Juan Manuel Álvarez Martínez

Expediente 1613/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1613/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Álvarez Martínez
  • Juan Manuel Álvarez Miramontes
  • Jesús Alejandro Álvarez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable.

  2. Principal

    Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia terminada de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por este juzgado, se otorgó a la parte quejosa Juan Manuel Álvarez Miramontes por su propio derecho y representación de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, realizara o siguiente: 1. Deje insubsistente el auto dictado el tres de agosto de dos mil dieciocho dentro del juicio de divorcio necesario 108 2017 y en atención a la petición planteada, ordene dar vista al quejoso, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. 2. Hecho lo anterior, emita resolución en la que purgando los vicios en que incurrió, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda sobre la petición planteada por la tercero interesada. Para mayor claridad con relación al cumplimiento de dicha ejecutoria, se indica que en la parte considerativa se expuso cobra relevancia en el caso en estudio, que de la lectura del acto reclamado se pone de manifiesto una insuficiente motivación, en atención a que la Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, al dictar la resolución reclamada no específica los motivos y razones que la llevaron a concluir que el modificar la sede del lugar de convivencia de los menores con su progenitor, era la decisión que más privilegiaba al interés superior de éstos, sino que de manera dogmática así lo establece en la determinación recurrida, y si bien, estableció el fundamento de su proceder, no puede soslayarse que omitió exponer la motivación necesaria para sustentar su decisión lo anterior a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes, asimismo brindar protección a los menores involucrados Luego, mediante oficios 57, de nueve de enero de dos mil diecinueve; y, 228, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos con anexos, la autoridad responsable en cita, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata; pues en el primero de los citados, la responsable remitió, entre otras, copia certificada el auto de siete de enero de dos mil diecinueve, en que ordenó dejar insubsistente la resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho y ordenó dar vista al aquí quejoso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la petición hecha por la aquí tercero interesada, en el juicio natural de origen fojas 161 a 168; luego, en el segundo de los oficios de referencia, la responsable remitió copia certificada, de la certificación de veintiuno de febrero dos mil dieciocho sic, en la que se asentó que el aquí quejoso no desahogó la vista que se le dio en el auto de siete de enero de este año; y, por ello, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictó nueva resolución purgando los vicios a que se hicieron a que se hicieron referencia en la ejecutoria de amparo, ello con libertad de jurisdicción fojas 187 a 193. Asimismo, mediante proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera respecto de los citados informes de autoridad y anexos; la que desahogó la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve fojas 198 a 204 Consecuentemente, si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para los efectos que han sido invocados en párrafos precedentes y en ese sentido se advierte que, en la especie, los alcances de la protección constitucional han sido observados por la autoridad responsable, según se demuestra con los referidos oficios 57, de nueve de enero de dos mil diecinueve y, 228, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos con anexos, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo constancias a las que por tratarse de documentos públicos, se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2 de esta última; todo lo cual permite concluir que la sentencia protectora ha sido cumplida; sin que se desprenda que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. No obstan a la presente determinación, las manifestaciones hechas por la parte quejosa en escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, donde manifestó su inconformidad al cumplimiento dado por la responsable, pues indicó que ésta únicamente dio cumplimiento en forma parcial a la ejecutoria de que se trata; porque señaló que sí se le dio vista con relación a la petición hecha por la aquí tercero interesada, en el juicio natural de origen (punto 1 de los efectos en la concesión de amparo); empero la responsable no expuso la motivación necesaria y suficiente para sustentar su nueva decisión (punto 2 de los efectos en la concesión de amparo), de ahí que no se dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Es infundado lo anterior. Se considera así, ya que atendiendo a lo expuesto en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, emitido por la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se advierte que contrario a lo aducido por el justiciable, la responsable sí expuso las consideraciones que estimó para modificar la sede de convivencia de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., esto es, de manera clara y congruente con sus fundamentos determinó que se llevara a cabo la convivencia en el Centro Familiar Supervisado en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, ello atendiendo al interés superior del menor, habida cuenta que el domicilio actual de éstos era en la Comunidad de Rafael Yánez Sosa, antes "El Mezquite", en Fresnillo, Zacatecas, y más allá de que el quejoso viviera en Zacatecas, debía ponderarse que el hecho de cambiar de sede para su convivencia familiar reduciría considerablemente el tiempo de traslado de los menores, haciendo efectivo su derecho de convivencia y allanando los obstáculos que signifique el tiempo que ha emplearse su traslado hasta esta ciudad de Zacatecas; por lo que, consideró la responsable que, el cambiar de sede el lugar de convivencia de los menores sería prioritario a su interés superior acorde a lo establecido en el artículo 4º Constitucional; y, 3.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte, pues consideró que con ello se garantizaría su seguridad y bienestar. De ahí que, contrario a lo aseverado por el quejoso al desahogar la vista dada con relación al cumplimiento dado, la responsable sí expuso de manera fundada y motivada las consideraciones que la llevaron a tomar su decisión, precisándose al respecto que en la ejecutoria del amparo antes aludida, se precisó que la autoridad debía dictar una nueva determinación, con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios formales detectados, lo que se advierte así hizo la responsable, con independencia del sentido que adoptó. Y de ahí que se reitere que los argumentos mencionados por el quejoso, los cuales se encuentran encaminados a combatir la decisión dictada por la autoridad responsable, no tienen el alcance para considerar incumplido en sus términos el fallo protector, pues contrario a lo aseverado por dicho inconforme, la responsable al dar cumplimiento al fallo protector, sí estableció de manera cierta sus fundamentos y motivos; y en relación a los diversos aspectos que aduce, sobre que la autoridad responsable, en diverso auto de quince de junio de dos mil dieciocho, había determinado no cambiar el lugar de convivencia de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., hasta en tanto se tuviera certeza de la realización de los dictámenes que a tales menores debían de hacerse, y que a la fecha en que emitió el nuevo auto, aún no se tenía certeza de que se hubieran practicado tales dictámenes el suscrito consideran que en éstos, se plantean argumentos encaminados a combatir los aspectos de fondo de la nueva decisión respecto de los cuales la autoridad responsable no estaba vinculada, y que por ende, resultan ajenos al fallo protector, que concedió el amparo contra una resolución por irregularidades formales y para el efecto de que la responsable dictara con libertad de jurisdicción una nueva decisión que los subsanara conforme a los lineamientos ahí precisados. Resulta aplicable por identidad de razón, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 75/2014, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007970, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, pagina 627, con el rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Por lo consiguiente, es evidente que la responsable sí dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, acorde a lo antes expuesto y conforme a las constancias que obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el caso, conforme al artículo tercero transitorio de la misma, por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia protectora de garantía, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido.

  3. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA:Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia terminada de engrosar el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por este juzgado, se otorgó a la parte quejosa Juan Manuel Álvarez Miramontes por su propio derecho y representación de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, realizara o siguiente: 1. Deje insubsistente el auto dictado el tres de agosto de dos mil dieciocho dentro del juicio de divorcio necesario 108 2017 y en atención a la petición planteada, ordene dar vista al quejoso, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. 2. Hecho lo anterior, emita resolución en la que purgando los vicios en que incurrió, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda sobre la petición planteada por la tercero interesada. Para mayor claridad con relación al cumplimiento de dicha ejecutoria, se indica que en la parte considerativa se expuso cobra relevancia en el caso en estudio, que de la lectura del acto reclamado se pone de manifiesto una insuficiente motivación, en atención a que la Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, al dictar la resolución reclamada no específica los motivos y razones que la llevaron a concluir que el modificar la sede del lugar de convivencia de los menores con su progenitor, era la decisión que más privilegiaba al interés superior de éstos, sino que de manera dogmática así lo establece en la determinación recurrida, y si bien, estableció el fundamento de su proceder, no puede soslayarse que omitió exponer la motivación necesaria para sustentar su decisión lo anterior a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes, asimismo brindar protección a los menores involucrados Luego, mediante oficios 57, de nueve de enero de dos mil diecinueve; y, 228, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos con anexos, la autoridad responsable en cita, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata; pues en el primero de los citados, la responsable remitió, entre otras, copia certificada el auto de siete de enero de dos mil diecinueve, en que ordenó dejar insubsistente la resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho y ordenó dar vista al aquí quejoso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la petición hecha por la aquí tercero interesada, en el juicio natural de origen fojas 161 a 168; luego, en el segundo de los oficios de referencia, la responsable remitió copia certificada, de la certificación de veintiuno de febrero dos mil dieciocho sic, en la que se asentó que el aquí quejoso no desahogó la vista que se le dio en el auto de siete de enero de este año; y, por ello, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictó nueva resolución purgando los vicios a que se hicieron a que se hicieron referencia en la ejecutoria de amparo, ello con libertad de jurisdicción fojas 187 a 193. Asimismo, mediante proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera respecto de los citados informes de autoridad y anexos; la que desahogó la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve fojas 198 a 204 Consecuentemente, si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para los efectos que han sido invocados en párrafos precedentes y en ese sentido se advierte que, en la especie, los alcances de la protección constitucional han sido observados por la autoridad responsable, según se demuestra con los referidos oficios 57, de nueve de enero de dos mil diecinueve y, 228, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ambos con anexos, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo constancias a las que por tratarse de documentos públicos, se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2 de esta última; todo lo cual permite concluir que la sentencia protectora ha sido cumplida; sin que se desprenda que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. No obstan a la presente determinación, las manifestaciones hechas por la parte quejosa en escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, donde manifestó su inconformidad al cumplimiento dado por la responsable, pues indicó que ésta únicamente dio cumplimiento en forma parcial a la ejecutoria de que se trata; porque señaló que sí se le dio vista con relación a la petición hecha por la aquí tercero interesada, en el juicio natural de origen (punto 1 de los efectos en la concesión de amparo); empero la responsable no expuso la motivación necesaria y suficiente para sustentar su nueva decisión (punto 2 de los efectos en la concesión de amparo), de ahí que no se dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Es infundado lo anterior. Se considera así, ya que atendiendo a lo expuesto en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, emitido por la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se advierte que contrario a lo aducido por el justiciable, la responsable sí expuso las consideraciones que estimó para modificar la sede de convivencia de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., esto es, de manera clara y congruente con sus fundamentos determinó que se llevara a cabo la convivencia en el Centro Familiar Supervisado en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, ello atendiendo al interés superior del menor, habida cuenta que el domicilio actual de éstos era en la Comunidad de Rafael Yánez Sosa, antes "El Mezquite", en Fresnillo, Zacatecas, y más allá de que el quejoso viviera en Zacatecas, debía ponderarse que el hecho de cambiar de sede para su convivencia familiar reduciría considerablemente el tiempo de traslado de los menores, haciendo efectivo su derecho de convivencia y allanando los obstáculos que signifique el tiempo que ha emplearse su traslado hasta esta ciudad de Zacatecas; por lo que, consideró la responsable que, el cambiar de sede el lugar de convivencia de los menores sería prioritario a su interés superior acorde a lo establecido en el artículo 4º Constitucional; y, 3.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México es parte, pues consideró que con ello se garantizaría su seguridad y bienestar. De ahí que, contrario a lo aseverado por el quejoso al desahogar la vista dada con relación al cumplimiento dado, la responsable sí expuso de manera fundada y motivada las consideraciones que la llevaron a tomar su decisión, precisándose al respecto que en la ejecutoria del amparo antes aludida, se precisó que la autoridad debía dictar una nueva determinación, con libertad de jurisdicción pero purgando los vicios formales detectados, lo que se advierte así hizo la responsable, con independencia del sentido que adoptó. Y de ahí que se reitere que los argumentos mencionados por el quejoso, los cuales se encuentran encaminados a combatir la decisión dictada por la autoridad responsable, no tienen el alcance para considerar incumplido en sus términos el fallo protector, pues contrario a lo aseverado por dicho inconforme, la responsable al dar cumplimiento al fallo protector, sí estableció de manera cierta sus fundamentos y motivos; y en relación a los diversos aspectos que aduce, sobre que la autoridad responsable, en diverso auto de quince de junio de dos mil dieciocho, había determinado no cambiar el lugar de convivencia de los menores J. M. A. M. y J. A. A. M., hasta en tanto se tuviera certeza de la realización de los dictámenes que a tales menores debían de hacerse, y que a la fecha en que emitió el nuevo auto, aún no se tenía certeza de que se hubieran practicado tales dictámenes el suscrito consideran que en éstos, se plantean argumentos encaminados a combatir los aspectos de fondo de la nueva decisión respecto de los cuales la autoridad responsable no estaba vinculada, y que por ende, resultan ajenos al fallo protector, que concedió el amparo contra una resolución por irregularidades formales y para el efecto de que la responsable dictara con libertad de jurisdicción una nueva decisión que los subsanara conforme a los lineamientos ahí precisados. Resulta aplicable por identidad de razón, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 75/2014, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007970, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, pagina 627, con el rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Por lo consiguiente, es evidente que la responsable sí dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, acorde a lo antes expuesto y conforme a las constancias que obran en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el caso, conforme al artículo tercero transitorio de la misma, por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia protectora de garantía, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, signado por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital, por el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio; con ello, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se les practique de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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