Juan Luviano Ibarra

Expediente 714/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 43 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
714/2017
Año
2017
Actuaciones
43
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Juan Luviano Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    ... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA FRANCO MONJE TORRES 87ESPOSO DE MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ), EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 714/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo y remitido en ese día al Juzgado Primero de Distrito en aquélla localidad, Juan Luviano Ibarra, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación número Uno Auxiliar Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Juez de Paz de La Unión. Todos con sede en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Juez de Control y Enjuiciamiento del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca. Ejecutoras. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo. Comandante General de la Policía Ministerial de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, en la localidad de Zihuatanejo de Azueta. ACTOS RECLAMADOS "La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Investigación número uno Auxiliar, con residencia en la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número714/2017 se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de cuatro de septiembre siguiente y en acuerdo de esta fecha se tuvo por inexistentes al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo y al Del Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, de quienes se reclama la ejecución de las órdenes de captura; por lo que se suspendió toda comunicación con las mismas. Mediante auto de dos de octubre pasado, se ordenó notificar el inicio de este juicio a los agentes del Ministerio Público que intervinieron en la carpeta de investigación, así como a la tercero interesada; y el nueve de febrero del año en curso, se difirió nuevamente la audiencia constitucional para este día, la cual se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se reclama porque se reclama una orden de privativa de la libertad cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a hacer la precisión de los actos de autoridad reclamados en esta instancia constitucional, para lo cual se toma en cuenta el contenido integral del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente en que se actúa. Juan Luviano Ibarra, reclama: Del Juez Mixto de Paz del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; una orden de aprehensión girada en su contra. Del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, la orden de aprehensión girada en su contra el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en la Carpeta Judicial C-14/2017, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros. De los Agentes Titular del Ministerio Público del Fuero Común y del Auxiliar adscrito a la Unidad de Investigación número Uno, en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; la orden de detención. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio fue oportuna, pues en el caso se reclama una orden de aprehensión, respecto de la cual no existe constancia de que la parte quejosa hubiera tenido pleno conocimiento con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo; por tanto, no puede condicionarse su promoción al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no existe un punto de partida objetivo que permita iniciar el cómputo de dicho plazo. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido al Juez Mixto de Paz del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, a los Agentes Titular del Ministerio Público del Fuero Común y del Auxiliar adscrito a la Unidad de Investigación número Uno, todos residentes en aquella localidad; por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esa negativa, no obstante le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo cual, procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dicha autoridad. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, por así manifestarlo al rendir su informe, lo cual se corrobora de las constancias de la carpeta judicial C-14/2017, que en copia certificada remitió como justificación al mismo; documental que dada su naturaleza goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. SEXTO. Causales de Improcedencia. Al no actualizarse causal de improcedencia alguna expresamente invocada por las partes, ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio, tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. El quejoso aduce sustancialmente, que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio las garantías de audiencia y defensa consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que el acto reclamado (orden de aprehensión) no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento. Es infundado el motivo de queja, sin que en caso se actualice infracción alguna que amerite suplir la deficiencia de la queja, conforme lo autoriza el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, en atención a lo que se expondrá. Como se adelantó, el objeto de estudio en este asunto consiste en la orden de aprehensión emitida el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contra el quejoso Juan Luviano Ibarra, por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción en el Distrito Judicial de Azueta, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en la carpeta judicial C-14/2017, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 130, en relación con diverso 132, y el diverso del 147 fracciones I y II, incisos a) y b), y IV, del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros. Por tanto, dicho acto reclamado se estudiará conforme al artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En relación con los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.". "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.". De los preceptos legales antes precisados se obtiene que para dictar un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite el Ministerio Público. 2) Que se libre por autoridad judicial competente. 3) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 4) Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. 5) Que existan datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que la o el imputado lo cometió o participó en su comisión. Reunidos los requisitos descritos, la resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en sede judicial puede resolver de acuerdo con dos supuestos: El primero, implica que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia deberá ser resuelta en audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. El segundo, que el Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia a través del sistema informático; dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Ahora bien, en la orden de aprehensión de que se duele la parte quejosa, se encuentran cubiertos los requisitos precisados en párrafos precedentes. En relación, con el primero de ellos, consistente en que la orden de captura la solicite el Ministerio Público; se encuentra satisfecho porque, como se desprende de la foja treinta a cincuenta y cuatro, el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación número Uno Auxiliar del Distrito judicial de Montes de Oca, Guerrero, peticionó ante el juez responsable que librara orden de aprehensión contra el -aquí quejoso- y otros, al considerar que existen datos que acreditan que se cometió el hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado y, la probabilidad de que el imputado lo cometió. El segundo de los requisitos a que se refiere la orden de captura, consistente en que se libre por autoridad judicial competente; también esta colmado, en razón de que es precisamente una autoridad perteneciente al Poder Judicial del Estado de Guerrero, la que dictó la orden de aprehensión reclamada, en este caso, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción en el Distrito Judicial de Azueta, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero; ello, al tenor de lo expuesto y fundado en la determinación combatida en esta vía constitucional. Ahora, el tercero de los requisitos, relativo a que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; está satisfecho, ya que el ilícito que nos ocupa es el de homicidio calificado, el cual fue denunciado el catorce de julio de dos mil dieciséis, por Franco Monje Torres y Rogelio Monje Gutiérrez, esposo e hijo de la víctima María Guadalupe Gutiérrez Cisneros. En el orden que prosigue, tocante al cuarto de los supuestos que se analizan; se tiene que el hecho por el que se emitió el mandamiento de captura reclamado está sancionado con pena privativa de libertad, porque el artículo 132 del Código Penal para el Estado, en su diversas fracciones, establece la sanción corporal a imponer a quien cometa el ilícito de homicidio calificado. El último requisito constitucional, consistente en la existencia de datos que acrediten que se ha cometido un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; también quedó demostrado en la carpeta administrativa de origen; sin embargo, este tema constituye el objeto esencial del estudio a desarrollar, su análisis tendrá cabida más adelante. En ese tenor, se afirma que la determinación reclamada cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, en razón de que se justifica la aplicación de las normas jurídicas que la sustentan y se precisan los elementos que constituyen el hecho delictivo atribuido al imputado y los datos de prueba que se tomaron en consideración para acreditar la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, el acto reclamado tampoco viola en perjuicio de la parte justiciable el artículo 16 de la Carta Magna, debido a que la orden de aprehensión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contenida por escrito a fojas de la cincuenta y ocho a la sesenta y cuatro vuelta, se advierte que cumple con la garantía de legalidad, que se traduce en la debida fundamentación y motivación. Ello es así, porque el juez responsable tiene facultades jurisdiccionales para conocer y resolver sobre la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa; precisó la necesidad de cautela para emitir el mandamiento de captura reclamado -como más adelante se verá-; llevó a cabo el análisis de los acontecimientos denunciados conforme al hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado, 132, en relación con el 147 fracciones I y II, incisos a) y b), y IV, del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero; y cumplió con los requisitos que para tal efecto exige el artículo 16 Constitucional. Así, debe precisarse que a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación, el juzgador debe expresar de manera categórica el ejercicio intelectual que se desarrolle y patentice el juicio de valor que se llevó a cabo para determinar, (uno), la eficacia demostrativa que se asignó a cada uno de los medios de prueba debidamente recepcionados; (dos), expresar los hechos o circunstancias que cada una de ellos acredita; (tres), la manera en que esos hechos y circunstancias se adminiculan conforme a las reglas de la sana lógica para conformar una realidad histórica determinada; y (cuatro), cómo es que la conducta delictuosa atribuida a la parte indiciada encuadra perfectamente en el tipo penal que de manera abstracta estatuye la norma legal sustantiva, siendo necesario que se establezca la manera en que se tienen por probados todos y cada uno de los elementos que constituyen el hecho que la ley señala como delito; citándose, desde luego, en el desarrollo mencionado el o los preceptos legales que realmente resulten aplicables para sustentar las diversas consideraciones que se hagan al respecto. Los requisitos antes citados fueron agotados en la orden de aprehensión de que se duele la parte quejosa. Además, de autos se advierte que la orden de aprehensión reclamada fue solicitada por la representación social, con lo que se satisface el requisito previsto por el ya citado artículo 141, párrafo primero, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sentado lo anterior, debe decirse que a la parte quejosa se le atribuye el hecho que la ley prevé como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 130, 132, en relación con el diverso 147 fracciones I y II, incisos a) y b), y IV, del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero. Numerales que, en lo que interesa, prevén: "Artículo 130. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión." "Artículo 132. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 147. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado o saña. I. Existe premeditación: Cuando el agente, intencionalmente, decide cometer el hecho tras detenida y cuidadosa reflexión y ponderación de los factores que concurran en su perpetración. II. Existe ventaja: a) Cuando el sujeto activo es superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halla armada; b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empledas (sic), por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; (.) IV. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quería hacer. (.) Marco normativo del que se advierte que los elementos que integran la descripción típica aludida, son los siguientes: La existencia previa de una vida humana; La supresión de esa vida, y Que la privación de esa vida humana sea por una causa externa. El homicidio es calificado cuando hay ventaja; Hay ventaja cuando el sujeto activo es superior por las armas que emplee y; El nexo causal entre la conducta y el resultado. De las documentales que obran en autos, en particular de la que se constata la orden de aprehensión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, que se allegó al sumario, se desprende que fue emitida en forma escrita (fojas cincuenta y ocho a cuarenta y cuatro vuelta) por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción en el Distrito Judicial de Azueta, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en la carpeta judicial C-14/2017, dando cumplimiento con ello a lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, con dicho proceder se cumplió con el contenido del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el entendido, que tratándose de la resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia, el Juez de control la resolverá a través del sistema informático; dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud, con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Así, de esas constancias se advierte que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, existen indicios razonables que permiten estimar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que la parte imputada lo cometió. En efecto, como apegado a derecho lo apuntó el juez responsable, una vez recibida la solicitud por escrito de la orden de aprehensión signada por el Ministerio Público, determinó que era competente para resolver respecto a su petición contra el aquí quejoso. Asimismo, que se cumplían con los requisitos de los artículos 14 y 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141, párrafo primero, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de librar orden de captura contra el justiciable; los cuales estimó satisfechos para estimar que: ".a las dieciséis horas del día catorce de julio del año dos mil dieciséis en el domicilio ubicado en el comunidad "El Tibor", municipio de la Unión, Guerrero, se cometió un hecho con apariencia de delito, esto es el de homicidio calificado, en agravio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, dado que de la entrevista realizada a Rogelio Monje Gutiérrez y Franco Monje Torres, hijo y esposo de la víctima, se llega a la convicción de la existencia previa de una vida humana, como es la de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros; en tanto que también se llega a la conclusión que esta por una causa externas atribuible a una persona humana perdió la vida, es decir, fue privada de la vida, como se puede corroborar también con el dictamen médico de reconocimiento externo practicado por Jesús Abel Aguilar Ceseña, rendido mediante oficio número 98, perito médico legista, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios periciales, Costa Grande dependiente de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, del que se puede corroborar que la víctima perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego; lo que se corrobora con el informe pericial en materia de criminalística de Campo y Fotografía Forense, rendido por Agustín Cano Pulido, del que se llega a la convicción que la víctima falleció por un hecho violento producido por proyectiles de arma de fuego, por lo que mediante un análisis armónico de los datos de prueba antes mencionados se tiene por evidenciados en grado indiciario los elementos que configuran el hecho típico de homicidio, dado que como ya se ha dejado asentado, ha quedado de manifiesto la existencia previa de la vida humana, la supresión de esta por una causa externa, pues no existen elementos que permitan arribar a la convicción que la víctima se auto-infligió las lesiones que le produjeron la muerte, por tanto ello permite concluir que la supresión de esa vida humana es imputable a una tercera persona humana.". Asimismo se acreditó de manera probable que el quejoso participó en el hecho que la ley tipifica como delito, pues de lo narrado por el denunciante se obtiene que ".llegaron hasta la media agua que tiene la casa de mis papás, siete personas armadas con armas largas, quienes responden a los nombre del Hermelindo Luviano Ibarra (a) el Tatan, Juan Luviano Ibarra (a) el Juanillo, Antonio Luviano Ibarra (a) el panzón, Andrés Luviano Gutiérrez (a) El Camilillo, Carlos Velazquéz Monje, siendo el primero quien ordenó a Juan Luviano Ibarra (A) "el Juanillo", "mátalo a la verga", refiriéndose que matara a mi papá; de igual forma llegó Juan Luviano Ibarra (A) el Juanillo, quien traía en sus mano un cuerno de chivo, siendo quien disparó en contra de mi papá, pero como mi mamá María Guadalupe Gutiérrez Cisneros se puso en frente de mi papá fue quien recibió los disparos, los cuales provocaron que perdiera la vida." Lo que tomó en consideración la autoridad responsable para que determinara ". que existen datos de prueba que permiten arribar a la conclusión que los imputados (.); Juan Luviano Ibarra alias "el juanillo", probablemente cometieron el hecho con apariencia de del delito de Homicidio Calificado, lo anterior del análisis de los datos de prueba consistente en los testimonios de Rogelio Monje Gutiérrez y Franco Monje Torres, pues de estos se arriba a la conclusión preliminar que probablemente cometieron el hecho con la apariencia del delito de homicidio calificado ., mediante un actuar doloso y por una forma de consumación instantánea." Conclusión a la que arribó, pues consideró que del análisis de los antecedentes de investigación invocados por el representante social, en la referida solicitud, a los que otorgó valor de manera libre y lógica, conforme con lo previsto en los artículos 259, párrafo segundo, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de homicidio calificado, así como la probable autoría del quejoso en su comisión, en perjuicio de María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, en los hechos sucedidos a las dieciséis horas del catorce de julio de dos mil dieciséis, en el domicilio de la víctima, ubicado en la comunidad de El Tibor, Municipio de La Unión, Guerrero. Para acreditar lo anterior, tomó en consideración los siguientes datos de prueba: La entrevista de Rogelio Monje Gutiérrez. La entrevista de Franco Monje Torres. El dictamen médico legal de reconocimiento externo número 98, elaborado por perito médico legista. Dictamen de Criminalística de Campo y Fotografía Forense de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Datos de prueba que apegados a derecho el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con adscripción en el Distrito Judicial de Azueta, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Azueta y Montes de Oca, con residencia en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, valoró en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que estimó suficientes para dictar orden de aprehensión a la parte imputada, puesto que consideró que de su apreciación conjunta, integral y armónica, se desprendían indicios razonables que establecían que cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 130, en relación con diverso 132, y el diverso del 147 fracciones I y II, incisos a) y b), y IV, del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero; puesto que concluyó que el catorce de julio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dieciséis horas, el imputado -quien traía entre sus manos un arma de fuego de las conocidas cuerno de chivo- llegó al domicilio de la agraviada, junto con otras seis personas y a la orden de Hermenilgo Luviano Ibarra, alias "El Tatan", le disparó a Francisco Monje Torres, pero al interponerse la agraviada María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, fue ésta quien recibió los impactos de bala que provocaron diversas lesiones, las cuales ocasionaron que perdiera la vida. Esas lesiones, según dictamen médico legal, tienen las siguientes características: "1. con orificio de entrada circular de 8mm de diámetro en la cara posterior del antebrazo izquierdo en su tercio superior, con orificio de salida de 4x2 cm, en la cara anterior del brazo y pliegue anterior del codo del mismo lado, penetrando nuevamente en la parrilla costal izquierda con un orificio de 5x3 cm a 107 cm del plano de sustentación y línea axilar, posterior penetrando en el tórax y sin orificio de salida. 2. Un rozón por proyectil de arma de fuego irregular de 4x3 cm en la cara interna del brazo izquierdo en su tercio inferior; y 3. Rozón por proyectil de arma de fuego de 18x10 cm en la cara posterior del muslo y pierna derecha en sus tercios inferior y superior respectivamente con destrucción de piel tejido celular subcutáneo y músculo de la región". Hecho que el justiciable realizó por sí, en términos del ordinal 26, inciso a), fracción I del Código Penal del Estado de Guerrero, sin que pase desapercibido en este tópico, que en la orden reclamada el juez de control precisó que "lo cometieron conjuntamente", dado que fue el quejoso quien disparó el arma de fuego, que provocó diversas lesiones que causaron la muerte de la víctima. Además, adecuadamente tuvo por actualizada la calificativa prevista en el inciso b), de la fracción II, del artículo 147 del Código Penal Estatal, consistente en que el sujeto activo sea superior por las armas empleadas, con las manifestaciones realizadas por Franco Monje Torres y Rogelio Monje Gutiérrez, quienes señalaron que María Guadalupe Gutiérrez Cisneros, fue privada de la vida por disparos de arma de fuego, lo cual tuvo por demostrado de lo expuesto por los peritos médico legista y el diverso en materia de Criminalística de Campo y Fotografía Forense, en los que se asentó que las lesiones que provocaron la muerte de la víctima fueron producidas por arma de fuego. Por otra parte, en relación con las diversas calificativas, contempladas en la fracción I, II inciso a) y IV del dispositivo legal 147 del código punitivo del Estado, consistentes en la premeditación, que el sujeto activo sea superior en fuerza física y ésta no se halle armada, y la alevosía, como adecuadamente lo estableció el juez de origen, no se encuentran demostradas. Dado que, en relación con la premeditación señaló que de los datos de prueba aportados por el fiscal del Estado, no advirtió que los activos hayan tenido un tiempo prolongado para la planeación, traducido en un donde, cuando, cómo y con qué, cometerían el hecho delictivo, previa reflexión; por cuanto hace a la diversa consistente en que el sujeto activo fuera superior en fuerza a la víctima y esta no se halle armada, precisó que no se evidencia dato de prueba que la víctima y el victimario sostuvieran una contienda, con la cual el indiciado por su superioridad en fuerza física cometiera el injusto que se le atribuye, aunado a que no advirtió que la víctima se encontrara desarmada; por último en relación con la alevosía, refirió que no se demostraba dado que de lo expuesto por los testigos, advirtió que no fue sorprendida por el activo, al establecerse que entre el activo y la víctima del delito hubo un intercambio de palabras. De ahí que, es incontrovertible que la orden de captura impugnada se dictó conforme a los lineamientos constitucionales y legales aplicables; además quedó justificada su emisión al haber evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor. Es aplicable la Tesis: XV.3o.3 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 2320, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva". Sin que pase desapercibido para quien ahora resuelve, que el juez de origen responsable, citará el artículo 147, fracciones I y II, inciso a) y b), y IV del Código Penal del Estado, relativo a las calificativas del delito en estudio, ya que si bien es cierto, ello resulta incongruente con el estudio que realizado al respecto, también lo es que, en el estudio de las citadas calificativas estableció que únicamente se actualizó fue la prevista en la fracción II del dispositivo legal en cita, lo que en nada perjudica al quejoso. Finalmente, la juez natural razonó y fundamentó en forma adecuada la necesidad de la cautela por la presunción razonable de que la comparecencia de Juan Luviano Ibarra pudiera verse demorada o dificultada. Asimismo, estableció que, acorde con la naturaleza del hecho es factible que pudiera sustraerse de la acción de la justicia, pues la penalidad a imponer es elevada, además de que pudiera dar lugar a la imposición de prisión preventiva oficiosa. Motivos suficientes, para estimar que la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, de ahí que la juez de origen resolvió como adecuada la necesidad del libramiento de la orden de captura que hoy se reclama. Así las cosas, contrario a lo aducido por el quejoso Juan Luviano Ibarra, se concluye que la orden de aprehensión reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se citaron los preceptos legales aplicables al caso, de igual manera se expresaron las razones particulares y causas inmediatas que conducen a la autoridad a decidir en el sentido en que lo hizo, y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable, esto es, se explicaron razonadamente porqué se surten las hipótesis normativas invocadas. En otro orden de ideas, debe decirse que deviene infundado el motivo de disenso que el peticionario de amparo hace consistir en que la autoridad judicial responsable no le informó del proceso (garantía de audiencia), con lo cual se vulneró el artículo 14 constitucional. Se afirma lo anterior, dado que la orden de aprehensión no vulnera en su perjuicio la prerrogativa contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de las constancias de autos, se advierte que fue emitida en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, al no advertirse aplicación retroactiva de alguna legislación en su perjuicio, aunado a que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión, no es requisito que previamente el juzgador escuche a la persona indiciada. Esto es, el artículo 16 de la Constitución Federal al establecer los requisitos que debe satisfacer la emisión de una orden de aprehensión, no comprendió el relativo a que previamente se escuche al presunto indiciado, sino únicamente, que sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó, lo que en el caso aconteció, en virtud de que, se itera, sí cumple con los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 16 Constitucional para su emisión; como se puntualiza en párrafos anteriores. En ese orden de ideas, fue correcta la emisión de la orden de captura, que, como ya se anotó, resulta constitucional. A mayor abundamiento, se precisa que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al fijar el artículo 16 de la Constitución Federal los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, dicho acto debe estudiarse precisamente a la luz de ese precepto fundamental, tal como ya se examinó con antelación. Finalmente, la orden de captura reclamada no vulnera el principio de presunción de inocencia de la parte quejosa ya que tal acto no tiene como efecto establecer su responsabilidad penal en la carpeta judicial C-14/2017, puesto que ello será materia del juicio oral que, en su caso, se lleve a cabo. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 497, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.". Decisión. Consecuentemente, al haber resultado infundados los conceptos de violación y al no advertirse violación que amerite la suplencia de la queja conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Juan Luviano Ibarra, por las autoridades y motivos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Luviano Ibarra, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... "; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO...

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