Juan Luis Ramirez Garcia

Expediente 50/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
50/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Juan Luis Ramirez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional se decretó para el siguiente efecto: la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, DETERMINE LA VIGENCIA de la resolución favorable emitida el siete de octubre de dos mil quince, en el expediente GUA-L-0156-30-01-15, notificada mediante oficio B00.910.01.1/004449; lo anterior con motivo del desconocimiento manifestado por los cedentes o titulares primigenios del Título de Concesión 08GUA115093/12AMDL12, de un diverso trámite de cesión con número de expediente GUA-L-0133-29-01-15, resuelto el nueve de mayo de dos mil diecisiete; ello, en términos del artículo 8º Constitucional, es decir, por escrito, en el que funde y motive su pronunciamiento, así como que lo dé a conocer a la parte solicitante; con lo cual, se tendría por cumplido el amparo y restituida a la quejosa en el goce del derecho constitucional violado. Sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. En razón de lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio 3740, el encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, remite copia certificada del acuerdo de diez de mayo del año en curso, a través del cual informa al aquí peticionario del amparo el estado de su solicitud, esto es, que de manera inmediata, resulta materialmente imposible concluir en definitiva su solicitud derivado de que existe manifestación expresa de los concesionarios de no existir voluntad de ceder parte de los derechos contenidos en el título concesión 08GUA115093/12AMDL12, puesto que se solicitaron tres diversas transmisiones de derechos. En dicha determinación, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua expresamente indica que si bien existe una resolución favorable dictada en favor del quejoso y la misma no puede ser revocada o declarada nula por la propia dirección, suspende la emisión del título concesión respectivo. Determinación, que este Juzgado considera da respuesta efectiva a los efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional, estima que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo; por lo que una vez transcurrido dicho término se procederá a archivar física y materialmente el expediente. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atento al sentido de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo que precisa el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce, el expediente en que se actúa será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se reservó acordar lo conducente en relación al escrito registrado con el folio 3945, hasta en tanto transcurriera el término citado en la certificación citada en supralíneas, lo cual ya aconteció, consecuentemente, se acuerda: indíquese al autorizado de la parte quejosa que deberá estarse a lo precisado en párrafos precedentes, en que se indicó que la autoridad responsable emitió determinación acatando lo ordenado por este Tribunal en la sentencia de amparo.

  2. Principal

    VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional se decretó para el siguiente efecto: la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, DETERMINE LA VIGENCIA de la resolución favorable emitida el siete de octubre de dos mil quince, en el expediente GUA-L-0156-30-01-15, notificada mediante oficio B00.910.01.1/004449; lo anterior con motivo del desconocimiento manifestado por los cedentes o titulares primigenios del Título de Concesión 08GUA115093/12AMDL12, de un diverso trámite de cesión con número de expediente GUA-L-0133-29-01-15, resuelto el nueve de mayo de dos mil diecisiete; ello, en términos del artículo 8º Constitucional, es decir, por escrito, en el que funde y motive su pronunciamiento, así como que lo dé a conocer a la parte solicitante; con lo cual, se tendría por cumplido el amparo y restituida a la quejosa en el goce del derecho constitucional violado. Sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. En razón de lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio 3740, el encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, remite copia certificada del acuerdo de diez de mayo del año en curso, a través del cual informa al aquí peticionario del amparo el estado de su solicitud, esto es, que de manera inmediata, resulta materialmente imposible concluir en definitiva su solicitud derivado de que existe manifestación expresa de los concesionarios de no existir voluntad de ceder parte de los derechos contenidos en el título concesión 08GUA115093/12AMDL12, puesto que se solicitaron tres diversas transmisiones de derechos. En dicha determinación, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua expresamente indica que si bien existe una resolución favorable dictada en favor del quejoso y la misma no puede ser revocada o declarada nula por la propia dirección, suspende la emisión del título concesión respectivo. Determinación, que este Juzgado considera da respuesta efectiva a los efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, este Órgano de Control Constitucional, estima que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo; por lo que una vez transcurrido dicho término se procederá a archivar física y materialmente el expediente. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atento al sentido de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo que precisa el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce, el expediente en que se actúa será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se reservó acordar lo conducente en relación al escrito registrado con el folio 3945, hasta en tanto transcurriera el término citado en la certificación citada en supralíneas, lo cual ya aconteció, consecuentemente, se acuerda: indíquese al autorizado de la parte quejosa que deberá estarse a lo precisado en párrafos precedentes, en que se indicó que la autoridad responsable emitió determinación acatando lo ordenado por este Tribunal en la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el Licenciado Luis Enrique Ramírez Trejo, representante legal del quejoso, en atención a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto transcurra el término de la vista ordenada en proveído de quince de mayo actual.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el encargado de la Unidad Jurídica de la DIRECCION LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por medio del cual aduce dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida en este juicio, consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexos, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.

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