Juan Manuel Arzola Hernández y Otros.
Expediente 669/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Manuel Arzola Hernández y Otros.
- Juan Manuel Arzola Hernández
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, dejándose sin efectos las providencias dictadas en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo
- Principal
Del estado procesal que guarda este juicio, se advierte que la parte promovente no se encuentra notificada del proveído de veintiocho de junio del año en curso (fojas 25 a 28), por el que se desechó de plano la demanda de amparo; por lo tanto, con la finalidad de que se imponga de su contenido, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona al Actuario adscrito que corresponda, a fin de que realice la notificación de dicho proveído por lista de acuerdos a la promovente.
- Principal
De la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial de la adscripción de notificar de manera personal a la promovente, el proveído de veintiocho de junio del año en curso (fojas 25 a 28), dictado en este juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al fedatario que corresponda para que realice la notificación que nos ocupa, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, remite el juicio de amparo número 821/2016-IV, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Lilibeth Arroyo González a favor de Eder Daniel Escorza Cabadas y Juan Manuel Arzola Hernández, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en el que por las razones expuestas, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese este asunto con el número 669/2016. Acúsese recibo vía fax. SUSPENSIÓN DE PLANO En el caso, no ha lugar a decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, debido a que el Juez de Distrito declinante ya se pronunció al respecto; por lo que solicítese atentamente, que a la brevedad posible envíe el informe rendido por la autoridad responsable. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Asimismo, los artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." El primer artículo citado establece que el juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá promoverlo por propio derecho, a través de su representante legal o por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo; es decir, establece quienes se encuentran procesalmente legitimados para promover juicio de amparo. Por otra parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece excepcionalmente que la demanda de amparo podrá ser interpuesta por cualquier otra persona a nombre del quejoso, aunque sea menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: La negativa de la autoridad responsable de proporcionar atención médica a los directos quejosos. La corrección disciplinaria impuesta a los quejosos en el centro de su reclusión; asimismo, que serán remitidos a una celda de castigo, segregados y aislados de los demás reclusos. Asimismo, la demanda fue promovida por Lilibeth Arroyo González a favor del quejoso Eder Daniel Escorza Cabadas y Juan Manuel Arzola Hernández, sin que en el caso se advierta que encuadre dentro de alguna de las hipótesis previstas en el apartado anterior. De la misma manera, no se advierte imposibilidad alguna de los directos quejosos para promover la demanda de amparo de manera directa. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la promovente no acreditó encontrarse en alguno de los supuestos de excepción mencionados en los párrafos que anteceden que le permita instar el juicio de amparo a favor de los directos quejosos. No es óbice que el Juzgado declinante haya ordenado la diligencia de ratificación, pues ello no convalidaría la falta de legitimación de la promovente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de reclusión de la parte quejosa; por lo que se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique íntegramente el contenido de esta determinación a la parte quejosa. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales.
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