Juan Manuel Cabrera Cruz
Expediente 1167/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Manuel Cabrera Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo que fue otorgado al quejoso para ampliar su demanda de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que resulta necesario dar vista a la quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a las resoluciones de trece de noviembre de dos mil diecinueve y dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y en su caso precisar las fechas en las cuales le fueron notificadas. En el entendido que no ser omiso se continuara el juicio respecto del acto señalado en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIERMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente al quejoso Juan Manuel Cabrera Cruz. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ramiro Escobar Terrones, Tesorero Municipal de Jiutepec, Morelos, informa que el monto que se generó por actualización de la cantidad de $16,777.84 (dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos 84/100 m.n.) por concepto del cobro del derecho de alumbrado público, son $1,812.00 (mil ochocientos doce pesos 00/100 m.n.). Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Ramiro Escobar Terrones, Tesorero Municipal de Jiutepec, Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Acredite haber devuelto la cantidad de $1,812.00 (mil ochocientos doce pesos 00/100 m.n.), en favor de la parte quejosa. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Hago constar que notifico la determinación de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a la parte quejosa Ricarda Mendieta Gómez y al tercero interesado Alfonso Rodríguez Tapia; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el once de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en su fecha, por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal la demanda promovida por Ricarda Mendieta Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y acto siguientes: Autoridades responsablesActos reclamados Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, del Estado de Morelos Actuario. Todo acto y orden de ejecución, dentro del juicio 477/2012, tendente a desposeerme del terreno ejidal de mi posesión y lanzarme del mismo de la cual soy legitima titular de los derechos agrarios, que se identifica como parcela 1762, con una superficie de 3-06-41.85 hectáreas, al interior del ejido denominado "YAUTEPEC". SEGUNDO. Admisión de la demanda. El quince de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a la parte tercero interesada y señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad. La demanda es oportuna en su presentación, pues se promovió dentro del plazo genérico de quince días que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa manifiesta que se enteró del acto reclamado el ocho de octubre de ese año, y surtió sus efectos el nueve siguiente, de conformidad de la ley que rige el acto reclamado, la Ley Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en su artículo 167, siendo inhábiles los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre de dos mil diecinueve. De ahí que, el plazo para promover el juicio de garantías transcurrió del diez al treinta y uno de octubre de ese año; por ende, si la demanda fue presentada el once de octubre de dos mil diecinueve, es evidente que se encuentra dentro del plazo mencionado, de acuerdo al artículo 18 de legislación de la materia. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Todo lo actuado en el juicio agrario 477/2012, ejecución de sentencia definitiva que pretenden desposeer del terreno ejidal identificado como parcela 1762, con una superficie de 3-06-41.85 hectáreas, a la quejosa donde refiere no fue llamada a juicio. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, confesión que es suficiente para tener por acreditada la existencia del mismo, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente 477/2012, remitidas con el informe justificado, relativas al expediente agrario 477/2012, la cuales por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Incidente de objeción de falsedad de documento. Por razón de técnica jurídica y dada la vinculación que existe entre el incidente de objeción de falsedad de la firma que calza la demanda de amparo, con la actualización de una posible causal de improcedencia, ya que mediante dicho documento la parte quejosa solicita la protección constitucional, se analizará en primer término dicha incidencia ya que de ser fundada será motivo de sobreseimiento del presente juicio de amparo. Al respecto cabe citar la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11 del Tomo XII, Diciembre de 2000, de la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado". Primeramente, se estima necesario trascribir el artículo 122 de la Ley de Amparo, que dispone lo relativo al incidente de objeción de falsedad de documento. "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". En el caso, mediante escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Juana Olvera Ríos, tercero interesada, por conducto de su autorizado, objetó de falsa la firma del escrito inicial de demanda de amparo (fojas 2 a la 12), y ofreció como prueba para acreditar su dicho la pericial en grafoscopía y documentoscopía, la ratificación de contenido y firma e interrogatorio o declaración de parte a cargo de la quejosa. Seguido el curso del juicio de amparo, el trece de julio de dos mil veintiuno, al celebrarse la audiencia constitucional se admitió a trámite el referido incidente, se suspendió el desahogo de esa diligencia y se abrió la etapa probatoria con respecto a dicha objeción, en preparación de la prueba pericial esta autoridad solicitó la designación de un perito oficial a la Fiscalía General de la Republica, Delegación Morelos, asimismo, requirió a las partes a efecto de designar perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término de cinco días se les tendría por adheridos al dictamen que en su momento rinda el perito oficial, sin que lo hicieran por tanto en acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento ordenado y se tuvo a la parte quejosa y tercero interesada por adheridos al perito oficial (foja 265, 303). El diecinueve de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la continuación de la audiencia constitucional, en la etapa probatoria, se admitieron como pruebas: La pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, ofrecida por las partes, al no proporcionar su perito, se les tuvo adheridas al dictamen del perito oficial designado por parte de este Juzgado Federal, a cargo de la perito oficial Rebeca Murillo Muñoz;. Mediante oficio INE/DERFE/STN/00555/2023, el Secretario Técnico Normativo, informó la autorización para que la perito oficial pudiera consultar el expediente electoral a nombre de la quejosa, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, y así poder rendir su experticial; Mediante escrito recibido el tres de marzo de dos mil veintitrés, acordado al siguiente día hábil, Rebeca Murillo Muñoz, en su carácter de perito oficial designada por esta autoridad, rindió su respectivo dictamen en relación con la firma objetada (fojas 414 a 431), el cual ratificó el dieciséis de marzo siguiente (foja 439). La ratificación de contenido y firma. Declaración de parte a cargo de la quejosa, ofrecido por la tercera interesada Juana Olvera Ríos. La prueba testimonial a cargo de los atestes Isauro Caballero Reyes, Enrique López de los Santos y Fabián Ugalde Martínez, estos dos últimos fueron sustituidos por Cesar Ivar YIIan Marcial y Esteban Bobadilla Tapia, ofrecida por el autorizado de la quejosa. En dicha diligencia se desechó la prueba marcada con el numeral tres por equipararse a la confesional que no es admisible en el juicio de amparo, asimismo respecto a la prueba testimonial ofertada por la quejosa fue declarada desierta por no presentar los testigos en la audiencia. Sentado lo anterior, es pertinente señalar que en un documento se debe distinguir el contenido y el continente, es decir, la declaración expresada en el documento (contenido) y el documento mismo (continente), pudiendo resultar falso lo uno y verdadero lo otro o viceversa, ya que la finalidad del documento es probar la existencia de la declaración, no su eficacia. Así, la objeción de falsedad de un documento puede estar referida a lo manifestado en el mismo (contenido), o bien, a su autenticidad (continente) en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe contener, entre ellos la firma del suscriptor, la fecha de su emisión, el sello correspondiente, etcétera. En el caso, la tercera interesada Juana Olvera Ríos, impugnó la inscripción que calza el escrito inicial de demanda de amparo (continente), firma autógrafa de la quejosa y que fue presentada por su autorizado en términos amplios Efraín Hernández Constantino, bajo el argumento de que el nombre escrito por puño y letra con bolígrafo que ahí se aprecia, no fue estampado por Ricarda Mendieta Gómez, por tanto, procede resolver el incidente promovido. La perito oficial Rebeca Murillo Muñoz, al rendir su dictamen concluyó: ".ÚNICA - NO PROVIENE POR SU EJECUCIÓN AL PUÑO Y LETRA DE LA SEÑORA RICARDA MENDIETE GOMEZ, LAS FIRMAS QUE SE OBSERVAN EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO, CON SELLO RECIBIDO ONCE (11) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), ESCRITO MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA AL LICENCIADO ISMAEL RODRIGUEZ TAPIA, CON SELLO DE RECIBIDO VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN RELACIÓN CON LAS FIRMAS BASE DE COTEJO, Y POR LAS RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DESCRITAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE ESTUDIO." Para sostener su dicho refirió que realizó meticulosas y reiteradas observaciones a todas y cada una de las firmas proporcionadas como base de cotejo por la señora Ricarda Mendieta Gómez, con la finalidad de evaluar y clasificar las constancias graficas susceptibles de comparación (características del orden general y gestos gráficos), posterior aplico la misma metodología a las firmas cuestionadas puesta por la señora Ricarda Mendieta Gómez, visible en el escrito inicial de demanda de amparo y escrito mediante el cual autoriza al licenciado Ismael Rodríguez Tapia, y procedió a efectuar el estudio comparativo correspondiente. De igual manera señaló el equipo y material utilizado. Estableció una comparación de rasgos y gestos gráficos entre la escritura dubitada y la indubitable en los siguientes términos: En conclusión, al contestar el cuestionario exhibido por la oferente de la prueba refirió que la escritura que se muestra en el escrito inicial de demanda de amparo y escrito que autoriza a Ismael Rodríguez Tapia, no fue plasmada por Ricarda Mendieta Gómez. Al anterior dictamen pericial se concede valor probatorio pleno, toda vez que fue emitido por profesionista especialista en la materia, con grado académico que la cualifica para ser considerado experto para el trabajo que le fue requerido. Así mismo, porque dicho dictamen es resultado de la evaluación de la documentación y firmas sometidos a su consideración, se advierte empleo para ello diversos instrumentos necesarios para la investigación, aflorando en los mismos los elementos morfológicos de los signos gráficos como figura geométrica resplandeciendo los elementos estructurales con las propiedades íntimas del grafismo. De donde se sigue que la perito explica de manera adecuada y suficiente los estudios realizados que la llevaron establecer la conclusión vertida en su dictamen el cual logra crear convicción en el que ahora juzga acerca de que el texto manuscrito que obra en el escrito de demanda de amparo indirecto no proviene del puño y letra de la quejosa. En este orden de ideas y cumpliendo dicha prueba pericial con el objeto de ser un medio probatorio que ilustre con información especializada y conocimientos técnicos sobre la materia encomendada, debe otorgársele valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo al sistema de apreciación probatoria que impera en los artículos 189, 197, 202 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos del numeral 2°, el juzgador tiene la facultad de ponderar a su arbitrio las pruebas documentales y los dictámenes periciales que en el juicio se rindan, atendiendo a las circunstancias especiales del caso y los demás elementos contenidos en los propios documentos y dictamen exhibido, por lo que aun cuando no fue objetado, a su vez, ello no es obstáculo para que se examine oficiosamente y se determine si reúne los requisitos previstos en la legislación citada aplicable supletoriamente, en uso del libre albedrío jurisdiccional que la ley confiere para determinar su validez y eficacia, esto es, que efectivamente reúne los requisitos legales y que evidencia el hecho o dato materia de prueba. Es de señalarse que la falta de controversia y contraprueba en relación con el dictamen pericial que obra en autos, no releva al órgano jurisdiccional a efectuar su análisis, ni de asignarles el valor demostrativo que, por sus propios motivos, fundamentos, conclusiones y concordancia con las restantes pruebas que obren en autos, éste merezca, pues de lo contrario sería tanto como conceder valor probatorio a un dictamen por el solo hecho de no haber sido objetado, lo que atentaría contra la naturaleza misma de la prueba pericial y convertiría la opinión técnica de un coadyuvante del juzgador en una prueba plena. En esa tesitura, conviene tener presente a manera de preámbulo, a efecto de ilustrar la decisión a la que arriba este juzgado, y con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, que la intervención de peritos tiene lugar siempre que en un procedimiento judicial se presenten ciertas cuestiones técnicas o científicas concretas, cuya solución, para poder producir convencimiento en el ánimo del Juez, requiere el examen de personas provistas de aptitud y de conocimientos facultativos especiales, es pues necesaria cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya indagación para que sea bien hecha exige necesariamente los conocimientos técnicos especiales. El peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o para su simple apreciación e interpretación. De ahí que la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a los conocimientos especiales del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juzgador sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Esto es así, porque el Juez es un perito en derecho, sin embargo, no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones y prácticas de grafoscopía, como en el caso, que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar a conocer por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia, de manera que bajo el auxilio que proporciona el perito a través de su dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta. Por tanto, al ser el dictamen pericial un auxiliar eficaz para el juzgador que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, y quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece; por tanto para que pueda estimar un dictamen pericial, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano; además de que para que produzca efectos legales, debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, pues de no cumplirse, será una prueba imperfecta. Cabe mencionar, que para llegar a la conclusión a que se hace alusión en el párrafo que antecede, esto es, que el dictamen pericial que incumpla con los requisitos que la ley dispone y como consecuencia sea una prueba imperfecta, previamente a arribar a esa conclusión se debe atender a alguno de los tres sistemas de apreciación de la prueba, que existen en nuestro sistema legal, que a saber son: a) Sistema libre, que es la facultad otorgada al Juez para disponer de los medios de prueba conducentes, y valorarlos conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de su función. b) Sistema tasado, en el que se dispone sólo de los medios probatorios establecidos en la ley, y para su valoración, el Juez está sujeto a reglas prefijadas por el legislador en las normas procesales. c) Sistema mixto, que como lo indica su nombre, es una combinación de los anteriores, en el cual los medios de convicción están señalados en la ley, pero el Juez puede aceptar, o incluso buscar, todo elemento probatorio que pueda constituir prueba, siempre y cuando respete el camino legal pertinente, existiendo igualmente libertad para su apreciación. El Juez del conocimiento no sólo goza del más amplio arbitrio para valorar las pruebas, sino que puede allegarse de los medios de convicción que estime pertinentes para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, siempre y cuando los mismos no vayan en contra de la propia ley o estén expresamente reprobados por la misma, pues así lo dispone la propia Legislación Federal Procesal Civil en sus artículos 79 y 80, aplicada supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°. Bajo esta perspectiva, este sistema de mayor libertad es más justo, en tanto que permite apreciar todas las pruebas y las circunstancias del caso para la ponderación del referido concepto, sin que se constriña al juzgador a determinarlo con base únicamente en un dictamen, pues, cuenta con las facultades para otorgar valor pleno o desestimar por completo los dictámenes periciales, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en ellos. A ese respecto es de señalar, como ya ha quedado precisado en párrafos precedentes, que tratándose de la facultad de los Jueces para la apreciación de las pruebas, la legislación mexicana adopta el sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador, para la apreciación de ciertas pruebas (pericial), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica, de las cuales no debe separarse. Esto es, estatuye que las pruebas rendidas serán valoradas en su conjunto por el juzgador, conforme a su prudente arbitrio y que los tribunales expondrán en sus resoluciones, invariablemente, los razonamientos que hayan tenido en cuenta para hacer la valoración jurídica de las pruebas. Lo antes mencionado encuentra su origen en la jurisprudencia publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la página 45 del Tomo XXII, Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del tenor siguiente: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". Así pues, al perito no es a quien corresponde determinar si el texto manuscrito estampado en el libelo constitucional y escrito que autoriza en términos amplios al licenciado Ismael Rodríguez Tapia, fue puesto o no de puño y letra de Ricarda Mendieta Gómez, pues esa situación la valora el juzgador ante quien se objetó el documento, mediante el análisis comparativo de las pruebas que se aportaron al sumario para justificar dicha objeción. En ese contexto, es oportuno señalar que la perito oficial designada por esta autoridad, que las partes fueron omisas en ofrecer perito de su parte por lo que se les tuvo por adheridos a la experticia que en su momento emitiera ésta, sostuvo que el texto manuscrito tanto del escrito inicial de demanda de amparo como del escrito de designación en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Ismael Rodríguez Tapia, dubitados, no corresponden al puño y letra de Ricarda Mendieta Gómez. Ahora, del análisis del dictamen sin rebasar el conocimiento común o general ni invadir un campo de conocimientos técnicos, de la simple confrontación y atendiendo a las reglas de la lógica, así como de la experiencia, este Juzgado advierte que el texto manuscrito tanto del escrito inicial de demanda como del escrito de autorizar en términos amplios al profesionista de referencia, no fueron plasmados por la quejosa Ricarda Mendieta Gómez. Así, debe decirse que la perito oficial en su dictamen pericial concluyó que las firmas que se encuentran estampadas en el escrito inicial de demanda y escrito de designación de autorizado, no provienen del puño y letra de la señora Ricarda Mendieta Gómez, impetrante del amparo, exponiendo metódicamente su dictamen, señalando el planteamiento del problema, haciendo una descripción de los elementos de estudio (firmas dubitada e indubitadas), refirió los principios que sirvieron de base en la metodología empleada y finalmente en su análisis de las características de los trazos en las firmas, identificó una serie de diferencias en los textos manuscritos, las que señaló con flechas en una imagen de las mismas. De tal forma, que dicha determinación influye en el sentido de lo aquí expuesto, pues debe decirse que esas diferencias señaladas por la perito, son suficientes para tener demostrado que el texto manuscrito firma, dubitado no corresponde al puño y letra de Ricarda Mendieta Gómez. En consecuencia, si en el caso la perito oficial señaló diferencias notables y contundentes en los trazos del texto manuscrito dubitado e indubitado, debe decirse que esa cuestión, para los efectos del presente juicio de amparo es suficiente para determinar que no corresponde al puño y letra de Ricarda Mendieta Gómez. Máxime si se toma en consideración que el perito oficial al rendir su dictamen y referirse a los gestos gráficos de las grammas "R", "i", "a", "r", "d "M", "e", "n" y "t" del texto manuscrito dubitado e indubitado, no estableció alguna similitud sino por el contrario solamente discrepancias; máxime que fue requerida la quejosa para ratificar contenido y firma de la demanda, como no lo hizo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado consistente en resolver el asunto con base en los artículos citados y demás disposiciones contenidas en la Ley de Amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional, en uso de su arbitrio para apreciar la prueba técnica a cargo de la perito auxiliar de la administración de justicia, concluye que está demostrado que el texto manuscrito estampado en el escrito inicial de demanda no corresponde al puño y letra de Ricarda Mendieta Gómez. Declaración que, atento a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, tiene efectos exclusivos para el presente juicio. En consecuencia, se declara fundada la objeción planteada por la tercera interesada, Juana Olvera Ríos, y como consecuencia, se tiene que el escrito inicial en este juicio constitucional no fue suscrito por Ricarda Mendieta Gómez. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede de oficio el examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 107 de la Constitución Federal, de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". De lo transcrito se deduce que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la necesidad de que el peticionario de amparo sea quien manifieste su voluntad indubitable de atacar el acto que estima inconstitucional, lo cual es a través del nombre en letra manuscrita, firma o rúbrica, que representa el signo con el cual las personas expresan su deseo de instar al órgano de control constitucional. En otras palabras, si el escrito en que se formula la demanda de amparo no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esos escritos estén signados por el interesado, sobre todo cuando se trata de la primera promoción que, por ser la demanda de amparo, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte agraviada. Así, la falta de nombre, firma o rúbrica, tiene como consecuencia que no se encuentre satisfecho el requisito de manifestación de voluntad de promover la demanda de amparo. En el caso, la peticionaria Ricarda Mendieta Gómez, por escrito datado el once de octubre de dos mil diecinueve, formuló demanda de amparo, en cuyo calce aparece su nombre con letra manuscrita y trazo ilegible. Ello en razón de que la presente demanda carece de firma de la persona promovente, y por tanto, trae como consecuencia su desechamiento, en tanto que constituye un requisito esencial que debe contener toda promoción, tal como se desprende del artículo 3 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. [.]." Del numeral transcrito se desprende que, en los juicios de amparo, por regla general, toda promoción debe formularse por escrito, mediante formato impreso, debiendo contener, la firma autógrafa de la promovente. En tal contexto, es claro que la firma autógrafa de quien promueve una demanda, un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, lo que se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. En consecuencia, si una promoción presenta irregularidades en la firma o hay ausencia de la misma, impide tener certeza de la autenticidad del documento, así que para probar la voluntad del recurrente y se vuelve necesario tener certidumbre de que su intención fue interponer la demanda de amparo. Luego, si el ocurso mediante el cual se pretendió intentar la demanda de amparo en contra de contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, carece de firma de la persona promovente, lo que procede es sobreseer el juicio. Sin que se considere un obstáculo que en la demanda de amparo la parte agraviada exprese su voluntad con letra manuscrita, firma o rúbrica. Empero, en la especie se considera que no aconteció de tal manera por las razones siguientes. Del escrito inicial de la demanda de amparo de once de octubre de dos mil diecinueve, específicamente la foja seis de autos, se pone de manifiesto que expresó su voluntad de instar la vía constitucional al asentar su nombre "Ricarda Mendieta S y firma ilegible" en letra manuscrita. Ahora, la tercera interesada Juana Olvera Ríos, a través del incidente de objeción de firma, previamente resuelto, impugnó la inscripción que calza el escrito inicial de demanda de amparo, bajo el argumento de que la firma estampada, no fueron estampados por la quejosa Ricarda Mendieta Gómez. Incidente que se resolvió previamente, declarándose fundada la objeción planteada por la tercero interesada, y como consecuencia, se tuvo que el escrito inicial de demanda de amparo no fue suscrito por la peticionaria Ricarda Mendieta Gómez. Además, la quejosa fue requerida para manifestar si reconocía como suya la firma que calza el escrito inicial de demanda, que se ordenó mediante acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, notificación por despacho el veintiséis de abril del año en curso, así en acuerdo de dieciséis de mayo de la anualidad, ante la incomparecencia de la quejosa a ratificar la firma del escrito inicial de demanda, esta autoridad hizo efectivo el apercibimiento decretado, ordenó la continuación del procedimiento. De manera que no es dable tener satisfecho el principio de instancia de parte agraviada que requiere la promoción inicial de todo juicio de amparo, puesto que la ausencia de éste requisito constituye la falta de manifestación de la voluntad y por tanto, la firma electrónica por parte de la persona autorizada en términos amplios carece de personalidad para firmarla. Luego, se concluye que quien aparece en la demanda de amparo como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio de amparo, por ende, incumplió con el requisito del principio de instancia de parte agraviada necesario para instar la vía constitucional. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 63/2012 que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA FALSEDAD DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO PUEDE CONVALIDARSE CON LA CONTENIDA EN EL ESCRITO DE PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA FIRMA DE ÉSTE HAYA SIDO O NO IMPUGNADA DE FALSA. Si bien es cierto que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 33/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE FIRMARLA SE SUBSANA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ESCRITO CON EL QUE SE PRESENTA LA MISMA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", que tanto el escrito de demanda como el de su presentación, por una solución de continuidad, no pueden considerarse documentos autónomos o separados entre sí, sino como reflejos documentales de una misma voluntad, consistente en interponer la demanda de amparo, también lo es que cuando la firma que calza el escrito de demanda ha sido declarada falsa, debe estimarse que éste y el de presentación son documentos autónomos, por no reflejar una misma voluntad, pues la presunción de unidad de voluntades contenidas en tales escritos, se desvanece ante la señalada declaración de falsedad de firma, ya que, aun cuando el quejoso hubiera firmado el escrito presentado ante la responsable, el reflejo de una misma voluntad en ambos escritos no existe, al tratarse de personas distintas las que suscribieron ambos documentos. Así, al no corresponder al quejoso la firma que calza la demanda de garantías, las consecuencias de ese hecho también alcanzan al escrito de presentación, resultando irrelevante si la firma contenida en el escrito de presentación fue o no impugnada de falsa, en virtud de que lo que alcanza al escrito de presentación no es la declaración de falsedad de la firma, sino la consecuencia de ausencia de voluntad para promover el juicio de amparo". Así mismo, por las razones que la informan, la jurisprudencia 93/2008 que emitió la misma Primera Sala, visible en la página 476 del Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada". De igual forma, se cita la tesis que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Volumen 38, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 107 de la Constitución Federal, pues la demanda de amparo no fue signada por la peticionaria, y como ello constituye una formalidad indispensable, porque sirve para dar autenticidad a dicho documento, debe estimarse que carece de la expresión o signo manifiesto de la voluntad de la impetrante Ricarda Mendieta Gómez. Consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados, conforme lo ordenado por la fracción V del dispositivo 63 de la misma ley reglamentaria. No sobra decir que si bien la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, ello no tiene el alcance de soslayar los requisitos o presupuestos formales necesarios para la procedencia de la vía, tal como ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 22/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325 Libro 4, tomo 1, marzo de 2014, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO. Es fundado el incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo, promovido por la tercero interesada Juana Olvera Ríos, en los términos anotados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ricarda Mendieta Gómez, en contra del acto que reclamó de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, y otra autoridad, trascrito en el resultando primero de esta resolución, en términos de los considerandos que tercero y último de este fallo. Notifíquese personalmente. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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