Juan Manuel Becerra López
Expediente 773/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/07/2018
Partes del expediente
- Juan Manuel Becerra López
- Juan Manuel Becerra López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 121 a 128), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Hilario Núñez Arvizu, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. GAC/HNA/mfg=)
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escritos presentados el nueve de marzo de dos mil dieciocho, Juan Manuel Becerra López, Micaela Aragón Palacios, Manuel Alfonso de Silva Delgado, Francisco Vélez Márquez y Carlos Sevilla Alcantar, por su propio derecho, solicitaron respectivamente el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las entidades y por los actos que serán precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Derechos Fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de las demandas este juzgado; en acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 26 a 32), se decretó la acumulación de los juicios de amparo 774/2018, 775/2018, 776/2018 y 777/2018 al 773/2018 por ser el más antiguo, según se desprende de las boletas de la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; en el mismo proveído se admitieron a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó llamar a juicio como tercero interesado a Héctor Fernando Padilla Tornero; quien fue llamado a juicio según consta a fojas 32 vuelta; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició el día de hoy (fojas 120) y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se controvierten normas atribuidas a autoridades administrativas con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: A la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y al Liquidador del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana: ? Los acuerdos, resoluciones, órdenes o mandatos por los que se autorizó al camión de número económico S-1083, con placas de circulación 722-673-G del Estado de Jalisco, propiedad del tercero perjudicado, la prestación del servicio de transporte público en la ruta 24-A del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 36 a 40, 57 a 59 y 83 a 84). Es así, porque se reclaman actos de naturaleza positiva, por lo que, recae sobre la propia quejosa la carga de acreditar su existencia, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables acabadas de referir, se debe decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284, que dispone: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo . En cambio, es cierto el acto que se atribuye al Liquidador del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a pesar de haber negado el acto reclamado al rendir su informe justificado, ello en virtud de que la parte quejosa, mediante los medios de convicción ofrecidos desvirtuó dicha negativa, esto es, mediante los mismos el oferente acreditó que el otrora Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana autorizó al tercero interesado la reincorporación de la unidad S-1083, propiedad del tercero interesado de la ruta 637 a la ruta 24-A. Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causa de improcedencia inatendible. Procede su estudio de manera preferente por referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, del cuerpo legal citado, toda vez que la parte quejosa no demuestra contar con interés jurídico, ni legítimo, para instar el amparo. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso, es aquel quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, la improcedencia citada estriba en que, el juicio no es factible si lo que combate no afecta sus intereses jurídicos o legítimos, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la propia ley. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha precisado que el interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen en cambio, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone la existencia de esa facultad para exigir la legalidad de determinados actos, mismo que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente a la norma. El interés legítimo entonces, existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 60, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas Asimismo, apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivoante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ellaEs decir, de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: I. Existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; II. El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, III. El promovente pertenece a esa colectividad. Esto es, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes; es decir, son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente, porque en todo caso, estaría en un supuesto de interés simple. Sobre el tema, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación estableció la diferencia existente entre el interés legítimo y el interés simple, el que, indicó, el interés simple es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no sólo surtiría un beneficio personal. Lo anterior, se aprecia de la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), Décima Época, Registro: 2002812, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: Página: 822, del siguiente tenor: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Conforme a las anteriores premisas, se considera que la parte quejosa carece del interés legítimo para ejercer la presente acción de control constitucional, contando con un mero interés simple. En efecto, en la especie, los quejosos acuden a la presente instancia, reclamado los acuerdos, resoluciones, órdenes o mandatos por los que se autorizó al camión de número económico S-1083, con placas de circulación 722-673-G del Estado de Jalisco, propiedad del tercero interesado, la prestación del servicio de transporte público en la ruta 24-A del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, bajo la premisa de ser transportistas y prestadores de dicho servicio en la zona metropolitana, aseverando incluso, ser titulares de diversos contratos de subrogación, según lo refiere cada uno en su demanda de amparo. Sin embargo, omiten allegar los elementos de pruebas a efecto de justificar su interés, por lo que no se evidencia cómo es que lo reclamado de la autoridad responsable les irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, o en relación con su especial situación frente al orden jurídico como transportistas, siendo inconcuso que al omitir demostrar que tienen un interés legítimo para instar el juicio de amparo, su pretensión se basa en un interés simple que no supone afectación a su esfera jurídica en ese grado que permita su estudio y, por tanto, resulta insuficiente para considerar la procedencia de la contienda constitucional que aquí intentan. Por tal motivo, si la parte quejosa omitió acreditar ese supuesto que le confiere esa posición especial frente al orden jurídico, es inconcuso que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en atención a lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, conforme lo establece el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, de la misma legislación. En virtud de lo aquí resuelto, deviene innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 773/2018 y sus acumulados 774/2018, 775/2018, 776/2018 y 777/2018, promovidos por Juan Manuel Becerra López, Micaela Aragón Palacios, Manuel Alfonso de Silva Delgado, Francisco Vélez Márquez y Carlos Sevilla Alcantar, por su propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero; por los motivos y fundamentos invocados en el considerando cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que remite la Directora del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a través del cual evacua el requerimiento efectuado mediante auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho (foja 91), para lo cual remite las constancias solicitadas. Asimismo, mediante autos de seis y siete de junio del año en curso, se reservó a proveer los oficios remitidos por el Director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y delegado de la responsable Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, hasta en tanto, todas las autoridades requeridas cumplieran con el requerimiento formulado en el citado auto Por tanto, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas allegadas por la Directora del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, sin perjuicio de volverla a relacionar el día de la audiencia constitucional. Con los comunicados de cuenta y anexo, dese vista a las partes para que se impongan de sus contenidos, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio que remite el delegado de la responsable Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a través del cual realiza diversas manifestaciones en torno al requerimiento efectuado mediante auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho (foja 91) y allega una documental; comunicado que se reserva proveer, hasta en tanto, el resto de las autoridades cumplan con lo requerido. Notifíquese. LAPT/RMG/IIEJ
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