Juan Manuel Avitia Ponce

Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
442/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Avitia Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que se hizo entrega al autorizado de la parte quejosa, las documentales exhibidas con el escrito de demanda; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en autos. Toda vez que, de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en las caratula de dichos expedientes, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)AGC/oalf

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ***************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Además, toda vez que existen diversos documentos exhibidos en el escrito de demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger las constancias que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)MSFM/oalf

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ***************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Además, toda vez que existen diversos documentos exhibidos en el escrito de demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días hábiles, a recoger las constancias que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ...., contra los actos que reclama de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 442/2021. Digitalización. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: 1. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 2. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN. 3. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 4. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES CIUDAD VALLES. 5. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 6. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN. 7. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 8. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES CIUDAD VALLES. A quienes, esencialmente, les atribuye como acto reclamado, lo siguiente: El aviso de cobro por ajuste a la facturación 1398/2021 de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables." Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que es indispensable que los actos reclamados, para efectos del juicio de amparo, se atribuyan a una autoridad, teniendo tal carácter las que, por disposición legal, se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con el gobernado, y que al emitir un acto de forma unilateral, es decir, sin la voluntad del particular, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de éste. En ese contexto, este juzgado de Distrito advierte que en el presente caso el quejoso señaló como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad y otras que forman parte de la estructura del organismo público descentralizado del Gobierno Federal, cuyo carácter es técnico, industrial y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio, quienes no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en la que sostuvo, en lo medular, lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: `Art. 75. La ley reputa actos de comercio: V. Las empresas de abastecimientos y suministros; XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.´ `Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.´ Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio, que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que la contratación del servicio conlleva a esa naturaleza jurídica. Además, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en el domicilio donde se realiza el suministro de energía eléctrica se practican actividades de índole económico e industrial, lo que hace presumir la práctica de un giro comercial con fines de lucro. En consecuencia, si el acto reclamado se relaciona con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del Estado, el acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese orden de ideas, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos o incurre en omisiones, con motivo de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio, imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; en consecuencia, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. La determinación anterior se realiza sin que pase inadvertida la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Atento a lo anterior, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA de amparo promovida por Juan Manuel Avitia Ponce, contra de los actos que reclama a la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad y otras autoridades; ello, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que incluso le permite acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Domicilio. Se tiene como domicilio del promovente el que menciona en su demanda de amparo. Autorizados. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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