Juan Manuel Castillón Delgado

Expediente 154/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
154/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Castillón Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos ante este órgano jurisdiccional, el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 1081 a 1083 del tomo II), suscritos por el delegado de las autoridades responsables Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, indicaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecinueve de marzo del año actual (foja 1085 a 1086 del tomo II), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 765 a 808 del tomo II), por un lado sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esa ciudad (fojas 888 a 927 del tomo II), cuyos efectos concesorios fueron para los efectos siguientes: "[.] En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el Órgano Superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es, conceder a la persona moral Inmobiliaria Marina, N.V., Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Adolfo Dueñas Canales, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, devuelva la cantidad total que la quejosa pagó el veinticinco de febrero de dos mil quince, (correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince), por concepto de impuesto predial respecto del predio con cuenta predial U015379, con clave catastral 20-024-01-033-007-000, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por constituir el primer acto de aplicación en perjuicio de la disposición tildada de inconstitucional, la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. [.] Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Presidente Municipal, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro Municipal del VIII Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. [.] Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados consistentes en los oficios números 100016232, 100016233, 100016234, 100016235, 100016236, 100016237, 100016238, todos de diez de junio de dos mil quince, atribuidos al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto de las cantidades de $527,754.71, $592,258.41, $29,698.12, $617,505.33, $738,417.44, $527,754.71 y $483,435.93. respectivamente; correspondientes al primer trimestre del año dos mil catorce al tercer trimestre del dos mil quince, pues al haberse declarado inconstitucional el precepto 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil catorce y dos mil quince, fundamento legal en que, esencialmente se sustentan los mandamientos de ejecución de requerimiento de pago, dictados en contra de la empresa quejosa, Inmobiliaria Marina, N.V., Sociedad Anónima de Capital Variable, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno." Ante ello y siguiendo el trámite de ejecución de la sentencia, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 950 a 951, Tomo II), se aperturó incidente innominado; por lo que seguido el juicio por sus demás trámites legales, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se resolvió dicho incidente, en el que se determinó devolver a la parte quejosa la suma de $20,466.04 pesos (fojas 1044 a 1048, Tomo II). En relación con lo anterior y en cumplimiento al fallo protector, el quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 1081 a 1083, Tomo II), se tuvo al delegado de las autoridades responsables exhibiendo el billete de depósito N 670656, valioso por la cantidad de $20,466.04 pesos, cantidad que fue fijada en el incidente innominado de previa cita. Sin embargo, no obstante haber cubierto el pago a la parte quejosa, es menester que obre manifestación expresa por parte de las autoridades responsables en el sentido de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional. Toda vez que en autos no obra constancia de dicha circunstancia, por el que también fue concedido el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. Por lo tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, para que del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban los oficios correspondientes, acaten lo anteriormente indicado, ello en cumplimiento a la sentencia protectora de garantías: Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se les hace del conocimiento a las mencionadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Así, por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio...

  3. Principal

    Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite un testimonio certificado de la ejecutoria de veintiuno de febrero de la presente anualidad, emitida dentro del recurso de queja 339/2018, relativo al juicio de amparo indirecto número 1305/2018, de este índice. Ahora, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que, declaró fundado el medio de impugnación interpuesto contra el auto de once de junio de dos mil dieciocho, y revocó dicho proveído para efecto que de no advertir alguna causa diversa de desechamiento se provea la admisión de la demanda. Entonces, acátese lo resuelto en la ejecutoria de mérito y acúsese el recibo de estilo correspondiente. De igual manera, fórmese el expediente electrónico respectivo bajo el número 1305/2018, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 87, 88, 89, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. En ese tenor, tal y como lo ordenó el Tribunal Colegiado de Circuito en su resolución de cuenta, procede acordar lo conducente. Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Ortiz Arias, contra actos reclamados a la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en ese sentido, con apoyo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y demás aplicables de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE en sus términos. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. Pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les requiere, ello de conformidad a lo previsto en el precepto 117 de la Ley de la Materia en comento; apercibidas que en caso contrario se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman, de acuerdo al cuarto párrafo del arábigo en mención; se les hace de su conocimiento que no se les remite copia de la demanda de garantías, porque la misma se les enviará al solicitarles el informe previo en el incidente derivado de este juicio. Asimismo, con fundamento en los dispositivos 75 y 117, párrafo quinto, de la Ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que juntamente con su respectivo informe, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias en que apoyen el acto que se les reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito, apercibidas que en caso de ser omisas; esto es, en caso de no rendir el informe aludido o de no remitir las constancias indicadas en líneas precedentes, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Con base en los dispositivos 64 y 251 de la Ley en cita, se requiere a las partes para que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios en los términos precisados en los párrafos que anteceden. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Luego, con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al verificarse la audiencia constitucional correspondiente. Luego, de las documentales aludidas se advierte que son copia certificada; en ese tenor, se ordena la compulsa de éstas al incidente de suspensión que se tramite, a efecto de que tengan el valor probatorio que les corresponda al momento de resolverse la suspensión instada. Cobra aplicación al respecto por identidad jurídica, la jurisprudencia número 71/2010, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones privadas de quince de enero de dos mil siete y tres de noviembre de dos mil nueve, aprobada por unanimidad de votos el doce de julio de dos mil diez, la cual tuvo como antecedente, la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2009, efectuada por los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto versa al tenor siguiente: "** Asimismo, con apoyo en el arábigo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. **

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