Juan Luis Prado Gutiérrez
Expediente 530/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/07/2018
Partes del expediente
- Juan Luis Prado Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría (fojas 92 y 94), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de doce de julio de la presente anualidad (foja 95), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 54 a 78), se determinó conceder al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los dispositivos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la parte accionante de garantías con fundamento en las disposiciones anteriores en el pago realizado el quince de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente; cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, tampoco se encuentra el cobro de comisión bancaria de ******************** (********************) que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez que de esta no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. ." Sentencia que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 87 y 88), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once julio del presente año (fojas 92 a 94), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del cheque número 0000569, a nombre del aquí quejoso (foja 93), en la cual se advierte que devolvió la cantidad de ********************, que corresponde al monto erogado por el quejoso con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, menos el cobro de los ******************** que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez de esta no se reclamó la inconstitucional de dicho concepto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de marzo de dos mil dieciocho (foja 8) y que el cuatro de julio del dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 93), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en que se actúa entre el índice para el mes de junio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ********************, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas adscrito a la citada dependencia; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y adjunto, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de cinco de junio de este año (foja 315), se tuvieron por recibidos los libelos firmados por el Director General y Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales en cumplimiento al fallo protector manifestaron que se había efectuado el deposito a la cuenta bancaria de la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, de la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de la operación aludida (fojas 311 a 314). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia de los oficios y documentales de referencia, así como con las diversas que obran a fojas doscientos noventa y ocho a trescientos uno, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 124 a 147), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María del Carmen González Arcadia, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte accionante de garantías lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13 y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; y Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelvan a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.." Resolución que por ejecutoria terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se modificó, sobreseyendo por una parte y por otra, declarando firme la concesión del amparo, salvo por los efectos del fallo protector (fojas 269 a 284). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le fueran aplicados en el presente y ni en el futuro; hecho que implicaba que no se debía restar o retener monto alguno que debiera destinarse al fondo de pensiones; y B).- Devolver a la peticionaria de amparo las cantidades que le fueron descontadas por el "concepto 53" (fondo de pensiones), en el recibo de nómina de quince de marzo de dos mil diecisiete y los posteriores que se hubieran efectuado a la luz de los preceptos declarados inconstitucionales. Ante ello, las responsables del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficios recibidos en este juzgado el tres de mayo de este año, exhibieron el acuse de recibo del comunicado dirigido a la aquí quejosa María del Carmen González Arcadia, en el cual se le hace saber que se ha desincorporado de su esfera jurídica los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (fojas 298 a 301), mismo que le fue notificado por conducto de su autorizado. Posteriormente, en proveído de cinco de junio del año en cita (foja 315), se tuvo a las citadas autoridades informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la solicitante de amparo, la cantidad generada con motivo de las deducciones que se le aplicaron en el importe de su pensión por concepto 53 (fondo de pensiones), y para acreditarlo remitieron copia del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 311 a 314). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a emitir pronunciamiento respecto del incidente de suspensión en virtud de que no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, toda vez que obra por separado un sobre que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa (foja 108); consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas serán glosadas a este expediente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de doce de junio de este año, designa perito de su parte, a saber, *********, con domicilio en calle Javier Mina, número 89-A, de la colonia Centro, código postal 63000, de esta ciudad y solicita se le haga saber de su nombramiento. Consecuentemente, se tiene como perito de su parte al diestro antes indicado; sin embargo, en cuanto a su petición, indíquesele con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación correspondiente, será él quien deberá presentar al diestro en mención a efecto de que acepte el cargo y posteriormente desahogue la prueba pericial de que se trata.
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