2.8.1.4. y 2.8.1.5., publicada el treinta de diciembre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, así como la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y sus anexos, particularmente las reglas 1.2.8.1.6., 1.2.8.1.7. y 1.2.8.1.8., misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, con motivo de su entrada en vigor, tal y como lo preciso en su capítulo relativo a ley reclamada. Así las cosas, al tratarse de la impugnación de una norma general con motivo de su vigencia, el promovente estaba obligado a impugnar el citado ordenamiento legal dentro de un plazo de treinta días, contado a partir de la entrada en vigor de la resolución miscelánea fiscal para el dos mil quince y sus anexos, particularmente las reglas 2.8.1.4. y 2.8.1.5., publicada el treinta de diciembre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, así como la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y sus anexos, particularmente las reglas 1.2.8.1.6., 1.2.8.1.7. y 1.2.8.1.8., misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de diciembre de dos mil catorce. De lo anterior se colige que el plazo de treinta días que el promovente del amparo tenía para impugnar las referidas resoluciones, transcurrió del diecinueve de diciembre de dos mil catorce al tres de febrero de dos mil quince, y del dos de enero al dieciséis de febrero de dos mil quince, respectivamente, debiendo descontar de ese periodo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 19 de la ley de la materia; 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo (veinte, veintiuno, veinticinco, veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil catorce, uno, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero; y uno, dos, cinco, siete, ocho, catorce y quince de febrero del año en curso). Ahora bien, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que la ampliación de demanda de garantías fue presentada el treinta de octubre de dos mil quince por la parte promovente, es decir, con posterioridad al tres y dieciséis de febrero de dos mil quince y, por tanto, su presentación resulta extemporánea, es decir, se presentó fuera del plazo de treinta días previsto por el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable de manera analógica a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 163-168, Primera Parte, página ciento setenta y tres, que a la letra establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)." Asimismo, al respecto resulta de manera analógica aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página cuatrocientos sesenta y uno, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." Resulta aplicable al respecto la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, página trecientos sesenta y cuatro, que es del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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