Juan Manuel Ceballos Orea

Expediente 718/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
718/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ceballos Orea

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede y del estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte el quejoso omitió recurrir el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA. Se recibe la demanda de amparo signada por +++ (en adelante quejoso o +++); contra actos de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado: "indique si el corralón denominado "EL CALVARIO" ubicado en [.] es concesionado o particular, y si es concesionado exhiba en copia certificada el contrato de Concesión de Servicios, así como sus modificaciones si es que existente para comprobar el pago actual que tiene autorizado en dicho corralón para el resguardo de vehículos en encierros de la Fiscalia General del Estado, si es que es particular exhiba en copia certificada el contrato o convenio que tiene con la Fiscalia General del Estado o Secretario de Finanzas,." (véase foja 3). Ante tal circunstancia se actualiza una causa de improcedencia, pues no se advierte un acto que se pueda atribuir a las autoridades señaladas como responsables, más bien, el quejoso pretende generarlo a través de esta autoridad federal. Detallo mi postura: En términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con el diverso 1, fracción I , del mismo ordenamiento legal, el juicio de protección de derechos es procedente contra emanados aquellos actos emitidos por un ente con el cual se tenga una relación de supra a subordinación, por así establecerse en la ley, que transgredan derechos fundamentales. De este modo, para que una persona pueda acudir al juicio de amparo es indispensable la existencia de un acto unilateral a través del cual se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que lo afecten y que para emitirlo no requiera del consenso de su voluntad. Pues si el juicio de amparo se erige como una garantía constitucional cuyo objeto es asegurar el respeto de los derechos fundamentales por parte de las autoridades, para instarlo es indispensable que precisamente exista esa afectación. De modo que si no existe un acto que pueda ser sujeto al escrutinio judicial, de ninguna manera puede proceder el juicio de amparo, pues se carecería de materia de análisis constitucional. Luego, si en el caso el acto señalado por ++++l consiste más bien en una solicitud que formula a través de este juzgador para efectos de que las autoridades le den a conocer cierta información en torno a la situación jurídica de una persona física o moral, resulta patente que aún no existe un acto u omisión a través del cual se cree, modifique o extingan situaciones jurídicas que lo afecten. Pues el quejoso pretende acudir a este juicio de control constitucional sin antes situarse en una relación de supra a subordinación con las autoridades que aduce son responsables. Afirmo lo anterior porque esa relación se pretende generar a través de éste órgano jurisdiccional a quien pide solicitar esa información a las autoridades señaladas como responsables, pero en ningún momento elevó petición alguna a estas, cuya omisión o negativa pudiera reclamar en esta vía. Por tanto, es imposible realizar un análisis constitucional cuando ni quiera existe un acto u omisión de autoridad que afecte los derechos fundamentales del quejoso. Bajo ese contexto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1, fracción I, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por otra parte, es oportuno precisar que a pesar de esta decisión aún quedan expeditos los derechos de +++ para acudir a esta instancia constitucional si lo que en realidad desea reclamar es el cobro de derechos por concepto de ocupación de espacio al que hace referencia en sus antecedentes. Sin embargo, será a través de una nueva demanda que podrá instar a la justicia federal la protección constitucional, en caso de ser su deseo inconformarse con dicho cobro. Para ello deberá tomar en consideración que si tuvo conocimiento del acto reclamado el día trece de julio del presente año, como lo sostiene en su demanda, en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, cuenta con un plazo de quince días para presentar una nueva demanda de amparo -el cual pudiera fenecer el tres de agosto de dos mil dieciocho-. En caso contrario, es necesario, como ya se dijo, que exista una petición a las autoridades que señala como responsable a fin de que se genera una relación de supra a subordinación. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo; y quedan autorizados para tales efectos e imponerse de actuaciones, las personas de nombre ++++, porque omitió conferirles en forma expresa autorización en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la ley de la materia. Por otra parte, se deja establecido que se permite la toma de fotografías en el presente juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrá que sujetarse el quejoso al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a su costa y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por +++ (en adelante quejoso o +++); contra actos de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado: "indique si el corralón denominado "EL CALVARIO" ubicado en [.] es concesionado o particular, y si es concesionado exhiba en copia certificada el contrato de Concesión de Servicios, así como sus modificaciones si es que existente para comprobar el pago actual que tiene autorizado en dicho corralón para el resguardo de vehículos en encierros de la Fiscalia General del Estado, si es que es particular exhiba en copia certificada el contrato o convenio que tiene con la Fiscalia General del Estado o Secretario de Finanzas,." (véase foja 3). Ante tal circunstancia se actualiza una causa de improcedencia, pues no se advierte un acto que se pueda atribuir a las autoridades señaladas como responsables, más bien, el quejoso pretende generarlo a través de esta autoridad federal. Detallo mi postura: En términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con el diverso 1, fracción I , del mismo ordenamiento legal, el juicio de protección de derechos es procedente contra emanados aquellos actos emitidos por un ente con el cual se tenga una relación de supra a subordinación, por así establecerse en la ley, que transgredan derechos fundamentales. De este modo, para que una persona pueda acudir al juicio de amparo es indispensable la existencia de un acto unilateral a través del cual se cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que lo afecten y que para emitirlo no requiera del consenso de su voluntad. Pues si el juicio de amparo se erige como una garantía constitucional cuyo objeto es asegurar el respeto de los derechos fundamentales por parte de las autoridades, para instarlo es indispensable que precisamente exista esa afectación. De modo que si no existe un acto que pueda ser sujeto al escrutinio judicial, de ninguna manera puede proceder el juicio de amparo, pues se carecería de materia de análisis constitucional. Luego, si en el caso el acto señalado por ++++l consiste más bien en una solicitud que formula a través de este juzgador para efectos de que las autoridades le den a conocer cierta información en torno a la situación jurídica de una persona física o moral, resulta patente que aún no existe un acto u omisión a través del cual se cree, modifique o extingan situaciones jurídicas que lo afecten. Pues el quejoso pretende acudir a este juicio de control constitucional sin antes situarse en una relación de supra a subordinación con las autoridades que aduce son responsables. Afirmo lo anterior porque esa relación se pretende generar a través de éste órgano jurisdiccional a quien pide solicitar esa información a las autoridades señaladas como responsables, pero en ningún momento elevó petición alguna a estas, cuya omisión o negativa pudiera reclamar en esta vía. Por tanto, es imposible realizar un análisis constitucional cuando ni quiera existe un acto u omisión de autoridad que afecte los derechos fundamentales del quejoso. Bajo ese contexto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1, fracción I, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por otra parte, es oportuno precisar que a pesar de esta decisión aún quedan expeditos los derechos de +++ para acudir a esta instancia constitucional si lo que en realidad desea reclamar es el cobro de derechos por concepto de ocupación de espacio al que hace referencia en sus antecedentes. Sin embargo, será a través de una nueva demanda que podrá instar a la justicia federal la protección constitucional, en caso de ser su deseo inconformarse con dicho cobro. Para ello deberá tomar en consideración que si tuvo conocimiento del acto reclamado el día trece de julio del presente año, como lo sostiene en su demanda, en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, cuenta con un plazo de quince días para presentar una nueva demanda de amparo -el cual pudiera fenecer el tres de agosto de dos mil dieciocho-. En caso contrario, es necesario, como ya se dijo, que exista una petición a las autoridades que señala como responsable a fin de que se genera una relación de supra a subordinación. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo; y quedan autorizados para tales efectos e imponerse de actuaciones, las personas de nombre ++++, porque omitió conferirles en forma expresa autorización en los términos amplios previstos en el numeral 12 de la ley de la materia. Por otra parte, se deja establecido que se permite la toma de fotografías en el presente juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrá que sujetarse el quejoso al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a su costa y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Ahora, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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