Juan Maho Ochoa

Expediente 1398/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1398/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Maho Ochoa

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Vista la cuenta precedente y como está ordenado en el cuaderno principal, y de acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y Artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo Il-1398/2023-AD, promovido por Juan Maho Ochoa, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado y de otras autoridades. 2. SOLICITUD DE INFORMES. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144 de la Ley de Amparo en vigor, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente acuerdo. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir sus informes previos, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Sin perjuicio de lo que antecede, se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Con apego en lo que dispone el artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan para la celebración de la audiencia incidental las trece horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Solicítese a las autoridades que hayan emitido el acto reclamado, para que de acuerdo con el artículo 168 de la Ley de Amparo, informe a este juzgado la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como la situación económica de la misma y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además, si con motivo de la comisión del delito, obtuvo algún lucro, deberá comunicar a cuánto asciende el monto del mismo y deberá precisar el delito o delitos por el que se libró la orden tendiente a privar de la libertad, los artículos que tipifican y sancionan a éstos y si conforme a la ley aplicable se puede obtener la libertad provisional bajo caución a que se refiere el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna. 3. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, esto es: 1. Por lo que ve que a los efectos y consecuencias jurídicas respecto a la detención y/o presentación del quejoso ante las autoridades competentes en lo relacionado al despojo del predio rústico denominado "La Querenda", ubicado a la orilla de la ciudad, hoy calle La Noria, colonia La Querenda de Pátzcuaro, Michoacán; y, 2. El despojo del que pueda ser objeto en la propiedad del predio rústico denominado "La Querenda", ubicado a la orilla de la ciudad, hoy calle La Noria, colonia La Querenda de Pátzcuaro, Michoacán, por parte de las autoridades señaladas como responsables, sin un debido procedimiento; por tanto, para proveer al respecto, conviene realizar el siguiente análisis: *Orden de detención y/o presentación. Con sustento en los artículos 128, 136, 138, 147 y 165, de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión para el efecto de que no sea detenido, localizado, ni obligado a presentarse ante la autoridad ministerial responsable; a menos de que, se trate de orden de detención emitida por el ministerio público en términos del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, supuesto en el cual una vez que en su caso sea cumplimentada, y se le ponga a disposición de la representación social correspondiente, la suspensión únicamente tendrá como efecto que el Ministerio Público dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, ordene que la parte quejosa sea puesta en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional competente. Cuando la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición. La suspensión se concede porque con esta medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que ello no paraliza la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación de origen, ya que la presentación de la parte quejosa, no es un requisito indispensable para la integración de la misma, por lo que la suspensión decretada no impide continuar el procedimiento respectivo hasta antes del ejercicio de la acción penal. En cambio, de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos reclamados se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación en virtud de que el cumplimiento de la orden privativa de libertad de la parte indiciada para que declare dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación, si así lo estima conveniente, si bien no tiene como propósito lograr su detención, cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad personal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 86/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.". En el entendido de que la anterior concesión no impide que la parte quejosa comparezca voluntariamente al desahogo de las diligencias que se lleven a cabo dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación de origen. Aunado a lo antepuesto, la suspensión decretada no surtirá efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señalada como responsables o si el acto resulta ser uno distinto a los aquí combatidos. La suspensión surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice del presente acuerdo la parte quejosa no exhibe garantía, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, a disposición de este juzgado y a nombre del peticionario de amparo, la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que se origina en virtud que se impone por cada una de las autoridades señalas como responsables un monto de ochocientos pesos, cantidad que podrá exhibir, en cualquiera de las formas autorizadas por la legislación aplicable, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, por no contar con elementos para realizar una fijación de la garantía de manera determinada. En caso de que se exhiba la garantía exigida se comunicará tal situación a las autoridades responsables y continuará surtiendo sus efectos la medida suspensional decretada. *Desposeimiento del bien inmueble. Ahora bien, el quejoso en su carácter de tercero extraño al procedimiento solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, en virtud de que señala que es propietario del predio rústico denominado "La Querenda", ubicado a la orilla de la ciudad, hoy calle La Noria, colonia La Querenda de Pátzcuaro, Michoacán, lo que acredita con la escritura número tres mil setecientos veintisiete, celebrada ante notario público, documental a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La probanza descrita hasta el momento permite advertir que el quejoso acredita presuntivamente su calidad de propietario, así como la existencia de un derecho tutelado por la ley; es decir, aduce un interés legítimo, sobre el predio rústico cuya posesión ostenta, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147, 150 y 151 de la Ley de Amparo, se concede a Juan Maho Ochoa, la suspensión provisional para el efecto de las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran en relación con el predio rústico referido y no se lleve a cabo ningún acto tendente a privarle del mismo, de traslación de dominio del bien inmueble motivo de controversia, o bien, no se realice la entrega real y material a favor de persona alguna. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XXIX, página 515, de Abril de 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167346, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Dicha suspensión se concede en términos de los artículos 129 y 139 de la Ley de Amparo, porque con ella no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social y de no concederse se causarían a la parte quejosa de que se trata daños y perjuicios de difícil reparación. Sin que sea necesario requerir garantía alguna para que surta efectos la suspensión concedida por lo que respecta a que no se le prive, despoje o desposea del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, en virtud que con dicha concesión no se ocasionaría daño o perjuicio a algún tercero interesado que pudiera existir. Sustenta a lo anterior, la tesis III.2o.P.143 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ubicada en el Tomo IV, página 3328, de Marzo de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016375, que a la letra dice: "ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES EMANADO DE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS. ES ILEGAL FIJAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI NO EXISTE AFECTACIÓN A TERCEROS NI A LA LIBERTAD PERSONAL. Si se trata de la suspensión respecto de actos que no se encuentran vinculados con afectaciones a la libertad personal, provenientes de la investigación de delitos, sino cuando recaiga en el aseguramiento sobre un bien inmueble, no existe normativa que prevea que debe fijarse garantía para que surta efectos la suspensión concedida para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y el bien no se transmita a terceros, ya que de exigirse, ésta sería ilegal, pues con esa determinación no se causarían daños y perjuicios a terceros que mediante una garantía pudieran resarcirse." Cabe precisar que la medida se concede siempre y cuando el aseguramiento del inmueble que el quejoso pretende defender en esta instancia constitucional no haya sido ordenado por diversa autoridad de las señaladas como responsables en la demanda de amparo, ni se encuentre vinculado a una orden de cateo dictada por un juez de control, toda vez que es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo promovido en su contra, al tratarse de una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución. Apoya lo anterior la tesis XVII.1o.P.A.17 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Décimo Séptimo Circuito, ubicada en el Tomo III, página 1937, de Noviembre de 2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015494, que a la letra dice: "ASEGURAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y DE LOS MUEBLES LOCALIZADOS EN SU INTERIOR CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE CATEO DICTADA POR UN JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, AL TRATARSE DE UNA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DECRETADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. De conformidad con los artículos 128, fracción II y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a las características de cada asunto en particular para determinar si la suspensión de los actos reclamados solicitada sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, así como efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el numeral 129 del propio ordenamiento prevé cuándo se actualizan los primeros dos aspectos, lo que no implica que el juzgador tenga vedada la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, si se actualizan o no las afectaciones que el ordenamiento pretende evitar pues, incluso, puede conceder la medida cautelar si a su juicio, con la negativa, puede causarse mayor afectación al interés social. Ahora, si el acto reclamado consiste en el aseguramiento de un bien inmueble y de los muebles localizados en su interior con motivo de una orden de cateo dictada por un Juez de control, debe negarse la suspensión provisional, aunque el quejoso haya acreditado el interés suspensional con la copia certificada de la escritura pública que demuestra su derecho de propiedad porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social e, incluso, se actualiza la hipótesis de improcedencia de la suspensión, contenida en el párrafo tercero del numeral 128 mencionado, dado que el aseguramiento reclamado es una técnica de investigación decretada por una autoridad administrativa que se encuentra en ejecución, derivada de una medida cautelar como lo es la orden de cateo, en términos de los preceptos 229, 230, 233, 252, fracción II y 288, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales." 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Al tenor de los artículos 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Con base en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. 6. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 7. PRUEBAS: Por otro lado, téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de demanda, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. 8. NOTIFICACIONES: Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se le tiene como autorizadas únicamente para recibir notificaciones a las diversas personas que refiere en su demanda. En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 9. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. ADMISIÓN: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Juan Maho Ochoa, con el cual cumple con la prevención formulada en auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Maho Ochoa, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado y de otras autoridades. De conformidad con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, así como 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único de incidente de suspensión, toda vez que dicha medida cautelar fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés. 2. SOLICITUD DE INFORMES: De acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir de la manera siguiente: Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que consideren pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada, íntegra, así como perfectamente legible de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables cuentan con la potestad más amplia para rendir su informe con la mayor celeridad posible, en aras de una pronta y efectiva impartición de justicia, con la finalidad de que este Juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad de otorgar a las demás partes la vista que prevé el artículo 117 ya referido y con ello, en su caso, evitar un eventual diferimiento de la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; verbigracia, cuando los actos reclamados resulten inexistentes y por ende innecesaria su justificación. Como lo establecen los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. Deberán rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen o acto reclamado en sí, se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en su origen, aclaren dicha circunstancia y señalen el número de folio que corresponde a cada una de ellas, precisando en su caso las particularidades respectivas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberán efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado, así como su debida certificación en ese sentido; y, 3. Observen que las copias que remitan se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realicen las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En relación con lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que remitan el expediente o constancias respectivas en formato original, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro de las documentales o pruebas que en algún otro formato alleguen al juicio, ya que en el supuesto de que les resulten necesarias para realizar alguna actuación posterior, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso, sustanciar el recurso de revisión que se llegue a interponer en autos, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad obtener las reproducciones conducentes para su resguardo. 3. APERCIBIMIENTOS: Se formula apercibimiento en el sentido de que en caso de no rendir el informe justificado en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se harán acreedoras a una multa individual equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Se requiere a las autoridades responsables para el efecto de que en su informe hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que haya correspondido conocer del mismo, apercibidas que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: Por otro lado, téngase a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de demanda, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. 7. RECONOCIMIENTO DE PARTE TERCERA INTERESADA: Se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. 8. NOTIFICACIONES: En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 9. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. 10. JUICIO EN LÍNEA O DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA: Se exhorta a las partes para que si es su deseo, transiten al trámite del juicio en línea y para ello en su caso, realicen lo siguiente: a) Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso al expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía, con evidencia criptográfica de firma electrónica. b) En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes, así como demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este Juzgado de Distrito de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. c) Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 11. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la perito por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 13 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, como lo solicita la Jefa de División de Amparos Fiscales, en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, remítase de inmediato copia de los escritos de fecha catorce y diecisiete de abril del año en curso, en el que la parte quejosa, interpone incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano; lo anterior, a fin de que esté en condiciones rendir su respectivo informe. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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