Juan Magallanes Robles
Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Juan Magallanes Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado el citado proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido.
- Principal
La parte quejosa desahoga la prevención formulada mediante auto de diez de agosto de dos mil veintidós. De conformidad con los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes; provéase lo conducente respecto a la demanda de amparo. Deséchese de plano la demanda de amparo, toda vez que respecto de los actos reclamados consistentes, medularmente en la posible inscripción de la transmisión de propiedad a terceras personas del domicilio ubicado en calle Serafín Peña, número 473 sur, en el centro de Monterrey, Nuevo León; este órgano de control constitucional advierte la existencia manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, como se explicará más adelante. El artículo 113 de la ley de la materia establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Análisis de la causa de improcedencia. En efecto, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. De conformidad con el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y actual, a la persona física o moral que presente la demanda; es decir, que con su sola existencia, se cree, modifique o extinga una situación jurídica en perjuicio de la parte quejosa. Caso concreto. En el caso, el acto combatido lo es la posible inscripción de la transmisión de propiedad a terceras personas del domicilio ubicado en calle Serafín Peña, número 473 sur, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Lo anterior, pues de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso acudió al Registro Público de la Propiedad, para tramitar una copia simple de la escritura de la propiedad de sus padres ya fallecidos, a fin de tramitar el juicio sucesorio intestamentario correspondiente, no obstante, al ser entregada la documental en cita, advirtió que ya existía una anotación marginal de un aviso preventivo en el cual se señala que se firmó una escritura relativa a un intestado de sus ascendientes, mismo que fue tramitado en la Notaría Pública 19, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León. En esta tesitura, se estima que el hecho de que las autoridades responsables, tengan la facultad de realizar la inscripción de la transmisión de propiedad a terceras personas, como acto futuro de realización incierta, no afecta de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa, pues con ello no se advierte, aún, que se le haya restringido, modificado o extinguido algún derecho sustantivo que tenía antes de la presentación de la demanda. Dicho de otro modo, para que la inscripción de la transmisión de propiedad a terceras personas afecte directamente los derechos del quejoso, primeramente deberá resolverse en definitiva el juicio de sucesorio intestado, y que la resolución de éste sea desfavorable a los intereses de la peticionaria. En el presente caso, la parte quejosa únicamente reclama la posible inscripción de la transmisión de propiedad a terceras personas, con motivo del juicio sucesorio que se lleva a cabo, por lo que es evidente que el mismo aún no concluye, ni siquiera la primera etapa [sucesión], por lo que debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva. De considerar lo contrario, implicaría aceptar que el juicio de amparo no tendría por objeto analizar la constitucionalidad de los actos de autoridad, sino evitar que éstos se emitan, lo cual iría contra su propia naturaleza, en la medida en que si no emiten dichos actos sería imposible saber si le habrán de generar una afectación a la parte quejosa y, en consecuencia, si son jurídicamente válidos. Por último, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente, pues de los antecedentes de los actos reclamados narrados son lo suficientemente claros como para advertir su naturaleza, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza del acto reclamado no variará, lo que implica que la convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y por esa razón, procede desechar la presente demanda de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA.
- Principal
Del estado que guarda el presente juicio de amparo 311/2017, se advierte que mediante proveídos de dos, seis, siete, trece y veintidós de junio, todos de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades responsables de los municipios de Santa Catarina, General Escobedo, San Pedro Garza García, Guadalupe y Monterrey, todas del Estado de Nuevo León, por allegando diversa documentación con la que aducen se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. dese vista a la parte quejosa con copia de dichas constancias, por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. En la inteligencia de que transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que se declarará si la sentencia se encuentra cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado, a menos que se estime que deba ser así en función directa de la oposición expresa que se suscite en ejercicio del derecho de réplica aquí otorgado, pues tal manifestación revelará por sí misma la trascendencia que tiene para la parte inconforme, dando pauta para que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, inciso k), de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determine que deba practicarse de manera personal a fin de que tenga un efectivo conocimiento de la resolución y haga valer en su caso el recurso que corresponda, pues en la ley de la materia no se establece de manera expresa que deba ser así.
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