Juan Luis Medrano Hernández
Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/09/2019
Partes del expediente
- Juan Luis Medrano Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE LA LEY CONCEDE A LAS PARTES INTERESADAS, PARA QUE SE INCONFORMARAN, SI A SU DERECHO CONVENÍA, CONTRA LA DETERMINACIÓN PRONUNCIADA EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, A TRAVÉS DE LA CUAL, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS; POR TANTO, ENVÍENSE MATERIALMENTE LAS ACTUACIONES AL ARCHIVO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, TODA VEZ QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL. LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO EN ORIGINAL, QUE DEVOLVER A LAS PARTES.
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Vista la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Juan Luis Medrano Hernández, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como acto reclamado el artículo 77 fracción X inciso a) de la Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2019; realizando pagos al Ayuntamiento del derecho por refrendo de licencia de alcohol en bar - restaurante, según consta del recibo 4392543 AA. En la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Luis Medrano Hernández, contra los actos que reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en el considerando último de esta sentencia. En proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia concesoria y se requirió por su cumplimiento al Tesorero del Municipio de Zapopan, Jalisco, dada la naturaleza de los efectos de la resolución protectora, los cuales serán citados a continuación. Con fundamento en el dispositivo 78 de la Ley de Amparo, se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Tesorero del Municipio de Zapopan, Jalisco: Desincorporar de su esfera jurídica la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la porción normativa tributaria que resultó inconstitucional. La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco: Para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, aplique la cantidad más baja que corresponda conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, por concepto del refrendo de licencia de venta o consumo de bebidas alcohólicas; y, devuelva a la aquí quejosa la diferencia de lo que pago al amparo del artículo 77, fracción X, declarado inconstitucional, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contenida en el recibo oficial 4392543 AA, expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, se desprende que los lineamientos de la concesión imponen la obligación a la responsable de realizar diversas acciones, lo que podría traducirse en que la misma debe desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y emitir otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso. Asimismo, en el fallo protector se hizo mención de que no era obstáculo para los efectos precisados, la circunstancia de que el Tesorero de Zapopan, Jalisco, no hubiese sido señalado como autoridad responsable, en razón de que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tuvieran o debieran tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, estaban obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. En proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio por el que la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, esto es, se le tuvo comunicando que dejó a disposición de la parte quejosa, un cheque emitido a su favor. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: La distinción de tarifas debe basarse en atención a las razones y motivos plasmados en las normas fiscales que determinen las diferencias en las características y complejidad de los servicios que preste la administración gubernamental, ello en función del giro que corresponda a cada establecimiento mercantil; que lo anterior motive la necesidad de regular un trato desigual a quienes se considere como desiguales, así como a los que reciben un servicio disímil por parte de esos órganos de gobierno, desde luego, atendiendo a situaciones individualizadas, concretas y determinadas, y que justifiquen el pago del tributo que corresponda, según la naturaleza del giro comercial, lo que no basta con la simple enunciación de una clasificación de giros reglamentados. De no haber tal motivación legislativa, no puede considerarse apegada al principio de equidad tributaria la clasificación de tarifas diversas, para quienes tengan establecimientos con giros diversos, con un punto de coincidencia que es el de expendio, distribución o venta de bebidas con contenido alcohólico. Luego, si bien las categorías de establecimientos mercantiles que establece el artículo aquí reclamado y se refieren a giros reglamentados diversos entre sí, esas porciones normativas no determinan expresamente la realización de una actividad o servicio de la administración estatal para el otorgamiento de la autorización de licencia, simplemente establecen una tarifa distinta para cada uno de los giros; es decir, no se advierte que la distinción tarifaria tenga sustento en razones o motivos plasmados en la ley que determinen las diferencias en las características y complejidad de los servicios que preste la administración gubernamental. Circunstancias, las anteriores, que traen como consecuencia que el derecho previsto en los artículos reclamados no sea proporcional, al no guardar relación con el costo del servicio que presta la autoridad administrativa, respecto de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas; y que de igual forma, esa contribución se torna inequitativa, por causarse con base en una cuantía diversa respecto del mismo servicio, ya que todos los entes sujetos a la contribución se dedican a la venta de bebidas alcohólicas al público en general y, por lo mismo, deben pagar una tarifa análoga, sin atender al tipo de giro comercial. En adición a lo dicho, no pasa inadvertido que la interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 29, 32, 33 y 45 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, permite concluir que: Que la citada legislación regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; establece las bases y modalidades para que los municipios autoricen, controlen, regulen y vigilen la operación y el funcionamiento de los establecimientos y giros dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, quedando prohibida esa venta a menores de dieciocho años de edad. Su aplicación corresponde a los Ayuntamientos conforme a la ley y a los reglamentos correspondientes, cuya legislación es aplicable a las personas físicas o jurídicas que vendan bebidas alcohólicas. Se señala como bebidas de contenido alcohólico las que conforme a la normatividad en la materia contengan más de 3º G.L. de alcohol; son bebidas de baja graduación las que tengan un contenido máximo de alcohol de 12º G.L y bebidas de alta graduación, cuyo contenido de alcohol sea superior a los 12° G.L. l ejercicio de las actividades de venta o comercialización de bebidas alcohólicas está supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en ese ordenamiento legal, demás leyes y reglamentos de la materia y, además, obtener la licencia correspondiente, previo pago de los derechos. Ningún establecimiento podrá iniciar su funcionamiento si no cuenta con la licencia o el permiso provisional correspondiente, definiéndose al respecto lo que debe entenderse por tales conceptos y de que su vigencia es un acto de autoridad con plazo anual que corresponda con el año calendario y puede ser refrendada (solicitarla a la autoridad correspondiente), que estará sujeta a las leyes y ordenamientos municipales aplicables. Todos los establecimientos regulados por la legislación en cita deben cumplir, además de las disposiciones ahí contenidas, con las normas establecidas en la Ley Estatal en Materia de Desarrollo Urbano, Reglamentos de Zonificación, disposiciones relativas al uso de suelo y demás disposiciones legales reglamentarias aplicables. Sin embargo, como lo aduce la parte quejosa, las disposiciones reseñadas no revelan una justificación del costo distinto sobre el objeto del derecho que se tilda de inconstitucional, al no prever expresamente una razón por la que, atendiendo a la categoría o grupo del establecimiento, será mayor o menor el servicio proporcionado por la autoridad municipal, que finalmente se ve reflejado en el monto de las tarifas fijadas. En otras palabras, el citado marco jurídico no establece qué actos desplegará el ente administrativo en el citado establecimiento mercantil y cuáles no en el resto, de forma que amerite la distinción de las cuotas aplicables a cada uno de ellos. En ese orden de ideas, debe señalarse que los artículos 139, 140 y 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que están relacionados con la naturaleza intrínseca de las licencias, permisos y registros otorgados por la autoridad municipal, de igual forma no disponen una justificación del costo distinto sobre el objeto del derecho que se tilda de inconstitucional, ya que únicamente reflejan los siguientes aspectos: a) No conceden derechos permanentes, ni definitivos. b) La autoridad que las expida podrá en cualquier momento en los supuestos legales, acordar su revocación sin derecho a devolución de cantidad alguna. c) En caso de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, se seguirá el procedimiento de revocación contemplado en la normativa legal aplicable. d) Podrán obtenerse y cubrirse previamente a la iniciación de las actividades o a la realización de los actos que los motiven. e) Existe un período para el refrendo que iniciará el uno de enero y concluirá el día último de febrero. Al igual que la normatividad analizada en párrafos previos, el numeral 133 de la ley en cita, no avala que el ejercicio de la actividad municipal sea diverso para cada uno de los establecimientos o giros previstos en el artículo que se tacha de inconstitucional, en atención a que sólo contempla que los derechos por la prestación de servicios del ente municipal correspondiente, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque por parte del Ayuntamiento, el gasto que deba ser remunerado por aquél salvo el caso en que la disposición señale cosa distinta. Lo que es aplicable a todos y cada uno de los entes que reciben la prestación de ese tipo de servicios, entre los que desde luego se encuentran la revalidación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas y, por lo mismo, no es demostrativa de que atendiendo a la categoría o tipo de los establecimientos y giros que realicen esa enajenación, deba dárseles un tratamiento distinto por ser diferente el despliegue técnico de la autoridad municipal, pues esto último no quedó plasmado por el legislador. Así las cosas, la normativa impugnada no contempla la justificación de las diversas tarifas aplicables para la revalidación de la licencia en cuestión, al no poner de manifiesto que la actividad que despliega la autoridad municipal no es la misma y por igual para los distintos giros y establecimientos reglamentados en que se vendan bebidas con contenido alcohólico, requisito sine qua non para justificar el diverso tratamiento tributario que se otorga en el numeral combatido, de ahí que se estime que dicho precepto al no contener una justificación de la tarifa con el costo del servicio de revalidación anual de la licencia para enajenar bebidas alcohólicas, es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad. Criterio que resulta aplicable por identidad de razón al caso específico, ya que la precedente jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, sí se adecua a la problemática aquí planteada, ya que el numeral en estudio dispone que las personas que realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas que se efectúen total o parcialmente con el público en general, deberán obtener licencia, permiso o autorización para su funcionamiento y pagar anualmente los derechos correspondientes conforme a las diversas tarifas que ahí se fijan. Para tal efecto (cuantificación de las tarifas), el legislador partió de dos aspectos relevantes, a saber: el primero, la graduación de la bebida alcohólica -baja y alta graduación- y, el segundo, la categoría, actividad o giro que realizan los establecimientos. Empero, de tales preceptos no se advierte dato claro e indubitable que evidencie que la actividad administrativa será menor o mayor tratándose de cada uno de los giros que se describen en los mismos, antes o después de expedir la licencia o refrendo respectivo, esto es, no denotan que el despliegue técnico necesario para la expedición de esos documentos e incluso para verificar las obligaciones que surgen a cargo de los gobernados, varía para cada uno de los giros mencionados. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que al igual que el precepto interpretado en la referida jurisprudencia, los artículos reclamados por el quejoso prevén diversas tarifas para el pago del derecho de refrendo de las licencias de los giros mercantiles con venta de bebidas alcohólicas, basado en el servicio prestado. Sin embargo, del texto de esos numerales, no se advierte alguna razón que justifique que por tratarse de un giro de "Bar en restaurante y giros similares", sea mayor o menor el despliegue técnico que llevará a cabo la autoridad municipal al expedir las licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas y la consecuente verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de seguridad, sanidad, etcétera; cuando se realice a algún otro expendio, cuando ambos realizan la misma actividad autorizada. Así las cosas, lo que importa es que tanto el precepto analizado en la jurisprudencia antes invocada, como el artículo objeto de reclamo en este asunto, tienen como particularidad afín que el establecimiento de las diferentes tarifas para el pago del derecho por la expedición de la licencia, obedece sólo al grupo en que se ubican ese tipo de negocios, esto es, al tipo de giro comercial, que como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un elemento extraño al costo del servicio prestado. Lo que trae como consecuencia que los derechos previstos por los artículos reclamados no sean proporcionales, al no guardar relación con el costo del servicio que presta la autoridad administrativa, y que de igual forma, esa contribución se torne inequitativa, por causarse con base en una cuantía diversa respecto del mismo servicio, ya que el hecho de que el servicio proporcionado por la autoridad administrativa no se ciña exclusivamente al simple refrendo de la licencia municipal en comento, no trae consigo la inconstitucionalidad del artículo reclamado, sino que lo que lo genera, es que en el marco legal regulador del aludido derecho y de la actividad sujeta a la obtención y revalidación de la licencia por la que se cobra la contribución, no está justificado que el monto diverso de las tarifas encuentra su razón de ser en el mayor o menor despliegue técnico que realice la autoridad municipal, dependiendo del giro o establecimiento comercial, al no consignar en sus directrices normativas que para la verificación e inspección de los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas en sus distintas modalidades, se requiera una actividad municipal distinta en cada establecimiento o giro comercial. Puesto que en el caso, no se inadvierte que el costo del servicio por la expedición o refrendo de la licencia, no sólo abarca la emisión del propio documento, sino la actividad administrativa previa que se requiere para revisar si se cumplen o no los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como una posible actividad posterior de supervisión o vigilancia de los giros que venden bebidas alcohólicas. Sin embargo, lo importante es que en ese marco normativo aplicable no se observa alguna razón que justifique el pago de tarifas diferenciadas entre los diversos giros que en dicho dispositivo legal se mencionan; es decir, que la venta de bebidas alcohólicas en cada uno de los establecimientos genere una mayor o menor actividad de la administración municipal, siendo así desproporcional que el cálculo de ese derecho introduzca un elemento ajeno al costo del servicio prestado y que, a su vez, haga una distinción entre sujetos que se encuentran en una situación análoga y reciben ese mismo servicio. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 16 constitucional. De las constancias certificadas que obran en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por oficio de registro 10161, el Síndico en representación de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, informó las gestiones realizadas para cumplir con el fallo protector, por lo cual solicitó una prórroga de diez días hábiles para acatar en su totalidad el fallo protector. Solicitud que fue proveída el catorce de junio de dos mil diecinueve. 2. A través del comunicado de registro 10884, la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, se manifestó respecto a la imposibilidad que tuvo respecto al cumplimiento del fallo protector. 3. Mediante comunicado registrado con número 11479, la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, solicitó nueva prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo. Misma que se le concedió por última ocasión en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve. 4. En oficio con número de registro 12148 la citada autoridad informó las gestiones tendentes al cumplimiento del fallo protector, ordenando expedir cheque a favor del quejoso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). En el que se acordó lo conducente en auto de dieciséis de julio del presente año. 5. Por último, en oficio registrado bajo el número 12771 la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, informó que puso a disposición de la parte quejosa el cheque 01611560 valioso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) cumpliendo así con la ejecutoria de amparo. Recayendo acuerdo el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. IX. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende que se establecieron como lineamientos en la concesión del amparo, el desincorporar la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y emitir otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso. Así, se aprecia que la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, en acuerdo de devolución ACDEV-LG1400/2019/T-4726, ordenó expedir a favor de la quejosa Juan Luis Medrano Hernández, valioso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional. Diferencia a devolver por concepto de cambio de tarifa prevista para la Licencia de Giro 1006068852, aplicando la tarifa del artículo 77 fracción XIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, respecto al recibo 4392543AA. $23,166.00 Actualizaciones del mes de julio 2019 con índice de 103.299, al mes de marzo 2019 con índice 103.476, conforme al I.N.P.C., resultando el factor 0.998=1. $0.00 Total: $23,166.00 Con lo anterior, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que los efectos concesorios de la sentencia constreñían a la cuantificación en la forma más benéfica descrita a lo largo de esta sentencia, por concepto del refrendo de licencia de venta o consumo de bebidas alcohólicas, así como devolviéndose a la parte quejosa la diferencia pagada para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, contenida en el recibo oficial 4392543 AA, expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve. De ahí que esta juzgadora considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LAPARTE QUEJOSA ELPROVEÍDO DE NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Vista la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Juan Luis Medrano Hernández, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como acto reclamado el artículo 77 fracción X inciso a) de la Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, por el ejercicio fiscal 2019; realizando pagos al Ayuntamiento del derecho por refrendo de licencia de alcohol en bar - restaurante, según consta del recibo 4392543 AA. En la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Luis Medrano Hernández, contra los actos que reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en el considerando último de esta sentencia. En proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia concesoria y se requirió por su cumplimiento al Tesorero del Municipio de Zapopan, Jalisco, dada la naturaleza de los efectos de la resolución protectora, los cuales serán citados a continuación. Con fundamento en el dispositivo 78 de la Ley de Amparo, se concedió la protección constitucional para el efecto de que el Tesorero del Municipio de Zapopan, Jalisco: a) Desincorporar de su esfera jurídica la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. b) Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la porción normativa tributaria que resultó inconstitucional. c) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco: Para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, aplique la cantidad más baja que corresponda conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, por concepto del refrendo de licencia de venta o consumo de bebidas alcohólicas; y, devuelva a la aquí quejosa la diferencia de lo que pago al amparo del artículo 77, fracción X, declarado inconstitucional, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, contenida en el recibo oficial 4392543 AA, expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve. En ese sentido, se desprende que los lineamientos de la concesión imponen la obligación a la responsable de realizar diversas acciones, lo que podría traducirse en que la misma debe desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y emitir otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso. Asimismo, en el fallo protector se hizo mención de que no era obstáculo para los efectos precisados, la circunstancia de que el Tesorero de Zapopan, Jalisco, no hubiese sido señalado como autoridad responsable, en razón de que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tuvieran o debieran tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, estaban obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. En proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio por el que la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, esto es, se le tuvo comunicando que dejó a disposición de la parte quejosa, un cheque emitido a su favor. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: La distinción de tarifas debe basarse en atención a las razones y motivos plasmados en las normas fiscales que determinen las diferencias en las características y complejidad de los servicios que preste la administración gubernamental, ello en función del giro que corresponda a cada establecimiento mercantil; que lo anterior motive la necesidad de regular un trato desigual a quienes se considere como desiguales, así como a los que reciben un servicio disímil por parte de esos órganos de gobierno, desde luego, atendiendo a situaciones individualizadas, concretas y determinadas, y que justifiquen el pago del tributo que corresponda, según la naturaleza del giro comercial, lo que no basta con la simple enunciación de una clasificación de giros reglamentados. De no haber tal motivación legislativa, no puede considerarse apegada al principio de equidad tributaria la clasificación de tarifas diversas, para quienes tengan establecimientos con giros diversos, con un punto de coincidencia que es el de expendio, distribución o venta de bebidas con contenido alcohólico. Luego, si bien las categorías de establecimientos mercantiles que establece el artículo aquí reclamado y se refieren a giros reglamentados diversos entre sí, esas porciones normativas no determinan expresamente la realización de una actividad o servicio de la administración estatal para el otorgamiento de la autorización de licencia, simplemente establecen una tarifa distinta para cada uno de los giros; es decir, no se advierte que la distinción tarifaria tenga sustento en razones o motivos plasmados en la ley que determinen las diferencias en las características y complejidad de los servicios que preste la administración gubernamental. Circunstancias, las anteriores, que traen como consecuencia que el derecho previsto en los artículos reclamados no sea proporcional, al no guardar relación con el costo del servicio que presta la autoridad administrativa, respecto de las licencias para la venta de bebidas alcohólicas; y que de igual forma, esa contribución se torna inequitativa, por causarse con base en una cuantía diversa respecto del mismo servicio, ya que todos los entes sujetos a la contribución se dedican a la venta de bebidas alcohólicas al público en general y, por lo mismo, deben pagar una tarifa análoga, sin atender al tipo de giro comercial. En adición a lo dicho, no pasa inadvertido que la interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 29, 32, 33 y 45 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco , permite concluir que: ? Que la citada legislación regula la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; establece las bases y modalidades para que los municipios autoricen, controlen, regulen y vigilen la operación y el funcionamiento de los establecimientos y giros dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, quedando prohibida esa venta a menores de dieciocho años de edad. ? Su aplicación corresponde a los Ayuntamientos conforme a la ley y a los reglamentos correspondientes, cuya legislación es aplicable a las personas físicas o jurídicas que vendan bebidas alcohólicas. ? Se señala como bebidas de contenido alcohólico las que conforme a la normatividad en la materia contengan más de 3º G.L. de alcohol; son bebidas de baja graduación las que tengan un contenido máximo de alcohol de 12º G.L y bebidas de alta graduación, cuyo contenido de alcohol sea superior a los 12 G.L. ? El ejercicio de las actividades de venta o comercialización de bebidas alcohólicas está supeditado al cumplimiento de los requisitos previstos en ese ordenamiento legal, demás leyes y reglamentos de la materia y, además, obtener la licencia correspondiente, previo pago de los derechos. ? Ningún establecimiento podrá iniciar su funcionamiento si no cuenta con la licencia o el permiso provisional correspondiente, definiéndose al respecto lo que debe entenderse por tales conceptos y de que su vigencia es un acto de autoridad con plazo anual que corresponda con el año calendario y puede ser refrendada (solicitarla a la autoridad correspondiente), que estará sujeta a las leyes y ordenamientos municipales aplicables. ? Todos los establecimientos regulados por la legislación en cita deben cumplir, además de las disposiciones ahí contenidas, con las normas establecidas en la Ley Estatal en Materia de Desarrollo Urbano, Reglamentos de Zonificación, disposiciones relativas al uso de suelo y demás disposiciones legales reglamentarias aplicables. Sin embargo, como lo aduce la parte quejosa, las disposiciones reseñadas no revelan una justificación del costo distinto sobre el objeto del derecho que se tilda de inconstitucional, al no prever expresamente una razón por la que, atendiendo a la categoría o grupo del establecimiento, será mayor o menor el servicio proporcionado por la autoridad municipal, que finalmente se ve reflejado en el monto de las tarifas fijadas. En otras palabras, el citado marco jurídico no establece qué actos desplegará el ente administrativo en el citado establecimiento mercantil y cuáles no en el resto, de forma que amerite la distinción de las cuotas aplicables a cada uno de ellos. En ese orden de ideas, debe señalarse que los artículos 139, 140 y 141 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que están relacionados con la naturaleza intrínseca de las licencias, permisos y registros otorgados por la autoridad municipal, de igual forma no disponen una justificación del costo distinto sobre el objeto del derecho que se tilda de inconstitucional, ya que únicamente reflejan los siguientes aspectos: a) No conceden derechos permanentes, ni definitivos. b) La autoridad que las expida podrá en cualquier momento en los supuestos legales, acordar su revocación sin derecho a devolución de cantidad alguna. c) En caso de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, se seguirá el procedimiento de revocación contemplado en la normativa legal aplicable. d) Podrán obtenerse y cubrirse previamente a la iniciación de las actividades o a la realización de los actos que los motiven. e) Existe un período para el refrendo que iniciará el uno de enero y concluirá el día último de febrero. Al igual que la normatividad analizada en párrafos previos, el numeral 133 de la ley en cita, no avala que el ejercicio de la actividad municipal sea diverso para cada uno de los establecimientos o giros previstos en el artículo que se tacha de inconstitucional, en atención a que sólo contempla que los derechos por la prestación de servicios del ente municipal correspondiente, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque por parte del Ayuntamiento, el gasto que deba ser remunerado por aquél salvo el caso en que la disposición señale cosa distinta. Lo que es aplicable a todos y cada uno de los entes que reciben la prestación de ese tipo de servicios, entre los que desde luego se encuentran la revalidación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas y, por lo mismo, no es demostrativa de que atendiendo a la categoría o tipo de los establecimientos y giros que realicen esa enajenación, deba dárseles un tratamiento distinto por ser diferente el despliegue técnico de la autoridad municipal, pues esto último no quedó plasmado por el legislador. Así las cosas, la normativa impugnada no contempla la justificación de las diversas tarifas aplicables para la revalidación de la licencia en cuestión, al no poner de manifiesto que la actividad que despliega la autoridad municipal no es la misma y por igual para los distintos giros y establecimientos reglamentados en que se vendan bebidas con contenido alcohólico, requisito sine qua non para justificar el diverso tratamiento tributario que se otorga en el numeral combatido, de ahí que se estime que dicho precepto al no contener una justificación de la tarifa con el costo del servicio de revalidación anual de la licencia para enajenar bebidas alcohólicas, es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad. Corrobora lo expresado, lo considerado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1570/96, emitiendo la jurisprudencia P./J. 8/97, de rubro: BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DERECHOS POR REVALIDACIÓN ANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE LAS ENAJENAN. EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA QUE LOS ESTABLECE, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL ; transcrita con anterioridad. Criterio que resulta aplicable por identidad de razón al caso específico, ya que la precedente jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, sí se adecua a la problemática aquí planteada, ya que el numeral en estudio dispone que las personas que realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas que se efectúen total o parcialmente con el público en general, deberán obtener licencia, permiso o autorización para su funcionamiento y pagar anualmente los derechos correspondientes conforme a las diversas tarifas que ahí se fijan. Para tal efecto (cuantificación de las tarifas), el legislador partió de dos aspectos relevantes, a saber: el primero, la graduación de la bebida alcohólica -baja y alta graduación- y, el segundo, la categoría, actividad o giro que realizan los establecimientos. Empero, de tales preceptos no se advierte dato claro e indubitable que evidencie que la actividad administrativa será menor o mayor tratándose de cada uno de los giros que se describen en los mismos, antes o después de expedir la licencia o refrendo respectivo, esto es, no denotan que el despliegue técnico necesario para la expedición de esos documentos e incluso para verificar las obligaciones que surgen a cargo de los gobernados, varía para cada uno de los giros mencionados. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que al igual que el precepto interpretado en la referida jurisprudencia, los artículos reclamados por el quejoso prevén diversas tarifas para el pago del derecho de refrendo de las licencias de los giros mercantiles con venta de bebidas alcohólicas, basado en el servicio prestado. Sin embargo, del texto de esos numerales, no se advierte alguna razón que justifique que por tratarse de un giro de Bar en restaurante y giros similares , sea mayor o menor el despliegue técnico que llevará a cabo la autoridad municipal al expedir las licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas y la consecuente verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de seguridad, sanidad, etcétera; cuando se realice a algún otro expendio, cuando ambos realizan la misma actividad autorizada. Así las cosas, lo que importa es que tanto el precepto analizado en la jurisprudencia antes invocada, como el artículo objeto de reclamo en este asunto, tienen como particularidad afín que el establecimiento de las diferentes tarifas para el pago del derecho por la expedición de la licencia, obedece sólo al grupo en que se ubican ese tipo de negocios, esto es, al tipo de giro comercial, que como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un elemento extraño al costo del servicio prestado. Lo que trae como consecuencia que los derechos previstos por los artículos reclamados no sean proporcionales, al no guardar relación con el costo del servicio que presta la autoridad administrativa, y que de igual forma, esa contribución se torne inequitativa, por causarse con base en una cuantía diversa respecto del mismo servicio, ya que el hecho de que el servicio proporcionado por la autoridad administrativa no se ciña exclusivamente al simple refrendo de la licencia municipal en comento, no trae consigo la inconstitucionalidad del artículo reclamado, sino que lo que lo genera, es que en el marco legal regulador del aludido derecho y de la actividad sujeta a la obtención y revalidación de la licencia por la que se cobra la contribución, no está justificado que el monto diverso de las tarifas encuentra su razón de ser en el mayor o menor despliegue técnico que realice la autoridad municipal, dependiendo del giro o establecimiento comercial, al no consignar en sus directrices normativas que para la verificación e inspección de los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas en sus distintas modalidades, se requiera una actividad municipal distinta en cada establecimiento o giro comercial. Puesto que en el caso, no se inadvierte que el costo del servicio por la expedición o refrendo de la licencia, no sólo abarca la emisión del propio documento, sino la actividad administrativa previa que se requiere para revisar si se cumplen o no los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como una posible actividad posterior de supervisión o vigilancia de los giros que venden bebidas alcohólicas. Sin embargo, lo importante es que en ese marco normativo aplicable no se observa alguna razón que justifique el pago de tarifas diferenciadas entre los diversos giros que en dicho dispositivo legal se mencionan; es decir, que la venta de bebidas alcohólicas en cada uno de los establecimientos genere una mayor o menor actividad de la administración municipal, siendo así desproporcional que el cálculo de ese derecho introduzca un elemento ajeno al costo del servicio prestado y que, a su vez, haga una distinción entre sujetos que se encuentran en una situación análoga y reciben ese mismo servicio. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: - Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 16 constitucional. De las constancias certificadas que obran en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2 , se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por oficio de registro 10161, el Síndico en representación de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, informó las gestiones realizadas para cumplir con el fallo protector, por lo cual solicitó una prórroga de diez días hábiles para acatar en su totalidad el fallo protector. Solicitud que fue proveída el catorce de junio de dos mil diecinueve. 2. A través del comunicado de registro 10884, la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, se manifestó respecto a la imposibilidad que tuvo respecto al cumplimiento del fallo protector. Proveyéndose el veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 3. Mediante comunicado registrado con número 11479, la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, solicitó nueva prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo. Misma que se le concedió por última ocasión en acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve. 4. En oficio con número de registro 12148 la citada autoridad informó las gestiones tendentes al cumplimiento del fallo protector, ordenando expedir cheque a favor del quejoso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). En el que se acordó lo conducente en auto de dieciséis de julio del presente año. 5. Por último, en oficio registrado bajo el número 12771 la Tesorera de Municipal de Zapopan, Jalisco, informó que puso a disposición de la parte quejosa el cheque 01611560 valioso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) cumpliendo así con la ejecutoria de amparo. Recayendo acuerdo el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende que se establecieron como lineamientos en la concesión del amparo, el desincorporar la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 77, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y emitir otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso. Así, se aprecia que la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, en acuerdo de devolución ACDEV-LG1400/2019/T-4726, ordenó expedir a favor de la quejosa Juan Luis Medrano Hernández, valioso por la cantidad de $23,166.00 (veintitrés mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional. Por los siguientes rubros: Diferencia a devolver por concepto de cambio de tarifa prevista para la Licencia de Giro 1006068852, aplicando la tarifa del artículo 77 fracción XIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, respecto al recibo 4392543AA. $23,166.00 Actualizaciones del mes de julio 2019 con índice de 103.299, al mes de marzo 2019 con índice 103.476, conforme al I.N.P.C., resultando el factor 0.998=1. $0.00 Total: $23,166.00 Con lo anterior, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que los efectos concesorios de la sentencia constreñían a la cuantificación en la forma más benéfica descrita a lo largo de esta sentencia, por concepto del refrendo de licencia de venta o consumo de bebidas alcohólicas, así como devolviéndose a la parte quejosa la diferencia pagada para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, contenida en el recibo oficial 4392543 AA, expedido el veinte de marzo de dos mil diecinueve. De ahí que esta juzgadora considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibidos el oficio y anexos que remite la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado por este juzgado de Distrito en acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en relación a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con dichas constancias, por el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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