Juan Manuel Ake Vazquez

Expediente 383/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Ake Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, documentales públicas consistentes, en un certificado de estudios expedido por el Instituto de Educación para Adultos del estado de Yucatán, tres diplomas otorgados por la fundación "Corazones dejando huella Asociación Civil", constancias otorgadas por el Centro de Reinserción Social del Estado por su participación deportiva y constancia de buena conducta dentro del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad., por tanto, prevéngase a la parte quejosa para que acuda a este Tribunal, con identificación oficial, a fin de recoger dichos documentos, en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA III.Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías.

  3. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, en el cual informó con relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Juan Manuel Aké Vázquez . Asimismo, por auto de diecinueve de junio del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución. De manera que el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, estaba obligado a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "...Lo procedente es conceder la protección constitucional para que la Sala responsable: 1.- Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado; y, 2.- Declare la procedencia del incidente no especificado de libertad anticipada y resuelva el mismo tomando en consideración la Ley Nacional de Ejecución Penal y determine si procede o no que se le conceda al sentenciado el beneficio solicitado, acorde a las constancias que obren en el sumario..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió copia certificada de la nueva resolución de segunda instancia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que resolvió lo siguiente: primero, dejó insubsistente la resolución de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho; segundo, dejó parcialmente fundados pero insuficientes para los efectos pretendidos, los agravios formulados por el sentenciado Juan Manuel Aké Vázquez, y no se advirtió motivos que amerite suplir su deficiencia; tercero, modificó la resolución impugnada y sujeta a revisión; y, cuarto, decretó que no es procedente otorgarle al sentenciado aquí quejoso el beneficio de la libertad anticipada, previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en sentencia de segundo grado de fecha dieciséis de diciembre de dos mil ocho, al no cumplir con los requisito exigidos para su concesión, tal como se le ordenó en la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo.

  4. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, en el cual informó con relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Juan Manuel Aké Vázquez . Asimismo, por auto de diecinueve de junio del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución. De manera que el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, estaba obligado a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "...Lo procedente es conceder la protección constitucional para que la Sala responsable: 1.- Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado; y, 2.- Declare la procedencia del incidente no especificado de libertad anticipada y resuelva el mismo tomando en consideración la Ley Nacional de Ejecución Penal y determine si procede o no que se le conceda al sentenciado el beneficio solicitado, acorde a las constancias que obren en el sumario..." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió copia certificada de la nueva resolución de segunda instancia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el que resolvió lo siguiente: primero, dejó insubsistente la resolución de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho; segundo, dejó parcialmente fundados pero insuficientes para los efectos pretendidos, los agravios formulados por el sentenciado Juan Manuel Aké Vázquez, y no se advirtió motivos que amerite suplir su deficiencia; tercero, modificó la resolución impugnada y sujeta a revisión; y, cuarto, decretó que no es procedente otorgarle al sentenciado aquí quejoso el beneficio de la libertad anticipada, previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en sentencia de segundo grado de fecha dieciséis de diciembre de dos mil ocho, al no cumplir con los requisito exigidos para su concesión, tal como se le ordenó en la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo

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