Juan Luis Padilla Espinoza
Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Luis Padilla Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
MESA V. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, a través del cual manifiesta desistir de la instancia constitucional, en atención a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, y el catorce de junio siguiente se ordenó el archivo.
- Principal
MESA. V. Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veinticinco de mayo del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, se ordena el archivo de este *
- Incidental
MESA. V. Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación, así como el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, por lo que procédase a su destrucción, una vez trascurridos tres años a esta fecha en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso c), del artículo 21, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados.**
- Principal
MESA. V. Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado de identidad reservada C.A.M.Z., ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en este asunto, la orden de emplazar por edictos al tercero interesado de identidad reservada C.A.M.Z., fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se logró emplazar a juicio al referido tercero. En ese sentido, al no haber acreditado la parte quejosa ante este juzgado la publicación de los edictos ordenados, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio del tercero interesado de identidad reservada C.A.M.Z., era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna.**** A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación correspondiente, y al no acreditar que se encuentra en el supuesto del artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que la parte quejosa comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, la parte impetrante no realizó manifestación alguna en ese sentido, ni aportó elementos que permitieran conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, ni tampoco recogió los mismos para su publicación. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos.***** En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del tres de junio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
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