Juan Manuel Carreño Salazar

Expediente 269/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
269/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Carreño Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, a través del cual comunica que por auto de tres de marzo del año en curso, el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia planteada por este juzgador y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Séptimo Civil de Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por * por propio derecho, contra actos del Juzgado Séptimo Civil de Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número 269/2023-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que el quejoso reclama: "La detención del vehículo tipo *, marca *, versión **CIL, Modelo *, color gris, transmisión automática, con número de serie *, placas *de veintinueve de julio de dos mil veinte, ordenada dentro de expediente 222/2019 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil radicado actualmente por Juzgado Séptimo Civil de Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México" Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la detención del vehículo tipo *, marca *, versión ***color *, transmisión *, con número de serie *, placas NSM7284 de veintinueve de julio de dos mil veinte, ordenada dentro de expediente 222/2019 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil radicado actualmente por Juzgado Séptimo Civil de Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México; la cual tuvo ejecución dentro de la jurisdicción en la que ejerce su competencia el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en turno, pues precisamente, es dentro de su jurisdicción donde se llevó a cabo la detención del vehículo antes mencionado, toda vez que de los antecedentes del escrito de demanda se advierte que el mismo fue ejecutado a un costado de los edificios de los Juzgados de Barrientos, Estado de México, el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Máxime que conforme al contenido del artículo 17 Constitucional, en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, es voluntad del constituyente ordinario facilitar a la parte quejosa el acceso al servicio de administración de justicia, con base en la facilidad que tenga para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, a fin de poner a su alcance un medio eficaz para dilucidar la vulneración a sus derechos fundamentales. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. En mérito de lo anterior, este juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se solicita al juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "NorbertoRegis". DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 26, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo. Respecto al correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones, el mismo no puede tenerse como tales, ya que no está establecido en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Norberto Garcia Regis y Roberto Mejía Nava, y en términos restringidos de dicho ordinal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, a las demás personas señaladas por la quejosa en el proemio de la demanda, por así solicitarlo el promovente en el proemio de su demanda. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Motivo por el cual, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que en caso de que se presenten promociones de manera física, verifique que las mismas sean coincidentes con el contenido del expediente electrónico, de igual forma, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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