Juan Ma. del Carmen Gonzalez Rodriguez

Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Ma. del Carmen Gonzalez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Se tiene por recibido y se agrega al expediente el oficio y anexos de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Determinación. Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 129/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 129/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta remitido vía electrónica por Israel Domínguez Castro autorizado de la parte quejosa en términos amplios, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Juana Ma. del Carmen González Rodríguez, contra actos del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con tres copias y un anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 203/2022-I-L. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se desprende que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: El auto dictado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se admite y califica una prueba pericial ofertada por la tercera interesada dentro del juicio de origen. Pues bien, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.].- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Ahora bien cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquéllos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, el acto reclamado no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos del impetrante; de ahí, la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie, pues el hecho de que se haya admitido una prueba en un momento procesal diverso y por consecuencia, se determine su procedencia, no es un acto de imposible reparación y a lo más, consiste en una violación procesal, que sólo tendría trascendencia en el supuesto de que la sentencia definitiva resulte contraria a los intereses de la aquí quejosa, sin embargo tal violación debe impugnarse conjuntamente al promover juicio de amparo directo contra tal fallo y, siendo ello así, es innegable que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, se reitera, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto es así, pues la determinación reclamada únicamente trasciende a aspectos intraprocesales, relativos a la admisión y desahogo de una prueba pericial. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa y, por tanto, no son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causal de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. Finalmente, se destaca que en vía de agravio, la promovente sostiene que le causa un acto de imposible reparación el tema de erogar gastos derivado de los honorarios de un perito, lo que refiere, podría equilibrarse con el trámite de costas y gastos, sin embargo, el numerario desplegado en este momento, no tendrá el mismo valor que podrá recuperar al tramitar la incidencia correspondiente, sin embargo, ello es propio de la consecuencia de una contienda instaurada por el propio accionante, respecto de lo cual, debe sujetarse a las cargas correspondientes. Suponer lo contrario, daría lugar a un desequilibrio procesal, donde la parte demandada, podría alegar como acto de imposible reparación el tener que contestar una demanda, bajo la misma lógica de que los gastos que eso le ocasionaría, jamás serían equilibrados si resulta absuelta y tramita la incidencia de costas respectiva. Ver al derecho desde de esa perspectiva y referido particularmente el derecho de probar que tienen ambas partes, haría nugatorio el acceso a la justicia bajo aspectos de perjuicios económicos a los que las partes se deben enfrentar cuando están frente a un litigio. En suma, el desahogo de la probanza en cuestión es ajeno al promovente del amparo, dado que la misma es con cargo al demandado en el juicio de origen, de ahí que no pueda considerarse -adverso a lo que sostiene-, que su admisión y desahogo, le cause actos de imposible reparación, pues también cuenta con la posibilidad de no aportar perito y pronunciarse sobre la valoración del dictamen de su contraria. Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Israel Domínguez Castro, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio al usuario EstudioLegalDC. Se hace la aclaración de que se da por autorizada la práctica de notificaciones electrónicas y no en el domicilio procesal, en virtud de que la parte quejosa duplicó tal solicitud, por lo que en aras de privilegiar el juicio en línea y la sana distancia, se toma como válida aquélla; lo anterior sin perjuicio que de ser deseo del accionante el variar la forma y solicitar que se hagan en un domicilio, deberá solicitarlo expresamente y excluir la diversa dinámica de comunicación. Notifíquese personalmente vía electrónica.

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