Juan Manuel Avendaño Pérez
Expediente 262/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Manuel Avendaño Pérez
- Juez Tercero de lo Penal del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
P. 262/2016 MESA V-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 65 a 68); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, que se encuentre corriendo el término de diez días paras las autoridades responsables: a) juez Quinto de lo Penal, agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados: b) Tercero y c) Quinto de lo Penal, con residencia en esta ciudad, como se advierte de las constancias de notificación correspondientes (foja 70); porque carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Y por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, de rubro: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES". Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio (fojas 65 a 68), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
*pral. 262/2016 mesa amp. 5-a Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso JUAN MANUEL AVENDAÑO PÉREZ. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
INC. 262/2016 MESA V-A Cuarto. Por otra parte, vistos los autos y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original de este expediente será destruible una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se, RESUELVE: Primero. Se niega al quejoso JUAN MANUEL AVENDAÑO PÉREZ, la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución reclamada, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
*inc. 262/2016 mesa amp. 5-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a catorce de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 131 y 132 de la anterior Ley de Amparo y con conocimiento de las partes, agréguese el oficio número 2160, signado por la jueza Tercero de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, mediante el cual informa que: no existe orden de reaprehensión librada en contra del aludido quejoso pendiente de ejecutarse, así también que con fecha tres de marzo de dos mil diez, se libró orden de reaprehensión en contra de JUAN MANUEL AVENDAÑO PÉREZ por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LESIONES, en agravio de BLANCA GARCÍA MARTÍNEZ; sin embargo mediante auto de seis de junio de dos mil catorce se decretó la prescripción de la acción penal a favor del activo de mérito, y por ese motivo también se decretó el sobreseimiento de la causa, por tanto; con el mismo, desé vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE.
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