Juan Manuel Álvarez Montalvo

Expediente 1442/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1442/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Álvarez Montalvo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. ANOTACIÓN Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Álvarez Montalvo, por derecho propio y fórmese expediente físico y electrónico con el número 1442/2022-V que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO De la demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "La omisión, la emisión de entrega del pago del seguro de vida mi señor padre SIXTO UBALDO ÁLVAREZ ZAYARZABA mismo que laboraba para el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y en consecuencia, hacer el pago tanto al suscrito como a la tercero interesada del pago del seguro de vida, por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos contenidos en la Ley, además de no existir causa o motivo para su negativa." DESECHAMIENTO En la especie se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, se puede desprender con claridad que el juicio de amparo procede únicamente en contra de "actos de autoridad", concepto que no puede recaer a los actos impugnados, toda vez no reúnen las características de obligatoriedad y unilateralidad que revisten a los actos de imperio. En esa guisa, la definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. O SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En el caso, el quejoso se duele en esencia de la omisión entregarle el pago por concepto de seguro de vida de su progenitor Sixto Ubaldo Álvarez Zayarzaba, por parte de las autoridades señaladas como responsables Tesorero Municipal Subtesorero de Egresos, Subdirector de Contabilidad General, dependiente de la Subtesorería de Egresos y Titular de Caja General dependiente de la Subdirección de Contabilidad General, dependiente de la Subtesorería de Egresos, todos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; sin embargo, se considera que los reclamados no son actos equivalentes a los emitidos por una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el de cujus Sixto Ubaldo Álvarez Zayarzaba, era servidor público adscrito la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Naucalpan de Juárez, prestaba sus servicios para el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; sin embargo, ello no implica que todos los actos de ese municipio, vinculados con el pago de las prestaciones por su servicio, se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) Las reguladas por el artículo 123, apartado A, entre los patrones y obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) Las reguladas por el apartado B, que se refieren a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Sin que el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas incida en forma alguna en la naturaleza de la relación, es decir, que con motivo de que el patrón sea un ente público automáticamente la relación laboral se convierta en una de supra-subordinación, pues las partes se encuentran en un mismo plano, siendo que en este caso, las dependencias públicas no ejercen su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que surgen de la regulación constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En efecto, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores y, en ese sentido, la fracción XII, establece que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria Por esa razón, los servidores públicos y en este caso sus beneficiarios del seguro de vida, pueden acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que corresponda, para resolver sus conflictos individuales, en términos de la fracción XII, del numeral constitucional citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.T.97 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, página 1074, novena época, registro 196368, de rubro y texto siguiente: "SEGURO DE VIDA COMO PRESTACIÓN DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO. Cuando el patrón otorga a sus trabajadores una prestación consistente en un seguro de vida y lo establece en el contrato colectivo de trabajo, no se justifica que tenga que demandarse tal derecho en una vía distinta a la contemplada por la jurisdicción laboral, independientemente de la naturaleza de dicha prestación, toda vez que al incorporarse tal beneficio al pacto colectivo, se torna en una prestación de tipo laboral cuyo incumplimiento puede originar los conflictos a que alude el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje según lo dispone ese mismo precepto." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario ********************; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario que indica, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinte de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica al quejoso a través del usuario ********************. Así lo proveyó y firma Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, quien actúa asistido de la Secretaria Erandi Paulina Fuentes Chávez, que da fe. María Claudia EXPEDIENTE PRINCIPAL 1442/2022-V PROMOCIÓN: 19210. En quince de diciembre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda que antecede. Conste.Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veintidós. ANOTACIÓN Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Álvarez Montalvo, por derecho propio y fórmese expediente físico y electrónico con el número 1442/2022-V que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. ACTO RECLAMADO De la demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "La omisión, la emisión de entrega del pago del seguro de vida mi señor padre SIXTO UBALDO ÁLVAREZ ZAYARZABA mismo que laboraba para el H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y en consecuencia, hacer el pago tanto al suscrito como a la tercero interesada del pago del seguro de vida, por haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos contenidos en la Ley, además de no existir causa o motivo para su negativa." DESECHAMIENTO En la especie se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, se puede desprender con claridad que el juicio de amparo procede únicamente en contra de "actos de autoridad", concepto que no puede recaer a los actos impugnados, toda vez no reúnen las características de obligatoriedad y unilateralidad que revisten a los actos de imperio. En esa guisa, la definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. O SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En el caso, el quejoso se duele en esencia de la omisión entregarle el pago por concepto de seguro de vida de su progenitor Sixto Ubaldo Álvarez Zayarzaba, por parte de las autoridades señaladas como responsables Tesorero Municipal Subtesorero de Egresos, Subdirector de Contabilidad General, dependiente de la Subtesorería de Egresos y Titular de Caja General dependiente de la Subdirección de Contabilidad General, dependiente de la Subtesorería de Egresos, todos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; sin embargo, se considera que los reclamados no son actos equivalentes a los emitidos por una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el de cujus Sixto Ubaldo Álvarez Zayarzaba, era servidor público adscrito la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Naucalpan de Juárez, prestaba sus servicios para el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México; sin embargo, ello no implica que todos los actos de ese municipio, vinculados con el pago de las prestaciones por su servicio, se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) Las reguladas por el artículo 123, apartado A, entre los patrones y obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) Las reguladas por el apartado B, que se refieren a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Sin que el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas incida en forma alguna en la naturaleza de la relación, es decir, que con motivo de que el patrón sea un ente público automáticamente la relación laboral se convierta en una de supra-subordinación, pues las partes se encuentran en un mismo plano, siendo que en este caso, las dependencias públicas no ejercen su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que surgen de la regulación constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En efecto, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores y, en ese sentido, la fracción XII, establece que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria Por esa razón, los servidores públicos y en este caso sus beneficiarios del seguro de vida, pueden acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que corresponda, para resolver sus conflictos individuales, en términos de la fracción XII, del numeral constitucional citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.T.97 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, página 1074, novena época, registro 196368, de rubro y texto siguiente: "SEGURO DE VIDA COMO PRESTACIÓN DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO. Cuando el patrón otorga a sus trabajadores una prestación consistente en un seguro de vida y lo establece en el contrato colectivo de trabajo, no se justifica que tenga que demandarse tal derecho en una vía distinta a la contemplada por la jurisdicción laboral, independientemente de la naturaleza de dicha prestación, toda vez que al incorporarse tal beneficio al pacto colectivo, se torna en una prestación de tipo laboral cuyo incumplimiento puede originar los conflictos a que alude el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje según lo dispone ese mismo precepto." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario ********************; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo al usuario que indica, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veinte de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica al quejoso a través del usuario ********************.

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