Juan Manuel Cedillo
Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Cedillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se sobreseyó en el juicio. Es destruible el incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. Además no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Ahora bien, toda vez que se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el plazo de noventa días naturales, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que las referidas documentales se entregaran por conducto de persona autorizada para tal efecto en autos, previa identificación oficial vigente con fotografía (INE y copia simple de ésta) y toma de razón que por su recibo se asiente para constancia legal. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por la tercero interesada **********, mediante el cual vierte diversas manifestaciones, al efecto se provee. Hágase del conocimiento de la promovente que de autos se advierte que el primero de septiembre pasado, se le tuvo por emplazada al juicio de amparo en que se actúa, así como a la menor de identidad reservada de iniciales M. J. C. R., por su conducto, ordenándose las notificaciones a dichas tercero interesadas mediante lista electrónica. Como lo solicita expresamente se autoriza únicamente la consulta de este expediente al usuario "VALDESJURIDICO", en virtud de que cuentan con el registro correspondiente. Se instruye al oficial judicial "A", a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se toma conocimiento de la cuenta de correo electrónico proporcionado, únicamente para el efecto de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 944/2023-II, promovido por ********* por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, secretario que da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Periodo de pruebas. Abierto el periodo el secretario da cuenta con las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por la parte quejosa, y con la documental que anexaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales referidas dada su propia y especial naturaleza, por lo que hace a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa presentó escrito formulando alegatos. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 944/2023-II; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito, ********* por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades. II. El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda que se registró con el número de juicio de amparo 944/2023-II; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social Federal de la adscripción, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, | C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral segundo, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado se ejecutó dentro de la demarcación territorial donde ejercer jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La orden de embargo emitida en auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés y su ejecución mediante exhorto al tenor de la diligencia de treinta de junio de la misma anualidad, ordenados en el incidente de liquidación de pensiones vencidas adeudadas derivado del expediente 72/2022 relativo a la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, promovido por Ivonne Stephanie Reyes Pérez por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales M.J.C., en contra de Víctor Manuel Cedillo Flores. TERCERO. La Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado por lo que hace a la orden de embargo. Además de la declaración expresa de la autoridad responsable, la certeza de su acto se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio de origen expediente 72/2022. Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo establecido en los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atendiendo a su artículo 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley, de la que se advierte precisamente el acto reclamado. Sustenta tal determinación la Jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, las autoridades ejecutoras Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, y Ejecutora Judicial adscrita, al rendir informe justificado aceptaron que se llevó a cabo el embargo al demandado Víctor Manuel Cedillo Flores sobre el bien "remolque para dos caballos" en diligencia de treinta de junio del año en curso. En consecuencia, se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que lo invoquen las partes o se advierta de oficio. La Juez Séptimo Familiar de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, invoca las causales de improcedencia en términos del artículo 61 fracciones XII y XIII de la Ley de Amparo. Primeramente, por técnica de estudio se analiza la causal relativa a la citada fracción XIII, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Lo que acontece cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable, es decir, sin que quede duda de que se haya conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado. En el caso, una vez que se llevó a cabo el embargo del bien cuyo derecho -de propiedad- defiende el quejoso, lo que sucedió el pasado treinta de junio, instó el presente juicio dentro del término que señala para tal efecto el artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, al no existir consentimiento sobre el acto reclamado no se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. En otro punto, es acertado el señalamiento de la autoridad responsable ordenadora, respecto de la causal de improcedencia que establece el numeral 61 en la fracción XII, de la ley de la materia, toda vez que en el caso se actualiza en relación con los artículos 107 fracción I, Constitucional, 5 y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa: (...)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la interpretación armónica de dichos numerales se desprende que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Esto es, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional que los solicitantes de amparo demuestren su interés jurídico que ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Por consiguiente, ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo exige para la procedencia del juicio de garantías. Ahora bien, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, esto es, actos o resoluciones de naturaleza jurisdiccional, el quejoso sólo podrá invocar la existencia de un interés jurídico que lo legitima para instar la acción de amparo. Lo que implica que deberá demostrar: a) ser titular de un derecho subjetivo; b) que tal derecho le ha sido afectado de manera personal y directa transgrediendo su esfera jurídica. Así, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De todo lo anterior se resume que para solicitar amparo, los peticionarios deben resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos -en su patrimonio o en su persona- con motivo de la aplicación de la ley incidiendo el acto de autoridad con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. En efecto, el peticionario de garantías debe acreditar plenamente que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera directamente en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. En el caso concreto la parte quejosa acude a solicitar amparo contra el embargo ordenado vía exhorto en el incidente de liquidación de pensiones vencidas adeudadas derivado del juicio de Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, expediente 72/2022, promovido por Ivonne Stephanie Reyes Pérez por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales M.J.C., en contra de Víctor Manuel Cedillo Flores; que se ejecutó en términos de la diligencia de treinta de junio de dos mil veintitrés. Como se advierte de las constancias que integran el referido expediente, la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado en el juicio de origen como el de la parte demandada Víctor Manuel Cedillo Flores, sito en "Cerrada de la Paz, número siete, Colonia Ignacio Capetillo, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México", entendiéndose la misma con quien dijo llamarse Araceli Flores Chávez y ser mamá de la persona buscada, a quien sin identificarse, se requirió de pago a nombre del obligado y con la que se actuó conforme al acta relativa. Actuación respecto de la cual, refiere el quejoso en su demanda de amparo, se llevó a cabo en su domicilio particular, que no es el del demandado obligado en el juicio de origen, al tenor de lo asentado en dicha diligencia por el Ejecutor del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, de la que se lee que efectivamente se trabó formal embargo sobre los bienes señalados por la parte actora entre los que se advierte "un remolque para transportar dos caballos de color vino con gris, de cuatro llantas, sin placas ni algún número visible (no legible) y trae una llanta de refacción de su lado izquierdo". (foja 101 Tomo II de pruebas del J.A. 944/2023-II) Sin embargo, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa que, la parte quejosa no tiene interés jurídico en el presente asunto porque no acredita que el acto reclamado le cause un agravio personal y directo. Esto es, que el embargo trabado sobre el remolque -que afirma es de su propiedad- en diligencia treinta de junio de dos mil veintitrés, le causa un perjuicio directo en su patrimonio o en su persona resintiendo o afectando su esfera jurídica en relación a su derecho de propiedad o posesión que pretende defender sobre ese bien. Lo anterior, es así porque atendiendo a la pretensión del quejoso y a la naturaleza jurídica del acto reclamado, las pruebas documentales que presenta no son idóneas ni suficientes para probar la afectación a su interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el remolque embargado. En efecto, por lo que hace a las documentales públicas consistentes en dos recibos de luz e instructivo suscrito el treinta de junio de dos mil veintitrés por el ejecutor judicial adscrito al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero; se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, acreditándose plenamente: Con los recibos de luz, que al mes de enero de dos mil diecisiete y quizá hasta julio de dos mil veintiuno, el servicio de luz identificado con el número 567161013692 se encontraba contratado a nombre de Juan Manuel Cedillo Sánchez suministrándose en el inmueble ubicado en "1RA. CADA DE MAYO. CP.54434. IGNACIO CAPETILLO, NICOLAS ROMERO, MEX."; Por lo que hace al citado instructivo se prueba el traslado entregado respecto de la diligencia que se llevó a cabo el treinta de junio de dos mil veintitrés en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Décimo Civil de Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en los términos asentados por el ejecutor judicial adscrito que lo suscribe. Así mismo, con fundamento en el artículo 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se analiza y determina: Respecto de las copias fotostáticas presentadas por el quejoso que no se encuentran certificadas, si bien constituyen un medio de prueba reconocido por ley cuyo valor probatorio queda al prudente arbitrio del juzgador, para el juez que resuelve sólo se tiene probado de manera indiciaria: Con la copia fotostática de la credencial para votar de la que se lee, entre otros datos: "CEDILLO FLORES VICTOR MANUEL. C 20 DE NOVIEMBRE 4 COL. ALFREDO V BONFIL 52940. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO. CLAVE DE ELECTOR CDFLVC92122915H900. AÑO DE REGISGTRO 2011 01". Que probablemente esa identificación se expidió por el Instituto Nacional Electoral a nombre del interesado y que quizá en esa fecha se acreditaba como su domicilio el señalado. Relativo a la copia fotostática a color de un recibo de luz de la que se lee: "CEDILLO SÁNCHEZ JUAN MANUEL 1RA CADA DE MAYO. CP54434. IGNACIO CAPETILLO. C.P. 54434 NICOLAS ROMERO, MEX. NO. DE SERVICIO: 567161013692 . PERIODO FACTURADO: 11 MAY 23- 11 JUL 23", entre otros datos. Se prueba como indicio que probablemente al mes de julio del año en curso, se siguió prestando el servicio público de luz en el domicilio indicado cuyo contrato aparentemente está a nombre del aquí quejoso. Respecto de la copia fotostática simple de la que se lee "EJIDO NICOLAS ROMERO MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MÉXICO. C. JAVIER LUJAN RODRIGUEZ." Presuntivamente se tiene como indicio que se expidió por el Consejo de Vigilancia del citado ejido a nombre de la persona referida el catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve, la constancia en la que se le hace saber que tiene la posesión de la superficie de terreno del ejido con las características, medidas y colindancias ahí descritas y como sucesor a Maricruz Lujan Rodríguez. Con la constancia expedida por el Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Dr. Ignacio Capetillo de Nicolás Romero, Estado de México, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, con fotografía y sellos. Se prueba que ese documento se elaboró a nombre de Araceli Flores Chávez a quien se identifica con la fotografía adherida y cuya vecindad se asienta en el domicilio "calle 1ra cada de Mayo, colonia Dr. Ignacio Capetillo, Código Postal 45534 Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, desde hace cincuenta y tres años nueve meses", que el referido documento no sustituye a la constancia domiciliaria emitida por el Ayuntamiento y que fue expedido a petición de la interesada. Por lo que hace a la Carta Responsiva -relativa a Compra-venta de vehículos de particular a particular- fechada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, porque para que tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta. En ese sentido ha sido criterio reiterado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimar que la fecha cierta ocurre a partir del día en que los documentos privados que plasman actos jurídicos, se celebren ante fedatario público o funcionario autorizado, o bien desde la muerte de cualquiera de los firmantes. Pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigiosos, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de actos evitando así que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Por consiguiente, se arriba a la consideración que la carta responsiva es un documento privado de fecha incierta carente de toda fuerza probatoria. De modo que sólo puede surtir efectos entre las partes para acreditar el acuerdo de voluntades entre las partes que firman. Pero de ninguna manera produce efectos contra terceros, porque forzosamente requiere ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en dar legalidad y certeza jurídica a esa operación contractual, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, por lo que, si no se satisface el requisito de certeza, en el caso, es imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda su pretensión, es anterior o posterior a la adquisición del bien embargado. Por consiguiente, la carta responsiva que se analiza es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso. Apoya las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En consecuencia, si el quejoso acude al presente juicio pretendiendo defender el derecho de propiedad que dice tener sobre el bien que ha sido embargado en el juicio de origen. Ello también implica que quien se ostente como propietario del bien, debe demostrar su titularidad a la fecha en que se constituya su embargo, por ende, que es ajeno a responder por la condena que dio lugar a esa diligencia para garantizar la ejecución de la resolución de que se trata. De igual manera, el quejoso presentó como prueba dos documentos públicos originales expedidos en el extranjero aparentemente en los Estados Unidos de América, por el Estado de California, así como copia fotostática de uno de estos, en los que se advierte el nombre de "Salvador López y Salvador López Rodríguez", respectivamente. Documentales que deben ser analizadas conforme a La Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que es precisamente el instrumento internacional aplicable, y establece un trámite de legalización única, denominado "apostilla", consistente en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. En relación además con lo establecido en los artículos 543 y 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se transcriben: "Artículo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este Libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte." "Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización." En el marco legal, debe señalarse que la apostilla certifica que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio de determinado país para que sean válidos en el exterior; lo que constituye la forma de legalización de un documento público extranjero para que en México, se reconozca su eficacia jurídica. Entonces, si bien para los documentos públicos emitidos en el extranjero que cuenten con esa apostilla ya no es exigible el requisito de legalización diplomática y consular prevista en el artículo 546 del ordenamiento adjetivo civil federal, sobre la legalización a cargo de las autoridades consulares mexicanas; no obstante, de no tener la apostilla sino la legalización consular, esta última sí podrá tener eficacia, en la medida en que se ajuste al citado precepto que continúa como derecho vigente. Por consiguiente, para quien resuelve los documentos públicos emitidos en el extranjero que presenta el quejoso, carecen de valor probatorio al no poderse reconocer su eficacia jurídica porque no cumplen con las exigencias que por su naturaleza deben satisfacerse como lo es la apostilla -como forma de legalización dado que beneficia a quien tramite un documento público extranjero para presentarlo en juicio seguido en México- o bien que contengan la legalización consular que está legalmente previsto y, por tanto, es válido, aunque inexigible si se opta por la apostilla. Las anteriores consideraciones se sustentan en la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. SU EFICACIA DERIVA TANTO DE LA APOSTILLA COMO DE LA LEGALIZACIÓN CONSULAR. De acuerdo con el artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para dar valor probatorio a los documentos públicos extranjeros, como son, indudablemente, las actuaciones judiciales, es menester remitirse a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyos artículos 543 y 546, prevén, respecto de cuestiones internacionales, no sólo la armonía entre las disposiciones del propio ordenamiento federal con los instrumentos internacionales signados por México, sino incluso la subordinación de aquél a estos últimos, así como la necesidad de que las autoridades consulares mexicanas legalicen los documentos públicos extranjeros. Por ende, resulta necesario atender a lo dispuesto en los instrumentos bilaterales o multilaterales de carácter internacional suscritos por México para verificar cuáles son los requisitos de legalización de los documentos públicos extranjeros. La Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, es precisamente el instrumento internacional aplicable, y establece un trámite de legalización única, denominado apostilla, consistente en colocar sobre el propio documento tal apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. La apostilla, entonces, certifica que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio de determinado país para que sean válidos en el exterior; constituyen así la forma de legalización de un documento público extranjero para que esa diversa nación, en el caso México, reconozca su eficacia jurídica. Con esa apostilla ya no será exigible el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos, por lo que se simplifica el trámite de reconocimiento de la mencionada eficacia, de manera que basta que un documento cuente con tal certificación para merecer el valor probatorio inherente a los documentos públicos, con lo que a pesar de la exigencia prevista en el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre la legalización a cargo de las autoridades consulares mexicanas, dicho trámite se torna innecesario, si se reúne el requisito de la apostilla. En efecto, la simplificación que deriva del pacto internacional citado, se establece en beneficio del interesado para la presentación de documentos públicos extranjeros; no obstante, de no tener la apostilla, sino la legalización consular, esta última sí podrá tener eficacia, en la medida en que se ajusta al citado precepto del ordenamiento adjetivo civil federal, que continua como derecho vigente. De modo que, si las copias certificadas de actuaciones judiciales extranjeras contienen una legalización consular, en lugar de una apostilla, cumplen con las exigencias procesales para merecer valor probatorio, sin que sea indispensable la apostilla, dado que ésta beneficia a quien tramite un documento público extranjero para presentarlo en juicio seguido en México, sin que impida que realice el diverso trámite que está legalmente previsto y, por tanto, también es válido, aunque inexigible si se opta por la apostilla." En razón de todo lo anteriormente analizado, se concluye que la parte quejosa no ofreció ni exhibió probanza alguna con la que demostrara fehacientemente que el embargo trabado sobre el remolque en términos de la diligencia que se llevó a cabo el treinta de junio de dos mil veintitrés, afecta su esfera jurídica toda vez que no acredita ser legítimo propietario de dicho bien, por ende, la afectación real y directa en sus derechos. Por consiguiente, ante la falta de interés jurídico del quejoso con fundamento en los artículos 61 fracción XII, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo la tesis que sustentó la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL.- La causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de la demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causa de referencia." Lo que impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional siendo innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados. Atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido que el quejoso Juan Manuel Cedillo Sánchez haya promovido el presente juicio inicialmente como Juan Manuel Cedillo por su propio derecho, pues en el caso con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, por mayoría de razón se corrige el error del quejoso en su nombre siendo el correcto el primero señalado máxime que posteriormente a la presentación de su demanda promovió y firmó con su nombre completo. Es aplicable, por similitud de razón la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO. PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO. Si el artículo 79 de la Ley de Amparo impone la obligación de suplir los errores en que incurra la parte quejosa, en la cita de los preceptos constitucionales y legales, se estima que por mayoría de razón, autoriza a los tribunales de amparo para corregir el error del promovente que señala comparecer por derecho propio cuando de la apreciación integral de la demanda, se desprende que lo hace en representación de otro, pues sólo de esta manera se podría cumplir con la facultad que concede la segunda parte del citado precepto para examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión que realmente se planteó, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; tanto más si durante las instancias del juicio natural el promovente de la demanda tuvo el reconocimiento de las autoridades responsables como representante de la parte quejosa, lo que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Amparo, lleva a admitir la señalada personalidad." Por lo expuesto y fundado, con apoyo demás en los artículos 61 fracción XII, con relación al artículo 5° fracción I, y 6° 62, 63 fracción V, 73 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******** por propio derecho, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero, por los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada, por lista electrónica a la representación social y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios suscritos por el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta entidad, que contienen insertos los autos del dieciocho de septiembre del año en curso, emitidos en los juicios de amparo 1171/2023-XI y 1172/2023-XII, de los que se advierte en la parte conducente que el citado juzgador consideró que este Juzgado Federal debe conocer de esos asuntos dado que se tuvo previo conocimiento del juicio de origen de donde derivan los actos reclamados. Al efecto debe precisarse que este juzgador comparte el criterio del homólogo en comento y acepta el conocimiento de los asuntos de que se trata, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. Acúsese el recibo respectivo. En ese contexto, remítanse oficios a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con inserción de esta determinación, adjuntándoles copia de los oficios con registros internos 12412 y 12413, para que lo turne nuevamente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a efecto de ingresarlos y registrarlos como nuevos juicios de amparo; de igual forma, realice la compensación correspondiente para que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales en términos del penúltimo párrafo del numeral 46 del referido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Juan Manuel Alfaro Yescas711/2019
- Juan Manuel Alfaro Yescas392/2019
- Juan Manuel Alfaro Yescas882/2019
- Juan Manuel Aragón Vázquez41/2020
- Juan Manuel Ayala Duarte188/2018
- Juan Manuel Bautista Morales y Otros.1331/2018
- Juan Manuel Córdova Grimaldo1190/2018
- Juan Manuel Coreño Ordaz766/2021
- Juan Manuel Cruz Ramos591/2019
- Juan Manuel Dávila Alemán1350/2023
- Juan Manuel Díaz1006/2023
- Juan Manuel Domínguez Alcalá1414/2023