Juan Manuel Castilo Rojas
Expediente 564/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Manuel Castilo Rojas
Actuaciones
- Principal
... En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado certifica y hace constar: Que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, transcurrió del cinco al once de abril de dos mil veintidós, con exclusión de los días nueve y diez de abril del año en curso, por corresponder a sábado y domingo, en virtud de haber sido notificado por medio de lista el uno de abril del año que transcurre, sin que lo haya hecho; lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, transcurrió del cinco al once de abril de dos mil veintidós, con exclusión de los días nueve y diez de abril del año en curso, por corresponder a sábado y domingo, en virtud de haber sido notificado por medio de lista el uno de abril del año que transcurre, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en mención y se tiene por no presentada la demandada de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
CUENTA. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con: a). La demanda de amparo promovida por Juan Manuel Castillo Rojas, registrada con el número de folio 7553 y anexos que se adjuntan. b). Con la circunstancia de que los licenciados Enrique Trujillo Hernández (2751559) e Israel Leyva Becerra (3321290), sí cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Castillo Rojas, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 en la Ciudad de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 564/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con recisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]". De las fracciones transcritas del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda, que se hubiesen omitido algunos de los requisitos de los que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo o en el caso no se hubiere señalado con precisión el acto que se reclama y, en esos casos, se debe requerir a la promovente para que ésta aclare su demanda para así estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda. Por otra parte, el artículo 108, fracciones IV y V de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" De lo anterior se desprende que, entre los requisitos que debe de contener la demanda de amparo indirecto se encuentran precisar de forma clara el acto reclamado, es decir que se debe advertir con claridad la norma general, acto u omisión que se reclame. Ahora bien, del ocurso de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Ordenadoras. A).- H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO UNO EN ESTA CIUDAD DE ZACATECAS Y C JUEZ PRIMERO Y SEGUNDO DE OJOCALIENTE ZACATECAS, de todas estas autoridades Reclamo el ilegal desalojo que se me pretende hacer por conducto de estos como autoridades ejecutoras fuera de todo procedimiento, tramitado ante la responsable ordenadora. Respecto de una porción de mi parcela que tengo en posesión. (.) B.- De los C. actuario adscrito al H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO UNO EN ESTA CIUDAD DE C. Actuarios a los juzgados primero y segundo en ojo caliente Zacatecas y D. director de la Policía Municipal del municipio de general Pánfilo Natera La orden de desalojo que se pudiera dar en contra de suscrito y que se me pretende hacer por conducto de estos como autoridades ejecutoras dentro del juicio tramitado ante la responsable ordenadora Todos con domicilio oficial plenamente conocido Reclamo el ilegal desalojo que se me pretende hacer por conducto de estos como autoridades ejecutoras fuera de todo procedimiento tramitado ante la responsable ordenadora sin cumplir con las normas y violando con ello nuestros derechos fundamentales de todos y cada uno de los condominios." De lo antes transcrito, se logra apreciar que la parte quejosa refiere que reclama de las autoridades ordenadoras la orden de desalojo de una porción de la parcela que tiene en posesión; sin embargo, no precisa de manera clara si tal determinación se encuentra contenida en un oficio, documento oficial u orden judicial que ordene ese despojo. Además, no manifiesta si se trata de una orden verbal o escrita, así como tampoco señala la fecha en que le fue notificada la misma; además de que se ostenta como tercero extraño al juicio de origen; ante ello, dicha circunstancia debe ser precisada por la parte promovente y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, pues con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así la autoridad responsable estará en aptitud de rendir su informe justificado, en relación con la actuación que se le atribuye, sin incurrir en omisiones que no le sean imputables a ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Sirven de sustento, los siguientes criterios jurisprudenciales. "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Se precisa a la parte quejosa que este Juzgado Federal tiene la obligación legal de velar por la estricta observancia de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que aquí interesa, dicha obligación se contrae a asumir la máxima diligencia y cuidado porque el presente juicio de amparo se tramite a la luz y en estricto apego de sus disposiciones legales, entre las cuales, es pertinente traer a cuenta el contenido del artículo 261, fracción I, de la citada ley, que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". (Lo resaltado es ajeno al texto legal). De ahí que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles legalmente computados, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare la forma en que tuvo conocimiento de la orden de despojo del bien inmueble que refiere; esto es, si se trata de una orden verbal, escrita o de que naturaleza y la fecha en que tuvo conocimiento de tales actos. 2. Precise si además lo que reclama es la falta de emplazamiento a juicio, y de ser así y conocerlo, precise el tipo de juicio, número, quienes son las partes, el estado procesal que guarda y la autoridad ante la que se encuentra radicado, pues del contenido integral de su demanda de amparo se advierte que se ostenta como tercero extraño y en específico en sus conceptos de violación refiere que no se le emplazo a juicio. 3. Asimismo, se le requiere para que exhiba siete copias de su escrito aclaratorio; cuatro a efecto de correr traslado a las autoridades responsables; dos más para la apertura de incidente de suspensión; y, otra para darle la intervención de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte amparista que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En otro aspecto, como lo solicita la impetrante de amparo, se tiene como autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Enrique Trujillo Hernández (2751559) e Israel Leyva Becerra (3321290), quienes si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee. De igual forma, se le tiene señalando el correo electrónico a que hace referencia para entablar comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Francisco Javier Castillo Bautista, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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