Juan Luis Mendoza Tun

Expediente 1101/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1101/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Juan Luis Mendoza Tun
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran impugnado la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo definitivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, resulta innecesaria la retención de las copias certificadas del expediente 01410/2016 del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, que fueran allegadas con el informe justificado, mismo que se encuentra identificado como Anexo I; en consecuencia, devuélvanse a dicha responsable. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1101/2018-IV promovido por Juan Luis Mendoza Tun, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, Juan Luis Mendoza Tun interpuso demanda de amparo indirecto en la que solicitó la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se mencionan: "Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "El auto de fecha nueve de Noviembre de dos mil dieciocho mediante el cual resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha veinticuatro de septiembre de éste año dictado por la Responsable en el que niega mi derecho a admitir como presunción legal que la demandada incidentista C. Beatriz Aida Valle Arellano tiene en su poder las facturas que amparan los bienes muebles que he descrito en éste libelo dentro del punto tres del capítulo de antecedentes." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo 1101/2018-IV, y se previno al quejoso para que presentara original de su escrito, toda vez que solo allegó copias del mismo. TERCERO. Una vez que se cumplió con la prevención, mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, ordenó emplazar a la tercera interesada y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió por una ocasión y, una vez integrado el expediente que nos ocupa, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, pues el acto reclamado fue emitido dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal, abierto conforme lo ordenado en la sentencia relativa al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario que se tramita ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Matamoros, Tamaulipas, lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, dentro del expediente 1410/2016 relativo al Juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, al través del cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso en contra del auto de veinticuatro de septiembre de esa anualidad, en el sentido de negar que existe la presunción legal que la demandada incidentista, Beatriz Aida Valle Arellano tiene en su poder las facturas que amparan los bienes muebles objeto de controversia y que faltó a la verdad al referir no tenerlas en su posesión. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que el quejoso atribuye al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, puesto que dicha responsable así lo aseveró al rendir su informe justificado; por tanto, para efectos de este juicio, así se considera en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto de la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho dictada dentro del expediente 1410/2016, se encuentra plenamente demostrado con las constancias que el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado anexó a su informe justificado, ya que de ellas se desprende su existencia. A los documentos en mención se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En el caso, deviene improcedente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y de los conceptos de violación, ya que se actualiza una causa de improcedencia, la cual es de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, cabe precisar que de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 139-144, Primera Parte, Julio de 1992, de la Octava Época, visible a página 287, visible bajo el rubro de: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Ahora bien, de las constancias que adjuntó la responsable, relativas al juicio ordinario civil 1410/2016, sobre divorcio necesario, por su importancia se señalan las siguientes: 1) Por escrito de once de julio de dos mil dieciséis, Juan Luis Mendoza Tun demandó en la vía ordinaria civil a Beatriz Aida Valle Arellano la disolución del vínculo matrimonial que los unía. 2) Una vez emplazada a juicio, Beatriz Aida Valle Arellano compareció ante el Juez de Primera Instancia el diez de noviembre de dos mil dieciséis y dio contestación a la demanda instaurada en su contra. 3) Seguido el juicio por sus trámites legales, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva en la cual se determinó la procedencia del juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Juan Luis Mendoza Tun y Beatriz Aida Valle Arellano, la terminación de la sociedad conyugal formada con motivo de ese matrimonio, y como consecuencia, se ordenó en su oportunidad su liquidación vía incidental, además, se determinó que cada una de las partes debería de asumir las costas que hubiere erogado. 4) En razón de que ninguna de las partes interpuso el medio ordinario de defensa correspondiente, por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete causó ejecutoria la sentencia definitiva y se ordenó girar oficio a la Oficialía Primera del Registro Civil en esta ciudad para que procediera a cumplir con lo ordenado en el resolutivo cuarto de la sentencia. 5) Posteriormente, al través del escrito presentado ante el juez de origen el cinco de abril de dos mil dieciocho, el ahora quejoso Juan Luis Mendoza Tun promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal, en el cual, entre otras cuestiones, pidió se requiriera a Beatriz Aida Valle Arellano la exhibición de las facturas de diversos muebles que forman el menaje de casa, tales como una sala de tres piezas, una estufa, un refrigerador, una televisión y una recámara, pues con ello, dijo, justificaría que ambos son copropietarios de los mismos. 6) Durante el trámite del incidente, por escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el actor insistió en que se requiriera a la demandada por la exhibición de las facturas, para lo cual manifestó que ésta faltaba a la verdad, ya que sí las tenía en su poder. 7) Mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar determinó improcedente la solicitud del ahora quejoso, para ello consideró que omitió justificar que las facturas estuvieran en poder de Beatriz Aida Valle Arellano y que ella estuviera faltando a la verdad. 8) Inconforme con lo anterior, el ahora quejoso interpuso recurso de revocación, resuelto como improcedente el nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado, siendo su parte considerativa y resolutiva la siguiente: "CONSIDERANDO. PRIMERO.- Establece el Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, en su artículo 914.- "Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recuros en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo" SEGUNDO.- En el presente caso, el C. Licenciado JOSE GUADALUPE GONZÁLEZ abogado autorizado por el actor incidentista JUAN LUIS MENDOZA TUN, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, interpuso recurso de revocación en contra del auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que a la letra dice: "H. Matamoros, Tamaulipas, a los /24 veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2028), Por presentado JUAN LUIS MENDOZA TUN con su escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes dentro del expediente número 01410/2016, y como lo solicita téngasele por hechas las manifestaciones que refiere en su ocurso y en cuanto a lo que solicita de que se requiera a la C. BEATRIZ AIDA VALLE ARELLANO, la exhibición de las facturas que señala, se le dice que no se acredita que las mismas las tenga en su poder y que esta faltando a la verdad como lo menciona el promovente. Por otra parte, conforme lo dispone el artículo 68 segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se hace del conocimiento a las partes que los suscritos, somos los nuevos titulares de este Tribunal. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º y 40 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo provee y firma el Licenciado CARLOS GERARDO PEREZ GOMEZ, Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y DA FE." TERCERO.- Señaló el recurrente el C. Licenciado JOSE GUADALUPE GONZALEZ abogado autorizado por el actor incidentista JUAN LUIS MENDOZA TUN, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, como motivos de disenso el contenido de su memorial de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que consta agregado a los autos de la foja uno (1) a la tres (3), mismo que por economía procesal se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertare. Por su parte la parte contraria por auto del cinco de octubre de dos mil dieciocho desahogó la vista que se mando dar por auto veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, debidamente notificado mediante lista de acuerdos de su fecha, y resulta en estricto derecho analizar los motivos de disenso que señala el recurrente a efecto de determinar mediante resolución judicial la procedencia o improcedencia del recurso en estudio. CUARTO: Considerando que el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO sostiene lo que ha de entenderse por agravios en el planteamiento de un Recurso de Revocación, según criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Noviembre de 1995, tesis; XIX2o.5C visible en página; 494, bajo el rubro: "AGRAVIOS EN EL RECUROS DE REVOCACIÓN, INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 915 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. El artículo 915 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas señala que al interponerse la revocación se debe expresar los hechos y fundamentos legales procedentes, lo anterior permite entender que lo que propiamente quiso decir el legislado, es que se deben expresar agravios, es decir las razones por las cuales el recurrente considera eu se han violado sus derechos en el auto impugnado." QUINTO.- En el presente caso el C. licenciado JOSE GUADALUPE GONZALEZ abogado autorizado por el actor incidentista JUAN LUIS MENDOZA TUN, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, interpone recurso de revocación en contra del auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por los motivos expuestos en si memorial de cuatro de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, del estudio de los argumentos expuestos por el recurrente, examinados en su integridad, quien esto Juzga estima que el presente recurso de revocación resulta IMPROCEDENTE, toda vez que contrario a lo que alude el recurrente el auto que pretende combatir si se encuentra fundado y motivado con las disposiciones legales que se invocaron en el mismo y tomando en consideración que consta en autos que previo al acuerdo que pretende combatir la parte actora incidentista JUAN LUIS MENDOZA TUN, en razón de que no tiene su poder las facturas de los bienes inmuebles descritos con los números 4-cuatro-, 5-cinco, 6-siesi-, 7-siete- y 8-ocho- en el cuaderno de pruebas, se le requirió a la C. BEATRIZ AIDA VALLE ARELLANO, exhibiera las facturas originales de las citadas documentales, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 248 fracción II del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo que se hizo mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, que ordenó requerir a la C. BEATRIZ AIDA VALLE ARELLANO, para que en caso de que se encuentre en su poder, exhiba dentro del termino de CINCO DÍAS, sin demora exhiba a los autos las facturas de los bienes muebles descritos n los incisos d), e), i), g) y h) del escrito del incidente de liquidación del actor incidentista, por su parte la demandada incidentista por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se le tuvo informando ante este Tribunal en cumplimiento al auto (31 de agosto de 2018), que no tiene en su poder factura alguna o documento alguno que ampare los bienes mencionados, y si bien es cierto, la C. BEATRIZ AIDA VALLE ARELLANO al comparecer ante este Tribunal a dar contestación al incidente de liquidación de sociedad conyugal, manifestó que respecto a los bienes muebles que refiere el incidentista Juan Luis Mendoza Tun, bajo los incisos d), e), l), g) y h) como lo son sala compuesta de tres piezas, un refrigerador, una estufa de gas y eléctrica, una televisión, una recamara, la misma reconoció que constituyen el menaje de la casa y que los mismos deben de quedar a su favor dado que con ellos satisfacen las necesidades primarias de sus hijos, y que dejaron de pertenecer al incidentista desde el momento que abandonó el domicilio conyugal, sin embargo dicha confesión no significa que exista la presunción de que la parte demandada incidentista tenga en su poder las facturas de los bienes muebles que reclama, ni acredita que ella este faltando a la verdad como el propio recurrente en su escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho lo afirmó, por lo que en vista de ello resultan infundados los agravios presentados por el recurrente para le fin pretendido y ante las consideraciones vertidas éste Juzgador confirma el auto recurrido para todos sus efectos legales, por lo que en mérito de los expuesto se declara que NO HA PROCEDIDO el recurso de revocación interpuesto por el C. Licenciado JOSE GUADALUPE GONZALEZ abogado autorizado pro el actor incidentista JUAN LUIS MENDOZA TUN, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, en contra del auto de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), para todos los efectos a que hubiere lugar, quedando incólume en todos y cada uno de sus argumentos de jure y de facto. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, y con fundamento en lo que establecen los artículos 914 y 918 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, es de resolverse y se: RESULEVE: PRIMERO.- NO HA PROCEDIDO el recurso de revocación interpuesto por el C. Licenciado JOSE GUADALUPE GONZALEZ abogado autorizado por el actor incidentista JUAN LUISE MENDOZA TUN, en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, en contra del autor de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). SEGUNDO.- Se CONFIRMA el auto recurrido de (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), dictado dentro de los presente autos." Precisado lo anterior, como se expuso al inicio de este considerando, se considera la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual se contempla en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en cita, por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o agrarios o del trabajo realizados fuera o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimientos respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo resaltado es de este Juzgado de Distrito. Pues bien, como se ve, el acto reclamado por el quejoso consiste en la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se determinó que era improcedente la pretensión del actor incidentista, pues los argumentos que vía de agravio planteó, eran infundados, dado que no demostraban que la aquí tercera interesada tuviera en su poder las facturas de los bienes muebles, ni que haya faltado a la verdad. De lo anterior se desprende que la resolución reclamada fue dictada después de concluido el juicio de origen, esto es, en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio ordinario civil sobre divorcio necesario, precisamente en la tramitación del incidente de liquidación de sociedad conyugal, lo cual patentiza que la impugnación del acto atribuido a la responsable mediante el juicio de amparo es improcedente. Ciertamente, de la transcripción de los numerales mencionados, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. Así, de conformidad con la fracción IV del artículo 104 de la ley de la materia, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo procederá únicamente contra la última resolución; requisito que persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva. Pero, en el caso, ha quedado claro que el acto reclamado es de los que se emiten en el período de ejecución de sentencia, en cuyo caso, únicamente procede el juicio de amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde se pueden reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que se estimen la hubieren dejado sin defensa. Entonces, si la resolución reclamada no encuadra en la hipótesis para la procedencia del juicio, ya que no es la última resolución en el procedimiento de liquidación de sociedad conyugal, cuyo trámite se ordenó en sentencia definitiva, ya que solamente confirma el auto en el que se determinó improcedente requerir nuevamente la exhibición de facturas de diversos bienes muebles y que la tercera interesada no faltó a la verdad al decir que no las tenía en su poder, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en mención. De ahí que la resolución de revocación emitida el nueve de noviembre de dos mil dieciocho dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal, tramitado conforme a lo ordenado en sentencia ejecutoria, no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, ya que no resuelve la pretensión planteada en ese procedimiento, ni aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, es evidente la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, atento a que, la única hipótesis en la que procede el amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio, es aquella en la que se promoviera por el tercero extraño, en términos del precepto 107, fracción VI de la Ley de Amparo; hipótesis legal que en la especie no encuadra, ya que, como se obtiene de la demanda de garantías y de las manifestaciones vertidas en la misma, la parte quejosa es parte dentro del juicio ordinario civil 1410/2016 sobre divorcio necesario, por lo que de ninguna manera tiene la calidad de tercero extraño a juicio. Bajo esa tesitura, resulta palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso número 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo y en consecuencia procede sobreseer en el juicio, en términos del ordinal 63, fracción V, de la propia ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1101/2018, promovido por Juan Luis Mendoz Tun, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    IV...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Juan Luis Mendoza Tun y a la tercera interesada Beatriz Aida Valle Arellano la resolución con engrose de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 138/2019-C, enviado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y anexó que adjuntó al mismo, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa, y el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en relación con el impedimento 5/2019, planteado por este órgano jurisdiccional, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 1101/2018-IV." En tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por tanto, incorpórese el cuaderno formado con motivo de la interposición del impedimento de mérito al expediente que se recibe, debiéndose desprender las copias certificadas con las cuales se formó el mismo para evitar la duplicidad de constancias, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes y, envíese el acuse de recibo correspondiente a la superioridad por vía fax o correo electrónico por conducto de la Actuaria Judicial adscrita. En consecuencia, se ordena se reingrese a tramite el presente asunto y que una vez que las labores de este Juzgado lo permitan se resuelva la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese conforme a derecho. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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